PGN - Documento 201603111026511

RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA-Presunto giro irregular de dineros de las arcas del municipio DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCTA-Falta gravísima dolosa Por su parte el Tesorero del municipio de Montecristo, suscribió junto con el alcalde autorización dirigida y presentada en el Banco de Bogotá oficina de Magangué, para que se debitara irrevocablemente de la cuenta corriente abierta a nombre de la Alcaldía de MONTECRISTO y denominada SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PROPOSITOS GENERALES, la suma de $590.000.000 para ser trasladados a la cuenta corriente a nombre de Autorización en la cual inclusive se comprometen vigencias futuras hasta el 2007. Considerando este despacho que tales autorizaciones como el traslado en si del dinero carecen de una causa real y lícita lo cual compromete en principio la responsabilidad disciplinaria del señor”. La falta se calificó como gravísima (Num. 1, art. 48 Ley 734 de 2002) y se atribuyó a título de dolo. RECURSO DE APELACIÓN-No controvierte los hechos irregulares en que se fundamenta el cargo/VALORACIÓN PROBATORIA-Buena fe del tesorero El recurso de apelación no controvierte los hechos irregulares en que se fundamenta el cargo, como son principalmente: primero, que el Tesorero del Municipio de Montecristo, suscribió, junto con el Alcalde, autorización que fue presentada el 15 de noviembre de 2005 en el Banco de Bogotá – Sucursal Magangué, para que se debitara de una cuenta a nombre

de la Alcaldía del Sistema General de Participaciones – Propósitos Generales la suma de $590.000.000 para ser trasladada a una cuenta a nombre de, Concejal del Magangué; y segundo, que la autorización como los traslados consecuentes carecen de causa real y lícita. Por el contrario, la apelación va dirigida a la responsabilidad del Tesorero en esos hechos, principalmente en el sentido que actuó por una orden impartida por el Alcalde y de su buena fe, al poner en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación los hechos sucedidos, mediante certificación. Los demás argumentos de defensa se sitúan en la tipificación de la conducta en la falta consagrada en el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 (no ha habido pronunciamiento del juez penal y no se tipifican los elementos del delito en cabeza del disciplinado) y en la falta de valoración de circunstancias en la imposición de la sanción, como la buena fe del disciplinado al poner en conocimiento de este órgano de control los hechos sucedidos, mediante certificación, y la orden escrita que le impartió su superior. Como se aprecia, se reitera, ningún argumento del recurso va dirigido a desvirtuar los dos anteriores hechos descritos, fundamentos del cargo, y los cuales tienen el respaldo probatorio suficiente, tal como quedó claramente consignado en el fallo de primera instancia. CAUSAL DE EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD-Orden legítima de autoridad competente emitida con formalidades legales/GARANTIA DE LEGALIDAD-Se encuentra por encima del principio de jerarquía En primer lugar, debe señalarse que lo solicitado por el Alcalde al Tesorero no era una

petición que se ajustaba a derecho, por lo que no se da uno de los requisitos para la procedencia de la causal de exclusión de responsabilidad antes mencionada. Ante una supuesta orden ilícita, el inferior no está obligado a acatar ciegamente y sin miramientos lo solicitado por su superior, pues, por encima del principio de jerarquía de la organización administrativa se encuentra la garantía de la legalidad, a que están sometidos todos los Radicación No. 161-05033 servidores públicos. En efecto, ninguno de los disciplinados pudo explicar con fundamentó en qué el Municipio de Montecristo autorizó transferir esa suma dinero, ni otra anterior que efectuó el Alcalde. Así las cosas, no puede excusarse el disciplinado en una supuesta orden del Alcalde, por cuanto, frente a una solicitud sin ningún tipo de respaldo del objeto de la obligación cuyo pago se autorizó, no estaba obligado a cumplirla; observándose, por el contrario, que el disciplinado consintió sin ningún tipo de oposición en la autorización de un pago a una persona que no tenía ningún vínculo contractual o laboral con la entidad territorial. Adicionalmente, el escrito que se aduce como orden del Alcalde tampoco contiene un mandato imperativo determinante para la voluntad del Tesorero, por el contrario, aparece como una simple solicitud del Alcalde, en término corteses, y sin ningún tipo de formalidad legal, que permita concluir que se trataba de una orden. RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA-Adecuación típica/CALIFICACIÓN DE LA FALTA-Gravísima/DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS-Daño social y afectación de derechos fundamentales

En cuanto a la concordancia de la conducta del disciplinado en el delito de peculado por apropiación, la defensa señala sin ninguna explicación, aparte del pronunciamiento del juez penal, que “Nótese además que los elementos tipificantes del delito no se dan en cabeza del señor”; sin embargo, se encuentra demostrado, por el contrario, que el disciplinado, en su condición de Tesorero del Municipio de Montecristo, junto con el Alcalde, autorizaron para que trasladara la suma de $590.000.000 a una cuenta, sin existir una causa lícita para ello, pues, se demostró que el mencionado señor no tenía ningún vínculo contractual con el municipio, ni ningún otro, que justificara la transferencia de esa suma de dinero. Esa conducta del disciplinado concuerda con la descripción prevista en el artículo 397 del Código Penal, por cuanto los disciplinados al autorizar la transferencia de recursos públicos se apropiaron de dineros, cuya administración se les había confiado con razón de sus funciones, a favor de un tercero; la que a su vez se tipifica en la falta disciplinaria gravísima descrita en el mencionado numeral 1 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, tal como lo estableció el fallador de primera instancia. Cualquier hecho para procurar resarcir el daño o compensar el perjuicio causado, o devolver, restituir o reparar, según el caso, el bien afectado con la conducta constitutiva de la falta, o la confesión de la falta antes de la formulación de los cargos, son criterios para la graduación de la sanción, de conformidad con lo consagrado en el artículo 47 de la Ley 734 de 2002,

pero son circunstancias que no excluyen la responsabilidad disciplinaria. La sanción de destitución e inhabilidad por el máximo término fijado por la ley (20 años) tampoco es ajena o contraria a la conducta del disciplinado, pues, nada más y nada menos se trató del desvío de los recursos públicos a favor de una tercera persona, sin tener ninguna consideración con la comunidad. De conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 734 de 2002, la sanción de destitución e inhabilidad por el término de veinte (20) años se ajusta a los lineamientos legales, teniendo en cuenta que nos encontramos frente a la comisión de una falta disciplinaria gravísima de manera dolosa, sin que se adviertan criterios para la graduación de la sanción (art. 47) que ameriten disminuir el término de la inhabilidad, resaltando el grave daño social de la conducta y la afectación de derechos fundamentales, si se tiene en cuenta que se destinaron recursos de la entidad que han podido ser utilizados para satisfacer las innumerables necesidades básicas insatisfechas de la comunidad en general del Municipio de Montecristo. 2 Radicación No. 161-05033

SALA DISCIPLINARIA

Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil nueve (2009). Aprobada en Acta de Sala No.28.

Radicación No: 161-05033 (009-0137235/2006)

Disciplinados: ARCELIO MANUEL SÁNCHEZ ROJAS, MIGUEL

DE JESÚS JIMÉNEZ BARRAGÁN, SUGEY

ISABEL LAFAURIE MEJÍA y ARQUÍMEDES

SEGUNDO GARCÍA ROMERO Entidad y Cargo: Alcalde y Tesoreros del Municipio de Montecristo, y Concejal del Municipio de

Magangué Quejoso: De oficio Fecha inicio: 16 de febrero de 2006

Fecha hechos: Del 7 de noviembre de 2004 a 2 de junio de 2006; desde el 15 de noviembre de 200 hasta el 5 de enero de 2006.

Asunto: Apelación fallo de primera instancia P.D. PONENTE: Dr. RAFAEL EUGENIO QUINTERO MILANÉS Con fundamento en las atribuciones conferidas por el numeral 1 del artículo 22 del Decreto 262 de 2000, la Sala Disciplinaria procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del disciplinado MIGUEL DE JESÚS JIMÉNEZ BARRAGÁN contra el fallo de primera instancia proferido el 10 de septiembre de 2008 por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, por medio del cual se le declaró disciplinariamente responsable en su condición de Tesorero del Municipio de Montecristo, junto con los señores ARCELIO MANUEL SÁNCHEZ ROJAS, SUGEY ISABEL LAFAURIE MEJÍA y ARQUÍMEDES SEGUNDO GARCÍA ROMERO, en sus condiciones de Alcalde y Tesorera del Municipio de Montecristo, y Concejal del Municipio de Magangué, respectivamente, imponiéndoles sanción de destitución e inhabilidad general para ejercer funciones públicas por el término de veinte (20) años y por dieciséis (16) años a la Tesorera.

ANTECEDENTES PROCESALES

El 16 de febrero de 2006, el Procurador General de la Nación confirió delegación al Director Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación para adelantar actuación disciplinaria hasta su terminación contra el Alcalde del Municipio de Montecristo, ARCELIO MANUEL SÁNCHEZ ROJAS, el Concejal del mismo municipio, ARQUÍMEDES SEGUNDO GARCÍA ROMERO1, y el Tesorero Municipal, por presunto giro irregular de dineros de las arcas del municipio, que fueron consignados en las cuentas personales de Enilce López, de acuerdo con publicaciones en los diarios El Tiempo y El Espectador, y en informaciones de los noticieros CM& y Caracol Radio (fls. 23 C.O.1). 1 Posteriormente, mediante auto del 2 de marzo de 2007, el Procurador General de la Nación aclaró el auto de delegación, indicando que el señor ARQUÍMEDES SEGUNDO GARCÍA ROMERO se desempeñaba como Concejal del Municipio de Magangué (fls. 745 C.O.4). 3 Radicación No. 161-05033 El 17 de febrero de 2006, la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales abrió investigación disciplinaria (fls. 24-26 C.O.1). La decisión se notificó mediante edicto a los señores ARCELIO MANUEL SÁNCHEZ ROJAS y SUGEY ISABEL LAFAURIE MEJÍA (fls. 268-272 C.O.1), y personalmente al señor ARQUÍMEDES SEGUNDO GARCÍA ROMERO (fls. 608 C.O.3). El señor MIGUEL DE JESÚS JIMÉNEZ

BARRAGÁN rindió versión libre el 6 de abril de 2006 (fls. 210 C.O.1). El 2 de marzo de 2007, se profirió auto de cargos contra los mismos señores (fls. 746-783 C.O.4). A los disciplinados ARCELIO MANUEL SÁNCHEZ ROJAS2, SUGEY ISABEL LAFAURIE MEJÍA, ARQUÍMEDES SEGUNDO GARCÍA ROMERO3 y MIGUEL DE JESÚS JIMÉNEZ BARRAGÁN se les notificó personalmente la decisión (fls. 807, 812, 814 C.O.4), presentando los dos primeros los respectivos descargos, a través de apoderado, y el último directamente (fls. 816-817; 852-856; 836-837 C.O.4). El 7 de junio de 2007, se resolvió sobre las pruebas de descargos (fls. 864-870 C.O.4) y el 10 de junio de 2008 se dio traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión (fls. 891-927 C.O.4). El 10 de septiembre de 2008, la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales profirió fallo de primera instancia por medio del cual declaró disciplinariamente responsables a los señores ARCELIO MANUEL SÁNCHEZ ROJAS, Alcalde del Municipio de Montecristo, MIGUEL DE JESÚS JIMÉNEZ BARRAGÁN y SUGEY ISABEL LAFAURIE MEJÍA, Tesoreros del Municipio de Montecristo, y ARQUÍMEDES SEGUNDO GARCÍA ROMERO, Concejal de Magangué, e impuso sanción de

destitución e inhabilidad general para ejercer funciones públicas por el término de veinte (20) años y por dieciséis (16) años a la última. El fallo de primera instancia se notificó así: - Al disciplinado ARCELIO MANUEL SÁNCHEZ ROJAS se le notificó personalmente (fls. 1000 C.O.5) y a su apoderado mediante edicto (fls. 1062-1068 C.O.5). - Al disciplinado ARQUÍMEDES SEGUNDO GARCÍA ROMERO se le notificó mediante edicto (fls. 1073-1075 C.O.5) y a su apoderado personalmente (fls.985 C.O.5) . - A la disciplinada SUGEY ISABEL LAFAURIE MEJÍA se le notificó personalmente (fls. 1002 C.O.5) y a su apoderado mediante edicto (fls. 996-997, 1004 C.O.5). - Al disciplinado MIGUEL DE JESÚS JIMÉNEZ BARRAGÁN y a su apoderado se les notificó personalmente (fls., 1009, 990 C.O.5), interponiendo este último recurso de apelación (fls. 991-992 C.O.5). El 26 de febrero de 2009, la primera instancia concedió el recurso interpuesto por el apoderado del disciplinado MIGUEL DE JESÚS JIMÉNEZ BARRAGÁN (fls. 1078 C.O.5). 2 A su apoderado se le notificó el auto de cargos mediante edicto (fls. 827-833 C.O.4). 3 Al apoderado del disciplinado ARQUÍMEDES SEGUNDO GARCÍA ROMERO se le notificó la

decisión mediante edicto (fls. 784-785, 804-805 C.O.4). 4 Radicación No. 161-05033 FALLO DE PRIMERA INSTANCIA El fallo de primera instancia, en cuanto se refiere al disciplinado MIGUEL DE JESÚS JIMÉNEZ BARRAGÁN, único apelante, podemos resumirlo en los siguientes términos (fls. 930-976 C.O.5):

1. Descripción de la conducta de Miguel de Jesús Jiménez Barragán. “Por su parte, MIGUEL DE JESÚS JIMÉNEZ BARRAGÁN, Tesorero del Municipio de Montecristo a partir del 12 de septiembre de 2005, suscribió junto con el alcalde la autorización fechada en noviembre 15 de 2005 dirigida y presentada en el Banco de Bogotá oficina de Magangué, para que se debitara de la cuenta corriente No. 414-04824-9 abierta a nombre de la Alcaldía de MONTECRISTO y denominada SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PROPÓSITOS GENERALES, la suma de $590.000.000 para ser trasladados a la cuenta corriente No. 414-03433-0 a nombre de ARQUÍMEDES GARCÍA ROMERO, ordenando que los pagos se hicieran en sumas mensuales a partir del 5 de diciembre de 2005 y hasta el 5 de septiembre de 2007, considerando este despacho que tales autorizaciones como el traslado en si del dinero carecen de causa real y lícita, lo cual compromete la responsabilidad disciplinaria del señor JIMÉNEZ BARRAGÁN”.

2. Se relacionan las pruebas que sustentan, entre las cuales deben resaltarse: - Mediante oficio sin número y sin fecha, pero recibido en el Banco de Bogotá, oficina de Magangué, el 15 de noviembre de 2005, el Alcalde y el señor Miguel de Jesús Jiménez Barragán autorizaron debitar de la cuenta corriente No. 414-04824-9 del Municipio de Montecristo - Sistema General de Participaciones Propósito Generales, la suma de $590.000.000, para ser transferidos a la cuenta No. 41403433-0 a nombre del señor Arquímedes Segundo García Romero, de acuerdo con relación de pagos, a partir del 5 de enero de 2005 hasta el 5 de septiembre de 2007, habiéndose determinado que el último movimiento se registró el 5 de enero de 2006

(fls. 27-28 Anexo 6). - Extractos bancarios de la cuenta corriente número 414-04824-9, en los que se observa que el Banco de Bogotá debitó las correspondientes sumas de dinero, desde el 5 de diciembre de 2005 al 5 de enero de 2006 (fls. 25-88 Anexo 6). - Certificación del Tesorero Municipal de que en la Oficina de Tesorería no existen registrados pasivos ni cuentas por pagar a favor de Arquímedes Segundo García Romero (fls. 161 C.O.1). - Certificación del Jefe de Presupuesto del Municipio: “Que en la oficina de presupuesto no existe pasivos ni cuentas por pagar a favor de los señores ARQUÍMEDES GARCÍA …” (fls. 167 C.O.1). - Certificación expedida por el Tesorero Miguel de Jesús Jiménez Barragán en

la que expresa: “En cuanto a las transferencias por valor de $576.800.00 y $590.000.000 le informo que solamente tengo conocimiento de la transferencia de $590.000.000 pero desconozco sus soportes, la cual firmé por orden del Alcalde … Que en la oficina de Tesorería no existen pasivos ni cuentas por pagar a favor de los señores ARQUÍMEDES GARCÍA que correspondan a los años 2001 a 2005 …”. Señala el fallo, en relación con esta prueba que la anterior constancia fue solicitada por parte del Despacho sin que se hubiera encontrado justificación alguna de las transferencias (fls. 160 C.O.1). - Oficio del 5 de abril de 2006, suscrito por el Jefe de Presupuesto de la ESE 5 Radicación No. 161-05033 CONCAMAS DE MONTECRISTO, en el que informa que no existen cuentas por pagar a nombre del señor Arquímedes García R., descartándose en principio que el origen de la obligación haya sido un contrato de suministro con este ciudadano, de una parte porque éste no tiene como actividad comercial proveer insumos médicos y de otra, por cuanto hay ausencia de contratos sobre ese particular (fls. 185 C.O.1). - En escrito del 5 de abril de 2006 del Jefe de Presupuesto de la ESE se relacionan los nombres de los establecimientos de comercio que suministran a la ESE CONCAMAS insumos hospitalarios, odontológicos y de laboratorio clínico, sin que en ella figure el nombre de Arquímedes García Romero (fls. 186-187 C.O.1). - Certificación expedida por el Banco de Bogotá en la que se indica que el titular

de la cuenta número 414-03433-0 es el señor Arquímedes García Romero, la cual al 4 de abril de 2006 se encuentra en estatus cancelada por decisión del Banco, con carga en cuenta de $32.386.861 (fls. 114-116 Anexo 6). - Solicitud del 12 de mayo de 2005 al Banco de Bogotá, suscrita por Arquímedes García Romero, autorizando realizar cheques de gerencia por valor de $790.000.000 de sus cuentas de ahorro y corriente a nombre de la señora Enilce López Romero (fls. 34 Anexo 1). - Fotocopia del cheque de gerencia número 1675484 emitido por el Banco de Bogotá el 12 de mayo de 2005 a favor de Enilce López Romero, por la suma de $790.000.000, de acuerdo a la operación bancaria autorizada por el señor Arquímedes García Romero (fls. 35 Anexo 1). En suma, todas las probanzas referenciadas en sustento del cargo permiten válidamente afirmar que tanto el ordenador del gasto como el Tesorero, Manuel de Jesús Jiménez Barragán, incumpliendo el deber legal que a cada uno le asiste en ejercicio de la función y sin la presencia de los soportes legales exigidos, pues, no se demostró la existencia de ningún tipo de obligación o crédito que debiera cumplir el municipio para con el señor Arquímedes García Romero, dispusieron la realización de pagos para instalamentos a favor del último nombrado. Vale decir giros autorizados por quienes en abuso de función tenían la facultad de hacerlo, habiéndose establecido que realizaron giros de dineros públicos a favor de terceros,

en el presente caso el señor Arquímedes Segundo García Romero, quien como los anteriores intervino en la defraudación, incrementando además de su propio patrimonio, el de terceros.

3. Tipicidad de la conducta, normas violadas y fundamento de la violación.

El señor MIGUEL DE JESÚS JIMÉNEZ BARRAGÁN con la conducta desplegada en el cargo vulneró los artículos 22 y 23 de la Ley 734 de 2002, e infringió el deber consagrado en el numeral 1 del artículo 34 de la misma ley. Ahora bien, constituye falta gravísima (Num. 1 art. 48 Ley 734 de 2002), que es la conducta enrostrada a los disciplinados: “1. Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo”. Como se ha analizado, el acervo probatorio permite afirmar que los disciplinados realizaron la conducta descrita en el tipo penal de “Peculado por apropiación”, 6 Radicación No. 161-05033 descrito en el artículo 397 de la Ley 599 de 2000. Como se explicó en el auto de cargos, el Alcalde y el Tesorero como autores, fueron determinados por el señor Arquímedes Segundo García Romero, para la suscripción de las órdenes del 7 de noviembre de 2004 y 15 de noviembre de 2005, dirigidas al Banco de Bogotá para hacer las deducciones a favor de este último, sin que hubiera existido en dichos eventos obligaciones o créditos a favor del Concejal, que

ameritara transferir fondos, pues, hasta el momento no existe soporte legal que así lo acredite y a pesar de ello, éste los determinó para que se le giraran los dineros. “En este orden se observa que entre los servidores públicos involucrados hubo un acuerdo con la finalidad de tomar dineros públicos, denotándose entre ellos una relación en virtud de la cual el señor ARQUÍMEDES SEGUNDO GARCÍA ROMERO era conocedor de los deberes que frente a la administración pública, tienen tanto el ordenador del gasto como el tesorero, para efecto del manejo del erario y contribuyó a la realización del comportamiento, advirtiéndose que éstos igualmente eran conocedores de las especiales relaciones de sujeción que atan al servidor público con la administración. Es decir, SÁNCHEZ, JIMÉNEZ y GARCÍA ROMERO dispusieron del dinero recibido por concepto de transferencia denominado SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES en provecho del tercero de los nombrados y además a instancias de éste, en quien concurren como servidor público las obligaciones de no inducir a otro servidor público a cometer una falta disciplinaria”.

4. Calificación definitiva de la conducta y forma de culpabilidad.

La falta se calificó como gravísima, en virtud del numeral 1 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, y se atribuyó a título de dolo.

5. Descargos y su valoración jurídica.

El disciplinado MIGUEL DE JESÚS JIMÉNEZ BARRAGÁN, además de lo consignado en sus descargos, en cuanto a la orden que recibió del Alcalde, allegó a

los mismos escrito suscrito por el Alcalde, para que sea tenida como prueba a su favor, en el cual se lee textualmente: “… Migue, necesito que viajes a Magangué para que firmes un convenio que hice con el Quimo. Te agradezco viajes y lo firmes, que es un compromiso que tengo con él, ya yo lo firmé y eso está en el Banco de Bogotá…”. Frente a las anteriores exculpaciones, por medio de las cuales se pretende mostrar un comportamiento ajeno a las irregularidades establecidas, trasladando la responsabilidad en el Alcalde, debe señalarse que los deberes legales se imponen a los servidores públicos de manera personal e individual y su ejercicio se inicia desde que se toma posesión del cargo, por lo que su dicho a esta altura procesal, antes de deslindarlo del comportamiento irregular, lo mantiene inmerso en el mismo. “En consecuencia, el escrito arrimado como prueba por el investigado y visible a folio 838 del cuaderno original en nada varía su compromiso con la presente investigación, específicamente frente al cargo a él endilgado, pues era su deber como tesorero de dicha municipalidad vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le habían sido encomendados, al igual que cuidar que fueran utilizados debidamente; no obstante, según lo reconoce, incumplió con sus obligaciones de cuidado y eficiencia, erigiendo con tan reprochable conducta la infracción disciplinaria endilgada y la respuesta represiva del Estado”. 7 Radicación No. 161-05033 RECURSO DE APELACIÓN El apoderado del disciplinado MIGUEL DE JESÚS JIMÉNEZ BARRAGÁN interpuso

recurso de apelación, que se puede resumir en los siguientes términos (fls. 991-992 C.O.5): Son razones generales de inconformidad con el proveído emitido, el hecho que dentro del proceso no se ha acopiado prueba plena que de certeza de la responsabilidad disciplinaria del Tesorero en los hechos materia de investigación y en el cargo que le fue imputado. La intervención de JIMÉNEZ BARRAGÁN tiene su sustento en las órdenes impartidas por el Alcalde, que la Procuraduría analiza dándole un sentido diferente al que su texto contiene, sin tener en cuenta las condiciones de modo, tiempo y lugar en que sucedieron los hechos y las personales del sancionado. De otro lado, el cargo imputado no se tipifica en el presente caso, teniendo en cuenta que hasta la fecha el defendido no ha sido condenado penalmente o al menos no está acreditado dentro del proceso, luego desde el punto de vista material, la tipificación configurada no se ajusta a las prescripciones legales. En la legislación colombiana, la única autoridad con competencia para atribuir un delito son los jueces de la república, previos los trámites de ley. Nótese además que los elementos tipificantes del delito no se dan en cabeza del

señor JIMÉNEZ BARRAGÁN.

No se valoró, conforme a los principios de la sana crítica, las pruebas obrantes. De ellas se desprende la buena fe de JIMÉNEZ BARRAGÁN, ya que él mismo pone en conocimiento de la Procuraduría mediante certificación los hechos sucedidos, prueba a la cual no se le da el alcance de buena fe que contiene, ya que no trató de

ocultarlos. Así mismo, la sanción y la inhabilidad aplicada no compadecen con su análisis ponderado de la conducta del sancionado, pues, no se tiene en cuenta su buena fe, la certificación aportada y la orden por escrito que le impartió su superior jerárquico con la condición innegable de ordenador del gasto. Por las consideraciones anteriores, se solicita se revoque la providencia recurrida y en su lugar se exonere de responsabilidad al señor MIGUEL DE JESÚS JIMÉNEZ BARRAGÁN, o en subsidio, se adecue la sanción, atemperándola a la real situación y a la buena fe del sancionado. CONSIDERACIONES DE LA SALA DISCIPLINARIA En virtud de la competencia conferida en el numeral 1 del artículo 22 de Decreto 262 de 2002 y de conformidad con el artículo 171 de la Ley 734 de 2002, la Sala Disciplinaria procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del disciplinado MIGUEL DE JESÚS JIMÉNEZ BARRAGÁN contra el fallo de primera instancia proferido el 10 de septiembre de 2008 por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, por medio del cual se le declaró disciplinariamente responsable en su condición de Tesorero del 8 Radicación No. 161-05033 Municipio de Montecristo, e impuso sanción de destitución e inhabilidad general para ejercer funciones públicas por el término de veinte (20) años.

1. Cargo formulado.

Al disciplinado MIGUEL DE JESÚS JIMÉNEZ BARRAGÁN, en su condición de

Tesorero del Municipio de Montecristo (Bolívar) (Del 12 de septiembre de 2005, y el 4 de abril de 2006 se encontraba en ejercicio del cargo, fls. 40, 171 C.O.1), se le formuló el siguiente cargo: “5.1. ÚNICO CARGO CONTRA ARCELIO MANUEL SÁNCHEZ ROJAS, en calidad de Alcalde Municipal; MIGUEL DE JESÚS JIMÉNEZ BARRAGAN actual Tesorero del Municipio de MONTECRISTO Y ARQUIMEDES SEGUNDO GARCIA ROMERO, Concejal del municipio de MAGANGUE Presuntamente, haber incurrido en las faltas consagradas en el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, que prevén: “1. Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo …” (…) 5.2. DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCTA DE MIGUEL DE JESUS JIMENEZ BARRAGAN Por su parte MIGUEL DE JESUS JIMENEZ BARRAGAN Tesorero del municipio de Montecristo, suscribió junto con el alcalde autorización fechada en noviembre 15 de 2005 dirigida y presentada en el Banco de Bogotá oficina de Magangué, para que se debitara irrevocablemente de la cuenta corriente No. 414-04824-9 abierta a nombre de la Alcaldía de MONTECRISTO y denominada SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PROPOSITOS GENERALES, la suma de $590.000.000 para ser trasladados a la cuenta

corriente No. 414-03433-0 a nombre de ARQUIMEDES GARCIA ROMERO. Autorización en la cual inclusive se comprometen vigencias futuras hasta el 2007. Considerando este despacho que tales autorizaciones como el traslado en si del dinero carecen de una causa real y lícita lo cual compromete en principio la responsabilidad disciplinaria del señor

JIMENEZ BARRAGAN” (fls. 751 C.O.4).

Como normas vulneradas se indicaron las siguientes: artículos 22, 23, 34 (numeral 1), 48 (numeral 1); y artículo 397 del Código Penal. La falta se calificó como gravísima (Num. 1, art. 48 Ley 734 de 2002) y se atribuyó a título de dolo.

2. Análisis y valoración jurídica de las pruebas y del recurso de apelación.

El recurso de apelación no controvierte los hechos irregulares en que se fundamenta el cargo, como son principalmente: primero, que el Tesorero del Municipio de Montecristo, MIGUEL DE JESÚS JIMÉNEZ BARRAGÁN, suscribió, junto con el Alcalde, ARCELIO MANUEL SÁNCHEZ ROJAS, autorización que fue presentada el 15 de noviembre de 2005 en el Banco de Bogotá – Sucursal Magangué, para que se debitara de una cuenta a nombre de la Alcaldía del Sistema General de Participaciones – Propósitos Generales la suma de $590.000.000 para ser trasladada a una cuenta a nombre de Arquímedes García Romero, Concejal del Magangué; y 9 Radicación No. 161-05033 segundo, que la autorización como los traslados consecuentes carecen de causa real

y lícita. Por el contrario, la apelación va dirigida a la responsabilidad del Tesorero en esos hechos, principalmente en el sentido que actuó por una orden impartida por el Alcalde y de su buena fe, al poner en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación los hechos sucedidos, mediante certificación. Los demás argumentos de defensa se sitúan en la tipificación de la conducta en la falta consagrada en el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 (no ha habido pronunciamiento del juez penal y no se tipifican los elementos del delito en cabeza del disciplinado) y en la falta de valoración de circunstancias en la imposición de la sanción, como la buena fe del disciplinado al poner en conocimiento de este órgano de control los hechos sucedidos, mediante certificación, y la orden escrita que le impartió su superior. Como se aprecia, se reitera, ningún argumento del recurso va dirigido a desvirtuar los dos anteriores hechos descritos, fundamentos del cargo, y los cuales tienen el respaldo probatorio suficiente, tal como quedó claramente consignado en el fallo de primera instancia. Por tanto, con fundamento en el artículo 171 de la Ley 734 de 2002, por el cual el recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación, la