PGN - Documento 201603102320001

Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública Radicación 061 -00551-99 Disciplinados Yamile de Jesús Forero Romero Cargo y Entidad Revisor Fiscal Hospital Timothy Britton San Andrés Islas Quejosos Martha Paternina y Esperanza Cano Isaza Fecha queja 27 de octubre de 1999 Fecha hechos Continuos 1999 Asunto Resolver el recurso de apelación y proferir Fallo de Segunda Instancia Bogotá D.C., 21 JULIO 2004 l. ASUNTO Se encuentra al Despacho el expediente radicado bajo el número 061-00551-99, para resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la doctora YAMILE DE JESÚS FORERO ROMERO contra el fallo de primera instancia del 29 de abril de 2004, proferido por el Procurador Regional de San Andrés Islas mediante el cual sancionó a la doctora YAMILE DE JESUS FORERO, con DESTITUCION e inhabilidad especial para ejercer cargos públicos por el término de un (1) año.

II. ANTECEDENTES El proceso disciplinario adelantado en contra de la doctora YAMILE DE JESÚS FORERO ROMERO, tuvo origen en la queja presentada el 27 de octubre de 1999, por las señoras MARTHA PATERNINA Y ESPERANZA CAÑÓN, Presidente y Secretaria del Sindicato del Hospital TIMOTHY BRITTON de San Andrés Islas, denunciando a la señora YAMILE FORERO, por trabajar simultáneamente en el Hospital y en CAJANAL, dentro del horario de trabajo a que está obligada a cumplir en el Centro Hospitalario. (Folios 2-4).

Así pues, la Procuradora Departamental Hoy Regional de San Andrés doctora MARGARITA CRUZ DE OLIVEROS ordenó iniciar Indagación Preliminar en su contra, mediante Auto del 18 de noviembre de 1999. Posteriormente y con fundamento en las pruebas practicadas oportunamente por el funcionario comisionado, el Procurador Regional de San Andrés doctor FELIX HAWKINS, ordenó la apertura de Investigación Disciplinaria en contra de YAMILE DE JESÚS FORERO, en su calidad de Revisor Fiscal de la Empresa Social del Estado Hospital TIMOTHY BRITTON, por laborar simultáneamente en dos entidades públicas, mediante Auto del 19 de noviembre de 2003. (Folios 5; 135-137) Practicadas las pruebas ordenadas en la investigación, el10 de febrero de 2004, se formuló Pliego de cargos, en contra de la doctora FORERO por desempeñar simultáneamente más de un empleo público, recibiendo más de una asignación proveniente del Tesoro Público durante el periodo comprendido entre el 1° y 30 de junio; 2 de agosto y 10 de octubre de 1999, fechas en que prestó sus servicios profesionales en la Caja Nacional de Previsión Social Seccional San Andrés, disponiendo del tiempo reglamentario de su trabajo en el Hospital. (Folios 160165). El 27 de febrero de 2004, el apoderado de la disciplinada presentó el escrito de descargos en el cual solicitó decretar la nulidad por desconocimiento del debido proceso, solicitud que fue resuelta, mediante Auto del 26 de abril de 2004,

denegándose. Por otra parte, en el mismo escrito el disciplinado a través de su apoderado solicitó la práctica de pruebas que fueron decretadas por considerarse conducentes, el día 4 de marzo de 2004. Para recibir la Versión libre solicitada en los descargos, a petición del apoderado se comisionó al señor Personero Municipal de Providencia, lugar donde reside la disciplinada. (Folios 168-175; 187-188; 227229). Una vez practicadas las pruebas, el señor Procurador Regional, dio traslado para alegatos de conclusión, previos al fallo, mediante Auto del 30 de marzo de 2004, los cuales fueron presentados el 14 de abril del mismo año. Finalmente, el 29 de abril de 2004, se profiere Fallo de Primera instancia, sancionando a la disciplinada con destitución e inhabilidad especial por un año. (Folios 221-226; 233-249)

V. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA El a quo, mediante Auto del 29 de abril de 2004, profirió fallo de primera instancia, a través del cual impuso a la señora YAMILE DE JESÚS FORERO ROMERO la sanción de DESTITUCIÓN e INHABILIDAD ESPECIAL, por un (1) año para desempeñar cargos públicos, al encontrar probados los cargos endilgados en el Pliego formulado el 10 de febrero de 2004, con base en las siguientes consideraciones: Según lo dispuesto por la ley 80 de 1993, los servidores públicos son inhábiles, para contratar con las entidades estatales. De igual manera, la Constitución Política

prohíbe desempeñar simultáneamente más de un empleo público, y recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público. Del acervo probatorio se infiere que la señora FORERO ROMERO prestó sus servicios simultáneamente en las dos entidades referidas, permitiendo deducir igualmente que la disciplinada ostentaba la calidad de funcionaria pública del hospital y actuaba como contratista con CAJANAL, estableciéndose así mismo que ya ejerciendo como funcionaria del hospital prestó sus servicios a otra entidad estatal violando de esta forma el régimen de inhabilidades e incompatibilidades establecidos por la ley.” El nombramiento realizado por la Junta Directiva, la autorización de posesión como revisor fiscal en la Institución prestadora de salud Empresa Social del Estado Hospital TIMOTHY BRITTON de San Andrés, permiten establecer que la disciplinada fue vinculada legalmente a su cargo, conforme a lo establecido por el artículo 5° numeral 15 del Decreto 1259 de 1994 y la Circular Externa No. 078 del 19 de octubre de 1998, de la Superintendencia Nacional de Salud. Las declaraciones rendidas por los señores CHARLES CARREÑO, Director Seccional de CAJANAL y la señora ESTHER VELOZA DE BRYAN, Coordinadora de recursos humanos del Hospital, permiten concluir que la señora FORERO disponía de parte del tiempo de su horario en el Hospital, dedicándole a las labores derivadas del contrato de prestación de servicios con CAJANAL, las tardes, incumpliendo el horario de oficina que como funcionaria de nómina del Hospital le correspondía Dentro del acápite denominado Pruebas Fundamento del Fallo, el a quo consideró

que con la copia de los contratos de prestación de servicios celebrados entre la señora YAMILE FORERO Y CAJANAL, la copia de la hoja de vida de la disciplinada, la autorización de posesión No. 0289 del 17 de noviembre de 1998, suscrita por la Superintendente Nacional de Salud, doctora INÉS GÓMEZ DE V ARGAS, el informe del 9 de diciembre de 1999, por el cual el Director Seccional relaciona las personas vinculadas por contrato, la declaración del Director CHARLES CARRENO, las cuentas elaboradas para la cancelación de los contratos, la declaración de la señora ESTHER VELOZA DE BRYAN, los estatutos del Hospital y la versión libre de la disciplinada entre otras constituyen el fundamento de la decisión. La falta se calificó como GRAVISIMA, al incurrir la disciplinada en causales de inhabilidad establecidas en la Constitución y la Ley y el grado de culpabilidad como DOLOSO, por cuanto tenía conocimiento de las incompatibilidades que le impedían contratar con el Estado al ser funcionaria pública, recibiendo dos erogaciones del Estado, obrando a sabiendas y contrario a derecho.

VI. DE LA APELACIÓN (Folios 253-257) El apoderado de la disciplinada, fundamenta el recurso de apelación, en la naturaleza jurídica de la revisoría fiscal, en la valoración probatoria que se hiciere del supuesto incumplimiento del horario, para emitir el Fallo por el cual se sanciona a la disciplinada, el error invencible y la ausencia de cualquier forma de culpabilidad,

destacándose los siguientes aspectos:

1. En primer orden hace algunas precisiones relacionadas con la absoluta

independencia que reviste el cargo de Revisor Fiscal, para ejercer la vigilancia contable del ente sometido a dicho control, constituyéndose en un apéndice de la Junta Directiva que es el órgano jerárquicamente más alto. En el artículo 61 de los Estatutos del Hospital se dispone que la Junta Directiva designará y contratará un Revisor Fiscal independiente. Así pues el Revisor Fiscal del Hospital TIMOTHY BRITTON debe ser designado por la Junta Directiva y vinculado mediante contrato. El error de vinculación no puede endilgarse a la disciplinada, por cuanto esta no ostenta la calidad de servidora pública, agrega que teniendo en cuenta lo dispuesto por la Ley 43 de 1990, que regula la actividad de los profesionales en contaduría pública y los revisores fiscales, establece que la única restricción al ejercicio de la revisoría fiscal es la de haber desempeñado la actividad contable en el ente sometido a control, por tanto, el desarrollo de la actividad de revisoría fiscal en diferentes entes no implica inhabilidad alguna. Que la señora FORERO haya sido vinculada por nombramiento ese solo hecho no la convierte en funcionaria pública. Afirma que el Procurador Regional se equivoca al entender como forma de vinculación, no como formalidad, lo dispuesto por el numeral 15 del artículo 6 del Decreto 1259 de 1994 y la Circular Externa No. 078 del 19 de octubre de 1998 de la Superintendencia Nacional de Salud, que debe autorizar la posesión del Revisor Fiscal, para que el personal del Hospital tenga conocimiento de la persona que va a ejercer dicha función, sin perjuicio de la suscripción de un contrato de prestación de servicios a que debe someterse el

profesional que va ejercer la revisoría fiscal. Agrega que la Revisoría Fiscal también puede prestarse por personas jurídicas sin que estas queden excluidas de realizar actividades con otras entidades estatales.

2. El segundo aspecto se refiere al argumento expuesto en el Fallo de Primera Instancia, cuando se concluye que la disciplinada es responsable de la irregularidad derivada del incumplimiento del horario, obligación que no se refiere al ejercicio de la actividad de revisoría, pues no debe existir horario ni relación de subordinación, para evitar que se atente contra la independencia requerida para tal efecto.

Señala además que la doctora ESTHER VELOZA, quien expidió la constancia sobre el horario que debía cumplir la disciplinada, no prestaba sus servicios para la época de los hechos y por lo tanto, carece de valor probatorio al basarse en suposiciones, al no haber tenido contacto personal con la disciplinada.

3. Advirtiéndose dentro del proceso y por el a quo que se cometió un error en la vinculación de YAMILE FORERO, que es atribuible a otra persona por desconocer lo establecido en los Estatutos y en la Ley en lo que respecta a la forma de vinculación del Revisor Fiscal, infiriéndose un error invencible de la disciplinada al contratar con CAJANAL, por cuanto cuando suscribió los contratos estaba convencida bajo error invencible que estaba vinculada bajo los lineamientos legales de la Ley 40 de 1993, que señala los parámetros a que están sujetos los contadores públicos y revisores fiscales.

El error en la vinculación no es atribuible a la disciplinada, luego no puede alegarse que no es admisible el error, habida cuenta del grado de instrucción y conocimiento

de la disciplinada.

4. Por último concluye que la doctora YAMILE DE JESÚS FORERO ROMERO no violó el Régimen de inhabilidades previsto en el artículo 80 de la Ley 80 de 1993, ni otra norma, sino que si se incurrió en error, atribuible a otra persona por la forma de vinculación que no estaba prevista en los Estatutos del Hospital y solicita el archivo de las diligencias.

VII. CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA De la prescripción Mediante Auto del 10 de febrero de 2004, el Procurador Regional de San Andrés formuló cargos disciplinarios en contra de la doctora YAMILE DE JESÚS FORERO, en su calidad de Revisor Fiscal de la Empresa Social del Estado Hospital TIMOTHY BRITTON, por desempeñar simultáneamente más de un empleo público recibiendo más de una asignación proveniente del Tesoro Público, al suscribir los Contratos Nos. 07 y 010 de 1999, para prestar sus servicios en la Caja Nacional de Previsión Social, Seccional San Andrés, l., durante el período comprendido entre el 1o y 30 de junio de 1999 y 2 de agosto y 10 de octubre de 1999, disponiendo de parte del tiempo reglamentario de trabajo que le correspondía dedicar a sus funciones en el Hospital, contra expresa prohibición constitucional y legal, desconociendo el régimen de inhabilidades e incompatibilidades establecido en la Ley. Así pues, teniendo en cuenta que al tenor de lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, la acción disciplinaria prescribe en cinco años, contados para las faltas instantáneas desde su

consumación y para las de carácter continuado desde la realización del último acto; el Despacho declarará la PRESCRIPCIÓN de la acción disciplinaria iniciada en contra de la doctora y AMILE FORERO, por las irregularidades derivadas de la celebración y ejecución del Contrato No. 07 del 1° de junio de 1999, por haber transcurrido más de cinco años desde la su terminación y se pronunciará respecto de las irregularidades derivadas del Contrato de prestación de servicios No. 010 de 1999. De la Directiva No. 006 del 6 de agosto de 1997 Atendiendo lo dispuesto por la Directiva No. 06, emitida por el señor Procurador General de la Nación el 6 de agosto de 1997 y teniendo en cuenta que la Indagación Preliminar se ordenó mediante Auto del 18 de noviembre de 1999 y solamente hasta el 19 de noviembre de 2003, cuatro años después, se ordenó la apertura de Investigación disciplinaria, el Despacho ordena compulsar copias a la Veeduría para que se establezca la posible responsabilidad por mora injustificada de los funcionarios de la Procuraduría Regional de San Andrés que tuvieron a cargo el Expediente, habida cuenta que cuando el proceso fue repartido para resolver la apelación presentada en contra del Fallo de primera instancia, la acción disciplinaria, respecto de uno de los Contratos suscritos por la disciplinada, ya había prescrito de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002. De la decisión de Segunda Instancia Del análisis del acervo probatorio y teniendo en cuenta los argumentos expuestos

por el apelante, el Despacho considera que en el proceso obra prueba que conduce a la certeza de la falta y a la responsabilidad de la disciplinada, YAMILE DE JESÚS FORERO, en los términos del artículo 142 de la Ley 734 de 2002, conclusión a la que se llega, previo análisis las siguientes consideraciones: Entre los argumentos esgrimidos por el apoderado de la disciplinada, se destaca el relacionado con la vinculación de la señora YAMILE FORERO, efectuada mediante nombramiento y posesión como Revisor Fiscal de la Empresa Social del Estado Hospital TIMOTHY BRITTON, aduciendo que por el solo hecho de cumplir las formalidades establecidas por la ley para la vinculación de los servidores públicos, la señora FORERO no adquirió dicha calidad. Al respecto, el Despacho trae a colación la doctrina sentada por la Superintendencia de Sociedades, entidad que ha expresado en diferentes conceptos emitidos sobre el tema, especialmente ante la duda respecto de la calidad que adquiere el revisor fiscal de una sociedad al momento de su vinculación, que es posible realizarla a través de un contrato laboral, con los requisitos que establece la ley 50 de 1990, o por medio de un contrato de prestación de servicios en forma independiente, según convengan las partes, "pero en todo caso siempre debe constar por escrito como lo prevé la ley 43 de 1990 En este orden de ideas habrá que verificar cuál fue la forma de vinculación del revisor fiscal para el desempeño de sus funciones, es decir, si se dan los elementos propios de un contrato de trabajo habrá de entenderse que son verdaderos empleados de la sociedad donde prestan sus servicios y en tal virtud les

asiste el derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales,. pero si la omisión de la persona es el cumplimiento de una actividad contratada donde no se da la subordinación, se entenderá que no, por cuanto faltaría uno de los elementos propios de un contrato de trabajo, y, en consecuencia, no habrá lugar a tal reconocimiento” 1 (Subrayas fuera de texto). Otro concepto se refiere a la importancia que reviste la designación del Revisor Fiscal, que debe efectuarse por el máximo órgano de la sociedad, independientemente del procedimiento o medio que utilice para su vinculación, habida cuenta de las funciones asignadas en la ley y los principios que gobiernan el ejercicio de la profesión, entre otros, imparcialidad, independencia, y objetividad, que indican que debe ser una persona libre de todo vínculo con la sociedad y sus administradores para que no exista duda en la labor fiscalizadora encomendada, por cuanto los administradores son los sujetos pasivos de su gestión careciendo de importancia el medio que utilice la compañía para vincular al revisor fiscal, lo que sí resulta relevante es que la elección del mismo es competencia exclusiva e indelegable del máximo órgano social.2 Así pues, si bien es cierto que para el ejercicio de la revisoría fiscal es indispensable observar los principios anteriormente mencionados, por cuanto los sujetos pasivos de la gestión del revisor fiscal son los administradores de la Empresa Social del Estado Hospital TIMOTHY BRITTON, también es cierto que con el nombramiento y posesión de la señora YAMILE DE JESÚS FORERO, previa designación efectuada por la Junta Directiva del Hospital, según consta en el Acta No. 4 del 21 de julio de 1998 y

debidamente autorizada por la Superintendencia Nacional de Salud el 17 de noviembre de 1998, no se estaría desnaturalizando la esencia de la revisoría fiscal, 1 Concepto No. 220-20512 del 30 de mayo de 1998 . Superintendencia de Sociedades 2 Concepto No. 220-46849 del 13 de septiembre de 2002. Superintendencia de Sociedades. sumado ello a que la disciplinada, por los conocimientos e idoneidad que en su condición de revisor fiscal le corresponde, debió poner de presente esta situación al nominador, para que se efectuara la vinculación a través de un contrato de prestación de servicios. Sin embargo, tomó posesión del cargo, tal como consta en el Acta No. 212 del 10 de diciembre de 1998, aceptando con pleno conocimiento esta situación, sometiéndose de esta manera al régimen de los servidores del Hospital, prueba de ello es que además de cumplir un horario, estar incluida en la nómina, recibir prima técnica, salario y prestaciones reconocidas a los servidores públicos del Hospital, también estaba sometida a la subordinación y dependencia de la administración, inclusive cumpliendo los procedimientos exigidos a los servidores del Hospital para el trámite de permisos, evidenciándose nuevamente que la señora YAMILE DE JESÚS FORERO ROMERO, cumplía sus funciones como servidora pública del Hospital, sin que se advierta que en su condición haya en algún momento manifestado su inconformidad, con la modalidad de vinculación y las obligaciones que ello implicaba. (Folios 38; 149-150) En este sentido, resulta por lo menos exótico que la defensa pretenda aducir como

razón válida que, como quiera que es posible la vinculación mediante contrato, y no obstante admitir y ver que su prohijada ha sido nombrada, se ha posesionado y ha recibido todas y cada una de las ventajas de ser servidora pública, entonces es posible desconocer lo que normativamente no admite discusión: ejercicio como FUNCIONARIA bajo relación especial de sujeción y no apenas como contratista. Tanto como decir que lo que fue posible o potencial se impone sobre lo que es tangible y real. No es de recibo entonces el argumento traído por el señor defensor, cuando afirma que con la vinculación de la señora YAMILE FORERO se desconoció lo dispuesto en el artículo 61 del Acuerdo No. 006 del 18 de febrero de 2000, por el cual se sustituyen los Estatutos Internos del Hospital TIMOTHY BRITTON, que dispone que la Junta Directiva designará y contratará un Revisor Fiscal independiente, ya que el aludido Acuerdo, es posterior a la fecha de los hechos. La Delegada tampoco acepta la afirmación del apoderado en el sentido que la señora FORERO, para los años 1998 y 1999, no ostentaba la calidad de servidora pública y que por lo tanto no estaba incursa en causal de inhabilidad al contratar con CAJANAL. Ello porque como se ha visto, el material probatorio enseña todo lo contrario y deja las afirmaciones defensivas, como simples palabras subjetivas que contradicen la evidencia y resulta claro que el marco de discusión jurídica lo da el dossier y no el querer unilateral de uno de los intervinientes en el debate. El Apelante concluye que se cometió un error en la vinculación de YAMILE

FORERO, atribuible a otra persona por desconocer lo establecido en los Estatutos y en la Ley, infiriéndose un error invencible de la disciplinada al contratar con CAJANAL, por cuanto cuando suscribió los contratos "estaba convencida bajo error invencible que estaba vinculada bajo los lineamientos legales de la Ley 40 de 1993, que señala los parámetros a que están sujetos los contadores públicos y revisores fiscales", deduciendo que la doctora YAMILE DE JESÚS FORERO ROMERO no violó el Régimen de inhabilidades previsto en el artículo 8o de la Ley 80 de 1993, ni otra norma. Empero, la realidad probatoria desvirtúa esa proclama de inocencia, por cuanto la disciplinada fue consciente de que: Tomó posesión del cargo Se hallaba incluida en la nómina del Hospital, Gozaba de las ventajas prestacionales de un servidor público, emolumentos que recibió y disfrutó. Cumplía un horario de trabajo con subordinación y dependencia Por si no fuere asaz, repárese en el grado de instrucción y los conocimientos que para desempeñar la función de revisor fiscal ostentaba la disciplinada, lo que hace que la pretensión defensiva de fundar un error de derecho, no pueda admitirse pues evidentemente la disciplinada al moverse en el ámbito del control y conocer con suficiencia la Ley 43 de 1990, sabía que su vinculación habría de darse de unas de las formas previstas en tal ley pero con las consecuencias que cada una comportaba; precisamente recibir las ventajas saláriales y prestacionales de ser servidora pública

habría debido moverle para poner fin al asunto y, sin embargo, con su silencio, quiso seguir gozando de las ventajas que ambas situaciones daban. Además de lo anterior, el Despacho considera procedente hacer las siguientes precisiones: La Ley 100 de 1993 dispone en su artículo 194 que la prestación de servicios de salud, se hará directamente por la Nación o las Entidades Territoriales, principalmente a través de las Empresas Sociales del Estado, que son entidades públicas descentralizadas, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. Según lo dispuesto por el artículo 22 del Decreto 1876 de 1994, toda Empresa Social del Estado cuyo presupuesto anual sea igualo superior a diez mil (10.000) salarios mínimos mensuales, deberá contar con un Revisor Fiscal independiente, designado por la Junta Directiva a la cual reporta. Esta función se cumplirá sin perjuicio del Control Fiscal por parte de los Organismos competentes. En el artículo 15 del Decreto 1569 de 1998 se efectuó la clasificación de los empleos de las entidades públicas que conforman el sistema de seguridad social en salud, de acuerdo con la naturaleza general de las funciones, la índole de sus responsabilidades y los requisitos exigidos para su desempeño. La Constitución Política en su artículo 122 ha dispuesto que no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley o reglamento, siendo necesario para proveer los de carácter remunerado que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente. Para el caso sub-examine, la Junta Directiva del Hospital designó a la señora

YAMILE FORERO como Revisor Fiscal de la Empresa Social del Estado, nombrada por el nominador y Gerente, asignándole el Código 340 de la Planta de personal, reconociéndole los emolumentos establecidos para dicho cargo. El Despacho considera que a pesar de que el nominador debió vincular a través de un contrato de prestación de servicios al Revisor Fiscal, dicha situación no exonera a la disciplinada de responsabilidad, por cuanto como se afirmó anteriormente, el meollo del asunto es que la señora YAMILE FORERO era servidora pública del Hospital habiendo cumplido los requisitos para ello. La anterior afirmación puede ilustrarse tomando apartes de pronunciamientos del Consejo de Estado, en el sentido que "para alcanzar la condición de empleado público es necesario que se profiera un acto administrativo que ordene la respectiva designación, que se tome posesión del cargo, que la planta de personal contemple el empleo, y que exista disponibilidad presupuestal para atender el servicio". 3 3 Consejo de Estado Radicación No. 54001-23-31-0001498-1075 del 21 de noviembre de 2002 CP. Jesús María Lemos Bustamante. Consulta Sentencia del Tribunal Administrativo de Santander. En el caso sub-examine está probado que la doctora YAMILE DE JESUS FORERO ROMERO fue nombrada mediante Resolución No. 1770 del 10 de diciembre de 1998, que tomó posesión del cargo tal como consta en el Acta No. 212 de la misma fecha, que el cargo de Revisor Fiscal Código 340 del Hospital se encontraba vacante en la planta de personal. En el caso que nos ocupa, está robado que la señora FORERO cumplió todas las formalidades sustanciales de derecho público, para el

acceso al servicio público, alcanzando la condición de servidora pública. Así pues y conforme a las anteriores consideraciones, puede inferirse que en el subjudice, no puede hablarse de una causal de exclusión de responsabilidad, como pretende el apoderado de la señora FORERO, por cuanto la disciplinada era conocedora del régimen a que estaba sometida en el Hospital y por tanto con su actuación, desconoció el régimen de inhabilidades e incompatibilidades contenido en la Constitución y la ley. El artículo 127 de la Constitución Política establece que "Los servidores públicos no podrán por sí o por interpuesta persona, o en representación de otro, contrato alguno, con entidades públicas o con personas privadas, que manejen o administren recursos públicos salvo las excepciones legales (...)" Por otra parte, el literal f) del numeral 1° del artículo 8 de la Ley 80 de 1993 señala expresamente la inhabilidad predicable de los servidores públicos para participar en proceso de escogencia de contratistas y celebrar contratos con entidades estatales, con el fin de evitar que se confundan los intereses personales de los servidores públicos con el ejercicio de la función pública que debe garantizar la moralidad, transparencia y eficiencia entre otros aspectos. Por lo considerado el Despacho confirmará la sanción impuesta por el a quo, consistente en DESTITUCIÓN DEL CARGO e INHABILIDAD para ejercer funciones públicas durante un (1) año, pues está claro que se hayan satisfechos con largueza los requisitos necesarios para sancionar, a saber, plena certeza sobre la existencia del hecho disciplinable y prueba plena de la responsabilidad. En efecto, las pruebas

allegadas al plenario enseñan que la doctora YAMILE DE JESÚS FORERO ROMERO, en su condición de Revisor Fiscal de la Empresa Social del Estado Hospital TIMOTHY BRITTON, suscribió el Contrato No. 010 de 1999 con CAJANAL incurriendo así en falta GRAVISIMA, al tenor de lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 25 de la Ley 200 de 1995, incumpliendo los deberes contenidos en los numerales 1 y 11 del artículo 40, del mismo ordenamiento e incurrir en la prohibición contenida en el numeral 17 del artículo 41 ibídem. En mérito de lo expuesto, el Procurador Delegado para la Moralidad Pública, en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias

R E S U E L V E: PRIMERO. DECLARAR LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA, iniciada en contra de la señora YAMILE DE JESÚS FORERO ROMERO, por las irregularidades derivadas de la celebración y ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 007 del 10 de junio de 1999, al tenor de lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único.

SEGUNDO. CONFIRMAR LA SANCIÓN impuesta en el Fallo de primera Instancia del 29 de abril de 2004, por el Procurador Regional de San Andrés a la doctora YAMILE DE JESUS FORERO ROMERO,. Identificada con cedula de ciudadanía No. 32.705.261 de Barranquilla, en su condición de Revisor Fiscal de la Empresa Social

del Estado Hospital TIMOTHY BRITTON, consistente en DESTITUCIÓN E INHABILIDAD ESPECIAL para ejercer cargos públicos durante el término de un (1) año, por la suscripción del contrato 010 de 1999 con la Caja Nacional de Previsión, Seccional San Andrés, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia. TERCERO. NOTIFICAR PERSONALMENTE esta decisión a la doctora YAMILE DE JESÚS FORERO ROMERO, identificada con cédula de ciudadanía No. 32.705.261 de Barranquilla y a su apoderado ALEJANDRO OSUNA GUTIÉRREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.411.077 de Usaquén, abogado portador de la Tarjeta Profesional número 69.571 del Consejo Superior de la Judicatura, en los términos del Código Disciplinario Único, advirtiéndoles que contra esta providencia no procede recurso alguno, librando la respectiva comunicación, indicando la decisión tomada y la fecha de la providencia. Lo anterior se hará a través del Centro del Notificaciones de la Procuraduría General de la Nación. CUARTO. De conformidad con lo ordenado por la Directiva No. 06 de agosto de 1997, COMPÚLSESE COPIAS A LA VEEDURIA de la Procuraduría General de la Nación, para que investigue la posible mora injustificada de los funcionarios de la Procuraduría Regional de San Andrés. QUINTO. Cumplido lo anterior, devolver el expediente a la oficina de origen para que remita a la División de Registro y Control los formularios para el registro de la

sanción disciplinaria, envíe copia de los fallos de primera y segunda instancia, con su constancia de ejecutoria, al funcionario que debe ejecutar la sanción y archive las diligencias. SEXTO. Por la Unidad Coordinadora para Contratación Estatal, HÁGANSE las anotaciones y comunicaciones pertinentes.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ FERNANDO REYES C