PGN - Documento 201603102320166

Dependencia: Segunda Delegada Contratación Estatal Radicación #:082-000733-99

Disciplinado y/o investigado: Alejandro Adolfo Aldana A. y Alcira Cuello R.

Cargo y entidad: alcalde y docente de Ayapel

Quejoso: Guillermo Espinosa H.

Fecha queja: 30 de julio de 1999

Fecha hechos: marzo 25 de 1999

Asunto: fallo segunda instancia

Bogotá, D.C., 20 de mayo de 2003 Procede el despacho a resolver el recurso de APELACIÓN interpuesto por los señores Alejandro Adolfo Aldana Arias y Alcira Cuello Ruíz, en su condición de alcalde del municipio de Ayapel y docente de enseñanza secundaria en el colegio nacional Carlos Adolfo Urueta del mismo municipio, contra la resolución sin número de 8 de octubre de 2002, proferida por la Procuraduría Regional de Córdoba, mediante la cual se les impuso como sanción principal suspensión en el cargo por el término de sesenta (60) días sin remuneración y como accesoria inhabilidad para ejercer cargos públicos por el término de seis meses.

CARGOS.

Mediante autos números 021 y 022 de 10 de noviembre de 1999, se les formuló cargos a ALEJANDRO ADOLFO ALDANA ARIAS y ALCIRA CUELLO RUÍZ, en los siguientes términos ( fls. 63 a 68 c.o.): ALEJANDRO ADOLFO ALDANA ARIAS, en su condición de alcalde del municipio de Ayapel ( Córdoba ). “ suscribir y ordenar el pago de la orden de suministro

distinguida con el No. 1661 de fecha marzo 25 de 1999, por valor de $ 1.846.000,oo, por concepto de suministro de lámparas, bombillos, zócalos, alambres duplo para el mantenimiento del alumbrado público, zona rural, a favor de la señora ALCIRA CUELLO RUIZ, quien se encontraba inhabilitada para contratar por ostentar la calidad de servidora pública...” Se le citaron como infringidos los artículos 127 de la Constitución Política, el literal f) del artículo 8° de la ley 80 de 1993 y los normados 38 y 40 de la ley 200 de 1995. La falta fue calificada como grave. ALCIRA CUELLO RUIZ, en su condición de profesora de enseñanza secundaria, tiempo completo, especialidad Educación Estética, en el colegio nacional “ Carlos Adolfo Urueta “ de Ayapel, cargo para el cual fue nombrada mediante resolución No. 24513 de 26 de diciembre de 1983: “...Suministrar a la alcaldía municipal de Ayapel lámparas, bombillos, zócalos, alambres duplo, para el mantenimiento del alumbrado público, zona rural, de conformidad con la orden de suministro No. 1661 de fecha marzo 25/99, encontrándose inhabilitada para ello, por ostentar la calidad de servidora pública “. Se le citaron como normas infringidas el artículo 127 de la Carta Política, el literal f) del artículo 8 de la ley 80 de 1993 y los normados 40.1 y 38 de la ley 200 de 1995. La falta fue calificada como grave.

RESEÑA FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

En relación con el cargo imputado al señor Alejandro Aldana Arias, manifiesta el aquo que no es aceptable el argumento de que la señora Alcira Cuello no contrató en su nombre sino por delegación que para tal efecto le hizo la presidente de la Asociación de Natilleras –Ahorros Hogareños, entidad sin ánimo de lucro, cuya contratación no se rige por la ley 80, sino por los decretos 777 y 1403 de 1992. Adujo que se halla plenamente demostrado que la función delegada por Nayibe Fernández, representante legal de la citada asociación fue posterior a la solicitud de suministro que el Alcalde hace a la señora Alcira Cuello. Así mismo, la orden de servicio y/o suministro fue elaborada con posterioridad a la fecha en que se expidió la factura de compra, amén de que esa misma factura se anexó a la orden de pago No. 0222 de 25 de marzo de 1999. De igual manera afirma que, los artículos fueron entregados y puestos en funcionamiento con anterioridad a la fecha en que la presidenta de la Asociación autorizara a la señora Cuello Ruiz, tal como se desprende de la declaración rendida por el señor Villamizar Alvarado ante la Fiscalía 11 de delitos contra la Administración Pública. En cuanto a los argumentos expuestos por la disciplinada Alcira Cuello Ruiz, el fallador de instancia señala que no es de recibo el argumento que no contrató por méritos o por sus deseos, sino por delegación expresa que le hiciera Nayibe Fernández Campo, por cuanto la solicitud de suministro de bienes a su nombre fue anterior a la autorización o delegación para contratar, al igual que la factura que

sirvió de soporte para efectuar el pago a través de la orden 0222 de 25 de mazo de 1999. Además, la declaración del señor Rafael Adolfo Villamizar Alvarado, corrobora que el suministro lo hizo la implicada a nombre propio, así también se desprende de los elementos que fueron entregados e instalados con anterioridad a la orden de servicio y/o suministro. RECURSO DE APELACIÓN Ante la Personería Municipal de Ayapel presentaron, dentro del término legal, el recurso de apelación los disciplinados, cuya sustentación se resume así: La disciplinada ALCIRA CUELLO RUIZ, alega que al momento de fallar se desestimaron sus descargos en cuanto a que no contrató por su deseo sino por delegación expresa que le hizo la presidente de la Asociación de Natilleras Ahorro Hogareño, entidad sin ánimo de lucro, que tiene convenio con el municipio de Ayapel. Además, la Procuraduría Regional el contrato que censura es el oficio de 28 de enero de 1999 y no la orden de suministro No. 1661 de 25 de marzo del mismo año. Naturalmente ello no es cierto, porque el escrito considerado como contrato no contiene las formalidades de tal, pues en el no se halla consignado ni su voluntad para el negocio como tampoco la remuneración. Expresa que el contrato que celebró con el municipio de Ayapel, a nombre de la persona jurídica sin ánimo de lucro, está contenido en la orden de suministro No. 1661 de 25 de marzo de 1999 y cuya fecha es posterior a la delegación de la presidente de la Asociación, así se refiere la orden de pago No. 0222 de la misma

fecha. Ahora bien, la orden de pago fue aparada con el registro presupuestal R0311. Señala que no hay duda alguna que el contrato que celebró con el municipio, en representación de la Asociación, por delegación de su presidente, está contenido en la orden de suministro 1661 de 25 de mazo de 1999 y no en el escrito de 28 de enero del mismo año, como lo supone el Procurador, aún en contravía del pliego de cargos. Señala la disciplinada que por mandato del decreto 777 de 1403 de 1992 no se hallaba inhabilitada para contratar. El disciplinado ALEJANDRO ADOLFO ALDANA ARIAS, expresa que la el Procurador toma por fecha del contrato la del oficio de 28 de enero de 1999 y por ende al compararlo con la fecha del escrito de delegación de la presidente de la Asociación, resulta ser posterior, luego existe una errónea apreciación por parte del Procurador al considerar el escrito de 18 de enero de 1999 como una orden de servicios o contrato sin formalidades plenas. El oficio tiene un error de redacción, porque lo que se pretendió era que la Asociación sin ánimo de lucro cotizara los elementos que allí se indican. Dicha solicitud no tiene uno de los elementos esenciales del contrato, sin el cual el mismo no nace a la vida jurídica, cual es la contraprestación o precio; y no lo tiene porque con dicho escrito no se pretendía establecer una relación contractual sino establecer el costo de los elementos. Indica que la citada Asociación no fabrica ni distribuye los elementos solicitados y por tal razón es que se les solicita en la orden de servicios No. 1661 de 25 de marzo

de 1999, que deben acreditar la factura donde la adquirieron para su pago. En ese orden de ideas es que ellas presentan la cotización que les hiciera el señor Rafael Villamizar. Afirma que existe una incongruencia en la valoración de la prueba y que como consecuencia de ello una incongruencia en el fallo y el pliego de cargos formulado, pues en este claramente se dice que la conducta disciplinable deriva de la suscripción de la orden de servicio 1661 y en el fallo se valora como contrato el oficio de 18 de enero de 1999, lo que viola el derecho de defensa y el debido proceso. Advierte que no hay consonancia entre el fallo y el pliego de cargos, además de ser equivocado considerar el escrito de 18 de enero como un contrato ya que no reúne los requisitos exigidos por los artículos 41 de la ley 80 y 71 del decreto 111 de 1996, requisitos que sí reúne la orden de suministro 1661, donde se indica la contraprestación y se halla amparada por la disponibilidad presupuestal 0332 de 25 de marzo de 1999 y registro presupuestal No. R 0311 de la misma fecha. Por último señala que dicha orden se ajusta a las formalidades de ley, y el contratista es una persona jurídica representada por un servidor público que por mandato de los decretos 777 y 1403 de 1992, no se halla en inhabilidad para contratar. CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA La presunta irregularidad cometida por el disciplinado Alejandro Adolfo Aldana Arias se contrae a suscribir y ordenar el pago del suministro por $ 1.846.000,oo para el

abastecimiento de lámparas, bombillos, zócalos, alambre duplo para el mantenimiento del alumbrado público, zona rural, con la señora Cuello Ruíz, siendo ésta servidora pública, violando con dicho comportamiento el régimen de inhabilidades e incompatibilidades consagrado en la ley 80 de 1993. A la señora Alcira Cuello Ruiz, se le reprocha el suministrar a la alcaldía municipal de Ayapel lámparas, bombillos, zócalos, alambre duplo, para el mantenimiento del alumbrado público, zona rural, de conformidad con la orden de suministro 1661 de 25 de marzo de 1999, encontrándose inhabilitada para ello, por ostentar la calidad de servidora pública. En razón de la conexidad de las conductas, esta Delegada realizará un análisis conjunto para los dos disciplinados. La Constitución Nacional en el artículo 127 prohíbe a los servidores públicos “celebrar por sí o por interpuesta persona, o en representación de otro, contrato alguno, con entidades públicas o con personas privadas que manejen o administren recursos públicos, salvo las excepciones legales”. A su vez, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, ley 80 de 1993, artículo 8o., dispone que son inhábiles para participar en concursos o licitaciones y para celebrar contratos con las entidades estatales: “a) Las personas que se hallen inhabilitadas para contratar por la Constitución y las leyes. (...) f) Los servidores públicos”.(...) Las inhabilidades constituyen una limitación de la capacidad para contratar con las entidades estatales que de modo general se reconoce a las personas naturales y

jurídicas, y obedecen a la falta de aptitud o a la carencia de una cualidad, calidad o requisito del sujeto que lo incapacita para poder ser parte en una relación contractual con dichas entidades, operaciones contractuales que exigen que se realicen con arreglo a criterios de imparcialidad, eficacia, eficiencia, moralidad y transparencia. Es por ello, que se prohíbe que accedan a la contratación estatal las personas que tengan intereses contrarios a los de las entidades públicas con las cuales contrata o que carezcan de los requisitos o condiciones que puedan repercutir en el correcto, eficiente y eficaz cumplimiento del acuerdo de voluntades. En el ámbito contractual, las inhabilidades e incompatibilidades son circunstancias que imposibilitan para participar en licitaciones o concursos y para celebrar contratos con las entidades estatales. Si bien el legislador ha previsto en forma taxativa las prohibiciones a los servidores públicos para contratar con entidades del Estado, también contempla algunas excepciones, entre ellas, la adquisición de la propiedad accionaria del Estado (art. 60 C.N.), la adquisición por los congresistas de bienes y servicios que se ofrezcan en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos (art.180.4 ibídem), el artículo 10 de la ley 80 de 1993, es del siguiente tenor: “De las excepciones a las inhabilidades e incompatibilidades. No quedan cobijadas por las inhabilidades e incompatibilidades de que tratan los artículos anteriores, las personas que contraten por obligación legal o lo hagan para usar los bienes o servicios que las entidades a que se refiere el presente estatuto ofrezcan al público en condiciones comunes a

quienes los soliciten, ni las personas jurídicas sin ánimo de lucro cuyos representantes legales hagan parte de las juntas o consejos directivos en virtud de su cargo o por mandato legal o estatutario, ni quienes celebren contratos en desarrollo de lo previsto en el artículo 60 de la Constitución Política”. Así mismo, el decreto 777 de 1992 - que invocan los apelantes como la disposición en la cual se ampararon para llevar a cabo la negociación -por el cual se reglamenta la celebración de los contratos a que se refiere el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política, contempla algunas excepciones, estableciendo en el parágrafo del artículo 9° que “no se aplicará la prohibición prevista en el presente artículo cuando los servidores públicos mencionados en el numeral 1° y las personas señaladas en el numeral 3°, estas últimas en tanto sean servidores públicos, hagan parte en razón de su cargo, de los órganos administrativos de la entidad sin ánimo de lucro, en virtud del mandato legal o de disposiciones estatutarias, debidamente aprobadas por las autoridades competentes “. A su vez, la citada normatividad, dispone en el artículo 1° que en desarrollo del artículo 355 de la Carta Política, los departamentos, distritos y municipios pueden celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, sujetos a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre particulares, pero también, en el normado 2° expresa que “están excluidos del ámbito de aplicación del presente Decreto:

1. Los contratos que las entidades públicas celebren con personas privadas sin

ánimo de lucro, cuando los mismos impliquen una contraprestación directa a favor de la entidad pública, y que por lo tanto podrían celebrarse con personas naturales o jurídicas privadas con ánimo de lucro, de acuerdo con las normas sobre contratación vigentes...” (Subraya el Despacho). En el Derecho colombiano existen actos que el Presidente de la República puede dictar por autorización o competencia directa que le da la Carta Política, por ello el ejecutivo puede ejercer esa competencia en todo tiempo, independientemente del Congreso. Estos actos se les puede denominar decretos constitucionales y abarcan aquellos actos dictados por el presidente de la república para ejercer funciones que la Constitución le ha otorgado directamente, no sometidas a las leyes emanadas del órgano legislador formal. Con base en la facultad otorgada por el artículo 355 de la Constitución Nacional, el gobierno nacional expidió el Decreto 777 de 1992, por el cual se reglamentó la celebración de los contratos a que se refiere el inciso segundo de la norma superior, es decir reglamentó las apropiaciones de recursos destinados a impulsar programas y actividades de interés público, mediante contratos con entidades sin ánimo de lucro. Con todo, evidencia este Despacho que esta normatividad, no aplica para el caso subexamine, en primer lugar, porque éste exige que las entidades sean de “ reconocida idoneidad “, requisito que no se halla acreditado en las diligencias, a tal punto que el 9 de marzo de 1999 se reconoce a la junta Directiva de la Asociación y el 11 del mismo mes y año, es decir, dos días después se suscribe el convenio que

por cierto, no identifica cuál es el programa o proyecto del plan de desarrollo municipal que se ha de cumplir. En segundo lugar, es evidente que la excepción al régimen de inhabilidades e incompatibilidades del Decreto 777 de 1992, no aplica al presente caso y por consiguiente no le cabe razón a los recurrentes, pues, el artículo segundo ya transcrito, excluye del ámbito de aplicación del mismo los contratos que puedan celebrarse con personas naturales o jurídicas privadas con ánimo de lucro, como era el caso de la adquisición o suministro de elementos eléctricos requeridos por la alcaldía municipal los cuales podían ser adquiridos directamente en los establecimientos de proveedores de los mismos. Si bien es cierto que la mencionada exclusión es suficiente para el pronunciamiento definitivo de este proveído, debe señalarse que, de otra parte, en el acervo probatorio figura la orden de pedido de 28 de enero de 1999 que le hiciera el alcalde municipal a Alcira Cuello Ruiz de los elementos tantas veces citados y la factura de la misma fecha firmada por Rafael A. Villamizar, en la que relaciona los elementos adquiridos por la alcaldía municipal por $ 1.846.000,oo ( fls. 13 y 17 ). Así mismo aparece copia del oficio de 22 de enero de 1999 suscrito por la señora Nayibe Fernández Campo, a través del cual le comunica a Alcira Cuello Ruíz la aceptación de su ingreso a la Asociación sin ánimo de lucro ( fl. 110 ), entidad que de acuerdo con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Montería el 2 de septiembre de 1999, fue inscrita el 27 de

agosto del mismo año, bajo el número 1.948 del libro respectivo ( fl. 111) De igual manera se halla probado con los documentos obrantes a folios 52 a 54 y 59 que desde el 24 de enero de 1984 la señora Alcira Cuello Ruíz se posesionó como profesora de tiempo completo del colegio Nacional Carlos Adolfo Urueta, cargo que a 8 de septiembre de 1999 aún estaba desempeñando. Si bien está probado que la orden de suministro No. 1661 es de 25 de marzo de 1999, la cual estaba respaldada con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 0332 de la misma fecha, lo cierto es que desde el 28 de enero del mismo año el burgomaestre le había hecho la solicitud a la docente ( fl. 17 ) y ese mismo día adquirió la disciplinada los elementos que iban a ser suministrados a la alcaldía ( fl. 13 ), trámite para el cual, a esa fecha no tenía delegación, autorización ni encargo o investidura alguna de la entidad sin ánimo de lucro, y menos aún le habían ofrecido los productos a la alcaldía, ya que la entidad sin ánimo lucro sólo lo vino a hacer el 24 de febrero de 1998 ( fl. 91 ), es decir un mes después del oficio del alcalde y la compra de tales elementos por parte de la señora Cuello Ruíz.. Apoya lo afirmado precedentemente, la declaración que rindió ante la Fiscalía 11 de la Subunidad de Delitos contra la Administración Pública el señor Rafael Adolfo Villamizar Alvarado, propietario de la Ferretería “ Hermanos Villamizar “, el 8 de noviembre de 1999, piezas procesales remitidas por la Fiscalía con oficio No. 810F11-Rad. 535 de 28 de marzo de 2001 ( fl. 198 ), testigo idóneo, sobre el cual no se advierte ningún asomo de sospecha, quien afirmó a la pregunta de si había vendido elementos eléctricos a la señora Alcira Cuello, que: “ Si, pero eso fue como en enero, eso ya rato, eso fue en enero finales o principios de febrero, ella me solicitó un crédito y yo le conseguí unas lámparas, unas bombillas, un alambre duplo 2x12, unos zócalos para lámparas... le dí el 10 por ciento, yo le rebajé el valor de los elementos...Después de que yo le entregué los artículos, ella me trajo la factura para que la llenara, no recuerdo cuantos días pasó...” y señala que primero entregó los artículos y después hizo la factura ( fl. 199 y 200 ). Así las cosas, realizado el análisis probatorio de acuerdo con las reglas de la sana crítica, encuentra este Despacho que al no aplicar para el caso en estudio el decreto 777 de 1992 por expresa prohibición de su artículo 2° ya que los elementos suministrados por la docente y adquiridos por el alcalde municipal, se podían comprar a cualquier otra persona natural o privada con ánimo de lucro; y, por otra parte, fungir la señora Alcira Cuello Ruíz como servidora pública, no podía ninguno de los disciplinados celebrar dicho acuerdo de voluntades, por estar prohibido legalmente como se lee expresamente en el artículo 2º del Decreto 777 de 1992, Decreto citado por los recurrentes como fuente de su defensa.. Al no darse los presupuestos exigidos por el decreto constitucional 777 de 1992,

según la restricción de su artículo 2º, no puede hablarse de un desplazamiento de la representación legal por delegación y menos que ésta estuviera actuando a nombre de la entidad sin ánimo de lucro, para soportar su actuación sin verificar el régimen de inhabilidades e incompatibilidades previstos en la ley 80 de 1993. Por lo anterior, se desestiman los argumentos expuestos por los recurrentes. Ahora bien, de acuerdo con el numeral 10 del artículo 25 de la ley 200 de 1995, el actuar a sabiendas de estar incurso en causales de inhabilidad o incompatibilidad, es considerado como falta gravísima la cual comporta como sanción principal la destitución y como accesoria la inhabilidad para ejercer cargos públicos; sin embargo, como el fallador de instancia les calificó la falta como graves, se modificará la sanción principal del disciplinado Alejandro Adolfo Aldana Arias, se mantendrá la sanción principal para la inculpada Alcira cuello Ruíz, al igual que se variará la sanción accesoria de los dos, con base en los siguientes fundamentos: En primer término dispone el artículo 29 de la ley 200 de 1995, norma aplicable al caso en estudio por virtud de los principios de legalidad y debido proceso, que la suspensión de funciones procede para quienes se encuentren vinculados al servicio. Por su parte, el artículo 32 ibídem preceptúa que las faltas leves dan lugar a la aplicación de las sanciones de amonestación escrita con anotación en la hoja de vida o multa hasta diez días de salario, y las graves se sancionarán con multa

entre once (11) y noventa (90) días del salario o suspensión hasta por el mismo término. En segundo lugar, si bien el artículo 30 ejusdem determina las sanciones accesorias, también lo es que por vía jurisprudencial se ha precisado que “ el investigador de la falta disciplinaria, al momento de aplicar la inhabilidad para ejercer funciones públicas en los casos que la sanción principal comporte, deberá resolver acerca de su duración, remitiéndose a la legislación penal, para lo cual la Sala advierte que en ningún momento la sanción accesoria podrá exceder la principal, situación que deberá definirse al momento de adoptar la correspondiente decisión “. “Así, pues, bajo la necesaria interpretación integral de la ley 200 de 1995 en armonía con el Código Penal (Decreto ley 100 de 1980 ), surge la aplicación constitucional del principio de legalidad y de la tipicidad en la adopción de la sanción accesoria de inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas del numeral 1° del artículo 30 de esa ley, en lo concerniente a la determinación de la sanción que debe ser impuesta. Por ello, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corte, deberá tenerse en cuenta, no sólo la descripción previa de las faltas disciplinarias, sino también de los correctivos y sanciones aplicables a quienes incurran en aquellas, dado que los aspectos cualitativos y cuantitativos de dicha sanción han sido definidos legalmente; el primero, como de naturaleza accesoria y, el segundo, mediante un límite máximo, claro y preciso, que sujeta la labor de tasación de la pena por el fallador, en desarrollo del principio de que los jueces, en sus

providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley ( C.P., art. 230 ), debido a la potestad reglada que ejercen...”1 1 Corte Constitucional. Sentencia C-187/98 M.P. Hernando Herrera Vergara En este orden de ideas, como se halla probado que el disciplinado Alejandro Adolfo Aldana Arias, fungió como servidor público hasta el 31 de diciembre de 2000 ( fl. 33 ), dando aplicación a lo dispuesto en el normado 29, se modificará la sanción principal en el sentido de no aplicarle suspensión en el ejercicio de sus funciones sino MULTA equivalente a sesenta ( 60 ) días de salario devengado para la época de los hechos, por la suma de cuatro millones setecientos veinte mil ochocientos setenta y seis pesos ( $ 4.720.876 ) M/cte ( fl. 57 ). A la disciplinada Alcira Cuello Ruíz, se le mantendrá la sanción principal impuesta por el a-quo consistente en suspensión en el ejercicio del cargo por el término de sesenta (60) días, sin remuneración alguna y se suprimirá la accesoria, que impone inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo término, es decir sesenta días. En mérito de lo expuesto, EL PROCURADOR SEGUNDO DELEGADO PARA LA CONTRATACIÓN ESTATAL, en ejercicio de sus atribuciones legales, RESUELVE: PRIMERO. MODIFICAR la resolución número 02 de 8 de octubre de 2002, proferida por la Procuraduría Regional de Córdoba, mediante la cual sancionó a ALEJANDRO ADOLFO ALDANA ARIAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.622.736,

en su condición de alcalde municipal de Ayapel y a ALCIRA CUELLO RUIZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 21.638.123 de Caucasia, en calidad de docente de Enseñanza secundaria tiempo completo en el Colegio Nacional Carlos Adolfo Urueta de Ayapel, con suspensión en el cargo por el término de sesenta días, sin remuneración, e inhabilidad para ejercer cargos públicos por el término de seis (6) meses, para en su lugar imponerle al primero de los nombrados MULTA equivalente a sesenta ( 60 ) días de salario devengado para la época de los hechos, por la suma de cuatro millones setecientos veinte mil ochocientos setenta y seis pesos ( $ 4.720.876 ) M/cte, y a la segunda SUSPENSION en el ejercicio del cargo por el término de sesenta (60) días, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído. SEGUNDO. NOTIFICAR por la Procuraduría Regional de Córdoba esta decisión a los disciplinados, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 100 y siguientes de la ley 734 de 2002, con la advertencia que no procede recurso alguno por la vía gubernativa. TERCERO. REMITIR por la oficina de origen, copia de los fallos de primera y segunda instancia, con la constancia de ejecutoria, a la División de Registro y Control y Correspondencia de la Procuraduría General, para lo de su cargo. CUARTO. Por la Unidad Coordinadora para la Contratación Estatal, dejar las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MARIO ROBERTO MOLANO LÓPEZ

Procurador Delegado Exp. 082-000733 MRML/ree. Fallo segunda instancia corregido