PGN - Documento 201603102320027

PROCURADURÍA SEGUNDA DELEGADA PARA LA CONTRATACION ESTATAL

Bogotá D.C., 19 ENE. 2001

1. ASUNTO Como no se observa causal que invalide lo actuado y la acción se encuentra vigente, procede el despacho a decidir el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el señor LUIS FERNANDO OLARTE RAMIREZ, en su calidad de Director del Núcleo Educativo No. 11 de la ciudad de Pereira, contra la providencia del 12 de enero de 1999, proferida por el Procurador Departamental del Risaralda, mediante la cual lo declaró responsable disciplinariamente y lo sancionó con la medida principal de

Multa.

2. ANTECEDENTES Se inició la investigación con base en el oficio D.P.F-225 de julio 31 de 1997, suscrito por el señor José Tapias Alvarez, Director de procesos Fiscales de la Contraloría General del Departamento, en el cual manifiesta que de acuerdo a varias visitas realizadas a centros educativos como el llamado Alfonso López: Pumarejo y ciudad Manizales se encontraron irregularidades en la contratación de sistematización de calificaciones con la firma Procesar.

3. CARGOS La Procuraduría Departamental del Risaralda mediante auto de cargos del 22 de junio de 1998, solicitó explicaciones al señor LUIS FERNANDO OLARTE RAMIREZ ( folios 163 al 167 del cuaderno disciplinario) : "... Como Director del Núcleo Educativo No. 11 quien actuando como representante legal del establecimiento de comercio de su propiedad denominado 'Sistemas Procesar' y que según se desprende de la certificación de la cámara de comercio

vista a folio 91 y 92 canceló matrícula mercantil como persona natural y del establecimiento de comercio, firmó contrato de prestación de servicios con el representante legal del Colegio Alfonso López Pumarejo copia del cual obra a folios 1 20 y 21 del cuaderno de la actuación, indicándoles la prestación del mismo según comprobante de egreso N. 0002 de febrero 8 de 1997 por la suma de $110.800 pagado a sistemas Procesar, por concepto de sistematización de calificaciones año lectivo 1997 (folio 23; comprobante de egresos sIn de abril 10/97 por la suma de $180.000, visto a folio 24(...) De igual manera prestó sus servicios como representante legal del establecimiento de comercio de su propiedad "Procesar" (Sistemas procesar que es como legalmente figura), al Instituto Educativo ciudad Manizales jornada de la tarde, según cuenta de cobro y comprobante de egreso No. 0146 de 19-10-96 folio 26, 27 y No. 0167 de diciembre 10/96 folio 28 y 29... Con su proceder, necesariamente incursionó en una conducta irregular al violar el régimen de inhabilidad e incompatibilidades... ". Se le citaron como disposiciones constitucionales y legales como posiblemente infringidas: Artículos 60, 127 y 128 de la Constitución Nacional; Ley 80, artículo 8°, num. 1, literales a) y f), artículos 38, 40, num.1 y 8, art. 41 de la Ley 200 de 1995 Se calificó provisionalmente la falta como GRAVISIMA, al tenor de lo dispuesto en el

artículo 92, num.7 y num.1° del art. 25 de la Ley 200 de 1995. La calidad de servidor público del funcionario investigado se halla acreditada a folios 22.107,112,114,120.122, 125, 129 del expediente.

4. DESCARGOS Dentro del término legal de julio 8 de 1998, el señor Luis Fernando Olarte Ramírez, presentó escrito de descargos solicitando la practica de algunas pruebas, las cuales fueron decretadas por auto del 2 de septiembre de 1998. (folios 225 y 226).

En cuanto al primer cargo manifestó que nunca contrató con el colegio Alfonso López Pumarejo, como se corrobora con el documento expedido por el mismo representante legal de éste establecimiento educativo, el cual certifica que en ningún momento ha firmado contrato con ellos, en el archivo no se encuentra recibos por el pago de cuentas de esta institución a la firma Procesar. 2 Manifestando inconformidad con el segundo cargo anexa declaraciones de la rectora del instituto Educativo Ciudad Manizales jornada de la tarde, donde demuestra que las fotocopias allegadas al expediente son falsas y no fueron expedidas ni acordadas con él que la firma existente en tales fotocopias no es suya. Los recibos de las fotocopias no coinciden con lo realmente existentes. Con fundamento en lo consignado en el respectivo escrito de exculpaciones, la Procuraduría Departamental de Risaralda mediante auto de fecha 2 de septiembre de 1998, visible del folio 225 al 226 del expediente, dispuso la práctica de las

pruebas solicitadas por el disciplinado, así mismo, de oficio ordenó la práctica de las enumeradas en el folio 225 del expediente; habiéndose practicado el diligenciamiento correspondiente, obrante del folio 230 al 269, 274, 275 del cuaderno disciplinario. Es procedente resaltar que, en el citado acto administrativo, auto de práctica de pruebas, la mencionada Procuraduría ordenó correr trasladó a la Fiscalia General de la Nación, Seccional Risaralda, para lo de su competencia.

5. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA El Procurador Departamental del Risaralda, hoy Regional, profirió la Resolución No. 001 de enero 12 de 1999, mediante la cual, luego de resaltar los hechos, transcribir los cargos, sintetizar las alegaciones de defensa y analizar las pruebas recaudadas, derivó responsabilidad disciplinaria al señor LUIS FERNANDO OLARTE RAMIREZ,

identificado con la cédula de ciudadanía No.1 0.077.485 de Pereira, en su condición del Director de Núcleo de Desarrollo Educativo No. 11 del Departamento del Risaralda y lo SANCIONO con DESTITUCION, con fundamento en las siguientes

consideraciones:

1. Se tomo como pruebas que sirven de sustentación a la acusación el informe que rinden los señores Nelson López Hernández y Jorge Julio Mosquera, Técnico grado 2 de la Contraloría General del Departamento del Risaralda, comprobantes de egresos donde se le cancela a Sistemas Procesar por concepto de sistematización

de calificaciones del año 1997, comprobantes de egresos del Instituto Educativo Ciudad de Manizales jornada de la tarde a favor del señor Fernando Olarte Ramírez, los documentos que obran en el proceso con folios 26, 27 28 y 29, además los actos 3 mediante los cuales se inicia investigación disciplinaria de fecha 9 de febrero de 1998 (folios 93, 98) y la providencia que formula cargos de fecha junio 8 de 1998 (folios 163 y s.s).

2. Y como fundamento legal el deber general que se les impone en todas las normas, o sea cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes según lo establecido en el articulo 8° numerales a y f de la ley 80 de 1993 y de los artículos 127 y 128

C.N.

3. De todo lo anterior, éste Despacho deduce que del análisis jurídico realizado por la Procuraduría Departamental del Risaralda, se calificó la falta como gravísima, según lo dispuesto por el articulo 25 numeral 10 del C.U. D., que consagra "Actuar a sabiendas de estar incurso en causal es de incompatibilidad, inhabilidad o conflicto de intereses, establecidos en la constitución y en la ley..."

6. FUNDAMENTOS DE IMPUGNACIÓN Dentro del término legal, el doctor Humberto Izquierdo García obrando en su calidad de apoderado del señor Luis Fernando Olarte Ramírez, interpuso el recurso de reposición y en subsidio apelación, del cual se destacan los siguientes puntos de

inconformidad:

1. Que el Director del colegio Alfonso López Pumarejo manifestó que en algún momento se generó un contrato de prestación de servicios pero que jamás fue

ejecutado, y lo que no existe en el mundo del que hacer no podrá ser jamás motivo suficiente para endilgar responsabilidad a ningún ser sobre la tierra.

2. Los señores Nelson López y José Luis Tapias en sus alegamientos probatorios en contra de Luis Fernando Olarte sólo han aducido documentos en fotocopias los cuales carecen de un verdadero y real valor ante la justicia colombiana, lo cual me permite dejar entrever que ellos están impedidos para presentar cargos y pruebas en originales que es la única forma valedera en Colombia de sustentar pruebas documentales.

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3. Manifiesta el juzgador de primera instancia que su patrocinado obró de mala fe, lo anterior es inadmisible porque en un estado de derecho como el nuestro la buena fe se presume y la mala fe se demuestra. 7.CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURIA DELEGADA El caso que nos ocupa es de aquellos en los cuales la conducta tiene la suficiente fuerza para configurar la irregularidad que, detalles importantes como los probatorios, pasan a un segundo plano, porque es tal la coincidencia e identidad entre la norma que prohíbe y la conducta realizada, que dichas pruebas solo apuntan a la dosificación de la pena o sanción y en consecuencia, resulta inevitable aplicar la ley sin mayor esfuerzo interpretativo, dada la claridad de la norma y lo obvio de la conducta que se reprocha.

En efecto, el régimen de incompatibilidades e inhabilidades, se estructura sobre la base de unos concretos y expresos marcos conductuales, que además de referente, constituyen en sí mismo el hecho que cuestiona o prohíbe el, legislador disciplinario,

sin que exista oportunidad o espacio para el interprete de establecer condicionamientos o variantes. En el auto de cargo se estableció como fundamento legal el articulo 8° literales a y f de la ley 80 de 1993, el artículo 127 y 128 de la Constitución Nacional, artículo 40 Nums. 1 y 8, el artículo 41 Num. 17, y el artículo 25 Num.10 del CÓDIGO DISCIPLINARIO ÚNICO, los cuales significan la prohibición que tiene todo servidor público de no suscribir contrato ni con personas privadas, ni mucho menos con personas públicas y a pesar de que en el mismo no se citó otras normas más específicas para el caso concreto, este despacho considera que son necesarias para su motivación, como es el artículo 41 Num. 20 del C.D.U.. el cual describe: "Está prohibido a los servidores públicos: "...Adquirir, por si o por interpuesta persona, bienes que se vendan por su ministerio...", el artículo 120 del C.D.U. "...La falta y la responsabilidad del disciplinado podrán demostrarse con cualquiera de los medios de prueba legalmente reconocidos...". así mismo el artículo 82 del C.U.D."...Los documentos que se aportan a las investigaciones disciplinarias lo serán en original o copia autenticada, 5 de conformidad con las disposiciones legales que regulen la materia...", dicha expresión copia autenticada la Corte Constitucional mediante sentencia del 25 de junio de 1996 lo declaró inexequible porque vulnera al artículo 83 de la C.N. en el sentido que "...la buena fe se presume en todas las gestiones y actuaciones frente a las autoridades públicas. Si ello es así, es natural que deba presumirse la buena fe

de quienes aporten copias a un proceso disciplinario, por la cual la exigencia de la autenticación vulnera el mencionado artículo..." En el expediente obra a folio 20 prueba suficiente del hecho constitutivo de la violación al artículo 41 del C.U.D. como quiera que se trata efectivamente de un contrato de prestación de servicios, y lo hace de manera expresa; esto es, que para violar dicho régimen prohibitivo basta con que el servidor SUSCRIBA el contrato, independiente al hecho de su ejecución y la utilidad alcanzada por el mismo, además desde el folio 26 al 29 del expediente reposan unos comprobantes de egresos por concepto de pago a la empresa Procesar Ltda.., en la cual el señor Olarte es el representante legal. Según certificación de la Cámara de Comercio (folio 83) se puede observar que el señor Olarte fue su representante Legal, por tal razón esta Delegada comparte el concepto jurídico manifestado por el fallador de primera instancia en el sentido de que la falta se califica como Gravísima de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 25 No. 10 del C.U.D., "Actuar a sabiendas de estar incurso en causales de incompatibilidad, inhabilidad, impedimento o conflicto de intereses establecidos en la Constitución y en la ley además no es de recibo el argumento esgrimido por el apelante, según el cual, con la no ejecución del contrato desaparece la falta. Es por lo anterior que siendo servidor público, el disciplinado no podía contratar con una empresa privada, la cual él mismo era su representante, violando así el Régimen de inhabilidades señalado en la ley 80 de 1993, en su artículo 8° numeral 10) literal

f), la Constitución Nacional en su artículo 127 donde señala "que los servidores públicos no podrán celebrar por si o por interpuesta persona, o en representación de otro contrato alguno con entidades públicas o con personas privadas que manejen o administren recursos públicos, también el artículo 60 de la C.N. al extralimitarse en el ejercicio de sus funciones, haciéndose responsables por inobservar la ley como servidor público. 6 Como quedó expuesto anteriormente, suscribir el contrato constituye una acción positiva suficiente para violar la prohibición legal, por lo mismo, tampoco es de recibo el argumento que señala que solo las pruebas validas son aquellas que se aportan en documento original, puesto que ello es admisible en materia de títulos valores o cuando se trata de una tacha de falsedad, que no es de lo que aquí se trata o por lo menos no ha sido argumento traído a colación en el proceso; por el contrario, como se desprende del mismo disciplinado en su escrito de apelación, resulta evidente la existencia del contrato, que es precisamente uno de los requisitos que la norma establece para que se configure la violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades; y el otro, que sea funcionario o servidor público, se encuentra plenamente probado en el proceso. Ahora bien, en cuanto a que el disciplinado en el caso sub judice no obró de mala fe, es claro que a los servidores públicos como quien más, se les exige el cumplimiento de la normatividad vigente y son ellos los primeros en dar ejemplo en acatar el ordenamiento legal del artículo 40 de la Ley 200/95. En mérito de lo expuesto, EL PROCURADOR SEGUNDO DELEGADO PARA LA

CONTRATACION ESTATAL, ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR el articulo primero de la Resolución No. 001 del 12 de enero de 1999, proferida por el Procurador Regional del Risaralda, por medio de la cual impuso SANCIÓN consistente en DESTITUCION del cargo, al señor Luis Fernando Olarte Ramírez, identificado con C.C. No. 10.077.485 de Pereira en su condición de Director del Núcleo de Desarrollo Educativo No. 11 de la ciudad de Pereira, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de este Proveído.

SEGUNDO: CONFIRMAR el articulo segundo de la mencionada resolución, mediante la cual se le impuso como SANCIÓN ACCESORIA DE INHABILIDAD, para desempeñar cargos públicos. por el término de (2) dos años.

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TERCERO: COMISIONAR al señor Procurador Regional del Risaralda, con facultades, incluso la de subcomisionar si ello hubiere lugar, para NOTIFICAR en legal forma el contenido de esta decisión al acusado o a su apoderado, en sujeción a lo previsto en los artículos 83 al 90, en lo pertinente, de la Ley 200 de 1995 -CÓDIGO DISCIPLINARIO ÚNICO-, y REMITIR a la División de Registro y Control, copia de esta decisión, para lo de su cargo.

CUARTO: DEJAR por la SECRETARIA de ésta DELEGADA las anotaciones de rigor y LIBRAR las comunicaciones correspondientes.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARIO GERMAN IGUARAN ARANA

PROCURADOR DELEGADO

Ref: Expediente No. 086-10179 Apelación K.V.C.

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