PGN - Documento 201603101602516

SALA DISCIPLINARIA Radicación No. : 16101092 ( 072-01255/98 )

Disciplinado : MARIO CAMACHO PRADA.

Cargo y Entidad : Gobernador de Santander.

Quejoso : De oficio.

Fecha Hechos : Desde el 2 de diciembre de 1997.

Asunto : Presuntas irregularidades en la celebración de los contratos 521, 523, 531, 547, 550, 568, 570 y 594 de 1997.

P.D. Ponente: Doctor PEDRO PULIDO GUTIERREZ.

Bogotá, D.C., 12 de abril de 2002 La Sala Disciplinaria, en ejercicio de la competencia otorgada en el numeral 1º del artículo 22 del decreto 262 del 2000, procede a revisar por vía de consulta la decisión adoptada el 13 de agosto del 2001, proferida por la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, mediante la cual se absolvió al doctor Mario Camacho Prada en su condición de Gobernador de Santander, de responsabilidad disciplinaria por las conductas que le fueron imputadas en el auto de cargos, una vez advertido que no existe causal de nulidad que invalide la actuación y acreditada la calidad del servidor público investigado. ANTECEDENTES El presente proceso disciplinario se originó en virtud de la comunicación del 2 de febrero de 1998 del Procurador General de la Nación al Procurador Departamental de Santander, por medio de la cual le solicitó revisar y analizar varios contratos de la Gobernación de Santander, a fin de determinar si se habían violado los principios de contratación estatal y el régimen presupuestal.

(fls. 1 a 3 C. O.1) El Procurador Departamental de Santander por Autos del 14 de enero y 13 de febrero de 1998 comisionó a funcionarios de esa dependencia para efectuar los análisis correspondientes (fls. 4 y 5 C. O. 1), quienes practicaron diversas diligencias, obteniendo información y documentación relacionada con los contratos (fls. 7 a 36 y 55 a 241C. O. 1), a la cual hicieron referencia 2 plasmando las respectivas conclusiones en informes de marzo 2 y 10 de 1998. (fls. 50 a 54 y 242 a 250 del C. O. 1) Por Auto del 4 de junio de 1998 la misma dependencia ordenó indagación preliminar contra Mario Camacho Prada, Gobernador del Departamento de Santander por irregularidades en la celebración contratos 521, 523, 531, 550, 566, 568, 570, 571 y 592 de 1997. (fl. 252 C. O. 1), determinación que se comunicó al citado funcionario mediante oficio No. 5429 de la misma fecha. (fl. 253 C. O.1). Por Auto del 19 de agosto de 1999 se ordenó oficiosamente la práctica de pruebas, visibles a folios 273 a 311 del C. O. 1. Por Auto del 23 de agosto de 1999 el Señor Procurador General de la Nación asignó a la Asesora del Despacho Holda Amanda Fuentes de Salcedo para avocar las diligencias disciplinarias (fl. 314 C. O.1), funcionaria que mediante Auto del 9 de noviembre de 1999 ordenó la apertura de investigación

disciplinaria en contra del Señor Mario Camacho Prada, en su condición de Gobernador del Departamento de Santander, por presuntas irregularidades en la celebración de los contratos 521, 523, 531, 547, 550, 566, 568, 570, 571 y 594 de 1997, y ordenó la practica de pruebas. (fls. 1 a 12 C. O. 12), determinación que se informó a la apoderada de la implicada mediante comunicación del 9 de noviembre de 1999. (fl. 23 C. O. 2). Las pruebas practicadas obran a folios 24 a 152 y 153 a 162. Por Auto del 28 de marzo del 2000 la Asesora Amanda Fuentes de Salcedo formuló pliego de cargos al doctor Mario Camacho Prada en su condición de Gobernador del Departamento de Santander.(fls. 163 a 198 C. O.2). Notificada personalmente a la apoderada (fl. 200 C.O.2), presentó memorial de descargos en término. (fls. 201 a 210 C. O. 2) CARGO FORMULADO “Usted en su condición de Gobernador de Santander presuntamente incurrió en falta disciplinaria por incumplimiento de sus deberes que como servidor público debía observar de conformidad con la Constitución y la Ley y desempeñar con diligencia y eficiencia el servicio encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que implique abuso indebido del cargo, al desconocer el principio de la 3 responsabilidad por cuanto adquirió compromisos al suscribir los contratos

Nos.:  CONTRATO No. 531 DE 1997. CONSULTORÍA con LUIS FERNANDO OSMA LARROTA, para la interventoría técnica y administrativa del mejoramiento de la vía Coromoro-Charalá, por valor de $ 26’156.000 y de fecha diciembre 2 de 1997.  CONTRATO No. 594 de diciembre 23 de 1997 suscrito con M.C.I.

INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA para ejecutar obras de mejoramiento de la vía Coromoro-Charalá por valor de $287’478.975.  CONTRATO 523 de 1997 suscrito con MIGUEL BECERRA MONTOYA, para la interventoría técnica y administrativa para el mejoramiento de la vía Barichara-Guane, por valor de $17’993.000 y de fecha diciembre 2 de 1997.  CONTRATO No. 547 de diciembre 19 de 1997, suscrito con PABLO JOSÉ CHACÓN PINZÓN Y/O ACECAS LTDA, para mejoramiento de la vía Barichara-Guane por valor de $136’760.624.  CONTRATO 550 de diciembre 17 de 1997, suscrito con FERNANDO ANTONIO SANDOVAL MANRIQUE, para la elaboración y ejecución de esquemas de ordenamiento territorial en dos municipios del Departamento (Aratoca-Villanueva), por valor de $ 50’000.000.  CONTRATO No. 568 de diciembre 31 de 1997, suscrito con MARINA EVA SIERRA DE SALCEDO Y7OREPRESENTACIONES MEDICO DENTAL Y CIA LTDA, para la adquisición de: a) 3 aspiradoras de

succión. b) 3 equipos órganos de los sentidos. c) 1 lámpara rodante de cirugía con unidad automática de emergencia. d) 5 tensiometros de pared. e) 1 microscopio binocular. f) 1 baño sexológico. g)3 pipetas automáticas 50/200 landas. H)3 pipetas automáticas 5/50 landas. i) 3 pipetas automáticas 200/1000 landas. j) 10 gradillas en acrílico 48 tubos. k) un horno para secar material. l) una centrifuga cero fuga II. m) un multi-tiner (reloj electrónico). n) un espetofometro analizador. ñ) 2 archivadores verticales de madera gavetas oficio. o) 3 glucómetros. p) 4 un dispensador graduable. q) un agitador de Manzini-kline. r) un escritorio de madera, tres gavetas, tipo secretaria. s) 2 sillas secretaria, ergonómicas sin brazos, por valor de $29’515.156.  CONTRATO No. 251 de diciembre 22 de 1997, suscrito con ENRIQUE MARTÍNEZ PERREA Y/O MARBLANCO LTDA, para la compra de equipos de cómputo, muebles y enseres con destino a la Academia Popular del Municipio de Bucaramanga, por valor de $30’264.400.  CONTRATO No. 570 de diciembre 31 de 1997, suscrito con MARIA CONSUELO PEÑALOZA HERNÁNDEZ, para ejecutar obras de construcción de la segunda etapa del acueducto corregimiento, por valor de 68’172.545. Sin que los recursos estuvieran disponibles, ocasionando con ello el

incumplimiento por parte del Departamento al no pagar oportunamente el valor de los anticipos de los contratos, conllevando como consecuencia la suspensión de los mismos. Con esta conducta pudo infringir el artículo 98 de la Ordenanza No. 083 de 1996, la ley 80 de 1993 artículos 3º y 26, e incurrir en falta disciplinaria al tenor de la ley 200 de 1995.” (fls. 163 a 198 C.O.2) Al formular el anterior cargo se citaron las siguientes disposiciones como violadas: Constitución Política artículos 209 y 305 numerales 1º y 2º; ley 80 de 1993 artículos 3º, 26 numerales 1º y 2º; Ordenanza No. 083 de diciembre 17 de 1996 artículo 98; ley 200 de 1995 artículos 38 y 40 numerales 1º, 2º, 3º, 22 y 23. La falta atribuida fue calificada provisionalmente como grave y se imputó a título de culpa. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA El señor Procurador Delegado para la Moralidad Pública, mediante providencia del 13 de agosto del 2001, decidió absolver al doctor Mario Camacho Prada en su condición de Gobernador de Santander, de responsabilidad disciplinaria por 5 las conductas que le fueron imputadas en el Auto de Cargos. (fls. 325 a 339 C.O.2) El análisis efectuado fue: 1.- El doctor Mario Camacho Prada, se desempeño como Gobernador de Santander durante el período 1995-1997. 2.- La imputación formulada al implicado se refirió a haber adquirido compromisos al suscribir los contratos mencionados en el Auto de

Cargos, sin que los recursos estuvieran disponibles, ocasionando con ello el incumplimiento por parte del Departamento al no pagar el valor de los anticipos, conllevando a la suspensión de los mismos. 3.- Cita los artículos 71 del decreto 111 de 1996 y 19 del decreto 568 de 1996, normas de conformidad con las cuales se tiene que el certificado de disponibilidad presupuestal garantiza la existencia de apropiación suficiente para atender gastos, en tanto que, el registro presupuestal, tiene por objeto garantizar que los recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin, destacando que este último es un requisito de perfeccionamiento de todos los actos administrativos, sin que fuera motivo de la censura hecha al implicado. Además refiere que de acuerdo al artículo 25 numeral 6º de la ley 80 de 1993, las entidades estatales para iniciar los procesos de suscripción de contratos deben contar con las respectivas partidas o disponibilidades presupuestales. 4.- Indica que la apoderada del implicado señaló que en el informe rendido por funcionarios de la Procuraduría el 2 de marzo de 1998 se concluyó que los compromisos adquiridos mediante los contratos Nos. 521, 523, 531, 550, 568 y 570 contaban con suficiente disponibilidad presupuestal. (fl. 54 C.O.1). 5.- Analiza pormenorizadamente el A Quo las pruebas relacionadas con cada uno de los contratos objeto de investigación, coligiendo que las 6 contrataciones contaron con los respectivos certificados de disponibilidad presupuestal, los cuales constituían un soporte para el suscriptor sobre

la existencia de los recursos correspondientes. 6.- Señala que el cargo formulado aunque referido a la carencia de disponibilidad de los recursos, no tiene el fundamento legal requerido, que serían las normas citadas en punto anterior, sin embargo, el auto acusatorio no hace alusión a ninguna de ellas, sino a normas genéricas reguladoras de principios de la contratación administrativa, los cuales se encuentran desarrollados en las normas especificas que no se indicaron. La notificación personal de la providencia se surtió con la apoderada del implicado. (fl. 344 C.O.2) Por Auto del 31 de octubre del 2001 se dispuso consultar la decisión ante la Sala Disciplinaria, el expediente fue recibido por esta dependencia el 1 de noviembre del 2001. (fls. 346, 348 y 349 C. O. 2) CONSIDERACIONES DE LA SALA DISCIPLINARIA 1.- Responsabilidad endilgada al disciplinado. En el Auto de Cargos del 28 de marzo del 2000 se le imputa al implicado haber adquirido compromisos mediante la suscripción de los contratos 521, 523, 531, 547, 550, 568, 570 y 594 de 1997, sin que los recursos estuvieran disponibles, ocasionando con ello el incumplimiento por parte del Departamento en el pago oportuno del valor de los anticipos y la consecuencia de la suspensión de los mismos. (fls. 163 a 168 C. O. 2) Es decir, la conducta es una, la suscripción de contratos sin recursos disponibles, y de ella se dedujeron la presencia de dos inconvenientes, el no pago oportuno de los anticipos y suspensiones en los contratos.

La adquisición de compromisos mediante la suscripción de contratos sin recursos disponibles, implica sostener que no contaban con los certificados de disponibilidad previos, que son los documentos expedidos por el Jefe de 7 Presupuesto o quien haga sus veces, con el cual se garantiza la existencia de aprobación presupuestal disponible y libre de afectación para la asunción de compromisos. (inciso 1º del artículo 19 del decreto 111 de 1996). Por lo tanto, se trata de actos de ejecución permanente o continuada cuya realización del último acto se predica del día de la suscripción de los contratos, pues hasta ese momento es posible acreditar la existencia de los respectivos CDP para poder proceder a la asunción de los compromisos, exigencia prevista en el numeral 6º del artículo 25 de la ley 80 de 1993. Las consecuencias que en el pliego acusatorio se deducen de la presunta conducta endilgada, es decir, el no pago oportuno de los anticipos y suspensiones en los contratos, sólo son verificables en la medida que se concluya que los compromisos no contaron con las previas disponibilidades presupuestales, además deberá tenerse en cuenta la fecha hasta la cual se desempeño en el cargo el implicado. 2.- Las normas citadas como violadas. En el Auto de Cargos se indicaron como disposiciones infringidas con la conducta endilgada: la Constitución Política artículos 209 y 305 numerales 1º y 2º; ley 80 de 1993 artículos 3º, 26 numerales 1º y 2º; Ordenanza No. 083 de diciembre 17 de 1996 artículo 98; ley 200 de 1995 artículos 38 y 40 numerales

1º, 2º, 3º, 22 y 23. Como lo anotó el A Quo, las normas que regulan específicamente la materia relacionada con las disponibilidades presupuestales son los artículos 71 del decreto 111 de 1996, 19 del decreto 568 de 1996 y el numeral 6º del artículo 25 de la ley 80 de 1993. Como se evidencia, la violación de éstas no se invocó en el Auto de Cargos, lo cual implica la falta de sustento normativo del cargo, pues estas constituyen la materialización de los principios generales en lo relacionado con este aspecto de la ejecución del presupuesto. 3.- El objeto de debate. 8 Como se anotó, el debate se contrae a determinar si para la suscripción de los contratos se contó con las respectivas disponibilidades presupuestales, sobre el particular tenemos que:  El Contrato de No. 521 suscrito el 21 de noviembre de 1997 con la sociedad Marblanco Ltda., cuyo objeto fue la compra de equipos de cómputo, muebles y enseres con destino a la Academia Popular de Bucaramanga, por valor de $30’264.400. (fls. 131 a 133 C.O. 1), contaba con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal Nos. 3585 y 3586 expedidos el 6 de noviembre de 1997, por valores de $8’178.516 y $ 22’085.884, respectivamente, que sumados corresponden al valor del contrato. (fls. 128 y 129 C. O.1)  El Contrato de consultoría No. 523 suscrito el 2 de diciembre de 1997 con

Miguel Becerra Montoya, cuyo objeto fue la interventoría técnica y administrativa para el mejoramiento de la vía Barichara-Guane, por valor de $ 17’993.000 (fls. 151 a 155 C.O.1), contaba con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3369 expedida el 10 de octubre de 1997 por el valor del contrato. (fl. 156 C. O.1)  El Contrato de Consultoría No. 531 suscrito el 2 de diciembre de 1997 con Luis Fernando Osma Larrota, con el objeto de realizar la interventoría técnica y administrativa del mejoramiento de la vía Coromoro-Charala, por valor de $ 26’156.000. (fls. 169 a 172 C.O.1), contaba con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3487 del 22 de octubre de 1997 por el valor del contrato. (fl. 173 C.O.1)  El Contrato de Obra Pública No. 547 suscrito el 19 de diciembre de 1997 con la firma Acecas Ltda., con el objeto de ejecutar a precios unitarios el mejoramiento de la vía Barichara-Guane, por valor de $136’760.624. (fls. 158 a 162 C. O.1), contaba con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3431 expedido el 17 de octubre de 1997 por el valor del contrato. (fl. 58 C.O.2) 9  El Contrato de Consultoría No. 550 suscrito el 17 de diciembre de 1997 con Fernando Antonio Sandoval Manrique, con el objeto de elaborar y ejecutar

el esquema de ordenamiento territorial en los Municipios de Aratoca y Villanueva del Departamento de Santander, por valor de $50’000.000. (fls. 187 a 190 C.O.1), contaba con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3723 expedido el 5 de diciembre de 1997 por el valor del contrato. (fl. 192 C.O.1)  El Contrato No. 568 suscrito el 31 de diciembre de 1997 con la firma Representaciones Médico Dental & Cía Ltda., cuyo objeto fue la compra de diversos equipos y elementos, por valor de $29’515.156. (fls. 120 a 122 C.O.1), contaba con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3755 expedido el 5 de diciembre de 1997 por el valor del contrato. (fl. 118 C.O.1)  El Contrato de Obra Pública No. 570 suscrito el 31 de diciembre de 1997 con María Consuelo Peñalosa Hernández, con el objeto de ejecutar a precios unitarios las obras de construcción de la segunda etapa del Acueducto, Corregimiento Laguna de Ortices del Municipio de San Andrés, por valor de $68’172.545. (fls. 91 a 95 C.O.1), contaba con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal Nos. 3771 expedido el 9 de diciembre de 1997 por $56.000.000 y 3781 expedido el 11 de diciembre de 1997 por $12’172.545, (fls. 96 C. O.1 y 81 C. O.2) que sumandos ascienden al valor del contrato.  El Contrato de Obra Pública No. 594 suscrito el 23 de diciembre de 1997

con la firma M.C.I. Ingenieros Contratistas Ltda., con el objeto de ejecutar a precios unitarios el mejoramiento de la Vía Coromoro-Charala, por valor de $287’478.975. (fls. 175 a 178 C. O.1), contaba con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal Nos. 3484 y 3634 expedidos el 12 de noviembre de 1997 por valores de $183’000.000 y $104’478.975, respectivamente, según consta en el Acta de Visita efectuada en la Secretaría de Transporte de la Gobernación de Santander el 18 de enero del 2000, documentos que se verificaron de la carpeta del contrato. (fls. 24 y 25 C.O. 2), montos que sumados ascienden al valor del contrato. 10 Las pruebas referidas permiten concluir que al momento de asumirse los respectivos compromisos se contaban con los certificados de disponibilidad presupuestal que garantizaban la existencia de apropiación suficiente para atender los respectivos gastos, por lo tanto, al encontrarse desvirtuado el cargo, no procede realizar el análisis de las conductas que se consideraban consecuencia de este hecho, es decir, el incumplimiento en el pago de los anticipos y la suspensión de los términos de ejecución. En virtud de las consideraciones hechas se considera procedente confirmar la decisión absolutoria adoptada por la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública. En mérito de lo expuesto, LA SALA DISCIPLINARIA de la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio de sus atribuciones legales, RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR en su integridad la providencia de fecha 13 de

agosto del 2001, proferida por la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, mediante la cual se decidió absolver al doctor MARIO CAMACHO PRADA identificado con la cédula de ciudadanía No. 13’834.977 de Bucaramanga en su condición de Gobernador de Santander para la época de los hechos, por las razones expuestas en precedencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión al interesado o a su apoderada por la Procuraduría Regional de Santander, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 84 y siguientes del Código Único Disciplinario, advirtiéndoles que contra la misma no procede recurso alguno por vía gubernativa.

TERCERO: Por la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública se remitirán copias de los fallos de primera y segunda instancia a la Oficina de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación para lo de su cargo.

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CUARTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno por vía gubernativa.

QUINTO: REGISTRAR por Secretaría las constancias de rigor y DEVOLVER las diligencias disciplinarias a la Oficina de Origen, para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PULIDO GUTIÉRREZ DARIO BOTERO ARANGO Procurador Primero Delegado Procurador Segundo Delegado Rad. No. 16101092 ( 072-01255/98 ) PAPG/ DABA/ 12/Sonia.