PGN - Documento 201603111027096

Dependencia: Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación

Estatal Radicación: 088-8370-2002

Disciplinado: VICENTE HINESTROZA PALACIOS Cargo: Alcalde del municipio de Atrato Quejoso: De oficio Fecha Queja: 26 de noviembre de 2002

Fecha Hechos: 21 de noviembre de 2002

Asunto: Irregularidades en la celebración de ordenes de servicios Actuación: Fallo de segunda instancia

Bogotá, D. C., 28 de marzo de 2007 Procede esta Delegada para desatar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de VICENTE ANTONIO HINESTROZA PALACIOS, quien en su condición de Alcalde del municipio de Atrato, Chocó, fue sancionado mediante fallo de primera instancia de 4 de septiembre de 2006, proferido por la Procuraduría Regional del Chocó.

I. ANTECEDENTES 1.1. Tramite procesal Con fundamento en los documentos remitidos por la Personera del municipio de Atrato -Chocó-, en el cual se denunciaron presuntas irregularidades en la celebración de ordenes de servicios para realizar trabajos de rocería y limpieza para el estudio del acueducto de Motoldó, del Arenal y Yuto, la Procuraduría Regional del Chocó en auto de 28 de noviembre de 2002 (fls. 41 – 42 del cuaderno uno), ordenó abrir indagación preliminar a fin de establecer la existencia de las posibles irregularidades.

Agotada esa fase procesal, la mencionada oficina del Ministerio público en proveído de 19 de diciembre de la citada anualidad, ordenó apertura de investigación

disciplinaria (fls. 125130 del cuaderno uno) y en auto de 10 de noviembre de 2005 (fls. 163 - 178 del cuaderno uno), se dictó pliegos de cargos en el cual se le formularon a HINESTROZA PALACIOS, entre otras la siguiente acusación: “El señor VICENTE HINESTROZA PALACIOS, en su condición funcional de alcalde municipal de Atrato, otorgó de manera irregular y con clara violación la ley contractual las siguientes ordenes de trabajo: A RUTH LASINA CORDOBA, el 13 de noviembre de 2002, consisten en rocería y limpieza de cunetas en el corregimiento de Motoldó, por valor de $4.300.000. AUGUSTO MUÑOZ ZAPATA, el 16 de octubre de 2002 consistente en rocería de trocha para estudios topográfico de acueducto de Motoldó, por valor de $4.420.000. AMIN PALACIOS PALACIOS, el 3 de noviembre de 2002, consistente en rocería y limpieza de cunetas en el Arenal, por valor de $4.600.000. 088 – 8370 Fallo de segunda instancia 1 Martha Patricia Añez Maestre LUISA ODILA CORDOBA, el 12 de octubre de 2002, consistente en rocería de trocha para estudios topográfico de acueducto del puente de Tanando, por valor de $4.600.000. ROSENDO CORDOBA CUESTA, el 28 de octubre de 2002, consistente en limpieza de cunetas en zona sub – urbana, por valor de $4.600.000.

ZACARIAS PALACIOS PALACIOS, el 28 de octubre de 2002, consistente en limpieza del colegio A.A.H., de Yuto por valor de $3.330.000. Las presentes ordenes de trabajo fueron otorgadas sin existir las respectivas disponibilidades presupuestales, dado que los certificados de disponibilidad presupuestal se expidieron los días 20 y 21 de noviembre de 2002, con posterioridad a la fecha de otorgamiento de las mismas, tal como se evidencia en acta de visita especial practicada en la Tesorería Municipal de Atrato y los certificados de disponibilidad presupuestal obrantes a folios 10, 16, 27, 33, 34, 40, 66 y 67”. 1.2. Del fallo de primera instancia Presentado los descargos por parte de apoderado del acusado (fls. 55 – 60 del cuaderno dos), concluida la fase de descargos y corrido traslado para alegar (fls. 93 del cuaderno dos) la oficina de conocimiento en proveído de 4 de septiembre de 2006 (fls. 98 – 110 del cuaderno dos), profirió fallo sancionatorio en contra del disciplinado, al encontrarlo responsable del cargo citado, imponiendo como sanción, suspensión en el cargo por el término de dos meses, calificando la conducta imputada como grave a título de culpa. Tal determinación fue tomada por el A quo, al considerar que el acusado en su condición de alcalde del municipio de Atrato, suscribió las ordenes respecto a las cuales se predica la irregularidad se otorgaron el 12, 16 y 18 de octubre y 3 de

noviembre de 2002, mientras que los certificados de disponibilidad presupuestal se emitieron el 20 y 21 de noviembre de ese mismo año, lo cual demuestra que al momento de la firma de los actos consensuales, la entidad no contó con los certificados de disponibilidad presupuestal, cuando este es un requisito que exige la ley a fin de garantizar suficiente dinero para pagar el compromiso. 1.4. Recurso de apelación Notificado el fallo de primera instancia, el apoderado del sancionado mediante escrito que corre a folios 115 – 119 del cuaderno, presento recurso de apelación. Considera el señor apoderado que la Procuraduría Regional al momento de valorar las pruebas no tuvo en cuenta algunos momentos procesales, los cuales son de gran importancia para demostrar que su poderdante con su actuación no quebrantó el régimen de contratación, por cuanto al momento de expedir cada uno de las ordenes celebradas con Ruth Blasina Córdoba, Augusto Muñoz Zapata, Amin Palacios Palacios, Luisa Odila Córdoba, Rosendo Córdoba Cuesta y Zacarias Palacios Palacios, señaló en el texto de cada una de ellas, el rubro por medio del cual debía pagarse la obligación y que ello indicaba que a partir de ese momento el 088 – 8370 Fallo de segunda instancia 2 Martha Patricia Añez Maestre funcionario encargado para certificar la existencia de la disponibilidad para cubrir su valor, era el Secretario de Hacienda del municipio, porque este era el único funcionario que determina la existencia del rubro. Agregó también que las referidas ordenes se celebraron bajo la modalidad de contratación directa y que ello implicaba un procedimiento especial por lo que no se

requería para ello agotar las formalidades plenas tal y como lo consagra el Estatuto de Contratación Estatal. Por lo tanto, solicita que se exonere de los cargos y se archive el expediente.

2. CONSIDERACIONES: 2.1. Sea lo primero señalar, que el trámite seguido en este radicado se ajustó en cuanto a su forma y términos a los lineamientos previstos en los artículos 175 y siguientes de la Ley 734 de 2002 y atendiendo a la competencia prevista en el Decreto 262 de 2000. Así mismo se advierte que los inculpados han tendido la posibilidad de actuar en todas las fases procesales solicitando pruebas y actuando en forma directa.

Atinente al caudal probatorio, es oportuno resaltar que los medios demostrativos recaudados cumplen las formalidades exigidas para su valoración. En el caso de los documentos, se observa que éstos fueron aportados en forma legal y oportuna, y esa circunstancia, amén que no fueron tachados ni redargüidos de falsos, permiten su valoración. 2.2. Antes de hacer un pronunciamiento de fondo respecto de la existencia del hecho y la responsabilidad del investigado, el Despacho considera necesario entrar a realizar algunas consideraciones jurídicas sobre el certificado de disponibilidad presupuestal, para luego determinar si al investigado le asiste o no razón sobre lo expuesto en su escrito de recurso. Con relación al certificado de disponibilidad presupuestal, el Decreto N° 111 de 1996 “Por el cual se compilan la ley 38 de 1989, la ley 179 de 1994 y la ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico de Presupuesto”, dispone en su artículo 71 que:

“Todos los Actos Administrativos que afecten las apropiaciones presupuéstales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos. “Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin. En este registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos. (...) 088 – 8370 Fallo de segunda instancia 3 Martha Patricia Añez Maestre “Cualquier compromiso que se adquiera con violación de estos preceptos creará responsabilidad personal y pecuniaria a cargo de quien asuma estas obligaciones”. Por otra parte, el Decreto N° 568 de 1996 “Por el cual se reglamentan las leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995 Orgánicas del Presupuesto General de la Nación”, define en su artículo 19 el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, el cual se transcribirá para efectos de entender su concepto dentro del marco del régimen presupuestal: “Artículo 19. El certificado de disponibilidad presupuestal es el documento expedido por el Jefe de Presupuesto o quien haga sus veces con el cual se garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para la asunción de compromisos. Este documento afecta preliminarmente el presupuesto mientras se perfecciona el compromiso y se efectúa el correspondiente registro presupuestal. En consecuencia, los órganos deberán llevar un registro de

estos que permita determinar los saldos de apropiación disponible para expedir nuevas disponibilidades”. Como complemento de lo anterior, este Despacho considera pertinente transcribir algunos apartes de la Sentencia N° 015 del 23 de enero de 1996, proferida por la Corte Constitucional, con ponencia del Honorable magistrado HERNANDO HERRERA VERGARA, en la que, refiriéndose al certificado de disponibilidad presupuestal, expresó: “En relación con la exigencia de disponibilidad presupuestal, ella hace parte del principio de legalidad del gasto público, establecido en los artículos 345, 346 y 347 de la Constitución Política, la disponibilidad se concibe como un instrumento mediante el cual se busca prevenir o evitar que el gasto sea realizado por encima del monto máximo autorizado por la correspondiente ley anual de presupuesto durante su ejecución. Así entonces habrá disponibilidad cuando exista una diferencia entre el gasto presupuestado y el realizado, produciéndose un saldo que equivale a una suma disponible que puede ser utilizada para la adquisición de nuevos compromisos. (...) “La disponibilidad presupuestal constituye un elemento que permite que el principio de legalidad, dentro de un análisis sistemático, consagrado dentro del sistema presupuestal colombiano, pueda cumplirse y hacerse efectivo. (...) “El concepto de disponibilidad constituye el instrumento protector del principio de legalidad del gasto que se encuentra generalizado dentro de todo el sistema presupuestal colombiano, de modo que cualquier ley que se expida en la materia debe sujetarse al mismo. 088 – 8370 Fallo de segunda instancia 4 Martha Patricia Añez Maestre (...)

No solo la sujeción a las normas constitucionales (art. 345 y 346) es clara sino que también lo es el sometimiento a lo dispuesto por el Estatuto Orgánico del Presupuesto en las normas ya enunciadas, dado el carácter cuasiconstitucional de que la misma carta (artículo 352) la ha dotado convirtiéndola en instrumento esencial del sistema presupuestal colombiano al disponer que se someterán a ella todos los presupuestos, el Nacional, los de las entidades territoriales y los que elaboran los entes descentralizados de cualquier nivel. (...) Los objetivos de la disponibilidad son la protección de los recursos públicos para facilitar la realización de los fines estatales, los cuales no se podrían alcanzar si los ordenadores del gasto de las entidades públicas pudieran ejecutar sumas superiores a las disponibles, constituyéndose en una garantía para que los recursos incorporados en los presupuestos sean suficientes para atender los gastos y obligaciones contraídas por el Estado. No sería posible entonces efectuar una correcta ejecución presupuestal si no hay disponibilidad, porque sin ella se ejecutarían partidas por encima de las presupuestadas en perjuicio de otras que no podrían efectuarse”. Por su parte, la Sala Disciplinaria sobre el tema, en decisión de 4 de marzo de 2004 dentro del radicado No. 161-3000 (022 – 77918), sobre la obligatoriedad de la disponibilidad presupuestal señaló: “Igualmente es conveniente precisar que el CDP constituye un requisito previo para la celebración del contrato y el RP, es ya un elemento necesario para el perfeccionamiento del compromiso a la luz de las normas presupuestales o

bien un requerimiento para la ejecución de los contratos estatales, conforme al estatuto de contratación administrativa, pero que en todo caso debe producirse una vez firmado el compromiso respectivo. Los anteriores conceptos y consecuencias se prevén o figuran en el artículo 71 del Estatuto Orgánico de Presupuesto, contenido en el Decreto 111 de 1996 y en los artículos 19 y 20 de su Decreto Reglamentario 568 de 1996, así como en la Ley 80 de 1993 (arts. 25 nral. 13 y 41) Y en su Decreto Reglamentario 679 de 1994 (art. 26). Al respecto es fundamental para el presente asunto, señalar que la asunción de compromisos obligacionales que envuelvan la disposición de recursos por parte de una entidad estatal debe contar necesariamente con los requisitos que se acaban de explicar. Tales requerimientos tienen un carácter formal en cuanto se encuentran constituidos por la expedición de un documento en el caso del CDP y por la realización de una operación formal que debe constar por escrito, que también tiene ciertas características específicas impuestas por las normas presupuestales. Pero igualmente se predican de ellos unas características sustanciales que hacen relación a su carácter previsivo frente a la administración de los recursos y a su temperamento planificador de la disposición de los mismos en tanto el primero permite certificar la existencia de recursos en un rubro determinado del presupuesto de la entidad constatando su existencia y disponer preliminarmente de los dineros estatales, 088 – 8370 Fallo de segunda instancia 5 Martha Patricia Añez Maestre o como lo indica la norma del Estatuto Orgánico de Presupuesto, afectarlos

preliminarmente; mientras que el RP los destina de forma definitiva al negocio jurídico respectivo, pero esta disposición final se lleva a cabo en cuanto hubo la preliminar del CDP. Así las cosas, el CDP y el RP son requisitos complementarios, revestidos de unas formalidades, pero también son requerimientos sustanciales en la celebración de un negocio jurídico, como en el caso de los contratos estatales. Por ello precisamente se erigen por las normas mencionadas como requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, pues de tal manera se impide legalmente al representante legal de la institución o a quien actúa como ordenador del gasto, comprometerse imprudentemente con el pago de obligaciones dinerarias sobre cuyo respaldo no hay certidumbre. En tal virtud, no basta para cumplir con tales requisitos la existencia del rubro correspondiente o que eventualmente los mismos se expidan con posterioridad, en el curso de la ejecución del contrato respectivo, o bien que efectivamente se produzca el pago correspondiente con cargo a los recursos de la institución obligada mediante el acuerdo de voluntades, como se alega por el recurrente. En estos eventos indefectiblemente, por lo menos desde el punto de vista normativo presupuestal y contractual, se habrá producido la violación de las normas que se ilustraron anteriormente, porque no se dio cumplimiento a dichos requisitos legalmente exigidos para la perfección y ejecución de los contratos estatales”. Acorde con lo anterior, para esta Delegada, entonces, es claro que previa a la asunción de un compromiso a través de un acto administrativo o un contrato estatal, como en el presente caso, se requiere el certificado de disponibilidad presupuestal

por el mismo valor del compromiso adquirido, como instrumento que asegura el cumplimiento del principio de legalidad del gasto y evita la realización de compromisos por encima de los montos máximos autorizados por la ley de presupuesto, ello independientemente que se cuente con la respectiva apropiación presupuestal, requisito este que no se agota con la sola existencia del rubro presupuestal, sino con el documento o instrumento que permita establecer la existencia de recursos disponibles en el presupuesto de la entidad. Hechas estas apreciaciones generales sobre el tema, procede el Despacho a analizar el caso en concreto. 2.3. Lo que está probado Respecto a la conducta cuestiona a VICENTE ANTONIO HINESTROSA PALACIOS, en su condición de alcalde del municipio de Atrato – Chocó - por la suscripción de las ordenes de prestación de servicios sin obtener previamente el certificado de disponibilidad presupuestal, de las pruebas que obran en el cartulario, se advierte lo siguiente: 1.- Que el 3 de noviembre de 2002 el disciplinado en su condición de alcalde de municipio de Atrato, otorgó a favor de RUTH BLACINA CORDOBA, la orden de 088 – 8370 Fallo de segunda instancia 6 Martha Patricia Añez Maestre trabajo para rocería y limpieza de cunetas en el corregimiento de Motoldo (fls. 6 del cuaderno uno), que la orden empezó a ejecutarse el 3 de noviembre de 2002 y culminó el 17 de ese mismo mes y año (fls. 8 - 9 del cuaderno uno), según actas de inició y terminación.

2.- Que el 21 de noviembre de 2002 el municipio otorgó el certificado y registro presupuestal de la mencionada orden (fls. 10 del cuaderno uno). 3.- Que el 16 de octubre de 2002, el inculpado otorgó orden servicios a favor de AUGUSTO MUÑOZ ZAPATA, para rocería de trocha para estudios topográficos del acueducto de Motoldo (fls. 21 – 22 del cuaderno uno), se inició el 6 de noviembre de 2002 y se terminó el 17 de ese mismo mes y año (fls. 19 - 20 del cuaderno uno), según actas de inició y terminación. 4.- Que la disponibilidad presupuestal y el registro de la orden celebrada con MUÑOZ ZAPATA, se le dio certificado de disponibilidad presupuestal el 21 de noviembre de 2002 (fls. 23 del cuaderno uno). 5.- Que el 28 de octubre de 2002, también se otorgó orden de prestación de servicios a favor de ZACARIAS PALACIOS PALACIOS, para la rocería y limpieza de cunetas alrededor de Colegio Antonio Abad H (fls. 31 – 32 del cuaderno uno y 6 - 7 del cuaderno dos) y que la misma empezó a ejecutarse el 9 de noviembre de 2002 (fl. 4 del cuaderno dos) y terminó el 20 de ese mismo mes y año (fl. 5 del cuaderno uno), según actas de inició y terminación. 6.- Que la disponibilidad presupuestal y el registro de la citada orden se emitió el 21 de noviembre de 2002 (fls.33 de cuaderno uno). 7.- Que el 12 de octubre de 2002 el sancionado suscribió con LUISA ODILA

CORDOBA, la orden de trabajo para la rosería y estudio topográfico del acueducto del puente Tanando (fls. 62 – 63 del cuaderno uno), la cual se inició el 13 de en ese mismo mes y año y finalizó el 16 de noviembre de esa anualidad (fls. 64 - 65 del cuaderno uno). 8.- Que la disponibilidad presupuestal y el registro de la orden firmada con la señora CORDOBA, se emitió el 20 de noviembre de 2002 (fls. 60 del cuaderno dos). 9.- Que el 28 de octubre de 2002, HINESTROZA PALACIOS, en su condición de Alcalde del municipio de Atrato, celebró con ROCENDO CORDOBA CUESTA, una orden de trabajo para limpieza de cunetas zona sub urbana de Yuto cabecera municipal, la cual se inició el 9 de noviembre de 2002, y terminó de ejecutarse el 21 del ese mismo año (fls. 194 – 195 y 198 - 199 del cuaderno uno). 10.- Que el 21 de noviembre de 2002, se otorgó certificado de disponibilidad presupuestal y registro para la orden celebrada con CORDOBA CUESTA (fls. 200 del cuaderno uno). 11-. Que el disciplinado suscribió el 3 de noviembre de 2002, con AMIN PALACIOS PALACIOS, una orden de trabajo para la rocería y limpieza de cunetas en el camino arenal (fl. 11 del cuaderno uno) y que los trabajos empezaron a 088 – 8370 Fallo de segunda instancia 7 Martha Patricia Añez Maestre ejecutarse el 3 de noviembre de 2002 y se entregaron el 18 de ese mismo mes

y año (fls. 13 – 14 del cuaderno dos). 12.- Que la disponibilidad presupuestal y registro de la orden celebrada con PALACIOS PALACIOS, se expidió el 21 de noviembre de 2002 (fls. 15 del cuaderno dos). 13.- Que a folios 43 del cuaderno uno, obra la declaración rendida por ANA HERMINIA MERCADO, quien al ser interrogada por el procedimiento presupuestal dada a las ordenes cuestionada respondió: “…pero en esa ocasión la administración adquirió el compromiso pero no existía la disponibilidad presupuestal y se llegó a un compromiso con los contratistas de que cuando la entidad tuviera los recursos les cancelaba”.

14. Por su parte, en la declaración rendida por AMIN PALACIOS PALACIOS (fls. 51 del cuaderno uno), al preguntársele sobre la orden de servicios celebrada por él con municipio de Atrato, manifestó: “…se hicieron los trabajos y me dijeron que esperara hasta que cuando hubiera la forma de pagarme…”.

Al efectuarse la misma pregunta a SACARIAS PALACIOS PALACIOS, este expresó (fls. 54 del cuaderno uno): “nosotros conbinimos (sic) un contrato con el Alcalde VIVENTE A. HINESTROSA, hace tres meses y medio, con el compromiso que me pagara cuando hubiera recursos…”. Por su parte ROSENDO CORDOBA CUESTA, al ser interrogado por el mismo punto expresó (fl. 70 del cuaderno uno): “…prácticamente hice los trabajos y viene a recibir la plata ahora porque fue una guerra para pagarme cuando termine el trabajo vinía (sic) y la administración decía

que no tenía plata”. De las pruebas anteriormente reseñadas se encuentra que las referidas ordenes se suscribieron y fueron ejecutadas sin que se expidiera previamente la disponibilidad presupuestal y que la misma se expidió una vez terminaron de ejecutarse los trabajos contratados. Así las cosas se tiene que la falta el disciplinado sí es responsable del hecho que se le imputa, por cuanto de acuerdo con las normas atrás citadas, es claro que previo a la celebración de un acto consensual, se hace necesario contar el certificado de disponibilidad presupuestal. Atendiendo a los hechos probados, el Despacho desestima los argumentos expuestos por el recurrente, cuando manifiesta que si bien es cierto que su defendido al momento de la firma de las ordenes no contó con el certificado de disponibilidad presupuesta, no lo es menos que en el texto de cada una de ellas, se registró el rubro por donde debía pagarse, sin embargo, es de aclara por parte del Despacho, 088 – 8370 Fallo de segunda instancia 8 Martha Patricia Añez Maestre que el rubro solo indica que esa la partida presupuestal que se afectaría con el gasto, es decir que en el presupuesto del municipio existe una partida para atender ese tipo de obligaciones, pero de ninguna manera se determina con ella si la administración municipal contaba con los recursos suficientes para cubrir ese compromiso, fin este ultimo que solo se cumple con la disponibilidad presupuestal. Tampoco acepta el Despacho, el argumento expuesto por el apelante, cuando manifiesta que una vez señalado en el texto del contrato el rubro quien debe expedir la disponibilidad presupuestal era el Secretario de Hacienda, como quiera que el

disciplinado en su condición de ordenador del gasto y directo responsable previo a la celebración de un contrato o asunción de un compromiso quien debe verificar la existencias de recursos y eso solo se agota cuando se da la disponibilidad presupuestal que si bien es cierto la debe expedir la Secretaria de Hacienda, no lo es menos que esa dependencia la expide cuando la misma es solicitada por el ordenador del gasto. En efecto, los certificados de disponibilidad previa se deben obtener para efectos de realizar las afectaciones de las apropiaciones del presupuesto de gastos de la vigencia fiscal correspondiente a la fecha de celebración del contrato, para lo cual se debe verificar la existencia de los recursos suficientes para la ejecución del proyecto y que estos se encuentren libres de compromisos por la cuantía necesaria para el cumplimiento de las obligaciones de la administración, lo cual no se cumplió en este caso que nos ocupa. Así mismo se tiene que, las declaraciones de los testigos son coincidentes en a firmar que se les ordeno ejecutar unos trabajos sujetos a que el pago se les hacía efectivo al momento en que el municipio contara con los recursos para ello (fls. 43, 51, 54 y 70 del cuaderno uno), por lo tanto tales declaraciones evidencia que ni la disponibilidad presupuestal, ni el registro presupuestal fueron expedidas al momento de la celebración y el inicio de la ejecución del contrato, sino con posterioridad a la entrega de los trabajos contratados, como quiera que las mismas fueron celebradas entre 12 de octubre y 3 de noviembre de 2002, los certificados de disponibilidad presupuestal se efectuaron entre el 21 y 22 de noviembre de 2002.

Igualmente desestima el Despacho la tesis esbozada por el impúgnate, cuando asegura que las ordenes cuestionadas se suscribieron bajo la modalidad de contratación directa sin formalidades plena y que por lo tanto no era necesario cumplir todos los requisitos que la ley contractual establece para los contratos, toda vez que, cuando la ley contractual habla sin formalidades plenas hace referencia a los requisitos que se deben cumplir para el perfeccionamiento del contrato, como lo son, la constitución de pólizas, publicación, e incluso prescinde de algunas formalices en cuanto al documento contentivo del acuerdo de voluntades, pero en ellas no se incluye como lo plantea el apelante la exigencia de expedir previamente la disponibilidad presupuestal, requisito que se debe cumplir ante cualquier tipo de contrato, cuando la entidad comprometa los recursos, sin importar la cuantía del contrato. Así las cosas, queda claro que aún para los contratos de mínima cuantía que el artículo 39 de la Ley 80 de 1993, ha definido como contratos sin formalidades plenas se debe contar previo a su firma con la correspondiente disponibilidad. 088 – 8370 Fallo de segunda instancia 9 Martha Patricia Añez Maestre Atendiendo a todo lo expuesto, el Despacho comparte lo decido por el funcionario de primera instancia, y procederá a confirmar la decisión adoptada respecto al cargo endilgado al VICENTE A HINESTROZA PALACIOS, en su calidad de Alcalde del municipio de Atrato – Chocó -, por cuanto quebrantó el artículo 71 del Decreto 111/96 y el artículo 34, numeral 1, de la Ley 734 de 2002. 2.4. Calificación de la falta y grado de culpabilidad

En el fallo recurrido la falta se calificó como grave a título de culpa. Sin embargo respecto al grado de culpabilidad, en concordancia con lo consignado en el pliego de cargos, se tiene esta se imputó como culpa grave. La calificación efectuada por el a quo, se confirma por parte de Despacho en aplicación del principio reformatio inpejus, el cual señala que no es posible hacer mas gravosa la situación del apelante único, por lo que no es procedente hacer una calificación que agrave la situación del disciplinado, pese a que con el hecho imputado se desconoce uno de los principios de la contratación administrativa, como lo es el de economía. Sin embargo, como ya se anotó, esta Delegada, atendiendo al principio ya citado mantiene la calificación de grave de la conducta y del grado de culpabilidad a título de culpa grave. 2.5. Dosimetría de la sanción El numeral 3, del artículo 44 de la Ley 734 de 2002, señala que las faltas graves cometidas a título de culpa grave, es de suspensión en el ejercicio del cargo, y de conformidad con lo previsto en el artículo 46 ibídem no puede ser inferior un mes ni superior a doce meses. En este caso materia de estudio, se confirma la sanción impuesta al disciplinado, en el fallo de primera instancia, consistente en suspensión en el cargo por el término de dos meses, como quiera que el disciplinado en su condición de alcalde del municipio es el responsable de la dirección del ente municipal, y en consecuencia debe observar las normas que la regulan. En merito de lo expuesto, el Procurador Segundo Delegado para la Contratación Estatal, en ejercicio de sus funciones legales,

RESUELVE: PRIMERO: Confirma en todas y cada una de sus partes el fallo de primera instancia proferido por la Procuraduría Regional del Chocó, contra VICENTE ATONIO HINESTROZA, en su condición de Alcalde del municipio de Atrato – Chocó -, dentro del expediente 088 – 8370, y en consecuencia mantener la sanción de suspensión en el cargo por el término de dos meses.

En el evento en que el disciplinado no se encuentra en el ejercicio del cargo se dará aplicación a lo dispuesto en el 46 de la Ley 734 de 2002, el cual indica que cuando 088 – 8370 Fallo de segunda instancia 10 Martha Patricia Añez Maestre el disciplinado haya cesado en sus funciones para el momento de la ejecutoria del fallo o durante la ejecución del mismo, cuando no fuera posible ejecutar la sanción, se convertirá el término de la suspensión o el que faltare, según el caso, en salarios de acuerdo al monto de lo devengado para el momento de la comisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR al disciplinado y/o su apoderado el contenido de esta decisión por conducto de la Oficina de origen, haciéndole saber que contra la misma no procede recurso alguno por vía gubernativa TERCERO: REMITIR por la Unidad Coordinadora de la Contratación Estatal, enviar un ejemplar de esta providencia a la División de Registro y Control.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

MARIO ROBERTO MOLANO LÓPEZ Procurador Delegado 088 – 8370 Fallo de segunda instancia 11 Martha Patricia Añez Maestre