PGN - Documento 201603102320217

Dependencia: Procuraduría 1ª Delegada para la Contratación Estatal.

Radicación # 077-01050-00 Disciplinado y/o investigado: Carmela Cuellar Cuellar Cargo y entidad: Alcaldesa Municipal de El Paujil (Caquetá)

Quejoso: Fecha Queja: Fecha Hechos: Asunto: Fallo de segunda instancia.

Bogotá D. C., 5 DE DICIEMBRE 2001

DESPACHO DEL PROCURADOR DELEGADO Al despacho se encuentra el diligenciamiento 077-01050/00 para decidir en segunda instancia por vía de consulta respecto de la resolución 0000013 de junio 29 de la anualidad, mediante la cual la Procuraduría Regional del Caquetá, absolvió de responsabilidad disciplinaria a la señora CARMELA CUELLAR CUELLAR, en su condición de Alcaldesa Municipal de El Paujil (Caquetá); a ello procede con éste auto, acreditada la calidad de servidor público de la implicada, y en ausencia de nulidad sobre la actuación.

ANTECEDENTES: El presente averiguatorio se inició con fundamento en informe de la Contraloría Departamental del Caquetá, en oficio 456 de diciembre 7 de 1.999, donde da a conocer la presunta conducta irregular de la señora CARMELA CUELLAR CUELLAR, en la celebración del contrato Interadministrativo No. 012 de 23 de diciembre de 1997, suscrito con el INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI, sin contar con los recursos financieros necesarios para garantizar su cumplimiento por parte del Municipio, al igual que al omitir en el acta con la cual se realizó el cierre

de la vigencia fiscal de fecha 31 de diciembre de 1997, el valor del mencionado contrato, como compromiso de la administración Municipal. Con auto de 18 de febrero de 2.000 (fls. 617), se dispuso indagación preliminar, luego de lo cual en septiembre 21 de 2000 se inició investigación disciplinaria, y una vez practicadas las pruebas de rigor, en octubre 26 se profiere auto de cargos a la señora CARMELA CUELLAR CUELLAR (fls.78 A 82), el que fue objeto de nulidad, reponiéndose lo actuado mediante auto de cargos de 22 de mayo de 2.001 (fls. 110113), y una vez presentados los descargos y las pruebas pedidas, decretadas y practicadas, se falló en primera instancia, decisión que aquí es objeto de consulta. CARGOS (fIs.110, 113): Se le reprochó que: "en su condición de Alcalde del Municipio de El Paujil Caquetá, nombrada mediante Decreto No. 0531 de julio 3 de 1997, faltó al deber de cumplir las normas que regulan el manejo de los recursos económicos públicos, específicamente lo dispuesto por el articulo 71 del Decreto 111 de 1996, al suscribir el día 23 de diciembre de 1.997, contrato Interadministrativo con el Instituto Geográfico Agustín 1 Codazzi por valor de $6.000.000.00, para el cual descuidadamente no solicitó certificado de disponibilidad previo que garantizara la existencia de apropiación presupuestal suficiente para atender satisfactoriamente el compromiso adquirido" Como normatividad vulnerada le señalaron: Ley 200 de 1995, articulo 40 numerales

1 y 3, en armonía con lo dispuesto por los artículos 6, 7 y 123 de la Constitución Política. DESCARGOS (fls. 31y 32). Dentro del término legal, la disciplinada contestó los descargos, aduciendo que la celebración del contrato la justifica en la trasferencia mediante Ley 60 de 1993, por parte del Gobierno Nacional, a los entes municipales, de asumir la responsabilidad de los gastos de funcionamiento con el fin de que los ingresos percibidos por transferencias de la Nación se destinaran en su totalidad de la inversión social. Que dicha situación la llevó a adelantar el proceso objeto del contrato, con el fin de fortalecer el recaudo de los ingresos propios, en especial el predial que se constituía en el principal aporte tributario del Municipio, puesto que una vez actualizado el catastro se percibía un aumento en las bases gravables debido a la inclusión de nuevos predios en el centro catastral y aumento en las bases gravables de los predios existentes. Que el catastro del Municipio se encontraba desactualizado desde el ano de 1995, fecha indicada para realizar el proceso de actualización de acuerdo con lo ordenado por el artículo 5 de la Ley 14 de 1983, donde se establece una vigencia del proceso de formación catastral de cinco años, que el municipio había adelantado en el año de 1991. Que con base en el articulo 6 de la misma ley, no podía el Instituto aplicar los reajustes ordenados mediante el Decreto anual de incrementos de avalúos, a los municipios que tuvieran vencido el período de 5 años de la vigencia del catastro, por lo cual los listados emitidos por el IGAG, contendrían

de año en año, las mismas bases gravables hasta tanto se ejecutara el nuevo proceso de actualización, situación que afectaba las finanzas municipales debido al congelamiento de las bases gravables. Que además, la información catastral actualizada, facilitaba la ejecución de los planes de ordenamiento territorial, la planeación municipal relacionada con los aspectos físicos del territorio y ordenamiento del espacio público. Que en ese orden de ideas su única finalidad fue beneficiar a la administración municipal, mediante el fortalecimiento de sus ingresos. Que si cometió un error fue por confiar en los funcionarios a quienes les solicitó ejecutar la expedición del certificado y registro presupuestal, puesto que la orden como tal la impartió teniendo en cuenta que existía disponibilidad presupuestal, situación que fue verificada con YOHON FREDY OBANDO y GIRO TRUJILLO, funcionario encargado del manejo del presupuesto y Secretario de Gobierno, respectivamente. Que igualmente, en la cláusula décima primera del contrato de acordó, entre los requisitos para su validez, que el INSTITUTO AGUSTÍN CODAZZI no podía iniciar su ejecución hasta tanto se LEGALIZARA el contrato, puesto que no tendría validez para lo cual era obligatorio contar con la respectiva disponibilidad y registro presupuestal, por ser un documento que forma parte del contrato, aspecto que no se tuvo en cuenta por el contratista". Para finalizar solicita se le exonere de los cargos ajusta su actuación a la buena fe, basada en el beneficio que reportó al Municipio la celebración del contrato por el 2 aumento de sus ingresos por concepto de predial, que demuestra que su finalidad e intención fue sana sin existir interés diferente al anotado, sin que el Estado perdiera

un solo peso y sin poner en riego su patrimonio, haciendo por el contrario una inversión que mejoró los ingresos y recaudas de los recursos propios del municipio. DE LAS PRUEBAS Dentro del proceso se recaudaron, entre otras, las siguientes pruebas:

1. Visita Especial practicada en la Tesorería Municipal de El Paujil diligencia mediante la cual se verifica que el libro de control de ejecución presupuestal de ~ .la vigencia de 1997, no se encuentra registrado compromiso alguno relacionado con el contrato Interadministrativo No. 012 de diciembre de 1.997 (tls. 20 y 21).

2. Fotocopia simple de acta de conciliación prejudicial entre el INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTíN CODAZZI y el Municipio de El Paujil, radicado No. 018, diligencia mediante la cual el ente municipal presentó formula tendiente a satisfacer la obligación económica derivada del contrato Interadministrativo 012 de diciembre de 1.997 (tls. 32-34).

3. Fotocopia simple del acta de cierre de vigencia fiscal de 1997) mediante el cual se relacionan las cuentas por pagar de la Administración Municipal del mismo año, documentos en los cuales no aparece registrado el contrato 012 de diciembre de 1997 (tls. 40 a 59).

4. Fotocopia simple de cuenta de pago No. 716 de agosto 3 de 1.999, a favor del INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI) por valor de 2.000.000.00, por concepto de pago de primera cuota del acuerdo conciliatoria prejudicial radicado No. 018 (ti. 27).

5. Declaración de YOHON FREDY OBANDO, en la que refiere que en el año de

1997, desempeñó entre otra funciones tendientes a registro de control de presupuesto del Municipio y el responsable directo del control dirección y manejo era el Tesorero Municipal. Afirma que CARMELA CUELLAR impartió la orden de expedición del certificado y registro presupuestal para el contrato Interadministrativo No. 012, que verbalmente solicitaba al Despacho de la Tesorería o al Secretario de Gobierno Municipal, adelantar las diligencias que tuvieran que ver con apropiaciones para adquirir compromisos tendientes a ejecutar el presupuesto del Municipio, que a veces lo hacia directamente con el Tesorero quien era la persona responsable (fls. 96).

6. En cuanto al señor GIRO TRUJILLO, no fue posible recepcionar su declaración por haber fallecido el 18 de julio de 1999) conforme consta en el Acta de Defunción obrante al folio 101.

6. Acta de visita Especial practicada el 21 de marzo del 2.001 a la Tesorería Municipal de El Paujil cuyo fin fue verificar si existió incremento en el recaudo del impuesto predial para los anos de 1998 Y 1.999, frente a lo recaudado en el año de 1.997. En dicha diligencia se pudo constar, conforme a los libros de ejecución presupuesta de ingresos, que lo recaudado en el ano de 1997 fue $33.504.369.00, en 1998 $50.497.279, y para el ano de 1999, hubo un incremento de $52.724.828.00

3 (ti. 102). Al efecto se anexaron copia de los folios de ejecución del presupuesto (fls. 103105).

7. Constancia expedida por el Secretario de Gobierno del Municipio de El Paujil

(Caquetá), donde certifica que CARMELA CUELLAR CUELLAR, ejerció como Alcalde del mencionado municipio desde el 4 de julio hasta el 31 de diciembre de 1.997 (Folio 19). DEL FALLO DE LA INSTANCIA (Folio 124 a 135) Dijo la Procuraduría Regional del Caquetá, que se le endilga a la señora CARMELA CUELLAR CUELLAR, en su condición de Alcaldesa del Municipio de El Paujil (Caquetá), para el mes de diciembre de 19971 el incumplimiento de las normas que regulan el manejo de los recursos económicos públicos, específicamente lo dispuesto en el artículo 71 del Decreto 111 de 1996, al suscribir el contrato Interadministrativo No. 012 con el INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI, sin contar con el certificado de disponibilidad presupuestal que garantizara la existencia de apropiación suficiente para atender el compromiso adquirido. Dice el a-quo que de las pruebas practicadas se estableció que el 23 de diciembre de 1.997, entre el Municipio de El Paujil y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, celebraron el contrato Interadministrativo No. 012, donde el último se comprometió a ejecutar "la Actualización y/o Formación Catastral, zona rural del Municipio de El' Paujil (Folio 36). Que la vigencia del contrato se pactó a partir del 18 de diciembre de 1997 hasta el 30 de marzo de 1.998, por un valor de $6.000.000.001 que el Municipio

se obligó a cancelar en un 50% el día 20 de enero de 1,998 Y otro 50% una vez entregado el trabajo de acuerdo a lo contratado, valores estos que debían ser girados al Instituto con destino al Recurso No. 4401000-3-002-90. Que en la Cláusula Quinta del contrato se estipuló como Imputación Presupuestal, que el Municipio cancelaría el valor del contrato con las apropiaciones del presupuesto municipal para la vigencia de 1.997, según reserva Departamento Gobierno, Capitulo 3, articulo 38) para la gestión municipal (Fls. 35 y 36). Que dicho contrato fue firmado por las partes el 23 de diciembre de 1.997, estableciéndose como requisitos para su validez por tratarse de un documento Interadministrativo, que se requería "únicamente llevar a cabo el Registro Presupuestal por parte del Municipio consignándose en esta parte del contrato: "Documento que se anexa y forma parte del presente contrató'(fI. 37). Que el contrato no obstante lo estipulado en la Cláusula Quinta 11 Imputación Presupuestal, se celebró sin contar con el certificado de disponibilidad presupuestal que garantizara la existencia de apropiación suficiente para atender el gasto y sin que al cierre de la vigencia fiscal de 1997, llevada a cabo el 31 de diciembre, se incluyera entre las cuentas por pagar (fI. 40 a 59), lo que conllevó a que una vez ejecutado por parte del INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI, se llevara a cabo conciliación prejudicial tendiente a presentar formulas tendiente a satisfacer la

obligación económica (Folio. 32 y 34). Que los hechos relacionados aparecen acreditados con el contrato (fls. 35 -37), el acta de visita especial practicada a la Tesorería Municipal de El Paujil (Caquetá) (fls. 20 y 21), el acta de cierre de la vigencia fiscal de 1997 (fls. 4059), Y el acta de 4 conciliación prejudicial (fls. 32-34), estas última indicativa de la forma a efectuar el pago. Que la disciplinada en sus descargos ajusta su actuación a lo normado en los 8 artículos 5 y 6 de la Ley 14 de 1983, a la circunstancia de haber solicitado el certificado de disponibilidad presupuestal, y haber actuado de buena fe con la única intención de fortalecer las finanzas municipales. Que en razón a que la situación que plantea se dirige a exculpar la conducta al haber actuado dentro de la legalidad, y con el único fin de fortalecer las finanzas municipales, hace que se deban definir aspectos que atañen a la celebración del contrato y si medió en su actuación algún interés distinto a la tan pregonada situación de carácter fiscal. Que las pruebas traídas a la investigación constitutivas del contrato, el acta de visita especial practicada a la Tesorería del Municipio de El Paujil, acreditan que la actualización y/o formación catastral del municipio, ejecutada por el INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI, en virtud del contrato Interadministrativo No. 012 de 23 de diciembre de 1997, como lo señala la disciplinada, reportó al municipio un incremento en el recaudo del impuesto predial por los años de 1.998 y 1999, con

relación a lo captado por ese mismo concepto durante el año de 1.997, en una cuantía que ascendió a $16.992.910.= para 1.998 y $19.219.918.= en 1.999, sumas estas que para la Procuraduría en sana lógica representa un incremento considerable en las rentas por concepto de impuesto predial, que hace fácil presumir tratándose de las finanzas municipales en lo que a predial se refiere, la necesidad de la celebración del contrato entre El Municipio de El Paujil y el INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI, observándose desde este tópico la ausencia de un interés particular o en beneficio de terceros, excepto el buen servicio que se evidencia como única motivación que conllevó a la disciplinada a la celebración del contrato Interadministrativo. Estimó el a-quo que para que se configure la falta disciplinaria como lo ha expresado la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado, "se requiere de una parte, la tipificación de la conducta como falta y de otra, la demostración de la culpabilidad en que hubiere incurrido el funcionario al realizar esa conducta". y que la Doctrina advierte: "Las voces utilizadas por la ley (articulo 63 del C. C.), para definir el dolo concuerdan con la noción doctrinaria que la sitúa y destaca en cualquier pretensión de alcanzar una obligación o de vulnerar un interés jurídico ajeno; el dolo se constituye pues, por la intención maliciosa, al paso que la culpa según el mismo precepto y la concepción universal acerca de ella, se configura sobre la falta de

diligencia o de cuidado, la imprevisión, la negligencia y la imprudencia,... Hay culpa cuando el agente no previó los efectos nocivos de su acto, habiendo podido preverlos o cuando a pesar de haberlos previsto, confió imprudentemente en poder evitarlos". Consideró el fallador de instancia al analizar las pruebas allegadas a la investigación, que la motivación sana que llevó a la celebración del precitado acto unido a la falta de prueba en el proceso que refleje para la época de la celebración del contrato la existencia de un interés particular o en beneficio de terceros, excepto el buen servicio, llevó a concluir que la conducta descrita en el auto de cargos no se tipifica desde el punto de la intención o culpa, y si se deja de manifiesto que actuó con la convicción sincera de que no existía vicio alguno en el contrato, lo cual aplicando la 5 tesis jurisprudencial, exculpa la conducta y exime de responsabilidad a la disciplinada. Pero no solo la falta de concurrencia de los factores -tipificación de la conducta como falta, y la demostración de la culpabilidad en que hubiere concurrido el funcionario a realizar la conductahacen que la: conducta de la disciplinada no se configure como falta, uniéndose a lo anterior la duda que surge de la investigación, sobre lo afirmado por la inculpada que solicitó el certificado de disponibilidad presupuestal a los señores YOHON FREDY OSANDO Y CIRO TRUJILLO, funcionario encargado del manejo del presupuesto y secretario de Gobierno, respectivamente! versión que es corroborada por el primero de los testigos nombrados. Si bien en este punto vale

aclarar, dice la Regional del Caquetá, que a la implicada le correspondía el cumplimiento de lo prescrito del articulo 71 del Decreto 111 de 1996: que en materia presupuestal la obligaba a contar con el certificado de disponibilidad presupuestal que garantizara la existencia de apropiación suficiente para atender esa clase de gastos y el registro presupuestal, para que los recursos con él financiados no fueran desviados a ningún otro fin, el testimonio de YOHON FREDY OBANDO, en este aspecto, es conteste al afirmar, que CARMELA CUELLAR, solicitó el correspondiente certificado, pero dado que no se pudo corroborar por el fallecimiento del segundo testigo citado, señor GIRO TRUJILLO, no ofrece certeza al Despacho sobre esa particular circunstancia, creando duda sobre su actuación. Asevera el a-quo, que no solo surge la duda de lo infructuoso de la recepción del testimonio del señor GIRO TRUJILLO q.e.p.d., que condujera a crear certeza de la solicitud que dice la disciplinada hizo del certificado de disponibilidad presupuestal, ésta también surge de ausencia de prueba que indique un interés diferente al buen servicio que reflejan las diligencias fue lo que la motivó a celebrar el contrato, el que se proyecta en el fortalecimiento de las finanzas municipales. En este punto no encuentra el Despacho explicación a que estando la encartada próxima a dejar el cargo puesto que se desempeñó como Alcaldesa de El Paujil hasta el 31 de diciembre de 1.997, no obstante el bien que para el Municipio representaba el contrato, pasara desapercibida la obligación consagrada el artículo 71 de la Ley 111

de 1986. En base a las situaciones atrás comentadas, llevaron a que fueran de recibo las exculpaciones presentadas por la señora CARMELA CUELLAR, de una parte, la ausencia de tipificación de la conducta descrita en el auto de cargos desde el punto de la intención o culpa y de otra al generarse de las pruebas duda respecto de su responsabilidad, que conduce a la aplicación a lo dispuesto en el principio rector del articulo 60 de la Ley 200 de 1.995, que enseña que "Toda duda razonable se resolverá a favor del disciplinado cuando no haya modo de eliminarla", razones por las cuales la instancia exoneró de responsabilidad a la implicada. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO Dentro del término previsto en el inciso segundo del artículo 109 de la ley 200 de 1995, se procede a resolver sobre el fallo de primera instancia objeto del grado jurisdiccional de consulta. Antes de proceder al análisis procesal, y como quiera que al tenor de lo consignado en el artículo 132 del Código Disciplinario Único, se contempla la posibilidad que en cualquier etapa procesal el funcionario advierta que existen causales de nulidad, 6 debiendo decretarla, ya sea total o parcialmente desde el momento en que se presentó la causal y ordenará que se reponga la actuación que dependa del acto declarado nulo, para que se subsane lo afectado, decretar de oficio la nulidad, al observar causal que así lo establezca, es momento de pronunciarse al respecto así: En la parte motiva del auto de cargos, se relacionaron: hechos, pruebas, la conducta

objeto de censura, se determinaron las normas que describen los deberes y regulan la conducta funcional y específica del servidor público, se indicaron las normas infringidas y se determinó la conducta, respecto de la disciplinada como grave, sin que se calificara expresamente el grado o la forma de culpabilidad de la conducta reprochada, lo que pudiera en principio determinar una posible nulidad al tenor del numeral 2 del artículo 131 de la ley 200 de 1995. Así, de conformidad con el ordinal 7 del artículo 92 del Código Disciplinario Único, es requisito formal del auto de cargos la determinación provisional de la naturaleza de la falta, toda vez que permite la imposición de determinada sanción. El artículo 27 de la ley 200 de 1995, a su vez, señala los criterios para determinar la gravedad o levedad de la falta, consagrando en el numeral primero el grado de culpabilidad. En consecuencia, en cumplimiento de este requisito debe incluirse el grado de culpabilidad de la falta, como quiera que ésta constituye el elemento subjetivo de la conducta y por lo tanto debe hacer parte de la descripción. De la lectura del auto de cargos, este despacho observa que la Procuraduría Regional del Caquetá consideró simultáneamente a los reproches, que con su proceder la señora CARMELA CUELLAR CUELLAR, Incumplió con sus deberes legales de acatar y hacer cumplir la constitución, las leyes, al igual que desempeñar con solicitud y eficiencia los servicios encomendados así como los intereses del Estado, al tenor de la preceptuado en el artículo 40 numerales 1 y 3 de la ley 200 de

1995. Para ésta Delegada las expresiones anteriores, dan a entender claramente que las conductas desplegadas por la señora CUELLAR CUELLAR, se presentaron bajo la forma de culpabilidad por la posible negligencia y descuido, términos propios de la modalidad culposa, de tal manera que el cargo que por estos comportamientos se reprocha, se entiende atribuido a título de culpa para la mencionada disciplinada, en cuanto la censura aparece claramente vinculada a las consideraciones de la Procuraduría Regional del Caquetá. De igual forma, el concepto unificado 001 de agosto del año inmediatamente anterior, emanado del despacho del Procurador Auxiliar para asuntos disciplinarios, advierte; "es necesario resaltar que no por el hecho que se omita eludir los términos de dolo y culpa en el auto de cargos se presenta nulidad de la decisión, pues para que no se presente esta deficiencia basta que el contenido de la providencia permita colegir el tipo de culpabilidad con que actuó el investigado" Con fundamento en las anteriores consideraciones se deduce del texto del auto de cargos que la conducta imputada a la encartada, se hizo a título de culpa y no hay lugar a decretar la nulidad por la no inclusión expresa de la forma de culpabilidad en el mencionado auto. Ahora bien, la inconsistencia objeto de reproche a la disciplinada, se contrae al omitir la solicitud del certificado de disponibilidad presupuestal para poder suscribir el 7 convenio Interadministrativo 012 de diciembre 23 de 1997, celebrado con el

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI.

Debe aclararse que la disponibilidad presupuestal es un requisito previo necesario para la contratación, en atención a lo consignado en el numeral 6 del artículo 25 de la ley 80 de 1993. La verificación de ésta disponibilidad presupuestal PREVIA A LA CONTRATACIÓN, se concreta a través de un certificado de disponibilidad presupuestal (CDP), requisito formal necesario para iniciar todo proceso de contratación, haciéndose por ello una parte inescindible de la actividad contractual del estado. Para reforzar el anterior argumento, es del caso mencionar que los requisitos de disponibilidad y registro consignados en el artículo 41 de la ley 80 de 1993, son imprescindibles para ejercer la actividad contractual, disponibilidad que en este caso no fue constituida por la administración. Así con el proceder descrito, era necesario contar con certificado de disponibilidad presupuestal previo, que garantizara la existencia de apropiación suficiente para atender el gasto, compromiso que se perfecciona con el registro presupuestal. Debe resaltarse, que la responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual (entendida hasta el verificar que se cuente con el certificado de disponibilidad presupuestal, que garantice el pago de las obligaciones a contraer) corresponde al jefe o representante legal de la entidad o a quien éste delegue. En razón de esta responsabilidad contractual al suscribir el convenio 012 de diciembre 23 de 1997, las consecuencias que de dichos actos se derivan, desde la verificación del C.D.P., hasta la cancelación de las obligaciones contraídas, sin las omisiones en que incurre, pues se está obrando como servidor público con el deber de cumplir la

Constitución Nacional y la Ley, de respetar el ordenamiento jurídico, no siendo, aceptable como lo pretende CUELLAR CUELLAR, trasladar esa responsabilidad a otros, cuando advierte que dio la orden verbal de constituir el certificado de disponibilidad presupuestal, y no verificó (como tampoco lo hizo la instancia), a quien le competía acatar la orden, no obstante en últimas, corresponde a la señora Alcaldesa velar por el cumplimiento de éste requisito, como el de los fines de la administración, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellos en la consecución de dichos fines. Es por ello, que apartándonos de lo esbozado .por el a-quo, la Delegada advierte las consecuencias de la omisión en que incurrió la burgomaestre del municipio de El Paují, CARMELA CUELLAR CUELLAR, que afectó el presupuesto de la administración referida, como quiera que debió pagar intereses al contratista, por la demora en la cancelación de las obligaciones contraídas, en razón de la ausencia de presupuesto debidamente constituido. Conforme a las constancia probatorias, el actuar de la disciplinada fue efectivamente contraria a derecho, como quiera que comprometió dineros del municipio, con el objeto de celebrar un contrato, sin contar con la disponibilidad presupuestal requerida, además de que en el cierre de la vigencia fiscal de 1997 (año en el cual se celebró la contratación objeto de investigación) no se presentaron las cuentas por pagar correspondientes al convenio de marras, evento que ocasionó amen del pago

de la totalidad del contrato por vía de conciliación, el pago de un mayor valor como consecuencia de los intereses ocasionados. Del artículo 17 del Código Disciplinario Único se deduce de una parte, que el bien jurídico tutelado en el proceso disciplinario 8 es el buen funcionamiento de la organización administrativa y el cumplimiento de los fines del estado, y de otra, a que no solo es antijurídica la conducta que afecte el buen funcionamiento de la .administración e impida el cumplimiento de sus fines, sino también aquellas conductas que los pongan en peligro. Así las cosas para responsabilizar a la implicada, se requiere que la conducta sea típica (que el servidor con su conducta haya violado la norma positiva enunciada en el pliego de cargos); antijurídica (o sea quehaya afectada o puesto en peligro el funcionamiento y cumplimiento de los fines de la administración) y culpable (si se demuestra que la actuación se ha realizado con dolo o culpa), elementos visibles en el actuar de la implicada. Toda providencia, conforme a los artículos 111, 118 y 122 de la ley 200/95, debe ser producto de pruebas legalmente producidas, allegadas o portadas al proceso, analizadas y articuladas, de tal manera que dentro del proceso lógico, permita al fallador deducir la certeza necesaria sobre la existencia de la falta y la responsabilidad del disciplinado. Por lo anterior, no existe duda al precisar que la conducta reprochada a la implicada, en su condición de Alcaldesa del municipio de Paují (Caquetá), es constitutiva de falta disciplinaria sustentada en las normas en cita en el auto de cargos.

Así, la ley disciplinaria garantiza el cumplimiento de los fines del Estado en relación con la conducta de los servidores públicos que la afecten o pongan en peligro, por cuanto el bien jurídico que se pretende vulnerar es precisamente la lealtad, la probidad, rectitud o diligencia en los deberes funcionales y morales que impone al servidor público, por la definición y naturaleza, la ilicitud disciplinaria consiste en su inobservancia. Y en el presente caso, se observa un reproche aún mayor, como quiera que con la omisión, la disciplinada determinó que el municipio debiera desembolsar, no solo el valor del contrato de marras, sino también intereses por la mora que implicó el no constituir a tiempo el presupuesto para haber cumplido con los pagos del convenio en comento. En el plenario, probado está, la inexistencia de disponibilidad presupuestal para la celebración del convenio Interadministrativo 012 de diciembre 23 de 1997, suscrito con el INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI, denotándose así la progresión de la falta, si se tiene que el sentido de la norma es garantizar que existan recursos para cumplir cabalmente con las obligaciones contraídas, y con su actuar la disciplinada puso en peligro un bien jurídico tutelado, evento que es constitutivo de falta disciplinaria, que la hace acreedora a una sanción. Como quiera que la falta disciplinaria endilgada a la señora CARMELA CUELLAR CUELLAR, se calificó como GRAVE, en aplicación de los límites establecidos en el artículo 32 del Código Disciplinario Único, ha de tasarse la sanción en multa de

veinte (20) días del salario devengado a la época de los hechos, indexados al salario establecido para el actual burgomaestre del municipio de El Paují (Caquetá). Y para concluir, teniendo en cuenta que el a-quo, en su sentir expresa la existencia de funcionarios encargados del manejo de presupuesto en el municipio de El Paujíl, los cuales no fueron cuestionados en su actuar por los hechos aquí investigados, deberá indagar la respectiva Regional bajo un nuevo radicado. 9 En mérito de lo expuesto, EL PROCURAD