PGN - Documento 201603111026514

PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA MORALIDAD PÚBLICA

Radicación 90-10150-04 Disciplinado LEONOR POVEDA NIÑO Cargo y Entidad Alcaldesa Municipal de Gambita Quejoso Guillermo Arcángel Torres Piña Fecha hechos Diciembre 9 de 2003 Asunto Proferir fallo de segunda instancia BOGOTÁ, D.C., 11 de noviembre de 2008 ASUNTO Se pronuncia el despacho frente al recurso de apelación interpuesto por la señora LEONOR POVEDA NIÑO, contra el fallo de primera instancia proferido por la Procuraduría Provincial de San Gil, el veintinueve (29) de julio de 2008. ACTUACIÓN PROCESAL Avocado el conocimiento de los hechos puestos a su consideración, la Procuraduría Provincial de San Gil, mediante auto del 22 de julio de 2004, dispuso la apertura de investigación disciplinaria contra la señora LEONOR POVEDA NIÑO, en su condición de Alcaldesa Municipal de Gambita. (fls. 9 y 10). El 09 de febrero de 2007, la Provincial le formuló cargos disciplinarios a LEONOR POVEDA NIÑO, quien en los descargos solicitó la práctica de pruebas, las cuales fueron ordenadas mediante auto del 26 de junio de 2007. (fls. 126-127). El 21 de noviembre de 2007, la Provincial corrió traslado para alegatos de conclusión, los cuales no fueron presentados, a pesar de haber sido enviada la respectiva comunicación a la señora POVEDA NIÑO (Cf. Folio 147), a la dirección por ella reportada como la de su domicilio, como consta en la constancia de examen

del expediente visible a folio 105. El 29 de julio de 2008, la Provincial de San Gil profirió fallo de primera instancia, sancionando a la disciplinada con suspensión por el término de seis (6) meses. Decisión que le fue notificada el 31 de julio de 2008. (fl. 165). El 14 de agosto de 2008, la disciplinada presentó recurso de apelación en contra del fallo, el cual fue concedido en el efecto suspensivo, ante el Procurador Delegado para la Moralidad Pública, según auto del 15 de septiembre de 2008, el cual fue presentado dentro del término legal. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA Surtidos los correspondientes trámites procesales, la Procuraduría Provincial de San Gil, en providencia del 29 de Julio de 2008, luego de analizar y darles el valor probatorio a los medios de convicción que fueron incorporados al expediente, concluyó que existe certeza respecto de la existencia del comportamiento sustancialmente ilícito y la responsabilidad de la señora LEONOR POVEDA NIÑO, en su condición de Alcaldesa del Municipio de Gambita, por lo que es merecedora PD Moralidad Pública 1 Exp. 090-10150 FARC/CPTF/TLLP de la sanción disciplinaria consistente en SUSPENSIÓN POR EL TÉRMINO DE (6) SEIS MESES, al hallarla responsable de la comisión de las faltas imputadas en los cargos uno y tres, deducidos en el respectivo auto, en tanto que la absolvió de la conducta descrita en el cargo dos. El marco fáctico sobre el cual descansa la sanción impuesta a la apelante es del

siguiente tenor: Primer cargo Haber elaborado el estudio de conveniencia y oportunidad de diciembre 9 de 2003, sin el cumplimiento del análisis de los riesgos de la contratación y en consecuencia el nivel y extensión de los riesgos que deben ser amparados por el contratista, incumpliendo lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 8 del decreto 2170 de 2002 y el numeral 19 del Artículo 25 de la ley 80 de 1993 (Principio de economía), e incurriendo en la falta establecida en el numeral 31 del Artículo 48 de la ley 734 de 2002. Tercer cargo Haber celebrado el 9 de Diciembre de 2003, la orden de trabajo G-071 con Santiago Rondón Granados, por valor de $4.000.000, sin que previamente se hubieran consultado los precios del mercado, incumpliendo lo dispuesto en Artículo 29 de la ley 80 de 1993 (Principio de selección objetiva), y parágrafo del Artículo 11 del decreto 2170 de 2002, e incurriendo en la falta establecida en el numeral 31 del Artículo 48 de la ley 734 de 2002. Para el momento del fallo la señora LEONOR POVEDA NIÑO, ya no ejercía el cargo de Alcaldesa, por lo que resulta imposible ejecutar la sanción de suspensión, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 3º del Artículo 46 de la Ley 734 de 2002, ésta se convierte en SANCIÓN PECUNIARIA DE (180) CIENTO OCHENTA DIAS DE SALARIO devengado para la época de los hechos.

Analizados los planteamientos realizados en los descargos así como las pruebas aportadas y practicadas en dicha etapa, fue variada la imputación sujetiva de la falta, de culpa gravísima a CULPA GRAVE, por la poca o casi nula experiencia de la sancionada en temas contratación, así como de su ausencia de mayores y específicos estudios. En efecto, pese a que su poca experiencia y grado de instrucción, no la eximen de responsabilidad como lo pretendía y se dejó expuesto al analizar su posición frente al primer cargo, sí hacen que la imputación subjetiva de la falta se disminuya a CULPA GRAVE, toda vez que atendiendo a sus características académicas y profesionales, no podía incurrir en una desatención elemental sobre lo que escasamente estaba aprendiendo a realizar hacía menos de tres meses –contratos estatales-, sino en una inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona de mediano nivel educativo como ella, debe imprimir a sus actuaciones. Corolario de lo anterior, y al tenor de lo establecido por el numeral 9 del artículo 43 de la ley 734 de 2002, concluyó la primera instancia que las faltas cometidas por LEONOR POVEDA NIÑO, deben considerarse como GRAVES, pues se trata de faltas objetivamente gravísimas, cometidas con culpa grave. Y los criterios por los PD Moralidad Pública 2 Exp. 090-10150 FARC/CPTF/TLLP cuales la falta es grave en el presente caso, previstos en el mencionado artículo 43, se concretan a la jerarquía y mando que POVEDA NIÑO tenía como Alcaldesa Municipal de Gambita, pues era la primera autoridad, política y administrativa, por lo

cual se esperaba que diera ejemplo en el cumplimiento de las leyes, pero no lo hizo, dando mal ejemplo a la comunidad que presidía, así como el nivel de afectación a la comunidad y la perturbación en algún modo del servicio que debían prestar los tanques de almacenamiento de agua y las represas objeto de reparación. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN La señora LEONOR POVEDA NIÑO impugnó el fallo de primera instancia señalando como argumentos en los que fundamenta su solicitud de revocatoria, los siguientes:  Una cosa es la legalidad formal y otra la material de las normas y en últimas el contenido mismo de la orden de trabajo es lo valioso dentro de la esfera jurídica.  Frente al primer cargo manifiesta que quien suscribió el estudio de conveniencia fue el secretario general y de gobierno, señor ARMANDO DÍAZ TAMAYO.  La desconcentración de los actos es un concepto que hace referencia a la transferencia de potestades para la toma de decisiones, a instancias o agencias que se encuentran subordinadas al ente central, sin que necesariamente gocen de personería jurídica, ni presupuesto, ni reglamento administrativo propio.  El ejercicio de competencias en materia contractual, en particular el procedimiento que rige los contratos, no todos se encontraban en cabeza de ella como regente del municipio, es decir, mediante el uso de las herramientas otorgadas por la Constitución y la Ley, en busca del mejoramiento de la función pública, se desconcentraron procesos, como lo son los estudios previos y el estudio de precios del mercado a un funcionario del nivel directivo, como lo fue el Secretario General y de Gobierno.  A su juicio la responsabilidad no puede ser de ella, ya que todo el

procedimiento fue desconcentrado en el citado funcionario.  No fue una delegación sino una desconcentración, es decir, que el proceso se estableció en cabeza del funcionario, dejando de ser competencia del Alcalde Municipal. Solicita en forma subsidiaria la nulidad de la actuación, por las siguientes razones:  Deberían haber sido sujetos disciplinables el Secretario General y el Interventor del contrato, siendo responsable este último de conformidad con el artículo 53 de la Ley 80 de 1993.  Hubo indebidas notificaciones, por cuanto, informó formalmente el lugar de su domicilio, que no fue tenido en cuenta, razón por la cual no pudo presentar los alegatos de conclusión, con lo que se desconoció su derecho de defensa. CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA Procede la Delegada a resolver el recurso interpuesto, revisando únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación. En primer término (i) analizará lo relativo a la competencia PD Moralidad Pública 3 Exp. 090-10150 FARC/CPTF/TLLP que le asiste a ésta delegada para conocer de la actuación; (ii) de las nulidades propuestas por la disciplinada; (iii) del análisis independiente de cada cargo de cara a los alegatos contenidos en la impugnación; (iv) decisión, ya sea confirmando, modificando o revocando el fallo de primera instancia. (i). Competencia de la Delegada. Este Despacho es competente para conocer y decidir el asunto sometido a consideración, de conformidad con la asignación especial conferida por el Señor

Procurador General de la Nación, en atención a las facultades otorgadas por el parágrafo del Artículo 7º de l Decreto 262 de 2000, en concordancia con los parámetros señalados en la Directiva 002 del 24 de Enero del presente año. (ii) De las nulidades propuestas por la disciplinada A juicio de la apelante, dos situaciones han generado vicios que afectan la legalidad de la actuación, frente a cada una se pronunciará el despacho en forma independiente.  Deberían haber sido vinculados como sujetos disciplinables el Secretario General y el Interventor del contrato, siendo responsable este último de conformidad con el artículo 53 de la Ley 80 de 1993. Se cae por su propio peso esta afirmación de la apelante toda vez que mediante auto del 25 de abril de 2006 (Cf. Folio 42), la Procuraduría de primera instancia ordenó la vinculación al proceso del señor RAFAEL JAVIER GUISA, en su condición de interventor de obras públicas; el pliego de cargos también lo tuvo en cuenta, al deducirle un principio de responsabilidad disciplinaria por la probable comisión de una falta calificada como gravísima y atribuida a título de culpa gravísima (Cf. Folio 94). Finalmente el interventor fue absuelto en el fallo impugnado. Ahora, la no vinculación al proceso del secretario general y de gobierno, no es una situación que afecte las garantías procesales y sustanciales de la señora POVEDA NIÑO, ya que la definición de la situación jurídica de aquel en nada vinculan a la segunda, la investigación de la conducta de uno y otra se puede hacer válida y

legítimamente en forma separada. En efecto, la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios públicos es individual y personal, tanto así que es posible romper la unidad procesal cuando se identifique un solo implicado en la comisión de la falta y continuar la investigación frente al mismo, así lo permite el artículo 151 del Código Disciplinario Único. Si la Procuraduría Provincial de instancia no consideró necesario vincular al funcionario que la apelante extraña en el proceso, es una decisión que comparte este despacho, pues los cuestionamientos emergen de la suscripción de la orden de trabajo que no de los estudios de conveniencia y necesidad, como ella lo interpreta, pues lo que se cuestiona es no haber contado con las garantías necesarias para la celebración del negocio jurídico. Por la causal de nulidad que se estudia no hay lugar a invalidar la actuación, además por considerar la razón antes expuesta, esto es que no se han violado las garantías de la disciplinada con la no vinculación de un tercero al proceso, debe tenerse en PD Moralidad Pública 4 Exp. 090-10150 FARC/CPTF/TLLP cuenta que quien alegue la nulidad está en la obligación de acreditar que la irregularidad sustancial afecta las garantías constitucionales de los sujetos procesales o desconoce las bases fundamentales del proceso (trascendencia) y quien alegue la configuración de un motivo invalidatorio, tiene la carga de determinar la causal que invoca, las razones de hecho y de derecho en que se apoya (fundamentación), situaciones ausenten en el presente asunto, cuando la apelante se limita a manifestar la presencia de una situación que considera atentatoria del debido

proceso, pero soslaya de plano expresar cómo se le vulneran sus derechos. La sola afirmación de la existencia de una nulidad no es suficiente para su declaratoria, menos aun cuando el operador no las detecta en forma oficiosa. Ciertamente, el ordenamiento disciplinario vigente [Art. 143 par.], contrario a la regulación contenida en el estatuto anterior, hace remisión expresa a los principios de oportunidad, fundamentación, preclusión, taxatividad, protección, convalidación, trascendencia, residualidad e instrumentalidad de las formas, previstas en el Código de Procedimiento Penal (Art. 310). De acuerdo con tales apotegmas, solo es posible alegar las nulidades expresamente previstas en la ley (taxatividad); no puede invocarlas el sujeto procesal que con su conducta haya dado lugar a la configuración del motivo invalidatorio, salvo el caso de ausencia de defensa técnica (protección); aunque se configure la irregularidad, ella puede convalidarse con el consentimiento expreso o tácito del sujeto perjudicado, a condición de ser observadas las garantías fundamentales (convalidación); quien alegue la nulidad está en la obligación de acreditar que la irregularidad sustancial afecta las garantías constitucionales de los sujetos procesales o desconoce las bases fundamentales del proceso (trascendencia); y, además, que no existe otro remedio, distinto de la nulidad, para subsanar el yerro que se advierte (residualidad). Tampoco procede decretar la invalidez de un acto, cuando éste cumpla la finalidad para la cual estaba destinado, siempre que no se viole el derecho de defensa (instrumentalidad de las formas).

Asimismo, de conformidad con el artículo 310 del Código de Procedimiento Penal, quien alegue la configuración de un motivo invalidatorio, tiene la carga de determinar la causal que invoca, las razones de hecho y de derecho en que se apoya (fundamentación) y no puede formular nueva solicitud por el mismo motivo sino por causal diferente o por hechos posteriores (preclusión). En estas condiciones, por la primera causal de nulidad no se invalidará el proceso, por lo que se avanzará al análisis de la segunda razón de anulación cuyo reconocimiento pretende la alzada.  A juicio de la apelante, hubo indebidas notificaciones, por cuanto, informó formalmente el lugar de su domicilio, que no fue tenido en cuenta, razón por la cual no pudo presentar los alegatos de conclusión, con lo que se desconoció su derecho de defensa. Al igual que en la causal anterior, es fácil advertir que la misma se cae por su propio peso, cuando se observa el contenido de la “CONSTANCIA DE EXAMEN DE EXPEDIENTE” (Cf. Folio 105), en la que la señora LEONOR POVEDA NIÑO, al parecer de su puño y letra, consignó como dirección la calle 34 A No. 36 A – 05, justo debajo de su rúbrica y número de cédula. PD Moralidad Pública 5 Exp. 090-10150 FARC/CPTF/TLLP Por lo anterior las siguientes comunicaciones le fueron remitidas a la disciplinada POVEDA NIÑO, a la dirección por ella misma reportada:  Oficio 2424 del 29 de junio de 2007, con la que se le comunicaba que en el proceso se abrió a pruebas “…denegándose parcialmente su práctica (Cf.

Folio 128)  Oficio del 15 de agosto de 2007, con el que le se informaba la fecha para la recepción de testimonios (Cf. Folio 138)  Oficio 6127 del 21 de noviembre de 2007, mediante el cual se le solicita comparecer para notificarle el auto que corrió traslado para alegatos previos al fallo y se le consignó el derecho que tenía para presentar el respectivo escrito y el plazo que tenía para el efecto (Cf. Folio 147).  Oficio 3402 del 31 de julio de 2008, que requería su presencia en la Provincial para notificarle el fallo de primera instancia (Cf. Folio 165). La dirección de la señora POVEDA NIÑO era la registrada por ella y allí recibió efectivamente las comunicaciones enviada por el a quo, así lo confirma la firma de recibido consignada por ella, en el segundo de los oficios citados y la constancia de notificación personal del fallo de primera instancia que figura en el anverso de la última comunicación enviada a la disciplinada, donde estampó su firma como constancia de la diligencia. Amén de lo anterior, no emerge duda alguna que la actuación de la primera instancia se ajustó al trámite legal y en consecuencia, no se puede predicar que se haya vulnerado el derecho de rango constitucional y legal invocado, pues en ningún momento se imposibilitó el ejercicio del derecho de defensa. En virtud de lo expuesto se rechaza la petición de nulidad formulada por la disciplinada, toda vez que se observa que en el curso del proceso disciplinario se respetó el derecho al debido proceso y a la garantía del derecho de defensa que lo

edifica. (iii) Análisis de los fundamentos de la impugnación Del primer cargo En sede de primera instancia se dedujo responsabilidad disciplinaria a la señora LEONOR POVEDA NIÑO, como alcaldesa municipal de Gambita incurrió en falta disciplinaria al haber elaborado el estudio de conveniencia y oportunidad sin el cumplimiento del análisis de los riesgos de la contratación y en consecuencia el nivel y extensión de los riesgos que deben ser amparados por el contratista. Comparte el despacho las apreciaciones que sobre este cargo presenta la apelante, en la medida que ella no fue quien elaboró los estudios de conveniencia y necesidad. En efecto, según oficio D.A.G. – 1-0397, del 9 de diciembre de 2003 (Cf. Folio 32), la señora POVEDA NIÑO le solicitó al señor ARMANDO DÍAZ TAMAYO, secretario de gobierno, la realización de un informe de conveniencia y oportunidad a todo costo, sobre trabajos en el acueducto de la vereda El Calvario. En cumplimiento de la solicitud hecha por su superior, el secretario de gobierno presentó el informe requerido por el burgomaestre (Cf. Folio 33). PD Moralidad Pública 6 Exp. 090-10150 FARC/CPTF/TLLP En estas condiciones las deficiencias y/o falencias que en sede de primera instancia se señalan del estudio de conveniencia y oportunidad no pueden ser atribuidas a la señora POVEDA NIÑO como alcaldesa, sino al responsable de su elaboración. Una cosa es que los estudios hayan sido deficientes o incompletos y otra bien distinta es que se haya celebrado un contrato sin contar con las garantías que exige

la ley de contratación y como lo sostiene la apelante ella no suscribió los estudios, por ello, la deficiencia anunciada en el fallo de primera instancia no puede serle atribuida a la disciplinada. En el caso sometido a debate se reprocha a la alcaldesa de Gambita haber suscrito los estudios sin el análisis de los riesgos de la contratación y en consecuencia el nivel y extensión de los mismos que deben ser amparados por el contratista, tal imputación resulta deleznable, teniendo en cuenta que en el sub iudice la disciplinada no fue quien realizó tal actividad, por desconcentración, como ella lo afirma, esa labor le correspondió al secretario general y de gobierno, como en efecto lo realizó, por tanto no es posible derivar responsabilidad disciplinaria por este hecho a la señora LEONOR POVEDA NIÑO. La existencia de garantías en la contratación es un requisito de perfeccionamiento del negocio, por tanto su ausencia al momento de la suscripción del acto, sí sería imputable a la ordenadora del gasto, pero en este asunto, se le reprochó, haber suscrito unos estudios con una deficiencia, mas no celebrar un contrato sin garantías. Sumado a lo anterior tenemos que en sede de primera instancia se impartió absolución a la señora POVEDA NIÑO, por la imputación contenida en el segundo cargo, consistente en haber celebrado la orden de trabajo sin contar con estudios previos, porque como lo dijo el a quo en contratos como el que nos ocupa por ser de mínima cuantía, solo es necesario contar con el análisis de precios de mercado, de modo que no era necesario realizar estudios de conveniencia y necesidad, por tanto la deficiencia que se anuncia en el documento que hace las veces de los mismos,

resulta ser inocua. En estas condiciones, la señora LEONOR POVEDA NIÑO, como alcaldesa de Gambita no cometió la falta atribuida en el primer cargo, en consecuencia será necesario absolverla de la imputación en él contenida. Del tercer cargo En sede de primera instancia se dedujo responsabilidad disciplinaria a la señora LEONOR POVEDA NIÑO, como alcaldesa municipal de Gambita porque incurrió en falta disciplinaria al haber celebrado la orden de trabajo G-071 con Santiago Rondón Granados, sin que previamente se hubieran consultado los precios del mercado. Sobre el particular, se tiene que, el señor ARMANDO DIAZ TAMAYO, en su condición de Secretario General y de Gobierno, en formato que reposa en el expediente (Cf. Folio 33), firmó el estudio de conveniencia y oportunidad, en el cual consta que uno de los elementos que lo soportan fue “el análisis de precios de PD Moralidad Pública 7 Exp. 090-10150 FARC/CPTF/TLLP mercado, incluyendo para ello cotizaciones, las cuales fueron analizadas en su momento”. Por lo anterior, para este Despacho surge con meridiana claridad que los argumentos expuestos en sede de primera instancia frente al tercer cargo se desvirtúan, amén de que la señora POVEDA NIÑO, celebró la orden de trabajo, con fundamento en el documento preparado por el secretario general y de gobierno del despacho municipal, que como se dijo se basó en los precios de mercado consultados, dando así cumplimiento a la exigencia contenida en el artículo 29 de la Ley 80 de 1993. Para este despacho es claro que la señora POVEDA NIÑO no incurrió en la falta

disciplinaria deducida, aunque otra pudo ser la conducta que ella cometió, porque al parecer no ejerció ningún control o vigilancia frente a la ejecución de la orden de trabajo G-017 de 2003 y, enterada de tal incumplimiento, no adoptó ninguna medida frente a tal situación, al menos para la recuperación de los dineros que habían sido destinados a la obra. En efecto, el esfuerzo probatorio realizado en sede de primera instancia estuvo encaminado a determinar que la señora LEONOR POVEDA NIÑO, en su calidad de Alcaldesa Municipal fue quien suscribió la orden de trabajo No. G-017 de 2003, y que su gestión como represente legal de la entidad estatal no culminaba en la simple rúbrica del acto, sino que le imponía el deber de ejercer el control de la actividad contractual mediante una actitud vigilante sobre los resultados que se reportara, máxime si se tiene en cuenta que el plazo establecido para su ejecución era de quince días, así frente al incumplimiento en la ejecución del objeto contractual debió haber adoptado las medidas legales pertinentes, mas no asumir una actitud de absoluta inercia y total pasividad, pues ella no designó interventor alguno, de donde emerge la irrefutable deducción de que ella ejercería tal labor en forma directa. Pese a que se recibieron testimonios que dan cuenta del incumplimiento contractual y que se determinó la posible autoría del hecho en cabeza de la señora POVEDA NIÑO, no es posible deducirle responsabilidad disciplinaria por este hecho, al no haber sido objeto de imputación fáctica ni jurídica, porque como se ha examinado, las conductas por las cuales fue llamada a responder se circunscriben a la

celebración de unos estudios de conveniencia y a la celebración del negocio sin análisis de precios de mercado, actuaciones que distan de la conducta relacionada con el incumplimiento del objeto contractual, la falta de control y toma de medidas frente a esa situación, por parte de la disciplinada. Bien podría el despacho disponer la compulsa de copias para investigar las conductas omisivas de la señora POVEDA NIÑO, de no ser porque estamos a poco más de un mes de la prescripción de la acción disciplinaria por tal hecho, ya que al haberse celebrado la orden de trabajo el 9 de diciembre de 2003, con un plazo de ejecución de 15 días, sería posible investigar, juzgar y si fuera el caso sancionar a los funcionarios involucrados, antes del 24 de diciembre de 2008, siendo materialmente imposible en menos de un mes y medio iniciar y culminar, un proceso disciplinario, que debe estar guiado por el respeto a los principios superiores del debido proceso y del derecho a la defensa, con todas las garantías que los mismos involucran. En consecuencia, si bien el despacho advierte que al parecer existe una conducta por la que no fue investigada ni juzgada la señora LEONOR POVEDA NIÑO, por la PD Moralidad Pública 8 Exp. 090-10150 FARC/CPTF/TLLP inminente cercanía de la fecha de prescripción de la misma, resulta inane ordenar la compulsa de copias respectiva. (iv). Decisión Así en el presente caso se encuentra que no es posible derivar responsabilidad disciplinaria por los hechos imputados en el fallo de primera instancia a la señora

LEONOR POVEDA NIÑO, por lo que en consecuencia, este Despacho encuentra preciso ABSOLVERLA, por las razones expuestas en esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Procurador Delegado para la Moralidad Pública, en uso de sus atribuciones legales, RESUELVE PRIMERO.- NEGAR la declaratoria de la nulidad solicitada planteada por la apelante, por las razones consignadas en este proveído. SEGUNDO.- REVOCAR en su integridad el fallo sancionatorio dictado por la Procuraduría Provincial de San Gil, el veintinueve (29) de julio de 2008, contra la señora LEONOR POVEDA NIÑO identificada con C.C. No.31.272.739, en su calidad de Alcaldesa Municipal de Gambita, en consecuencia ABSOLVERLA de responsabilidad disciplinaria por la imputación contenida en los cargos atribuidos, por las razones contenidas en esta providencia. TERCERO.- NOTIFICAR por la oficina de origen personalmente a La señora LEONOR POVEDA NIÑO la presente decisión advirtiéndole que contra la misma no procede recurso alguno. En caso que no pudiere notificarse personalmente, se fijará edicto en los términos del artículo 107 del Código Único Disciplinario. CUARTO.- La Unidad Coordinadora para la Contratación Estatal realizará todos los trámites y anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y

DEVUÉLVASE AL DESPACHO DE ORIGEN

FERNANDO ALBERTO RODRÍGUEZ CASTRO

Procurador Delegado para la Moralidad Pública PD Moralidad Pública 9 Exp. 090-10150

FARC/CPTF/TLLP