PGN - Documento 201603102320268

Dependencia: Procuraduría 2ª Delegada para la Contratación Estatal.

Radicación # 065-00597-99 Disciplinado y/o investigado: Dumar Abel Sánchez Cargo y entidad: Secretario de gobierno del Municipio del Arauca

Quejoso: Fecha Queja: Fecha Hechos: 8 de enero de 1998

Asunto: Fallo de Segunda instancia.

Bogotá D. C., 29 DE MAYO. 2001 DESPACHO PROCURADOR DELEGADO PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA CONTRATACIÓN ESTATAL Por medio de la cual se falla en Segunda Instancia Un Proceso Disciplinario DESPACHO DEL PROCURADOR DELEGADO Procede el Despacho a resolver el recurso de apelación interpuesto por el señorDUMAR ABEL SANCHEZ, secretario de gobierno del Municipio del Arauca, según escrito que aparece a folios 93 a 95 de la investigación disciplinaria, contra la providencia del 3 de noviembre de 1999, proferida por la Procuraduría Departamental -hoy Regionalde Arauca, mediante la cual lo declaró responsable disciplinariamente y lo sancionó con multa de once (11) días del salario que devengaba para la época de los hechos, no observándose causal que anule lo actuado y que la acción disciplinaria esta vigente. (folios 81 a 90). ANTECEDENTES Tal y como se narra en el capítulo de los hechos de la resolución motivo de apelación (folio 81), la actuación se inició en virtud a que el Tribunal Administrativo de Arauca envió copias de una conciliación realizada entre el Municipio de Arauca y NELSON y AMILE ESPINOSA, en representación de FUNERARIA SANTA MONICA (folios 1 a

13). CARGOS La entonces Procuraduría Departamental de Arauca, mediante el auto de cargos del 3 de noviembre de 1999, visible a folios 30 a 35 del expediente, le formuló al acusado lo siguiente: "Usted en su condición de Secretario de Gobierno Municipal de Arauca y autorizado por la Alcaldesa Municipal mediante Resolución No. 00006 del 8 de enero de 1998, solicitó a la funeraria Santa Mónica el suministro de ataúdes y servicios funerarios para personas de escasos recursos, durante los meses de enero a junio de 1998, por valor de $3370.000.00, sin el cumplimiento de las formalidades establecidas en los 1 artículos 40 y 41 de la ley 80 de 1993, al no solicitar la respectiva disponibilidad y registro presupuestal correspondiente, de acuerdo a la ley y obligando a la funeraria a acudir al mecanismo de la conciliación prejudicial para que se le hiciera efectivo el pago, y además solicitó la estación del servicio funerario por DOSCIENTOS MIL PESOS, para la occisa LUDUBINA ARTEAGA, con fecha 2 de enero de 1998, cuando para esa fecha no estaba autorizado para hacerlo, con lo cual se extralimitó en el ejercicio de sus funciones”. De igual manera al implicado, por su irregular comportamiento se le atribuyó la posible violación de las siguientes disposiciones: Artículos 40 y 41 de la Ley 80 de 1993. Artículo 71 incisos 1, 2 y 3 del Decreto 111 de 1996. Artículo 40 numerales 1, 2, y 22 de la Ley 200 de 1995 La falta se calificó provisionalmente de Grave, a título de culpa, teniendo en cuenta lo

establecido en el artículo 27, numerales 6 y 7, literal c) y d) de la Ley 200 de 1995, tomando en cuenta el criterio de la jerarquía y mando que el servidor público tenía dentro de la institución, así como la negligencia con que se actuó, (folio 34). El pliego de cargos le fue notificado personalmente al implicado el 15 de septiembre de 1999. (folio 37). DESCARGOS El disciplinado DUMAR ABEL SANCHEZ, el 29 de septiembre de 1999, dentro del término legal, presentó escrito de descargos, cuyo texto se encuentra a folios 40 y 41 de la investigación, haciendo las siguientes consideraciones: Dentro de sus funciones se hallaba la de coadyuvar en lo concerniente a la preservación ambiental, la higiene, la salubridad y la prevención de riesgos. Afirma de igual manera que el presupuesto del municipio en el año 1998 tuvo inconvenientes que no permitieron la expedición de ningún tipo de disponibilidades. Que una de las premisas para calificar la conducta es el dolo y la mala fe, que no es su caso personal, y que no dar ayuda implicaba un problema de salubridad pública con efectos nocivos para la comunidad y fallas en el cumplimiento de las funciones del cargo que desempeñaba. Agrega el implicado que el hospital reiterativamente pide colaboración urgente para la sepultura de los cadáveres, siendo la colaboración institucional una constante de la administración. El disciplinado aportó material probatorio, el cual se dispuso tener como pruebas, y solicitó testimonios, ordenando su recepción, por auto del 10 de noviembre de 1999.

(folios 72 y 73).

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

2 La Procuraduría Departamental de Arauca, mediante fallo de 3 de noviembre de 1999, luego de hacer una relación de los hechos, del material probatorio, transcribir los cargos y descargos, calificar la falta, encontró responsable disciplinariamente al implicado Dumar Abel Sánchez, en su condición de secretario de gobierno municipal de Arauca, para la época de los hechos y lo sancionó con multa equivalente a once (11) días de salario. Manifestó la Departamental que para precisar la responsabilidad disciplinaria de un servidorpúblico se requiere establecer la existencia del hecho materia del auto de cargos y determinar que el objeto del reproche, fue consecuencia de la acción u omisión, de manera dolosa o culposa. Estimó que el investigado al deprecar a la funeraria Santa Mónica, el suministro de ataúdes durante los meses de enero a julio de 1998 y el servicio funerario en enero del mismo año, incurrió en falta disciplinaria al no solicitar la respectiva disponibilidad y registró presupuestal Asevero a primera Instancia que e aspecto presupuesta, según lo establecido en la Ley 80 de 1993 y el Decreto 111 de 1996 es indispensable para todo tipo de contratos, ya sea de prestación de servicios, por contratación directa, licitación Pública, sin formalidades plenas, por cuanto con ello lo que se pretende es asegurar el pago de las obligaciones, evitando extralimitaciones en las contrataciones, par-a obviar lo que sucedió en el caso en estudio. El a-qua considera que con la conducta del imputado se violaron las disposiciones

mencionadas en el auto de cargos, sin que las exculpaciones alegadas se puedan tener en cuenta como causales de justificación, ya que las mismas pruebas recepcionadas con posterioridad a los cargos no desvirtúan las que se tuvieron en cuenta para endilgarle la presunta responsabilidad. Agrega, que la alcaldía prestaba una importante colaboración a través de la secretaría de gobierno, pero en caso de que por cualquier circunstancia no lo hiciera, existían otros mecanismos a los cuales podía acudir, como era el hospital, en el evento de darle sepultura a los occisos de bajos recursos, para no violar así las disposiciones legales. También observa que el implicado estaba autorizado por la alcaldesa municipal para realizar esta clase de contratación, a par1ir del 8 de enero, pero el 2 del mismo mes, ya había hecho una solicitud a la funeraria Santa Mónica, sin estar facultado por la representante de la localidad, extralimitándose en el ejercicio de sus funciones. El fallador de primera instancia disiente de los planteamientos esbozados por el acusado, al considerar que el cargo formulado está plenamente demostrado y no vislumbra causal de justificación alguna de su conducta. Concluye argumentando que con el comportamiento irregular del investigado violó las disposiciones contenidas en los artículos 40 y 41 de la Ley 80 de 1993, y 71 del Decreto 111 de 1996, tipificando su falta disciplinaria en el artículo 40, numerales 1, 2, y 22 de la Ley 200 de 1995, cuyo contenido consta en el auto de cargos. Respecto a la culpabilidad del funcionario, como se dijo en la providencia de

reproches, tal irregularidad se produjo por negligencia y falta de cuidado en el 3 manejo de presupuesto y la contratación, haciéndolo responsable a título de culpa, por no estar demostrado ningún ingrediente subjetivo que haga suponer una actuación dolosa. En cuanto a la calificación definitiva de la falta disciplinaria, considera que la conducta del disciplinado, conlleva a un notorio menoscabo de la función pública encomendada y que, aunque al acusado no le aparecen antecedentes disciplinarios, teniendo en cuenta la dosimetría de la sanción y gravedad de la falta, la sanción a imponer será atendiendo el criterio establecido en la Ley 200 de 1995, en su artículo 27, numerales 6 y 7, literales c) y d), Y por la jerarquía y mando que el servidor tenía en la institución, y considerando los motivos nobles y altruistas que lo llevaron a cometer la falta, la sanción a imponer es la MULTA, equivalente a 11 días de salario. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN La providencia en mención le fue notificada personalmente al implicado el 22 de noviembre de 1999, quien dentro del término legal presentó, y sustento el recurso de apelación. Sobre el particular indicó que el artículo 23 prevé entre las causales de justificación de la conducta, cuando ésta se comete por fuerza mayor o caso fortuito, o en estricto cumplimiento de un deber legal, que para el caso encuadra en el suministro de cajas mortuorias para sepultar cadáveres NN. Agrega que su intervención estuvo encaminada a precaver un perjuicio mayor en

desarrollo de principios supralegales, como son los contemplados en el artículo 79 y 80 de la C.P.; que la norma del artículo 6° de la C.N. le exigía como obligación principal procurar el cuidado y protección del medio ambiente y la salud de los asociados; que el artículo 17 de la Ley 200 de 1995 en lo relacionado con las sanciones disciplinarias observa fines de prevención y garantía para la buena marcha de la gestión pública, y que era su deber procurar los fines esenciales del Estado señalados en el artículo 1° y 2° de la Carta. Que si existe contradicción entre normas de igual jerarquía se le da prevalencia a la que contenga mayor incidencia en el interés general, como son las Leyes 99 y 100 de 1993. Cita a continuación el artículo 40 de la ley 90 de 1995 en cuanto se relaciona con el cumplimiento de la Constitución Nacional, considerando como corolario de su actuación que ésta se ajusta a lo indicado en el artículo 23 de la Ley 200 de 1995. Ratifica lo expuesto en sus descargos en cuanto a lo que se refiere a las dificultades presupuestales. Solicita, finalmente, que se revoque la decisión de primera instancia. (Folios 93 a 95). CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA Esta Delegada es competente para decidir el recurso de acuerdo al artículo 25 del Decreto 262 de 2000, en concordancia con la Resolución No. 0017 y la Circular No. 002 del 4 y 9 de marzo del mismo año, respectivamente, del ProcuradorGeneral de la Nación. Es de meridiana claridad el hecho de que los funcionarios públicos, además de

responder por sus actuaciones como personas, están en la obligación de sujetarse al marco legal y los mandatos del artículo 6° superior, en cuanto señala que "Los 4 particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones". Establece la Ley 80 de 1993 en el artículo 25, numeral 9°, que "En los procesos de contratación intervendrán el jefe y las unidades asesoras y ejecutoras de la entidad que se señalen en las correspondientes normas sobre su organización y funcionamiento .", y el numeral 10° prevé que" Los Jefes o representantes de las entidades a las que se aplica la presente Ley, podrán delegar la facultad para celebrar contratos en los términos previstos en el artículo 12 de esta Ley y con sujeción a las cuantías que señalen sus respectivos juntas o consejos directivos. En los demás casos dichas cuantías las fijará el reglamento." De las normas que se acaban de transcribir se deduce que el legislador consagró quien es el ordenador del gasto y cuándo puede delegar esta función. El señor DUMAR ABEL SANCHEZ, pese a que actuó como delegado del alcalde, a partir del 8 de enero de 1998, según resolución número 00006 de la fecha, no podía contratar sin contar con la respectiva disponibilidad, y, por ende, el registro presupuesta, como lo hizo en los eventos señalados en diversos apartes de la presente providencia, ya que aún admitiendo como válidas sus razones en cuanto a

que se debe dar aplicación a principios superiores de orden constitucional, también es plenamente cierto que no puede ignorarse la regulación legal en la materia, máxime cuando, según dice el aquo, podía acudir a otras opciones para solucionar la situación, a través del hospital del municipio de Arauca, con el fin de dar sepultura a los cuerpos. Por ello, no son de recibo los argumentos presentados por el implicado, ya que la administración contaba con los mecanismos para suplir esta necesidad, y los cuales no fueron utilizados. Igualmente, aparece probado que antes de recibir autorización para contratar, esto es, el 2 de enero de 1998 ya había llevado una solicitud a la funeraria Santa Mónica, por valor de $200.000.oo, para la señora Lidubina Arteaga, visible a folio 16. En cuanto al elemento culpabilidad contemplado en el artículo 14 del C. D. U., que dice que en materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva y las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa, se deja en claro que la falta se predica es a titulo de negligencia, que es una de las formas de culpa, descartando el dolo. Lo expuesto resulta concordante con el hecho de que la buena marcha de la administración sufrió menoscabo, puesto que se dejaron de observar procedimientos que la ley regula para solucionar de manera expedita situaciones como las tratadas, acudiendo en este caso, a actuaciones que ignoraron su aplicación. Teniendo en cuenta que no se observa ningún eximente de culpabilidad, la sanción impuesta, objeto de la apelación, será confirmada a título de culpa, determinando que debe ser consignada a favor del municipio de Arauca, con destino a financiar

programas de bienestar social de sus empleados. 5 En mérito de lo Expuesto, el PROCURADOR SEGUNDO DELEGADO PARA LA CONTRATACIÓN ESTATAL, en uso de sus atribuciones legales y constitucionales, RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la providencia datada el 3 de noviembre de 1999, proferida por la Procuraduría Departamental de Arauca contra DUMAR ABEL SANCHEZ identificado con cédula de ciudadanía N° 9.654.366 de Yopal (Casanare), en su condición de secretario de gobierno Municipal de Arauca (Arauca), consistente en MULTA, en cuantía equivalente al valor de ONCE (11) días, del salario que devengaba para la época de los hechos, o sea la suma de SEISCIENTOS SETENTA y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE MIL PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($678.412.90) M/CTE, a favor de la Alcaldía Municipal de la misma localidad, para ser destinada a financiar programas de bienestar social de sus empleados.

SEGUNDO: DEVOLVER las presentes diligencias al Despacho de origen, para que se de cumplimiento al numeral 30 de la providencia impugnada, en aplicación a los artículos 31, 94 y 95 de la Ley 200 de 1995 y realice las respectivas comunicaciones.

TERCERO: Por la Secretaría de esta Delegada EFECTUAR las anotaciones y desanotaciones de rigor.

NOTÍFIQUESE COMUNIQUESE y CÚMPLASE

CESAR JULIO VALENCIA COPETE

CJVC/aics Exp. No. 065-00597-99 6