PGN - Documento 201603111027045

Dependencia: Procuraduría Primera Delegada Contratación Estatal Radicación 085-11275-2003

Disciplinados: Miguel Armando Benavides y Carlos Polo Villacrés

Cargo: Gerente y Jefe Recursos Físicos Hospital Civil Ipiales E.S.E Quejoso: De oficio Fecha queja: 25 de julio de 2003.

Fecha hechos: 22 de enero de 2002

Asunto: Fallo de segunda instancia.

Bogotá, D.C., 12 de enero de 2007 Resuelve el Despacho los recursos de apelación interpuestos por Miguel Armando Benavides y Carlos Polo Villacrés contra el fallo proferido el 25 de enero de 2005, por la Procuraduría Regional de Nariño, en el que se decidió sancionarlos con multa de 60 y 45 días de salario mínimo legal vigente, respectivamente, en la fecha de los hechos.

ANTECEDENTES

1. INFORME DE FUNCIONARIO El 25 de julio de 2003, la señora Ana Belén Arteaga Torres, en su condición de Gerente del Hospital Civil de Ipiales E.S.E., radicó escrito en el cual puso en conocimiento de la Procuraduría que en el año 2002, esa institución realizó la adquisición de medicamentos e insumos, con las firmas Distribuciones hospitalarias e Industriales JANER; suministro de oxígeno con CRYOGAS Gases Industriales de Colombia S.A.; suministro de rollos printer alta densidad SONY, con la firma RX S.A.; suministro de elementos médicos con COODESUR A.P.C, y la adquisición de servicios con la firma ELECTRICOS BOYACA, los cuales no contaron con el

correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal (folio 1 a 3).

2. INDAGACIÓN PRELIMINAR E INVESTIGACION DISCIPLINARIA Teniendo en cuenta el anterior informe, el 4 de agosto de 2003, el Procurador Regional de Nariño, ordenó iniciar la correspondiente indagación preliminar (folio 65 y 66) El 8 de octubre de 2003, la Procuraduría Regional de Nariño dictó auto de apertura de investigación disciplinaria en contra de Miguel Armando Benavides Villarreal, Fabiola del Carmen Figueroa y Carlos Polo, al considerar que los referidos servidores públicos con su actuar violaron el principio de legalidad, toda vez que no tramitaron oportunamente los certificados de disponibilidad presupuestal, CDP, para los contratos suscritos entre el Hospital Civil de Ipiales y las firmas JANER, CRYOGAS, RX, COODESUR y ELECTRICOS BOYACA (folio 112 y 113)

3. AUTO DE CARGOS Mediante auto del 13 de enero de 2004, la Procuraduría Regional de Nariño, formuló pliego de cargos contra Miguel Armando Benavides Villarreal y Carlos E. Polo

1 Exp. 085-11275-2003 Luis Jorge Arévalo Reyes Fallo de Segunda Instancia Villacrés, en su condición de Gerente y Jefe de Recursos Físicos del Hospital Civil de Ipiales – E.S.E., describiendo la conducta de la siguiente forma (fls. 225 a 245): “Al Dr. MIGUEL ARMANDO BENAVIDES VILLAREAL (sic), en su calidad de Gerente del Hospital Civil de Ipiales, como REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO Y ORDENADOR DEL GASTO, por presuntamente haber permitido que

el Hospital Civil de Ipiales en la vigencia 2002 contraiga obligaciones contractuales y/o haber impartido ordenes de suministro, sin previo certificado de disponibilidad presupuestal. Lo cual de suyo conlleva a generar un hecho cumplido, y por eso el reproche que se le endilga de la siguiente manera y con las firmas comerciales que se describen así: I Contrato de suministro de medicamentos por valor de $39.751.650, suscrito el 22 de enero de 2002, con DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES JANER y/o JOSE ANTONIO ERAZO RIVAS como representante legal de dicha firma. Visible a folios 4 y 5 de este plenario. II Orden de Suministro de oxigeno con la firma comercial: CRYOGAS GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A. por valor de $12.774.579 según copia de las facturas Nos. 029172 de noviembre 1 de 2002, 027882 de julio 26 de 2002, 027879 de julio 26 de 2002, 027742 de julio 17 de 2002, 027656 de julio 11 de 2002 y 028821 de octubre 8 de 2002. Estas facturas se intentaron legalizar mediante nuevas facturas obrantes a folio 9 a 32 del expediente. III Ordenes de suministro de elementos médicos con la COOPERATIVA COODESUR A.P.C por valor de $2.287.999 demostrable con copias de facturas 08384 y 08386 de fecha octubre 1 de 2002 obrantes a folios 53 y 54 del cuaderno principal del expediente.” Al señor Carlos Polo Villacrés, también se le endilgaron las conductas antes

descritas pero por “…no haber tramitado en su oportunidad el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal de los contratos y/o ordenes de suministro y adquisición de servicios...”, y adicionalmente, se le reprochó: IV Adquisición de servicios por valor de $1.571.220 con la firma ELECTRICOS BOYACA, según copia de las facturas 000188, y 000189 trabajos estos que se efectuaron a finales del mes de diciembre del años pasado, según oficios de junio de 2003, enviado por el Gerente de eléctricos boyaca (sic) al Subgerente Administrativo del Hospital Civil como consta con los documentos visibles a folios 58 a 60 del proceso. Las conductas indicadas a cargo de Carlos Polo Villacrés se sustentaron de la siguiente forma: 2 Exp. 085-11275-2003 Luis Jorge Arévalo Reyes Fallo de Segunda Instancia “Con este comportamiento posiblemente anómalo, amén de vulnerar la norma Constitucional y contrariar los fines de la función pública los cuales siempre están al servicio del interés general, se estaría quebrantando el Decreto 111 de 1996 y claros principios como el de publicidad, transparencia, igualdad, imparcialidad establecidos en la ley 80 de 1993. Además se estaría violando el procedimiento establecido para la contratación directa con formalidades plenas, debido a que usted como integrante del Comité de Contratación posiblemente, no tramitó en forma oportuna el Certificado de Disponibilidad, ante la instancia respectiva. Este comportamiento omisivo pudo haber conllevado que se imparta la orden de suministro por parte del ORDENADOR DEL GASTO, pretermitiendo

en esta forma el procedimiento establecido en los artículos 41 inciso (sic), 42, 43, 45 y 46 inciso final del Estatuto contractual del Hospital Civil de Ipiales”. El pliego reprochó a los disciplinados la violación de las siguientes disposiciones: Artículos 6, 121, 123 y 209 de la Constitución Nacional; artículo 71 del Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico de Presupuesto; artículo 19 del Decreto 0568 de 1996; artículo 38 y 40 numerales 1, 2, 3, 4, 13, 21, 22 y 23 de la Ley 200 de 1995; artículos 23 y 34 numerales 1, 2, 3, y 21 de la Ley 734 de 2002; artículos 1, 24.8, 25.2, 26.5, 41 y 51 de la Ley 80 de 1993 y los artículos 1, 41,42, 46.2, 50 y 52 del Acuerdo 041 de 2001, Estatuto contractual emitido por la Junta Directiva del Hospital Civil de Ipiales . Las faltas se consideraron provisionalmente como graves a titulo de dolo.

4. DESCARGOS Los disciplinados Miguel Armando Benavides Villarreal y Carlos Eduardo Polo Villacrés, presentaron sendos escritos de descargos, en los cuales rechazan haber incurrido en las faltas disciplinarias que se les atribuyen (folios 250 a 262 y 346 a 359). Los escritos contienen los mismos argumentos, por lo cual se resumen como uno solo.

Refieren como antecedente, que el certificado de disponibilidad presupuestal – CDP,

del negocio con la empresa JANER, si se tramitó dentro de los términos legales conforme lo indicado en la junta de compras del 18 de enero de 2002, como consta en acta No. 14 (folio 83 a 86) del cual, se desprende el CDP No. 26 del 26 de enero de 2002, con vencimiento del 25 de febrero siguiente, documento anulado por la Sección de Recursos Financieros al no legalizar el compromiso con la citada firma comercial; sostienen que lo anterior, generó el contrato de suministro de medicamentos, el cual en la cláusula novena, estableció como requisito de legalización el registro presupuestal y no el CDP. Citan el artículo 1 y 2 de la Resolución No. 036 del 7 de mayo de 1998, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los cuales indican los libros que debe llevar los órganos que conforman el presupuesto general de la nación y las etapas del proceso de afectación del presupuesto, de la cual se puede concluir que el CDP no es necesario para legalizar el contrato, por cuanto con este documento se garantiza la existencia y aprobación presupuestal disponible y libre de afectación para la asunción de compromisos con cargo al presupuesto de la respectiva vigencia fiscal, es el documento que afecta preliminarmente mientras se perfecciona el contrato, en 3 Exp. 085-11275-2003 Luis Jorge Arévalo Reyes Fallo de Segunda Instancia tanto que con el registro presupuestal se afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando que ésta sólo se utilizará para este fin. Aducen, que en la conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 35 en lo Judicial

Asuntos Administrativos, se aclaró que los elementos ingresaron al Hospital y fueron utilizados por éste, sin que se hubiera presentado detrimento patrimonial para el Hospital Civil de Ipiales E.S.E. En relación con la violación a las normas de la contratación estatal, recuerdan el contenido de los artículos 194 y 195 de la Ley 100 de 1993 y su decreto reglamentario 1876 de 1994, sobre la naturaleza de las Empresas sociales del Estado y el su régimen jurídico en materia de contratación, el cual es de derecho privado, pero con posibilidad de utilizar la cláusulas exorbitantes, previstas en el estatuto general de contratación de la administración pública. Alegan, que la administración contaba con recursos presupuestales suficientes para la autorización del gasto, pero que hubo un retraso en la solicitud y correspondiente emisión del certificado y que para corroborarlo, solo bastaba una inspección judicial a los registros en la oficina de presupuesto de la empresa, y que el no pago oportuno de la obligación adquirida constituiría una fuente de enriquecimiento sin causa para la administración, que facultaba al contratista afectado a reclamar lo debido por vía contractual y a la reparación de los perjuicios causados. Sostienen que el certificado de disponibilidad presupuestal y el registro presupuestal, son requisitos que debe cumplir la entidad para la organización interna presupuestaria, pero que no tiene incidencia en el contrato pues, éste ya había nacido a la vida jurídica, y el no pago genera incumplimiento y confiere al contratista acción indemnizatoria, efectos que no se produjeron por la conciliación extrajudicial realizada, y agregan, que con la expedición de dichos documentos, se daba solución

a una futura controversia. En relación con el estatuto contractual del Hospital Civil de Ipiales E.S.E., adoptado mediante acuerdo 041 de 2001 de la Junta Directiva, manifiestan que no estaban obligados a cumplirlo, por ser un acto administrativo inconstitucional e ilegal, dado que dicho ente directivo no tenía competencia para expedirlo, además de haber determinado unos procesos y un procedimiento más complicados que la ley 80 de 1993 y la Ordenanza 018 por la cual se reestructuró el Hospital. Manifiestan que las Empresas sociales del Estado en materia presupuestal se asimilan a las empresas industriales y comerciales del Estado, tal como lo indica el art. 5º del decreto 111 de 1996 y por tanto, dicho decreto no les es aplicable. Que la programación presupuestal de las ESE, está reglamentada en los artículos 123 del citado decreto, 21 de la ley 344 de 1996, 1 y 19 del decreto 568 de 1996 y 21 del decreto 115 de 1996; agregan, que los errores que se cometen, involuntariamente, son subsanables posteriormente, con la certificación del jefe financiero en el sentido de que si existía apropiación presupuestal para asumir el compromiso. Finalmente, Benavides Villarreal alega que “…las funciones del Gerente como ordenador del gasto tienen su limitación, no podría al mismo tiempo asumir las 4 Exp. 085-11275-2003 Luis Jorge Arévalo Reyes Fallo de Segunda Instancia funciones de otros quienes son los encargados de hacer la tramitología pertinente en estos casos, si se cometió el error por parte de ellos en forma involuntaria que en últimas no produjo ningún detrimento patrimonial para la empresa Hospital Civil de

Ipiales E.S.E., será que constituye una falta grave imputable a título de dolo?”.

5. FALLO RECURRIDO El 25 de enero de 2005, la Procuraduría Regional de Nariño profirió fallo de primera instancia, sancionando al señor Miguel Armando Benavides Villarreal, en su condición de Gerente del Hospital Civil de Ipiales E.S.E., con multa de sesenta (60) días de salario, equivalente a la suma de $9.159.658, y al señor Carlos Eduardo Polo Villacrés¸ como Jefe de Recursos Físicos de la misma entidad, con multa de cuarenta y cinco (45) días de salario, equivalente a $3.463.089 (folios 492 a 526).

Para el A quo los descargos no desvirtuaron la existencia de las irregularidades atribuidas a los disciplinados. En relación con el argumento de que es posible cancelar obligaciones contraídas, acudiendo a certificados de disponibilidad presupuestal expedidos con posterioridad a la celebración de los contratos, consideró que no obstante ser ello posible, no desvirtúa la falta, porque el artículo 71 del Decreto 111 de 1996, exige claramente que el certificado de disponibilidad presupuestal debe expedirse en la etapa precontractual. Consideró que si bien es cierto con el registro presupuestal se afecta de manera definitiva la apropiación, es un requisito posterior a la expedición del CDP, y en todo caso no es el tema del debate. Se demostró en el proceso que inicialmente se expidió un CDP para el negocio con la empresa JANER, el cual posteriormente fue anulado y que debió solicitarse oportunamente otro y no se hizo, aspecto que no tuvo en cuenta el ordenador del

gasto, quien firmó el contrato sin este soporte legal. En relación con el contrato con CRYOGAS, el cual consistía en suministrar gases medicinales, por comodato, concluyó, que este tipo de contrato se rige por las normas del Código de Comercio y Civil, y que conforme a lo pactado en la cláusula quinta y décima de dicho contrato, el cual se prorrogaba por periodos sucesivos de tres años, resultaban de recibo los argumentos de los investigados, ya que dicho contrato se encontraba vigente, pues no hubo comunicación de las partes para darlo por terminado, cuestión que es diferente al desconocimiento de los funcionarios encargados de hacer los pagos. En cuanto a la contratación con COODESUR, afirma el a quo, que a folios 154 y 155 reposaban las facturas por las cuales ese Despacho había hecho reparo, las cuales se asimilan para todos los efectos a una letra de cambio, según el artículo 774 del C. de Co., y que no se podía perder de vista según los descargos, que se había establecido un procedimiento donde intervenía el químico señor Horacio Coral, quien era el encargado de entenderse directamente con la Cooperativa para la adquisición de medicamentos y además él disponía de la utilización de los CDPs. Afirma, que pese a solicitarse, no se allegó ningún otro documento que permita saber si se hacía o no exigible el CDP, por lo cual aplica el principio del in dubio pro disciplinado, ya que no se tiene entera certeza de que la falta se hubiere cometido. 5 Exp. 085-11275-2003 Luis Jorge Arévalo Reyes Fallo de Segunda Instancia En relación con la orden de prestación de servicios con ELECTRICOS BOYACA, por

hechos sucedidos con ocasión del daño presentado en las bombas de suministro de agua del Hospital Civil de Ipiales, indicó, que según el testimonio del señor Javier Hernández (folio 455), el era el encargado del mantenimiento de los equipos médicos y las labores de mantenimiento de infraestructura y equipo hospitalario, y que el 23 o 24 de diciembre de 2002, se quemaron las bombas, siendo necesario repararlas de manera urgente, pues el hospital necesitaba de ese sistema para suministrar agua a las diferentes áreas y equipos que la requieren, como las calderas y autoclaves, lo cual el a quo justifica, considerando que es lógico que haya tenido incidencia y no se hubiere podido incluir en la reserva presupuestal del año 2002, entendiendo que tratarían de cancelar los servicios con recursos del vigencia

2003. En consecuencia, consideró desvirtuado el cargo en relación con la prestación de estos servicios, en el entendido de que se trataba de una situación mayor de tipo irresistible dentro de la cual, primero debía imponer los correctivos y luego realizar el procedimiento.

Señaló el fallo, que no obstante lo indicado, hubo vulneración a los principios de transparencia, igualdad e imparcialidad, en los términos explicados por el Consejo de Estado en la sentencia de julio de 1997, con ponencia del magistrado Ricardo Hoyos Duque. En cuanto al actuar de los censurados, encontró el a quo, que de acuerdo con los lineamientos de la ley 80 de 1993, Miguel Armando Benavides suscribió contrato de suministro de medicamentos con la firma JANER, sin contar ni exigir antes de firmar,

el certificado de disponibilidad presupuestal, siendo aplicable al caso el concepto de culpa por asunción, según las precisiones hechas por el Procurador General de la Nación, en Ámbito Jurídico del 17 de agosto de 2005. Añadió, que no se requiere del daño para que se configure el ilícito disciplinario y que basta con la trasgresión de la obligación funcional, tal como se puso de presente en la Sentencia del 13 de julio de 2000 de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, con ponencia del entonces Magistrado Edgardo José Maya Villazón. Consideró, que el argumento expuesto por los disciplinados, según el cual en el presupuesto de la E.S.E., si existía rubro presupuestal para atender dicho compromiso, de ser cierto, por qué Carlos Polo Villacrés no solicitó el CDP, y aduce que en el caso de Miguel Armando Benavides, si los contratos llegaban a su despacho sin el CDP, debió abstenerse de firmarlos hasta tanto se anexara dicho requisito, y que sus conductas denotan descuido, negligencia, impericia para actividades propias de sus cargos. Se afirma finalmente en el fallo de primera instancia que las empresas sociales del Estado se rigen por el derecho privado, pero que si a un contrato se le incorporan normas de derecho público, como ocurrió en el caso del negocio con JANER, debe regirse de conformidad con estos preceptos. Concluyó que, de acuerdo con la certificación expedida por la Profesional Universitario – Tesorería –Presupuesto del Hospital Civil de Ipiales (folio 482), para

la fecha en que se efectuaron las transacciones con las empresas: JANER, 6 Exp. 085-11275-2003 Luis Jorge Arévalo Reyes Fallo de Segunda Instancia CRYOGAS, COOPERATIVA COODESUR Y ELECTRICOS BOYACA, no existía apropiación presupuestal suficiente para atender dichos gastos, lo que demuestra que los investigados contravinieron el sentido normativo del Estatuto Orgánico de Presupuesto y plasmadas en la ley 80 de 1993 y el decreto 0569 de 1996 al no atender las previsiones del Acuerdo 041 de 2001, estatuto contractual del Hospital. Agregó que si el CDP se solicitaba, debía ser antes del 22 de enero del 2002, fecha en la cual se firmó el contrato entre el Hospital y la empresa Distribuciones JANER. Por último, calificó la falta cometida por el Dr. Miguel Armando Benavides Villareal, como eminentemente grave y dolosa, porque así lo revelaban las pruebas que sustentan los cargos, y que no obstante que el legislador de 2002 así la califica en el numeral 31 del art. 48 de la ley 734, en el caso del contrato de suministros con JANER, habiéndose cometido en vigencia de la ley 200 de 1995, la sanción se aplicará conforme el artículo 14 de dicha norma, en congruencia con el artículo 21 de la Ley 734 de 2002. Precisó que está probado que como representante legal del Hospital Civil de Ipiales E.S.E, el doctor Benavides era el encargado de suscribir los contratos y convenios que celebrara esa entidad de salud, y sin embargo, al firmar sin constatar que ese

contrato no contaba con el certificado de disponibilidad presupuestal, desatendió sus deberes y los principios del estatuto contractual, y como consecuencia, no se pudo pagar al proveedor el material médico quirúrgico debiendo recurrir al mecanismo de la conciliación prejudicial. En cuanto a la calificación de la falta cometida por el señor Carlos Polo Villacrés, la consideró grave y dolosa, teniendo en cuenta que el contrato de suministros con JANER, se cometió en vigencia de la ley 200 de 1995, la sanción se aplicará conforme el artículo 14 de dicha norma, en congruencia con el artículo 21 de la Ley 734 de 2002, que consagra el principio de favorabilidad. Resultó probado que como Jefe de la Sección de Recursos Físicos, el señor Polo Villacrés, era el encargado de planear, controlar y ejecutar todo lo que tuviera que ver con el manejo de insumos, en especial las adquisiciones necesarias para el funcionamiento de la E.S.E., sin embargo, desatendió los deberes y los principios del estatuto contractual, y generó que no se pudiera hacer efectivo el pago al proveedor por no solicitar un nuevo CDP.

6. RECURSO DE APELACIÓN Ambos disciplinados, en forma separada, apelaron el fallo del Procurador Regional de Nariño, con fundamento en los siguientes argumentos (folios 529 a 533): 6.1 El señor Carlos Eduardo Polo Villacrés, actuando a través de apoderado, manifiesta que el contenido del fallo se basa en la actuación dolosa e irregular, supuestamente de haber tramitado un contrato con la empresa JANER, sin haber tramitado el certificado de disponibilidad correspondiente, y considera que el a quo

inaplicó los principios rectores del Código Disciplinario Único. 7 Exp. 085-11275-2003 Luis Jorge Arévalo Reyes Fallo de Segunda Instancia Ello por cuanto, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 734 de 2002, sobre la ilicitud sustancial, se busca que “al servidor público no se le sancione objetivamente por infringir el deber o violar la prohibición, sino que en cada caso debe existir un juicio de valor para determinar si los bienes jurídicos disciplinarios del decoro, eficiencia y eficacia de la administración pública, se lesionaron o fueron puestos en peligro mediante conductas de acción o de omisión que por no estar justificadas en términos de la misma Ley, deben sancionarse”. Afirma que, a su defendido se le endilga no haber solicitado el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal para efectuar (sic) el contrato con la firma DISTRIBUCIONES HOPITALARIAS INDUSTRIALES JANER, pero que de la declaración rendida por el Doctor Eduardo Narváez, jefe de la Sección Financiera, se deduce de manera clara que el CDP sí fue expedido por el jefe de presupuesto, pero que dicho certificado fue posteriormente anulado por no haber sido utilizado dentro del término fijado para su ejecución por esa misma dependencia, toda vez que el contratista no acreditó a tiempo los documentos exigidos para la legalización del contrato, situación que no fue precisada en el proceso disciplinario. Aduce que su cliente no tuvo que ver con las razones del jefe de Presupuesto para anular el CDP, y la Procuraduría no investigó la realidad de las mismas, haciéndolo

responsable de situaciones imputables a terceros y sancionándolo objetivamente por infringir un deber que está demostrado que cumplió de manera cabal y oportuna. Considera que al no haberse probado de manera eficaz y contundente que su representado haya efectuado contratación o intervenido en ella con la empresa JANER, sin el correspondiente CDP, expedido por el Jefe de Finanzas del Hospital, para la época de los hechos, debe darse aplicación en su caso a los artículos 9 y 13 del CDU, sobre el principio de presunción de inocencia y culpabilidad, desarrollados en las sentencias que sobre el particular ha expedido la Corte Constitucional (Sentencias C-244 de 1996 y T-097/1994) y el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria del 6 de noviembre de 1992, así como los conceptos de culpa y dolo en materia civil, en las sentencias de marzo 11 de 1952 y 15 de noviembre de 1956 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Plantea que al señor Polo Villacrés, ni siquiera puede atribuírsele negligencia o culpa, porque si cumplió con la obligación de tramitar el CDP para el contrato con la empresa JANER, de acuerdo con la declaración del señor Eduardo Narváez, Jefe de la Sección Financiera, y atribuirle la conducta como dolosa, significa que engañosamente logró el objetivo de perjudicar a la administración, por lo cual, califica de absurda e indefendible la calificación de grave dolosa de la conducta endilgada y violatoria del principio de culpabilidad, asignada por la Procuraduría

Regional. Por último manifiesta que no se buscó la verdad material, ya que la Procuraduría debió determinar todos los hechos que rodearon y dieron lugar a la supuesta falta cometida por su defendido, a efectos de no actuar de manera equivoca e injusta, en aplicación del artículo 20 del CDU, sobre interpretación de la ley disciplinaria, porque el órgano de control concluyó que en el contrato con JANER se actuó sin el CDP, o que siendo anulado el documento, no actuó para reemplazarlo, y que debió averiguar si era cierto que el contrato no se ejecutó con el primer CDP por culpa del 8 Exp. 085-11275-2003 Luis Jorge Arévalo Reyes Fallo de Segunda Instancia contratista, o si en la sección financiera perdieron los documentos, por lo cual no procedía la anulación del certificado, o que si el Jefe de la Sección Financiera comunicó a la firma JANER dicha anulación por no haber acreditado la documentación a tiempo, caso en el cual, los disciplinados hubieran actuado para conjurar la situación. En relación con el principio de proporcionalidad, establecido en el artículo 18 del CDU, manifiesta el investigado, que aún en el remoto caso de atribuírsele responsabilidad, la falta sería leve culposa, lo que amerita una amonestación a su hoja de vida conforme la Ley 200 de 1995, pero nunca atribuirle la condición de falta dolosa y sancionarlo tan drásticamente. 6.2 Por su parte el señor Miguel Armando Benavides Villarreal, solicita se revoque el fallo, por ser violatorio de los principios orientadores expresados, por ser contrario

a la realidad probatoria, y por ser desproporcionado, aduciendo básicamente los mismos argumentos que el señor Polo Villacrés, pero adicionalmente, porque si está demostrado, que en su caso, cumplió de manera cabal y oportuna, al haber firmado el contrato con su respectivo certificado de disponibilidad presupuestal y que no se explica las razones por las cuales lo anularon, porque él era el ordenador del gasto y el tramite le correspondía al jefe de Finanzas, al jefe de Presupuesto y al jefe de Suministros. Manifiesta que la duda debe resolverse favorablemente a su favor, porque como Gerente firmó el contrato después de que el Comité de Compras escogiera al proveedor del cual no forma parte. Insiste en que de las pruebas recaudas, se tenga en cuenta la declaración rendida por el doctor Eduardo Narváez, jefe de la Sección Financiera del hospital, del cual se concluye sin lugar a dudas que para el contrato suscrito con la empresa JANER, se solicitó y expidió el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal, pero que por causas ajenas a él, fue anulado por esa misma dependencia, en razón a que el contratista no cumplió a tiempo con la acreditación de los documentos que le correspondían para legalizar el contrato. Finalmente, afirma que le extraña la sanción impuesta, porque en escrito de apelación radicado en la Procuraduría Provincial de Ipiales el 28 de septiembre de 2004, contra fallo dentro del proceso 085-11172, formuló recusación contra Rubiela Jaramillo López, Procuradora Regional de Nariño, para el conocimiento de ese asunto y otros que cursan en ese Despacho, insistiendo en dicha recusación en la

contestación al pliego de cargos formulado dentro del proceso 085-11281, de los cuales no ha recibido respuesta, como tampoco del derecho de petición que presentó el 20 de octubre de 2004 a la Procuraduría Provincial de Ipiales, por lo cual formuló queja ante el Señor Procurador General de la Nación. Por último manifiesta que se le impuso multa de sesenta salarios mínimos legales vigentes, a la fecha de los hechos, que aproximadamente son seiscientos mil pesos y que la Procuraduría Regional lo calcula en $9.159.658, por lo cual no entiende de donde resulta la cifra.

7. COMPETENCIA

9 Exp. 085-11275-2003 Luis Jorge Arévalo Reyes Fallo de Segunda Instancia La Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal es competente para resolver el presente recurso de apelación, contra el fallo de primera instancia proferido por la Procuraduría Regional de Nariño, el 25 de enero de 2005, de conformidad con el numeral 4 del artículo 25 del Decreto 262 de 2000.

8. CONSIDERACIONES En el fallo de primera instancia se sanciona al señor Miguel Armando Benavides Villarreal, en su condición de gerente y representante legal del Hospital Civil de Ipiales E.S.E. por el primer cargo formulado en su contra, en la providencia del 13 de enero de 2004, esto es, haber permitido que esa entidad contrajera obligaciones contractuales con la empresa Distribuciones Hospitalarias e Industriales JANER, el 22 de enero de 2002 por valor de $39.751.650, sin previo certificado de disponibilidad presupuestal. Igualmente, al señor Carlos Eduardo Polo Villacrés,

como Jefe de Recursos Físicos, por no haber tramitado oportunamente el referido certificado para el mismo contrato. El pliego de cargos reprochó a los disciplinados la violación de las siguientes disposiciones: Artículos 6, 121, 123 y 209 de la Constitución Nacional; artículo 71 del Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico de Presupuesto; artículo 19 del Decreto 0568 de 1996; artículos 1, 24.8, 25.2, 26.5, 41 y 51 de la Ley 80 de 1993 y los artículos 1, 41, 42, 46.2, 50 y 52 del Acuerdo 041 de 2001, Estatuto contractual del Hospital Civil de Ipiales, las cuales se armonizaron con las siguientes normas disciplinarias: artículo 38 y 40 numerales 1, 2, 3, 4, 13, 21, 22 y 23 de la Ley 200 de 1995 y artículos 23 y 34 numerales 1, 2, 3, y 21 de la L