PGN - Documento 201603111026501

PROCESO DISCIPLINARIO-Presunta responsabilidad de miembros de las Fuerzas Militares en la retención y posterior muerte de ciudadano Para esta Delegada existen elementos de prueba que permiten inferir la presunta responsabilidad de los miembros de las Fuerzas Militares en la retención y posterior muerte del ciudadano, quien posteriormente fue enseñado como un subversivo muerto en combate. La intención de los miembros del Ejército Nacional comprometidos en este proceso disciplinario, no fue precisamente reaccionar a un ataque o agresión y defenderse de ello. Por el contrario, fue el de retenerlo ilegalmente, pues no se reunían los requisitos legales para ello y luego darle muerte de manera arbitraria, se concluye de los testimonios allegados que indican de manera contundente que no hubo ataque a las Fuerzas Militares. FALTA GRAVÍSIMA-Incurrir en graves violaciones al derecho internacional humanitario FALTA GRAVÍSIMA-Retención ilegal y obstaculizar las investigaciones que realicen las autoridades administrativas o de control PRUEBAS-Deben allegarse oportuna y legalmente al proceso/TESTIMONIO-Forma irregular de allegarlos al proceso disciplinario interno que adelantaba el Ejército Nacional Lo primero que se advierte en relación con estos testimonios es la forma irregular en que fueron allegados al proceso disciplinario interno que adelantaba el Ejército Nacional a través del funcionario instructor del Batallón de Contraguerrillas, pues cualquier tipo de prueba que pretenda dársele valor probatorio, necesariamente debe allegarse oportuna y legalmente al proceso, situación ésta última que brilla por su ausencia, bajo el entendido de que sin existir

dentro del proceso, referencia alguna de dichos personajes, aparecen rindiendo una declaración, que si bien su contenido eventualmente podría ser convalidado, en el caso que nos ocupa no se admite dicha posibilidad, si tenemos en cuenta, por un lado, que no existen otros testimonios que así lo ratifiquen y, por el otro, que las identidades de éstas personas, simplemente no corresponden a las certificadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Lo expuesto frente a estos declarantes evidencia que no solamente existe irregularidad en la forma como se allegaron al proceso, esto es, sin referencia alguna, sino, lo más importante, es que no pueden reportar credibilidad alguna al no corresponder sus identidades a las certificadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, en otras palabras podría afirmarse que son “testigos” inexistentes, situación que igualmente evidencia, a no dudarlo, una conducta posiblemente ilícita de los funcionarios que tuvieron a su cargo la instrucción de dicho proceso y una razón válida para asegurar que había un interés por desviar la investigación hacia los argumentos de defensa expuestos por los militares implicados, concretamente en cuanto a que la víctima era un guerrillero que había muerto en un combate con los militares y que la sindicación en contra de estos obedecía a un montaje orquestado por las FARC, montaje para el cual se había utilizado a la población civil. CADENA DE CUSTODIA-No se garantizó en orden a proteger la autenticidad, identidad y preservación de las condiciones de recolección de la evidencia física CADENA DE CUSTODIA-Consecuencias de su incumplimiento Radicación No. 161-4150

Ciertamente no se garantizó la cadena de custodia, en orden a proteger la autenticidad, identidad y preservación de las condiciones de recolección de la evidencia física, situación que si bien no inutiliza, de suyo, la evidencia física, si debe tenerse especial cuidado en su valoración, por lo que, para el caso en concreto, su eficacia probatoria se ve minada, por la valoración que en conjunto se ha hecho, tanto en primera como en esta instancia, de las pruebas obrantes dentro del proceso, que determinan el actuar irregular de los miembros de la Fuerza Pública, desde el mismo momento en que aprehenden a una persona y luego lo devuelven muerto, con el argumento de haber sido de baja en un presunto combate, que como se ha venido demostrando, no existió. Es por ello, que el resultado de los exámenes realizados a las prendas de vestir del occiso, siete meses y medio después de sucedidos los hechos, con el precedente de haberse roto la cadena de custodia, y a pesar de que la señora madre del occiso diga que la ropa la llevó a la casa y no la lavó “ni nada”, no puede ser de recibo por parte de este Despacho, como para contrarrestar lo dictaminado en el protocolo de necropsia, diligencia ésta practicada el mismo día de la muerte del ciudadano, sobre cuyo resultado no existe reparo alguno. Pero, aún más, si hipotéticamente sustrajéramos del haz probatorio, tanto el protocolo de necropsia como el dictamen sobre las prendas de vestir, tampoco se modificaría la responsabilidad de los miembros de la fuerza pública por la muerte del civil, en razón a que estando demostrado que ellos lo aprehendieron en el retén y

posteriormente lo entregan muerto, necesariamente se llegaría a la misma conclusión, esto es, no fue muerto en combate. PRUEBAS-Apreciación Integral y valor Para la Sala Disciplinaria la valoración que en conjunto y conforme a las reglas de la sana crítica se ha realizado de las pruebas obrantes dentro del proceso, tal como lo demanda el artículo 141 de la Ley 734 de 2002, conllevan a la certeza de que el occiso, era un civil dedicado a las labores agrícolas, que fue interceptado en el retén instalado por los miembros del Ejército Nacional a la altura del puente El Remolino, militares que le dieron muerte en forma injustificada, en circunstancias que aun cuando son desconocidas, descartan la posibilidad de que haya sido en desarrollo de un combate. HOMICIDIO-En persona protegida Dado que a lo largo de la investigación se ha demostrado que el occiso era una persona oriunda de la región y dedicada a la agricultura, que fue aprehendida por los miembros del Ejército Nacional en un retén instalado por éstos, y que los mismos militares son quienes lo entregan muerto, necesariamente emerge en su contra la responsabilidad por tal hecho, bajo el entendido de que estando bajo su custodia, además de la obligación de protección de sus derechos y garantías fundamentales, especialmente de su vida e integridad corporal, nacía la obligación de devolverlo nuevamente a la sociedad en las mismas condiciones en que fue aprehendido. Como ello no ocurrió, necesariamente se llega a la conclusión que quienes aceptan haber participado en los hechos, bajo el argumento mendaz del referido combate,

son quienes participaron de una u otra forma, esto es, directa o indirectamente, en la aprehensión del civil, y son quienes le dieron muerte en circunstancias que, aún cuando son desconocidas, ubican su conducta como autores de un homicidio en persona protegida, indistintamente de cuál haya sido la cuota de participación de cada cual, pues lo relevante es que todos, contribuyeron desde lo que les haya podido corresponder, en el resultado final. Estamos frente a un homicidio cometido en persona protegida, atendiendo la normatividad del derecho internacional humanitario que hace parte del bloque de constitucionalidad y que por ende es de forzoso cumplimiento por parte de los servidores públicos, en este caso, por parte de los miembros de la fuerza pública. En efecto, el artículo 3 ° común a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, suscritos por Colombia a través de la Ley 5 de 1960 y 2 Radicación No. 161-4150 que entraran en vigor en nuestro país el 8 de mayo de 1962, prevé la prohibición del homicidio, entre otras personas, de aquellas que en el contexto de un conflicto armado no internacional, no participen directamente de las hostilidades, tal, el caso de los civiles. SERVIDOR PÚBLICO-Relación de sujeción con el Estado/FALTA DISCIPLINARIAIncumplimiento de los deberes para con el Estado El servidor público tiene una especial relación de sujeción con el Estado, esto es, tiene unos especiales deberes para con el mismo, que se originan del ejercicio de la función pública, por lo tanto, el quebrantamiento sustancial de esos deberes, sin justificación alguna, sea por acción o por omisión, comporta el ilícito disciplinario y, por ende, su consecuencia jurídica, la

cual se traduce en una sanción que debe ser impuesta por la autoridad competente, en este caso, por la Procuraduría General de la Nación. El quebrantamiento sustancial de los deberes de protección del derecho a la vida del civil, traducido en la inobservancia de las normas en cita por parte de los disciplinados, hace que se encuentren incursos en la falta disciplinaria gravísima prevista en el artículo 48 numeral 7, de la Ley 734 de 2002, esto es, “Incurrir en graves violaciones al derecho internacional humanitario”. CULPABILIDAD-A título de dolo No se requiere hacer mayores precisiones jurídicas para advertir que los disciplinados ejecutaron la conducta a título de dolo, pues siempre fueron conscientes de lo irregular de su comportamiento, a tal punto que trataron de desviar la investigación aduciendo la existencia de un presunto combate. Para nadie es un secreto y menos para un miembro de la fuerza pública, cuyo deber primordial es el de la protección del derecho a la vida, que dar muerte a una persona sin justificación legal alguna, es un comportamiento irregular, que lleva a la par unas consecuencias jurídicas penales y disciplinarias. Por lo tanto, deben responder de la comisión de la falta disciplinaria, a título de dolo.

SALA DISCIPLINARIA

Bogotá D.C. diecinueve (19) de noviembre de dos mil nueve (2009). Aprobado en Acta de Sala No.38.

Radicación No: 161-4150 (008-98537/04)

Disciplinados: S.S. Diego Arturo Mondragón Cortés y otros Cargo: Miembros del Ejército Nacional, Compañía Batallador del Batallón de Contraguerrillas No. 28

Quejoso: José David Rojas Cardozo y otros – Comunidad de la Inspección de Valencia de la Paz – municipio de Iquira

(Huila) Fecha queja: 2 de febrero de 2004

Fecha hechos: 31 de enero de 2004

Asunto: Apelación fallo de primera instancia

P.D. PONENTE: Dr. RAFAEL EUGENIO QUINTERO MILANÉS

3 Radicación No. 161-4150 En virtud de los recursos de apelación interpuestos y sustentados en legal forma por los apoderados de los disciplinados, Sargento Segundo DIEGO ARTURO

MONDRAGÓN CORTÉS, Cabo Primero RICHARD HERNÁN ESPINOSA DAZA y

Soldados Profesionales YAIR ANDRÉS MESA OSSA, YOVANN ERNELDIS

GONZÁLEZ ARIAS, JORGE ALEXANDER ARIAS FLÓREZ, WILINTON OLIVEROS

YEPES, JOHN JAWIN CAICEDO SÁNCHEZ, DINAEL ANTONIO SIERRA FRANCO,

HECTOR ALONSO LONDOÑO ORTÍZ, FERNANDO VARGAS CHAVARRO, LUIS LEISY DELBASTO ARIAS, MARCO AURELIO MILLÁN DURÁN y ANGEL VICENTE CLAVIJO MARTÍNEZ, al igual que por el interpuesto personalmente por el propio disciplinado, Sargento Segundo DIEGO ARTURO MONDRAGÓN CORTÉS, revisa la Sala Disciplinaria la decisión del 30 de enero de 2009, mediante la cual la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos los

sancionó con destitución del cargo e inhabilidad general por el término de veinte (20) años para ejercer cargos públicos. ANTECEDENTES PROCESALES Habitantes de la Inspección de Valencia de la Paz, jurisdicción del municipio de Iquira (Huila), en queja instaurada el 31 de enero de 2004, ante la Personería Municipal de esta localidad, denunciaron que ese día el señor DIOSIDES CAICEDO PALOMAR se desplazaba de la vereda San Isidro hacia Valencia de la Paz, en el vehículo de placas JVH No. 071 de Neiva, de propiedad de FIDEL ANGEL SILVA, quien lo conducía e iban acompañados de MARIA FEMIS SANCHEZ, PATRICIA VILLEGAS y ABELARDO MEDINA, cuando a eso de las 7.30 a.m, a la altura del puente “El Remolino”, jurisdicción de la Inspección de Valencia de la Paz, miembros del ejército nacional que tenían un retén móvil, retuvieron a DIOSIDES CAICEDO, sin ninguna justificación. 4 Radicación No. 161-4150 Se señala en la queja que a las 10 de la mañana de ese mismo día, por medio del alta voz de propiedad de la comunidad, un miembro del Ejército Nacional prohibió la salida de personas del casco urbano de Valencia de la Paz, hacia las veredas circunvecinas, argumentando motivos de seguridad; a las 4.30 de la tarde, aproximadamente, por rumores se conoció que DIOSIDES CAICEDO, había sido retenido en horas de la mañana por miembros del ejército nacional y había sido dado de baja por ellos mismos, sin que haya explicación lógica al respecto, pues en la

zona no se presentaron enfrentamientos, agregándose que algunos vecinos del sector, escucharon lamentos y gritos de tortura. Refiere la comunidad que a eso de las 4.45 de la tarde, cuatro miembros del ejército nacional que se encontraban en la jurisdicción, comandados por el teniente VLADIMIR MOURKE del Batallón Contraguerrilla No. 28, entre ellos un sargento viceprimero de tez morena, en momentos en que la comunidad les requería una explicación por la muerte de DIOSIDES, irresponsablemente desaseguraron, montaron y dispararon sus fusiles hacia el aire, sin importarles que había damas y niños junto a ellos, poniendo en peligro la integridad física de la población (folio 5 C.O.1). Remitida la queja a la Procuraduría, la Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos, mediante auto del 6 de febrero de 2004, ordenó indagación preliminar (folio 16 C.O.1). Practicada la indagación preliminar, mediante auto del 15 de septiembre de 2004, se dispuso la apertura de investigación disciplinaria contra los siguientes miembros del Ejército Nacional, quienes para la época de los hechos se encontraban adscritos al Batallón de Contraguerrillas No. 28, agregado a la Novena Brigada con sede en

Neiva – Huila: SS. DIEGO MONDRAGÓN CORTÉS, SS. MARIO GALLO

CÁRDENAS, C3. LUIS ADOLFO MÉNDEZ CARREÑO, C.P. RICHARD HERNÁN

ESPINOSA DAZA, SLP. ADOLFO AGUDELO CÓRDOBA, SLP. JORGE

ALEXANDER ARIAS FLÓREZ, SLP. JHON JAWIN CAICEDO SÁNCHEZ, SLP.

DAVID GUTIÉRREZ TELLEZ, SLP. WILINTON OLIVEROS YEPES, SLP. DINAEL

ANTONIO SIERRA FRANCO, SLP. GERARDO PÉREZ CRUZ, SLP. HECTOR

ALONSO LONDOÑO ORTÍZ, SLP. JOSE OMAR RODRÍGUEZ DURÁN, SLP. NILO

5 Radicación No. 161-4150

GONZÁLEZ BEDÓN, SLP. ALEXANDER QUINO GARCÍA, SLP. FERNANDO

VARGAS CHAVARRO, SLP. MARCON (sic) AURELIO MILLÁN DURÁN, SLP.

CONCEPCIÓN PEDROZO RICAURTE, SLP. YAIR ANDRÉS MESA OSSA, SLP.

ALEX DUARTE ABRIL, SLP. ANGEL VICENTE CLAVIJO MARTÍNEZ, SLP. LUIS

LEISI DELBASTO ARIAS, SLP. VICTOR MANUEL RIVEROS CONTRERAS, SLP.

LUIS ARTURO ROSENDO CAÑIZALES, SLP. JOVANN ERNELDIS GONZÁLEZ

ARIAS, SLP. REINEL EGUIDIO MORENO SEGURA y SLP. MARIO FERNANDO

RIVAS MURILLO (folio 291 C.O.1).

Mediante auto del 31 de octubre de 2005, la Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos acumuló a la presente investigación el proceso con radicación No. 008-112409-2004, el cual cursaba por los mismos hechos (folio 50

anexo 3). El 9 de noviembre de 2006, por considerar que estaban comprometidos con la muerte del señor DIOSIDES CAICEDO PALOMAR, la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos formuló cargos en contra de los siguientes investigados: SS. DIEGO MONDRAGÓN CORTÉS, C.P. RICHARD

HERNÁN ESPINOSA DAZA, SLP. YAIR ANDRÉS MESA OSSA, SLP. JOVANN

ERNELDIS GONZÁLEZ ARIAS, SLP. JORGE ALEXANDER ARIAS FLÓREZ, SLP.

WILINTON OLIVEROS YEPES, SLP. JHON JAWIN CAICEDO SÁNCHEZ, SLP.

DINAEL ANTONIO SIERRA FRANCO, SLP. HECTOR ALONSO LONDOÑO ORTÍZ,

SLP. FERNANDO VARGAS CHAVARRO, SLP. LUIS LEISI DELBASTO ARIAS, SLP.

MARCO AURELIO MILLÁN DURÁN y SLP. ANGEL VICENTE CLAVIJO MARTÍNEZ, a la vez que dispuso el archivo de la actuación en relación con los demás investigados (folio 120 C.O.2). Presentados los respectivos descargos, en auto del 7 de noviembre de 2007 se decidió sobre las pruebas solicitadas en los mismos, y, culminado el período probatorio, se ordenó correr traslado para alegatos de conclusión, según auto del 12 de septiembre de 2008 (folios 2 C.O.3 y 218 C.O.5). El 30 de enero de 2009 se profirió el fallo objeto de impugnación (folio 284 C.O.6).

6 Radicación No. 161-4150 FALLO DE PRIMERA INSTANCIA En fallo proferido el 30 de enero de 2009, la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos sancionó a los investigados con destitución del cargo e inhabilidad general por el término de veinte (20) años para ejercer cargos públicos, al tenor, en términos generales, de los siguientes argumentos: Luego de hacer un estudio sobre la competencia, la infracción del deber funcional, el régimen disciplinario aplicable a los disciplinados, la aplicación de la normatividad internacional humanitaria y las operaciones militares en Colombia, el fallador se adentra en el análisis del caso en concreto, partiendo del hecho demostrado que el 31 de enero de 2004, el señor DIOSIDES CAICEDO PALOMAR resultó muerto en forma violenta en hechos ocurridos en el sitio conocido como puente El Remolino de la Inspección de Valencia de la Paz, jurisdicción del municipio de Iquira (Huila). De acuerdo con el informe presentado por el Sargento Segundo DIEGO MONDRAGÓN CORTES, Comandante de la patrulla Batallador, en desarrollo de la operación ELITE y como consecuencia de un combate fue dado de baja un individuo, sin que se haga alusión a que en los hechos hubiesen estado involucradas otras personas que acompañaran a quien resultó sin vida. Por su parte los familiares de DIOSIDES CAICEDO PALOMAR, aseguran que éste no murió como consecuencia de un combate, pues momentos antes de su muerte se desplazaba en un vehículo con destino a la Inspección Valencia de la Paz, del cual

fue bajado por los militares que se encontraban haciendo un retén en el puente El Remolino, enterándose más tarde que en ese mismo sitio se encontraba muerto. Con fundamento en los hechos expuestos el cargo endilgado al Sargento Segundo DIEGO ARTURO MONDRAGÓN CORTES y demás disciplinados se refiere a la infracción del Derecho Internacional Humanitario, falta disciplinaria consagrada en el artículo 48 numeral 7 de la Ley 734 de 2002, aclarándose que al mencionado Sargento también se le endilgaron las faltas disciplinarias previstas en los numerales 2 y 14 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, consistentes en obstaculizar en forma 7 Radicación No. 161-4150 grave las investigaciones que realicen las autoridades y privar ilegalmente de la libertad a DIOSIDES CAICEDO. Las pruebas que sustentan el cargo endilgado a los militares demuestran que no hubo enfrentamiento armado y la muerte no se produjo en combate sino que corresponde a una ejecución sumaria o extrajudicial, un homicidio en persona protegida. Para tal efecto, se traen a colación los testimonios de los civiles que refieren la retención de DIOSIDES por parte de los militares en el sitio donde tenían el retén. Se desestiman los testimonios de DIANA MARCELA REYES, RONALD CASTILLO, RODOLFO ANDRÉS CASTRO y JUAN CARLOS OSORIO, que aducían que la Inspección Valencia de la Paz vivía bajo presión de un grupo subversivo; que los militares no habían instalado ningún retén y que sí se había presentado un combate

en el que se habría dado muerte a DIOSIDES. Se desestiman los argumentos de la defensa en el sentido que las órdenes de operaciones ESTRELLA y la fragmentaria ELITE no les ordenaba realizar retenes, pues si bien esa autorización no fue señalada en forma expresa, tampoco les impedía asumir tal comportamiento. Se hace un análisis de las inconsistencias presentadas en las órdenes de operaciones al igual que en el informe de patrullaje presentado por el Sargento MONDRAGÓN CORTÉS, quien solo se limita a señalar el resultado de la baja en combate, pero no hace referencia al número de personas con las que sostuvo el combate, la hora y las demás circunstancias relacionadas con ese hecho, no hizo referencia a las presuntas personas que después dijo habían huido del lugar; la copia del informe de patrullaje entregado a la Procuraduría no tiene fecha, sin embargo, ese mismo documento allegado a la indagación adelantada en la oficina de control interno sí aparece con fecha del 1 de febrero de 2004. Estos elementos de juicio hacen que se le reste credibilidad a la versión entregada por los militares respecto de la muerte de DIOSIDES. 8 Radicación No. 161-4150 El fallador continúa haciendo un análisis de la prueba testimonial para arribar a la conclusión que sí fueron los militares integrantes de la patrulla Batallador, quienes llevaron a cabo el retén en el cual se retuvo a DIOSIDES CAICEDO, de quien se descarta que fuera un guerrillero. Se descarta la eficacia probatoria del estudio realizado a las prendas de vestir del

occiso, bajo el entendido de haberse roto la cadena de custodia, pues previamente a ser sometidas a los exámenes pertinentes, las prendas habían sido entregadas a los familiares. Lo anterior indica que lo consignado en el protocolo de necropsia no ha sido desvirtuado, esto es, que el occiso recibió nueve impactos, cuatro de los cuales presentaban tatuaje periférico, lo que significa que fueron efectuados a corta distancia, lesiones no compatibles con un combate, menos aún si como lo manifiestan los militares, éstos se encontraban a distancias entre los veinticinco y ochocientos metros. De otra parte los cuestionamientos que se hicieron al protocolo de necropsia en cuanto al funcionario que lo practicó y lo dicho en el mismo, no tiene recibo alguno para la Delegada. La prueba de absorción atómica realizada al cadáver de DIOSIDES la cual resultó positiva no necesariamente lleva a concluir que éste haya accionado un arma de fuego o que la hubiese accionado por su voluntad. El a-quo concluyó que tanto el arma tipo revólver como las granadas, el bolso verde y los uniformes de uso de la Policía, le fueron colocados a la víctima por los integrantes de la patrulla que reportó su muerte, como parte de una coartada para hacer creíble la versión, según la cual, DIOSIDES fue dado de baja en un combate con un grupo ilegal armado. Las inconsistencias presentadas en las actas de gasto de munición y entre éstas y lo dicho por algunos de los militares que aparecen allí relacionados, demuestran que lo consignado no se ajusta a la realidad y que fueron elaboradas como complemente de

una coartada sobre los hechos objeto de investigación. Después de hacer referencia a imprecisiones y contradicciones de los militares, la Delegada le resta credibilidad a sus manifestaciones sobre la manera en que ocurrieron los hechos y señala: 9 Radicación No. 161-4150 “Las conductas atribuidas al Sargento Segundo DIEGO ARTURO MONDRAGÓN CORTES de retención ilegal y obstruir las investigaciones son comportamientos que necesariamente estaban ligados al resultado que perseguía la patrulla: dar muerte a DIOSIDES CAICEDO PALOMAR y luego presentarlo como una baja en combate, en consecuencia no será disciplinado por estas conductas en forma independiente como inicialmente se expuso en el auto de cargos”. “El Comandante de la patrulla Batallador, Sargento Segundo DIEGO ARTURO MONDRAGÓN CORTÉS y los demás subalternos Cabo Primero RICHAR (sic)

HERNÁN ESPINOSA DAZA, y los soldados: YAIR ANDRÉS MESA OSSA,

YOVANN ERNELDIS GONZÁLEZ ARIAS, JORGE ALEXANDER ARIAS FLÓREZ,

WILINTON OLIVEROS YEPES, JOHN JAWIN CAICEDO SÁNCHEZ, DINAEL

ANTONIO SIERRA FRANCO, HECTOR ALONSO LONDOÑO ORTIZ, FERNANDO VARGAS CHAVARRO, LUIS LEISY DELBASTO ARIAS, MARCO AURELIO MILLÁN DURÁN y ANGEL VICENTE CLAVIJO MARTÍNEZ, tenían el deber jurídico de actuar dentro de los ordenamientos legales y evitar de su parte, comportamiento

irregulares. Pese a ello, amparados en el ejercicio de sus funciones, militares y del mando del que estaba investido el Sargento MONDRAGÓN CORTES, después de detener de manera ilegal a DIOSIDES CAICEDO PALOMAR, procedieron a ejecutarlo, conductas violatorias del derecho fundamental a la vida de quien no se encontraba participando en hostilidades propias del conflicto armado interno que padece el Estado colombiano y que pese a ello, fue reportado como integrante de un grupo subversivo, sin que en el proceso se hubiese podido demostrar dicha pertenencia”. “Además, se ejecutaron actos que configuran comportamientos dolosos, encaminados a ocultar la irregularidad de la ejecución sumaria y luego obstaculizar las investigaciones con pretensiones de que no se esclarecieran los hechos o su prueba se dificultara”. Concluyó el a-quo en la responsabilidad de los disciplinados por la falta gravísima contemplada en el artículo 48 numeral 7 de la Ley 734 de 2002, referida a la vulneración del derecho a la vida de DIOSIDES CAICEDO PALOMAR, conducta cometida a título de dolo, por la cual se les impuso la sanción ya anotada. 10 Radicación No. 161-4150 RECURSOS DE APELACIÓN Los disciplinados por si o por intermedio de apoderados interpusieron recurso de apelación, bajo los siguientes argumentos: 1.- Apoderada del Sargento Segundo DIEGO ARTURO MONDRAGÓN CORTÉS (folio 398 C.O.6). Expone su desacuerdo con la decisión proferida, toda vez que resulta difícil creer que

un hombre como su representado e incluso también sus compañeros de armas, pudieran tener la sangre fría para actuar en contra de un humilde campesino, como se describe a la víctima, en completo estado de indefensión y que nada tenía que ver con el conflicto armado que vive el país No se puede desconocer que algunos de los integrantes de la patrulla pudieron no haber participado del homicidio de DIOSIDES, sin embargo todos suministran la misma versión de los hechos, lo cual en el análisis global de lo ocurrido tiende a generar dudas sobre su comportamiento, “puesto que es imposible que aún los que pueden ser inocentes continúen empecinados en la tesis que los perjudica cuando bien pudieran decir la verdad que les podría reportar algunos beneficios y rebajas”. Aunque los campesinos que acompañaban a la víctima señalan que se trató de un cobarde asesinato, igualmente es cierto que los militares dan una versión opuesta a la primera, lo que en estricto sentido genera duda y en la práctica corresponde a un empate probatorio, “pues no se puede desechar de plano lo que dicen los militares, ya que por lo menos en principio habría que creérseles, ya que no es admisible que hubieran decidido acribillar al campesino, en las condiciones de indefensión que se les achaca, prácticamente en presencia de tantos civiles, a sabiendas de que posteriormente irían a denunciarlos”. Solicita que por la vía de la apelación se reconozca que existe duda “sobre la razón del comportamiento de mi asistido o sobre las modalidades del hecho sobre la forma como se presentó, o que se le reconozca que su conducta se realizó por miedo o si

11 Radicación No. 161-4150 se quiere por la presión que sus superiores pudieran estarle haciendo para que entregara resultados que es la política que está de moda y que está llevando a los militares de bajo rango a cometer atropellos para conservar sus puestos”. En consecuencia, considera que si no puede ser absuelto por duda, se le rebaje la sanción, aunque solo sea en el tema de la inhabilidad. 1.1. Sargento Segundo DIEGO ARTURO MONDRAGÓN CORTES (folio 404 C.O.6). Luego de hacer una introducción relacionada con su experiencia y capacitación en las Fuerzas Militares y referir algunos principios constitucionales, señala que la potestad administrativa, “y en especial la discrecional”, se encuentra sometida al principio de “mensurabilidad”, que consiste que en ningún caso la potestad puede constituirse como un poder indefinido o ilimitado Dice que la Procuraduría Delegada para Asuntos Disciplinarios lo está acusando y no lo ha valorado científicamente ni ha tenido en cuenta tomarle una versión y que también debe tener en cuenta que los insurgentes narcoguerrilleros terroristas tienen varias ONG y “con ayuda de funcionarios de estas regiones elaboran falsos juicios de existencia” y muchos militares están en las cárceles como “consecuencia de crearle (sic) una situación”, para que con ello los militares les de miedo o temor de entrar a combatir. Dice que está cumpliendo órdenes de patrullaje y es un militar excelente que pide que se le valore sicóloga y siquiátricamente, al igual que a todos los participantes del hecho, aclarando que los hechos sucedieron como están planteados por su defensa,

que les crearon un falso juicio de existencia y que aspiran es a reparar los daños materiales, morales y otros perjuicios Incoherentemente con la materia disciplinaria, refiere algunos artículos del Código Penal y de Procedimiento Penal invocando causales de casación. 12 Radicación No. 161-4150 Pregunta que dónde está la prueba que demuestre que ordenó la detención arbitraria, que demuestre que obstaculizó las investigaciones administrativas y de control y que demuestre que asesinó a CAICEDO PALOMAR. Los hechos sucedieron como lo refieren ellos en sus declaraciones (los militares), además de que “no hacemos retenes ilegales, ni pruebas falsas y respetamos los derechos humanos”. Asegura que si hubiese cometido un acto criminal, ya estuviera procesado, amén de que se hubiese acogido a lo previsto en el artículo 40 de la Ley 600 de 2000 y tuviera otros beneficios como el 10% y demás. Continúa el apelante en forma desordenada trayendo a colación algunas sentencias de la Corte Constitucional, sin precisar que es lo que quiere advertir con ello frente a la decisión disciplinaria de primera instancia. Cuestiona la forma como se han valorado las pruebas, lo hacen como si hubiesen estado en el teatro militar, sin conocer cómo es el asunto de la guerra, las pruebas testimoniales “están arraigadas y manejadas por los grupos insurgentes ONG entre otras y ustedes que no gustan de militares, porque creen que todos somos iguales, están es equivocados, porque por lo menos yo no me presto para ningún acto a favor

de delincuentes”. Manifiesta que “exijo igualdad de condiciones y no se siga violentando mis derechos fundamentales, considero se me asigne un agente del Ministerio Público para que me visite y empezar a trabajar y se me tome las valoraciones, porque creo que existió una transgresión de mis derechos o garantía fund