PGN - Documento 201603111027093

Radicación No. 161-03044 SALA DISCIPLINARIA Bogotá, abril seis (6) de dos mil seis (2006). Aprobado en Acta de Sala No. 19.

Radicación: 161-3044 (008-60675/01)

Disciplinado: Luis Fernando Pinzón Herrera Cargo y Teniente de la Policía Nacional, Comandante Entidad: de la Estación del Carmen de Atrato – Chocó Quejoso: Amérigo Incalcaterra, Director Adjunto de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Fecha queja: 6 de agosto de 2001

Fecha 13 de julio de 2001

Hechos: Asunto: Apelación fallo de primera instancia P.D. Ponente: Doctor ESIQUIO MANUEL SANCHEZ HERRERA En virtud del recurso de apelación interpuesto y sustentado en legal forma por el apoderado del disciplinado Teniente de la Policía Nacional LUIS FERNANDO PINZÓN HERRERA, la Sala Disciplinaria revisa la decisión del 6 de octubre de 2005, mediante la cual la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos lo sancionó con suspensión del cargo por el término de noventa (90) días, sin derecho a remuneración.

ANTECEDENTES PROCESALES Mediante escrito del 25 de julio de 2001, la Directora Nacional de Atención y Trámite de Quejas de la Defensoría del Pueblo, Doctora OLGA LUCÍA GAITÁN GARCÍA, dio traslado al Procurador General de la Nación de la comunicación que el día 18 de julio

de 2001, libró el Doctor AMERIGO INCALCATERRA, Director Adjunto de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, relacionada con malos tratos al parecer proferidos al señor JORMAN 1 Radicación No. 161-03044 OQUENDO, por parte de miembros de la Policía Nacional adscritos a la Estación del Carmen de Atrato – Chocó. Cuenta el Doctor INCALCATERRA, que el 13 de julio de 2001, en el municipio antes referido, un funcionario de Naciones Unidas fue informado acerca de que un detenido había sido vapuleado por miembros de la Policía Nacional, razón por la cual el citado funcionario visitó al “reo” que respondía al nombre de JORMAN OQUENDO, joven de 18 años, quien le contó que a las 17.00 horas de ese día había sido aprehendido, bajo la sospecha de ser miembro de la guerrilla, siendo trasladado a las instalaciones policivas, lugar en el que los agentes lo habían golpeado con los puños en la cabeza, en el tórax y en la espalda, le colocaron una bolsa plástica en la cabeza y se le amenazó poniéndosele una pistola sobre la frente, todo ello con el fin de que reconociera su pertenencia al grupo subversivo. Oquendo admitió que las FARC lo obligaron a comprar productos en el Carmen de Atrato, bajo amenazas, pero negó ser parte de la guerrilla. El funcionario de Naciones Unidas pudo constatar los golpes en el ojo izquierdo, en el tórax, en el vientre a la altura de la boca del estómago y en

el lateral derecho, al igual que informó de la denuncia al Teniente LUIS FERNANDO PINZÓN, Comandante de la Estación de Policía del Carmen de Atrato, quien le mostró un libro de registros donde se pudo leer que las heridas de Oquendo, habían sido provocadas por una bicicleta y señaló que se tenía información respecto a que el retenido reclutaba jóvenes en el pueblo y les ofrecía plata para que mataran a policías (folios 2 a 4 C.O.). Mediante auto del 9 de noviembre de 2001, la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos ordenó adelantar la respectiva indagación preliminar, etapa procesal en la que tan sólo se libró un despacho comisorio en la misma fecha, luego de lo cual, el 4 de marzo de 2003, se dispuso la apertura de investigación disciplinaria contra el Teniente LUIS FERNANDO PINZON, en su condición de Comandante de la Estación de Policía del Carmen de Atrato (folios 24 a 27 C.O.). El 5 de mayo de 2004, se recibió información contenida en oficio 564 del 28 de abril de 2004, según la cual en el Grupo de Control Disciplinario Interno de la Policía Nacional, Departamento del Chocó, se estaba adelantando la investigación disciplinaria 053/01, por los mismos hechos, situación que obligó a la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos a ejercer el poder preferente disciplinario, según lo dispuesto en auto proferido el 4 de junio de 2004, (fol. 82, 88, 89 C.O.). A través de auto del 31 de agosto de 2004, se incorporaron a la presente

investigación disciplinaria las diligencias remitidas por la Policía Nacional y que 2 Radicación No. 161-03044 corresponden al radicado 053 de 2001, en la cual se había ordenado apertura de investigación en contra del Patrullero EMERSON ALEXIS VIANA JIMENEZ (folios 93 a 95 C.O.). Mediante auto proferido el 31 de enero de 2005, la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos formuló cargos a los disciplinados LUIS FERNANDO PINZON HERRERA y EMERSON ALEXIS VIANA JIMENEZ, quienes una vez notificados, rindieron en tiempo oportuno sus respectivos descargos solicitando la práctica de algunas pruebas, siendo ordenada su práctica a través de auto del 19 de mayo de 2005 (folios 124, 161, 185, 199, 204 C.O.). El 16 de septiembre de 2005, se ordenó el traslado para alegatos de conclusión y, agotado dicho trámite, se profirió el fallo objeto de impugnación, mediante el cual se sancionó al Teniente LUIS FERNANDO PINZON HERRERA por el cargo relacionado con las torturas, se le absolvió por el cargo referido a indebido provecho patrimonial, al igual que se absolvió del cargo formulado al Patrullero EMERSON ALEXIS VIANA JIMENEZ (folios 297, 312 C.O.). FALLO DE PRIMERA INSTANCIA Mediante decisión proferida el 6 de octubre de 2005, la Procuraduría Delegada

Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos sancionó al Teniente LUIS FERNANDO PINZON HERRERA por el cargo relacionado con las torturas proferidas a JORMAN ERNESTO OQUENDO GIRALDO, al tenor de los siguientes argumentos: La evidencia probatoria demuestra que el 13 de julio de 2001, a eso de las seis de la tarde, en el municipio del Carmen de Atrato – Chocó, el señor JORMAN OQUENDO GIRALDO fue detenido por el patrullero EMERSON ALEXIS VIANA JIMENEZ, cuando compraba y portaba elementos que tendrían como destino un grupo armado al margen de la ley que opera en el lugar, siendo trasladado a las instalaciones de la Estación de Policía de la localidad, la cual funcionaba en el Palacio Municipal. Allí fue dejado a disposición del Comandante, Teniente LUIS FERNANDO PINZON HERRERA, procedimiento que hasta el momento se encuentra ajustado a la ley. Lo que no se puede aceptar es que el Teniente PINZON haya desviado el propósito inicial de su acción, al aislar al detenido y ordenar que sobre su humanidad se ejercieran actos constitutivos de torturas. Sobre tal proceder es necesario precisar que se tuvo conocimiento de la noticia criminis al momento en que una delegación de Naciones Unidas visita la Estación de Policía y allí pudo constatar las lesiones de OQUENDO GIRALDO, quien les manifestó que las mismas habían sido ocasionadas por los miembros de la Policía Nacional al mando del Teniente PINZON, situación 3 Radicación No. 161-03044

que derivó en que el señor AMERIGO INCALCATERRA, presentara la queja respectiva. Por su parte, OQUENDO GIRALDO confirmó lo narrado en la queja, señalando que el Teniente era el que daba las órdenes acerca del maltrato y permitía que todos los policiales le pegaran, asegurando que le colocaron una pistola y una chuspa en la cabeza, que le daban pata y puño y le pegaban con la cacha de sus armas, igualmente dijo que el Teniente le pegó y se reía del maltrato. Las lesiones se encuentran demostradas, además, con el reconocimiento médico legal y con las declaraciones de BEATRIZ ELENA GIRALDO MONTOYA y PATRICIA OQUENDO GIRALDO, no siendo de recibo para la Delegada las explicaciones dadas por el disciplinado, en el sentido de que las lesiones, según lo dijo el mismo disciplinado, tal y como se anotó en el libro de población, habían sido producto de una caída de su bicicleta, como tampoco es de recibo el argumento defensivo respecto a que pudieron haber sido los mismos miembros de la guerrilla quienes lo golpearon. De otra parte, el patrullero VIANA, quien fue el que realizó la aprehensión, en ningún momento manifiesta que al momento de la captura OQUENDO presentara lesiones y el reconocimiento médico legal se hizo por petición de la Personera Municipal ante la información que le suministró la madre del retenido y no por iniciativa del Teniente PINZON. EL disciplinado tenía el poder de decisión sobre el procedimiento, tenía el mando sobre los policiales adscritos a la Estación y fue quien ordenó la privación de la

libertad del retenido, sometiéndolo y poniéndolo en estado de indefensión, razón que lo obligaba a responder por su integridad. “Por tal razón resulta inaceptable su proceder, pues no fue capaz de controlar sus emociones y actuó movido por sentimientos de animadversión contra JORMAN OQUENDO para determinar si estaba o no obrando conforme al principio de solidaridad social y, peor aún, que tal criterio sirvió de fundamento para restringir los derechos fundamentales de una persona, llegando al punto de hacer Ley por su propia mano”. La Delegada da plena credibilidad al quejoso frente a la responsabilidad del disciplinado en relación con las torturas, señalando que la única razón que motivó al Teniente PINZON para proceder en tal sentido, fue la de castigar al retenido, quien momentos antes había sido sorprendido con artículos que tenían como destino el grupo subversivo que opera en la región. Concretó la Delegada la responsabilidad de PINZON, afirmando que estando en ejercicio de su cargo y en cumplimiento de sus funciones, “ordenó a varios policiales a su mando ejercer en la humanidad de JORMAN OQUENDO de torturas (sic), con lo cual incumplió sus deberes e incurrió en prohibiciones señaladas como falta en la Ley disciplinaria”. 4 Radicación No. 161-03044 Con la conducta irregular realizada por el disciplinado, realizada a título de dolo, se desconoció lo previsto en los artículos 2, 6, 12, 93, 95 y 124 de la Constitución Política, artículo 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 7 del

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, artículo 1 de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en armonía con lo dispuesto en los ordinales 1, 2, 6, 13 y 22 del artículo 40 y numerales 6 y 11 del artículo 41 de la Ley 200 de 1995, calificándose definitivamente la falta como grave, razones por las cuales se impuso como sanción suspensión en el cargo por el término de noventa (90) días, sin derecho a remuneración. RECURSO DE APELACION El apoderado del disciplinado impugnó la decisión de primera instancia, bajo los siguientes argumentos: De conformidad con los pronunciamientos de la Corte Constitucional contenidos en las sentencias C-555/01 y C-925/99, los derechos de contradicción y defensa tienen vigencia desde la iniciación misma del trámite administrativo, esto es, desde la etapa de indagación preliminar, por lo cual, ordenada la misma, debe notificarse personalmente la decisión. En el presente proceso, acorde con lo dispuesto por las referidas sentencias, hubo violaciones al debido proceso que afectaron en forma grave el derecho de defensa del teniente LUIS FERNANDO PINZON HERRERA, por cuanto no tuvo conocimiento oportuno del inicio de la indagación preliminar de fecha 9 de noviembre de 2001, seguida prácticamente en su contra (así se desprende inequívocamente del contenido del punto 4 del interrogatorio que en dicho auto se ordenó hacerle a JORMAN OQUENDO), siendo notificado tan sólo el 1 de junio de 2004, cuando ya se

había ordenado la apertura de investigación disciplinaria en su contra, según auto del 14 de marzo de 2003. La situación anterior conllevó a que su pupilo no tuviera la oportunidad de presentar o aportar pruebas, controvertir las ya evacuadas e inclusive solicitar se le escuchara en exposición espontánea, acorde con los hechos narrados en la queja, lo que constituye nulidad por violación al derecho de defensa consagrado en el artículo 29 constitucional, desarrollado en el artículo 80 de la Ley 200 de 1995. 5 Radicación No. 161-03044 De otra parte, se observa que también hubo violación al derecho de defensa por cuanto se profirió el fallo impugnado sin que se hubiesen evacuado la totalidad de las pruebas solicitadas por la anterior profesional que tenía a cargo la defensa de su pupilo y que el funcionario ordenó mediante auto del 19 de mayo de 2005. La mencionada profesional, oportunamente, solicitó al Procurador Delegado la revocatoria del auto que había ordenado correr traslado para alegar de conclusión, precisamente porque no se habían practicado la totalidad de las pruebas por ella solicitadas y ordenadas legalmente por el Despacho, sin embargo, el Delegado no accedió a reiterar la orden, con argumentos muy cuestionables y que coartan el derecho de defensa, como aquél que “a juicio del Despacho, dichas pruebas no constituyen elemento probatorio fundamental para el esclarecimiento de los hechos, como para que se tenga que reiterar su práctica…”. Igualmente se incurrió en violación al debido proceso frente al principio de legalidad,

en la formulación de cargos contenida en auto del 31 de enero de 2005, en razón a que la falta imputada a su pupilo consistente en “derivar evidente e indebido provecho patrimonial en el ejercicio de su cargo o de su funciones”, a pesar de no estar catalogada como una violación a los derechos humanos y estar contemplada en el régimen disciplinario aplicable a los policiales (art. 39 numeral 40, literal a) del Decreto 2584 de 1993), invocándose una pretendida conexidad con la presunta violación a los derechos humanos, fue imputada como violatoria del régimen ordinario (Ley 200 de 1995) y con fundamento en éste calificada como gravísima. Seguidamente el recurrente trae a colación algunas sentencias de la Corte Constitucional y con fundamento en ellas señala que “para la tipificación de las faltas disciplinarias endilgables a los policías que es un tópico eminentemente sustancial, solamente se podía aplicar o tener en cuenta lo establecido en el Decreto 2584 de 1993, que era el Régimen sustantivo vigente para los miembros de la Policía Nacional”, siendo evidente en consecuencia la violación al debido proceso y por ende la causal de nulidad que solicita sea decretada a partir, inclusive, del auto de cargos. En cuanto a lo considerado en el fallo para imputar responsabilidad disciplinaria al Teniente PINZON HERRERA, se tomó como principal demostración de las presuntas torturas infligidas a OQUENDO GIRALDO, sus denuncias ante la Personería Municipal de El Carmen de Atrato, los días 14 y 16 de julio de 2001, piezas

procesales en las que no se señaló al disciplinado y ni siquiera al Comandante de la Estación, como posible autor de ese maltrato, siendo relevante que en la segunda oportunidad no se encontraba detenido, por lo que si los policiales lo hubieran maltratado, sin duda alguna los habría identificado, dado el breve lapso de tiempo transcurrido desde la ocurrencia de los hechos. 6 Radicación No. 161-03044 En la queja formulada por el señor AMERIGO INCALCATERRA, se señaló que al ponerle en conocimiento los hechos al Teniente PINZON, éste le enseño los libros en donde constaban las lesiones que presentaba OQUENDO y la razón de las mismas, que no es otra que por haberse caído de la bicicleta, resultando gratuito y sin fundamento el cuestionamiento que el operador disciplinario hace sobre dichas anotaciones. Resulta sospechoso el testimonio rendido por JORMAN OQUENDO el día 14 de mayo de 2003, pues habiendo transcurrido 22 meses de ocurridos los hechos, curiosamente y como por arte de magia, recordó nombres y situaciones que en sus primeras intervenciones había omitido mencionar, como el hecho de hacer acusaciones en contra de varios policiales, entre los que se cuenta el Teniente

PINZON.

Adicionalmente hay que señalar que en las declaraciones rendidas ante la Personería Municipal del Carmen de Atrato los días 14 y 16 de julio de 2001 y 14 de mayo de 2003, el señor JORMAN OQUENDO no fue identificado en legal forma y aunque se reconoce que dicho ciudadano no sabe firmar, la funcionaria que recibió

dichas diligencias no las hizo firmar a ruego por algún ciudadano a quien identificara plenamente, lo que hace que tales evidencias probatorias se tornen en nulas o inexistentes, acorde con lo establecido en el artículo 29 constitucional. La prueba allegada a la investigación, jamás puede evidenciar con certeza la ocurrencia de las presuntas torturas y, por consiguiente, menos la responsabilidad de su pupilo, quien debe ser absuelto de todos los cargos que le fueron imputados. CONSIDERACIONES DE LA SALA DISCIPLINARIA Antes de hacer cualquier consideración frente a la materialidad de la conducta y presunta responsabilidad del disciplinado, es necesario resolver lo atinente a las presuntas causales de nulidad invocadas por el recurrente, recordando para ello que tanto la doctrina como la jurisprudencia han sido reiterativas en señalar que solamente podrían dar lugar a la nulidad de la actuación disciplinaria aquellas irregularidades que afectan sustancialmente el debido proceso, ya sea por transgredir la ritualidad o solemnidad que demanda un acto para su eficacia o por vulnerar el derecho de defensa en cualquiera de sus formas. Lo anterior significa que en algunas oportunidades se presentan actuaciones disciplinarias que no obstante haberse producido sin un ceñimiento estricto o apegado a la ley, no alcanzan a configurar causal de nulidad, al no tener la suficiente 7 Radicación No. 161-03044 fuerza como para afectar la eficacia de la actuación o el derecho de defensa como parte integral del debido proceso. Teniendo en cuenta lo anterior, se precisa lo siguiente en relación con cada una de las nulidades planteadas: En cuanto al hecho de no haberse notificado oportunamente al disciplinado de la

apertura de indagación preliminar, situación que según el recurrente le impidió ejercer en debida forma el derecho de contradicción y defensa, toda vez que no tuvo la oportunidad de presentar o aportar pruebas, controvertir las ya evacuadas e inclusive solicitar se le escuchara en versión libre y espontánea, es necesario señalar que, ciertamente, conforme al pronunciamiento de la Corte Constitucional contenido en la sentencia C-555/01, es obligación de la Administración notificar personalmente tanto el auto de indagación preliminar como el de la apertura de investigación disciplinaria, en aras de garantizar el ejercicio pleno del derecho de defensa. En el caso que nos ocupa, la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos, mediante auto del 9 de noviembre de 2001 y con fundamento en el escrito queja presentado por el señor AMERIGO INCALCATERRA, dispuso adelantar la respectiva indagación preliminar, sin señalar concretamente en contra de quién se adelantaba (folios 12, a 14 C.O.). No obstante lo anterior, es claro que la queja estaba dirigida en contra de los miembros de la Policía adscritos a la Estación del Carmen de Atrato – Chocó, siendo por ello que dentro de las pruebas por practicar, se ordenó recibir declaración a la presunta víctima de los malos tratos denunciados, JORMAN OQUENDO, señalándose que debía preguntársele si el Teniente LUIS FERNANDO PINZON, Comandante de la referida Estación, lo había agredido. Lo anterior significa que pese a no haberse señalado expresamente en el auto de

indagación preliminar contra quien se adelantaba la misma, tácitamente se sabía que se estaba adelantando, entre otros, contra el Teniente LUIS FERNANDO PINZON, en su condición de Comandante de la Estación en donde habían sucedido los hechos denunciados. Lo anterior es tan cierto, que en la etapa de indagación preliminar, tan sólo se libró, en la misma fecha en que se dispuso ésta (9 de noviembre de 2001), un despacho comisorio a la Personera del Carmen de Atrato para la práctica de algunas diligencias, y sin que se haya evacuado el mismo ni se haya practicado diligencia alguna dentro del término de la indagación preliminar, el 14 de marzo de 2003 se ordenó la apertura de investigación disciplinaria en contra del disciplinado, decisión de la cual vino a ser notificado en forma personal el 1 de 8 Radicación No. 161-03044 junio de 2004, advirtiéndosele expresamente de todos los derechos que le asistían como investigado (folios 12 a 27, 92 C.O.). El trámite procesal reseñado, indicaría que ciertamente se omitió por parte de la Administración, notificar en forma personal el auto de indagación preliminar al Teniente LUIS FERNANDO PINZON HERRERA, empero, contrario a lo manifestado por la Defensa, es claro que dicha situación pese a no haberse ajustado a lo ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia antes mencionada, para el caso que nos ocupa, en nada afectó sustancialmente el debido proceso, como para pretender que se decrete la nulidad que se ha planteado, pues, en primer lugar, en la

etapa de indagación preliminar no se practicó diligencia alguna y, en segundo lugar, habiéndose notificado del auto de apertura de investigación disciplinaria, el Teniente PINZON ejerció plenamente su derecho de defensa, contradiciendo las pruebas existentes, aportando y solicitando otras, nombrando apoderado para su defensa, siendo escuchado en versión libre y espontánea, presentando alegatos de conclusión y en fin haciendo uso de todas las herramientas procesales en orden a demostrar su inocencia, sin que de su parte hubiese advertido la presunta conculcación de sus derechos por los motivos que ahora esgrime, razón por la cual, si algún asomo de duda emergiera frente a la situación por éste planteada a través de su apoderado, ha quedado subsanada a través de la notificación por conducta concluyente, tal como lo prevé el artículo 108 de la Ley 734 de 2002, lo que hace que su petición de nulidad sea despachada desfavorablemente. El recurrente ha solicitado igualmente la nulidad de lo actuado, por cuanto la normatividad imputada no es la que corresponde, considerando que la normas sustantivas aplicables son las del propio régimen especial contenido en el Decreto 2584 de 1993 y no las del ordinario. Sobre el particular, en primer lugar, la Sala precisa que para la época de los hechos, 13 de julio de 2001, el Decreto mencionado por el actor no estaba en vigencia, en razón a que había sido derogado por el Decreto 1798 de 2000, aplicable desde el 1 de enero de 2001 y, en segundo lugar, reitera lo dicho en pronunciamientos anteriores, como el obrante en el radicado 16102827: “Sobre el particular, es preciso advertir que en tratándose de conductas violatorias de derechos humanos imputables a los miembros de la Fuerza Pública, la jurisprudencia Constitucional, inclusive con posterioridad a la expedición de los Decretos 1797 y 1798 de 2000 (Regímenes Disciplinarios de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, respectivamente), ha sido reiterativa en sostener que la normatividad disciplinaria aplicable lo es la contenida en el régimen ordinario y no en el especial, en razón a que dichas conductas trascienden la función propiamente militar o policiva. Así lo observamos especialmente en la sentencia C-431 del 6 de mayo de 9 Radicación No. 161-03044 2004, en la que se recogen y reiteran pronunciamientos anteriores contenidos, entre otros, en las sentencias C-310 de 1997 y C-620 de 1998, en las cuales se precisó: “¿Pero qué significa tener un régimen especial de carácter disciplinario?. Simplemente que existe un conjunto de normas singulares. Simplemente que existe un conjunto de normas singulares o particulares en las que se consagran las faltas, las sanciones, los funcionarios competentes para imponerlas y el procedimiento o trámite que debe seguir el proceso respectivo, incluyendo términos, recursos, etc., aplicables a un determinado grupo de personas, en este caso a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, que se distinguen de las que rigen para los demás servidores del Estado, debido a la específica función o actividad que les corresponde cumplir. Dicho régimen por ser especial prevalece sobre el general u

ordinario, en este caso sobre el Código Disciplinario Único. (...) “Es que lo que en verdad diferencia los estatutos disciplinarios de las fuerzas militares y de la policía nacional frente a los demás regímenes de esta clase, es la descripción de las faltas en que pueden incurrir sus miembros y las sanciones que se les pueden imponer, precisamente por la índole de las funciones que están llamados a ejecutar, las que no se identifican con las de ningún otro organismo estatal. “No sucede lo mismo con el procedimiento que se debe seguir para la aplicación de tales sanciones, pues éste si puede ser igual o similar al que rige para los demás servidores públicos, de ahí que el legislador haya decidido establecer uno sólo, el consagrado en el Código Disciplinario Único” (C-310-97). “La Corte ha insistido en que el régimen disciplinario especial de las Fuerzas Militares no puede incluir cualquier tipo de falta, sino únicamente aquellas relacionadas con la función militar, es decir aquéllas cuya omisión afecta directamente el servicio público encomendado a tales fuerzas. Sobre este punto se expresó la Corte así: “...los regímenes especiales disciplinarios sólo pueden comprender las regulaciones íntimamente vinculadas con su objeto específico. Para la Corte es claro que, en el caso bajo examen, conductas que trasciendan la función propiamente militar o policiva, por carecer de relación directa con el servicio, no podrán quedar cobijadas dentro de las indicadas regulaciones, lo cual se predica, entre otros casos, de las conductas que violan los derechos humanos. Tales comportamientos quedan,

entonces, sometidos a la normatividad ordinaria, penal o disciplinaria.” (C-620-98, subraya la Sala). 10 Radicación No. 161-03044 Teniendo en cuenta lo precisado por la Corte Constitucional y dado que el cargo formulado al disciplinado, por el cual ha sido sancionado en primera instancia, se refiere a una conducta violatoria de derechos humanos, como lo es la de haber participado en las torturas infligidas a JORMAN OQUENDO, la normatividad aplicable sustantiva es la ley ordinaria disciplinaria vigente para la época de los hechos, es decir, la Ley 200 de 1995, que es la que aparece referida en el auto de cargos, razón por la cual la petición de nulidad en tal sentido será denegada. Ahora bien, debe precisarse en relación con el cargo referido a “derivar evidente e indebido provecho patrimonial en el ejercicio de su cargo o de sus funciones”, que por el mismo el disciplinado fue absuelto, siendo por ello inocuo entrar en la discusión planteada por el recurrente. Con respecto a la presunta “nulidad o inexistencia” de las denuncias presentadas por el señor YORMAN ERNESTO OQUENDO GIRALDO, los días 14 y 16 de julio de 2001 y 14 de mayo de 2003, ante la Personería Municipal del Carmen de Atrato, por cuanto las mismas no fueron firmadas por un testigo a ruego, pese a que el denunciante no sabía firmar, es claro que si bien es cierto el artículo 147 del C. de P.P. prevé dicho procedimiento, ello no es de la esencia misma de la existencia de la

diligencia, convirtiéndose lo requerido en un requisito formal y no sustancial, pues habiéndose estampado la huella dactilar del declarante y la firma del funcionario que la recibió, aunado al hecho de que a lo largo de la investigación no se puso en duda la existencia e identidad del declarante y de que OQUENDO GIRALDO rindió una nueva declaración el 2 de agosto de 2005 (folio 247 C.O.), haciendo alusión a los mismos hechos denunciados en el 2001 y en el 2003, no existe razón alguna para tener como nulas o inexistentes dichas pruebas. Por último, en lo que atañe a la nulidad solicitada por el recurrente por la no práctica de algunas de las diligencias que fueron solicitadas por la defensa en los descargos y que fueron decretadas por el a-quo, al haberlas considerado conducentes y pertinentes, la Sala advierte que aún cuando no se precisan cuáles fueron las pruebas que se dejaron de practicar, éstas, de acuerdo al auto calendado 19 de mayo de 2005, mediante el cual se decide sobre las pruebas solicitadas en los descargos, corresponderían a las que hace alusión el a-quo en el respectivo fallo (folios 317, 318) y a la ampliación de la versión libre del Patrullero EMERSON

ALEXIS VIANA JIMENEZ (folio 204).

La Corte Suprema de Justicia en diferentes pronunciamientos ha supeditado la configuración de la causal de nulidad, por omisión en la práctica de pruebas solicitadas por la defensa, a la demostración inequívoca de la influencia en el juicio de responsabilidad o situación jurídica del imputado. Veamos:

11 Radicación No. 161-03044 “Es cierto, como lo recuerda el demandante, que una de las formas de vulnerar el derecho de defensa del procesado es omitir la práctica de pruebas esenciales para demostrar su inocencia; lo que significa que esta forma de nulidad supralegal no emerge cada vez que el juzgador decide abstenerse de declarar la realización de cualquiera diligencia solicitada por las partes, sino cuando la prueba o pruebas omitidas sean por tal modo trascendentales que su registro procesal habría decidido sobre el sentido y alcance del juicio de responsabilidad; por manera que si la prueba negada o simplemente no realizada era impertinente o no habría tenido la virtud de modificar la situación jurídica del procesado en punto a su responsabilidad, tal hecho no tiene el poder de engendrar nulidad constitucional” (C.S.J. Sala Penal, junio 2 de 1981, M.P. Alfonso Reyes Echandía). “La sola hipótesis del resultado favorable de una prueba cualquiera no permite afirmar que era absolutamente indispensable para la defensa, si el proceso no ofrece datos serios que imponga su lógica y necesaria comprobació