PGN - Documento 201603102320245

Dependencia: Procuraduría 1a Delegada para la Contratación Estatal.

Radicación # 143-28947-1999 Disciplinado y/o investigado: Edgar Pérez Rueda Cargo y entidad: ECOPETROL

Quejoso: Oficina de Control Interno Disciplinario.

Fecha Queja: 12 de julio de 1999

Fecha Hechos: 2 de enero de 1998

Asunto: Fallo de Segunda Instancia.

BOGOTA, D.C., 2 de diciembre de 2002

ANTECEDENTES: La Procuraduría Segunda Distrital de Bogotá abrió investigación disciplinaria contra EDGAR PEREZ RUEDA, en su condición de Coordinador Administrativo DCS de ECOPETROL mediante auto del 5 de enero de 1999, por irregularidades en la suscripción de las ordenes de trabajo Nos. DCS-0035-98 y DCS-0036-98 del 2 de enero de 1998, con H USAN LTDA, firma que no se encontraba legalmente constituida para la época de la suscripción del contrato. Por auto del 1° de febrero de 2002 le formuló pliego de cargos y por auto del 2 de octubre se profirió fallo de primera instancia sancionándolo con multa $1.964.700, equivalente a treinta días de salario.

EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA: Expone el a-quo que existe prueba fundamental para imponer correctivo al disciplinado, por suscribir las ordenes de trabajo DCS . 0035-98 y DCS-0036-98 con la firma H USAN LTDA el 2 de enero de 1998, sociedad que solo fue constituida el mediante escritura pública del 19 de enero de 1998, desconociendo los

requisitos legales para la suscripción del contrato, tales como los contenidos en el Decreto 356 del 11 de febrero de 1994 y la ley 80 de 1993. Lo anterior se demostró con copia de las ordenes de trabajo mencionadas, con la escritura de constitución de la sociedad H USAN LTDA No. 217 del 19 de enero de 1998 de la Notaría Sexta del Círculo de Bogotá (fl. 114 del cuaderno No. 1). La falta se calificó definitivamente como grave porque en su preparación intervino la voluntad del investigado y se observa un alto grado de participación y el aprovechamiento de la confianza en él depositada.

EL RECURSO DE APELACIÓN: El defensor de oficio solicitó la revocatoria del fallo de primera instancia en atención a que existen causales de exclusión de responsabilidad:

1. El artículo 29 de la C.N. impone la aplicación de la norma mas favorable en materia sustancial, tesis que se hace extensiva a la materia disciplinaria en sentencias de la Corte Constitucional.

2. El disciplinado es el autor material de la falta por haber suscrito las ordenes de prestación de servicios, pero el a-quo no tuvo en cuenta la declaración de Ruth Nohora Rodríguez donde reconoce ser quien elaboró y revisó los requisitos legales para contratar, incurriendo en un grave error de hecho por omisión de la prueba, concluyendo que dentro de las relaciones entre un empleado y un jefe al ser necesaria la confianza, existe una especie de complicidad, demostrándose la intencionalidad de contratar sin requisitos legales.

3. Omitió considerar que la firma contratada estaba en proceso de transición pero

que su nueva denominación no iba en contravía ni con el domicilio ni con los representante legales de la firma con la que anterior a esa fecha, se venía contratando, lo que demuestra la existencia de un error dentro del cual no está comprobado la dolosidad del mismo, olvidando la primacía de la buena fe, y no la intencionalidad de los actores.

4. El a-quo no expone cuales fueron los indicios que indican que intervino la voluntad del disciplinado en la comisión de la falta, pues él no fue quien elaboró las ordenes.

5. No se tuvo en cuenta el estado de necesidad en que se encontraba la compañía como quedó en la declaración hecha por Marco Tulio Restrepo, que expone el estado de presión de los grupos guerrilleros.

6. El disciplinado no tenía conciencia de estar cometiendo una falta disciplinaria en razón a que él no elaboró las ordenes, el estaba convencido de estar contratando con la misma empresa con la que desde tiempo atrás se venía contratando, y además con su actuación no se causó daño al Estado.

CONSIDERACIONES:

1. Argumenta el apelante revocar el fallo dando aplicación a norma sustancial mas favorable, sin embargo no explica cual, razón por la que tal argumento no será tenido en cuenta en esta instancia.

2. Los argumentos del apelante según los cuales el disciplinado no fue quien elaboró y revisó las ordenes de prestación de servicios objeto de reproche incurriendo en grave error de hecho, que suponía que estaba contratando de buena fe porque creyó que lo hacía con la misma empresa que de tiempo atrás venía contratando Ecopetrol, que no existieron indicios que demostraran la intervención de

la voluntad del disciplinado y, de no tener conciencia de estar cometiendo una falta disciplinaria no encuentran respaldo probatorio en el expediente: El disciplinado en su versión espontánea manifiesta haber conocido desde la etapa precontractual el hecho que la empresa a quien solicitó cotización para prestar los servicios de vigilancia en el pozo Tocoragua, estaba siendo objeto de una reorganización, lo que descarta el argumento expuesto en el recurso de apelación según el cual no existió intencionalidad en la comisión disciplinaria, en efecto, en tal versión expuso: “… La razón por la cual se llamó a esta empresa H USAN LTDA, era porque tenía el mas bajo A.I.U. del mercado en ese momento. Esta contratación corresponde al 2 contrato 0036 cuyo valor era de $50.000.000.oo. Se le manifestó al contratista que debido a la información que nos dio relacionada con una reorganización interna de su empresa nos hiciera allegar toda la documentación pertinente para la firma del contrato e igualmente le manifesté el 30 de diciembre de 1997, que la formalización del contrato se efectuaría el mes de enero de 1998, una vez se me remitiera por parte de la oficina de Contrato de Riesgo Compartido la certificación presupuestal correspondiente que era uno de los varios requisitos para la firma de este contrato. Esta comunicación se encuentra en el cuaderno de pruebas No. 1 original (fl. 4) remitido por Ecopetrol. A principios del mes de enero el representante de H USAR LTDA me manifestó que como en su reestructuración de la firma se cambiaba una letra del nombre la “R”, por una “N”, debían inscribirse nuevamente en la Cámara

de Comercio , por lo cual le manifesté que para las firmas de dichos contratos era indispensable este certificado y que no se firmaría el contrato hasta tanto no estuviera en regla la compañía...... Quiero dejar claro que los contratos fueron firmados a finales del mes de enero cuando la empresa cumplió con los requisitos de ley, como era el estar legalmente constituida. Así mismo quiero manifestarle que la razón por la cual se pagaron estaos contratos a partir del dos de Enero fue que Ecopetrol debido a las grandes amenazas de los grupos subversivos (..) de afectar su infraestructura a sí como la de sus asociados e igualmente debido a la amenaza que se cernía sobre el pozo tocoragua 1, Ecopetrol decidió por un lado continuar con los servicios de los funcionarios que venían trabajando en estas gestiones de seguridad y por el otro enviar en forma inmediata un coordinador al pozo para brindarle una buena protección por lo que solicitó al contratista cancelar los salarios a partir del dos de enero y Ecopetrol se lo reconoció…., Quiero reiterarle a este Despacho que los contratos se firmaron con el convencimiento de que la firma H USAR y H USAN eran la misma y la firma de los contratos se realizó cuando la firma presentó sus documentos en regla. (El subrayado es nuestro). (folios 12 a 16 del cuaderno principal.. Lo anterior es confirmado con la declaración de Rafael Orlando Hurtado Gomez, Socio de la empresa contratista, quien afirmó el 7 de junio de 2000 que el disciplinado era conocedor del cambio de razón social de la empresa H USAR LTDA desde el año de 1997, el respecto expresó:

“…: Si nosotros por el hecho de estar vinculados mediante contratos con Ecopetrol desde el mes de diciembre de 1997 les hicimos saber al Doctor EDGAR PEREZ del Doctor ARRAZOLA y a RUTH NOHORA sobre nuestra inquietud de constituir la nueva empresa, como en efecto se hizo…” (folios 22 a 28 del cuaderno principal). El dicho de Ruth Nohora Rodríguez no desvirtúa la cognición de la conducta por parte del disciplinado, como quiera que su afirmación lo es en el sentido del cumplimiento de sus funciones, como lo es el de elaborar los contratos y revisar que cumplan los requisitos legales, además ella misma era conocedora de la falencia que se reprocha, pues así lo manifiesta Rolando Hurtado en su declaración.

3. Carece sustento el argumento según el cual no se tuvo en cuenta el estado de necesidad en que se encontraba la compañía por presión de los grupos guerrilleros, pues el mismo testigo Marco Tulio Restrepo afirmó que quienes venían prestando la seguridad en el sitio, lo hacían con responsabilidad y cumplimiento, pues afirmó: 3 “.. La información que yo recibí de las personas que estuvieron muy relacionadas con el desarrollo de los contratos era de que estas personas HURTADO Y ARIAS se mostraron todo el tiempo muy responsables con el desarrollo de estos contratos, hasta el punto de que se presentaban ambas personas a llevar sus informes, a discutirlos y a oír sugerencias o recomendaciones.” (folios 33 a 34 del cuaderno principal).

4. La posición del apelante según la cual el a-quo omitió considerar que la firma contratada estaba en proceso de transición pero que su nueva denominación no

iba en contravía ni con el domicilio ni con los representante legales de la firma que venía contratando, no es de recibo, como quiera que la sociedad constituida a raíz de lo que según ellos era una reestructuración, resulta ser una nueva sociedad de responsabilidad limitada, pues Rafael Orlando Hurtado Gómez, Socio de la empresa contratista manifestó que la sociedad que conformaron si bien tenía el mismo objeto social, no tenía los mismos socios, pues excluía a uno de ellos, entonces, era una sociedad diferente de aquella denominada H USAR LTDA. El estatuto contractual impone que las entidades estatales a él sometidas, solamente pueden contratar con personas consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes, actividad que constituye un deber para los servidores públicos que cumplen la función contractual en las entidades estatales, por tanto su infracción resulta reprochable desde el punto de vista disciplinario. La exigencia de capacidad en la persona del contratista no es una exigencia caprichosa de la ley, ella tiende a buscar seguridad en la contratación, pues en tratándose de personas jurídicas de responsabilidad limitada, es el capital de ellas el que entra a responder y con carácter limitado, pues solo se extiende al capital constituido. Encontrándose acreditada la ocurrencia de la conducta, su calificación de grave y su imputación a título de dolo, este Despacho confirmará la sentencia proferida por el aquo. En mérito de lo expuesto, el Procurador Primero Delegado para la Contratación Estatal, RESUELVE: Primero.- Confirmar el fallo proferido por la Procuraduría Segunda Distrital de Bogotá

contra EDGAR PEREZ RUEDA en su condición de Coordinador Administrativo DCS de ECOPETROL el 20 de octubre de 2002, dentro del expediente de la referencia. Segundo.- Devuélvase al Despacho de Origen para lo de su competencia.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

BENJAMIN HERRERA BARBOSA

Procurador Primero Delegado Exp. 143-28947

Proy: Adriana Bravo

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