PGN - Documento 201603111027110

Dependencia: Procuraduría Primera Delegada Contratación Estatal

Radicación Nro: 095-001509-2003

Disciplinados: Gustavo Claro Santiago

Cargos: Rector del Instituto Técnico Pedro Castro Monsalvo

INSTPECAM.

Quejoso: Contraloría municipal de Valledupar.

Fecha Hechos: 24 de mayo de 2001.

Asunto: Fallo de segunda instancia.

Bogotá, D.C. veintinueve (29) de abril de dos mil seis (2006). Resuelve el despacho el recurso de apelación interpuesto contra el fallo proferido el 4 de agosto de 2005, por la Procuraduría Regional del Cesar, en el cual se sancionó disciplinariamente a Gustavo Claro Santiago, en su condición de rector del Instituto Técnico Industrial Pedro Castro Monsalvo, INTPECAM, con multa equivalente a sesenta días del salario devengado en la época de los hechos.

ANTECEDENTES

1. INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA El 18 de febrero de 2003, la Procuraduría Regional del Cesar abrió investigación disciplinaria contra Gustavo Claro Santiago, con fundamento en el informe presentado por la contraloría municipal de Valledupar, en el cual se puso de presente la existencia de posibles irregularidades en la celebración del contrato sin número, suscrito el 24 de mayo de 2001, entre el INSTPECAM y EXCURCESAR, que tuvo por objeto la realización de un seminario de capacitación del personal docente y administrativo de ese instituto, en la ciudad de Cartagena (folios 3 y 4, c. ppal).

2. AUTO DE CARGOS

El 29 de marzo de 2004, la Procuraduría Regional del Cesar, con fundamento en las pruebas recaudadas durante la investigación disciplinaria, formuló los siguientes cargos contra Gustavo Claro Santiago, en su condición de rector del Instituto Técnico Industrial Pedro Castro Monsalvo, INSTPECAM (folios 46 a 53, c. ppal): Se le señala al señor GUSTAVO CLARO SANTIAGO, en su condición de Rector del Instituto Técnico Industrial Pedro Castro Monsalvo, el haber omitido realizar el estudio de conveniencia y oportunidad previo a la celebración del contrato sin número del 24 de mayo de 2001, suscrito con LUCY ARMENTA MESTRE, en su condición de representante legal de EXCURCESAR, para la capacitación a docentes y administrativos en procesos pedagógicos y estrategias didácticas para el quehacer docente y actualización en secretariado ejecutivo, a realizarse a todo costo en la ciudad de Cartagena los días 26 y 27 de mayo de 2001, por valor de $7.520.000,oo Igualmente se le señala también, el haber omitido obtener previamente a la celebración del contrato arriba enunciado, por lo menos dos (2) ofertas o cotizaciones, sin necesidad de que hubiera invitado públicamente a presentarlas. 1 Exp.095 -001509 Ma. Catalina Flórez Fallo de Segunda Instancia Lo anterior, por cuando al parecer ignoró tener en cuenta que para ese establecimiento educativo, el monto del Presupuesto de Rentas, Gastos e Inversiones aprobado para la vigencia fiscal de 2001, mediante el Acuerdo sin número del 15 de diciembre de 2000, asciende a la suma de $226.340.000.oo; lo

que significaba que por el monto del contrato celebrado, se necesitaba que se cumpliera previamente con esas formalidades, para que pudiera suscribirse dicho contrato En el auto se explicó que las pruebas que obran en el expediente evidencian que no se cumplió con las exigencias de la Ley 80 de 1993, pues no se realizaron los estudios de conveniencia y oportunidad respectivos y que no se llevó a cabo el procedimiento contractual exigido por la ley, para contratos con cuantía como la del cuestionado (folio 50, c. ppal). En el concepto de la violación se agregó lo siguiente: El señor GUSTAVO CLARO SANTIAGO, con la conducta desplegada vulneró lo consagrado en el numeral 7 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el cual señala “La conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, se analizarán o impartirán con antelación al inicio del proceso de selección del contratista o al de la firma del contrato según el caso” y lo establecido en el artículo 3 del Decreto 855 de 1994, el cual dispone que “para la celebración de los contratos a que se refieren los literales a) y d) del numeral 1 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 y para efectos del cumplimiento del deber de selección objetiva se requerirá de la obtención previa de por lo menos dos (2) ofertas(…) “En todo caso, la entidad tendrá en cuenta para efectos de la contratación los precios del mercado, y si es del caso, los estudios y evaluaciones que para el efecto se hayan realizado”. (…)el señor rector en cumplimiento de esta ritualidad que enmarca a los

contratos de formalidades plenas, antes de suscribir el contrato con EXCRUCESAR, debió haber realizado previamente un estudio de conveniencia y oportunidad y haber obtenido previamente dos (2) ofertas; propuestas y estudio éste que lo hubieran llevado a suscribir un contrato acorde con los precios del mercado; que le hubieran permitido establecer diferencias en cuanto a costos si hubiera efectuado la capacitación en la ciudad de Valledupar, toda vez que ella le implicaba el traslado de un grueso número de personas entre personal docente y administrativo a una ciudad distinta a ésta; incumplimiento de deber que lo llevó a que inicialmente suscribiera un contrato por la suma de $5.600.000.00 y terminara cancelando finalmente al contratista la suma de $7.520.000,oo Así mismo, se señaló que, con las conductas cuestionadas en los cargos, el señor Claro Santiago desconoció lo dispuesto en el literal a) del numeral 1 del artículo 24 y el numeral 7 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el artículo 3 del Decreto 855 de 1994, y los numerales 1 y 18 del artículo 41 de la Ley 200 de 1995 (folio 48, c. ppal). Las conductas se calificaron provisionalmente como graves, cometidas a título de dolo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, numeral 2, y 27, numerales 1, 2, 6, y 7, de la Ley 200 de 1995 (folios 50 y 51, c. ppal). Se concluye, entonces, que se formuló un cargo contra el investigado, por dos conductas diferentes, así: la primera, referida a la falta de realización de

estudios de conveniencia, oportunidad y de condiciones de mercado, y la 2 Exp.095 -001509 Ma. Catalina Flórez Fallo de Segunda Instancia segunda, a la falta de obtención de, al menos dos ofertas, de forma previa a la suscripción del contrato.

3. DESCARGOS El 26 de abril de 2004, Gustavo Claro Santiago presentó descargos, exponiendo lo siguiente (folios 56 a 58, c. ppal): Las omisiones que se me imputa no son ciertas, puesto que, de forma previa a la suscripción del contrato con EXCURCESAR, se realizó el estudio de oportunidad y conveniencia, el cual estuvo a cargo del contador Raúl Maya Pabón. Con base en dicho estudio se escogió la ciudad de Cartagena para realizar el evento objeto de dicho contrato (folio 57, c. ppal).

Así mismo, en observancia de lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 855 de 1994, se invitó a presentar oferta, de manera verbal, a JINA TOURS, a TOURS MABEL RINCON y a EXCURCESAR. No puede cuestionarse que la invitación se haya efectuado verbalmente, en tanto que la norma permite hacerlo de ese modo. Adicionalmente, luego de analizadas las propuestas, se concluyó que la más favorable era la de EXCURCESAR (folio 57, c. ppal).

4. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA El 4 de agosto de 2005, la Procuraduría Regional del Cesar sancionó disciplinariamente a Gustavo Claro Santiago, en su condición de rector del Instituto Técnico Industrial Pedro Castro Monsalvo, INTPECAM, con multa equivalente a sesenta días del salario devengado en la época de los hechos

(folios 99 a 112, c. ppal). El a-quo señaló que las pruebas evidencian que, de forma previa a la suscripción del contrato sin número del 24 de mayo de 2001, celebrado con EXCURCESAR, no se realizó un estudio de conveniencia y oportunidad y no se tuvieron en cuenta los precios del mercado (folio 105, c. ppal). Explicó, además, que si el disciplinado, antes de suscribir el referido contrato, hubiera realizado “la operación aritmética que delimita, traza o demarca los parámetros cuantitativos a tener en cuenta para la contratación estatal durante la vigencia fiscal 2001 en el Instituto Técnico Industrial Pedro Castro Monsalvo”, habría advertido que, por el valor de dicho negocio jurídico, estipulado en la suma de siete millones quinientos veinte mil pesos ($7.520.000), el mismo debía suscribirse “a través de contratación directa pero con todas las formalidades de ley y no sin las formalidades plenas como efectivamente lo hizo”. En efecto, si hubiera realizado dicha operación, en cumplimiento de lo dispuesto en el literal a) del numeral 1 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, habría concluido que tal contrato era de menor cuantía, lo cual lo obligaba a realizar el estudio de oportunidad y conveniencia y a obtener, al menos, dos ofertas (folios 105 y 106, c. ppal). Expresó que, si se hubiera realizado el estudio el seminario de capacitación objeto del referido contrato se habría llevado a cabo en Valledupar, y no en 3 Exp.095 -001509 Ma. Catalina Flórez Fallo de Segunda Instancia

Cartagena, porque esta última opción incrementaba los costos (folio 106, c. ppal). En relación con la afirmación de los testigos Nancy Ballesteros López y Raúl Maya Pabón, referida al hecho de que dicho estudio sí se realizó, precisó que los declarantes confunden el estudio de evaluación de las ofertas, con el estudio de oportunidad y conveniencia, pues, al referirse al primero, explican que en él se concluyó que la oferta más favorable era la de EXCURCESAR (folio 107, c. ppal). Finalmente, sostuvo que la acusación referida al hecho de no haber obtenido al menos dos ofertas quedó desvirtuada en el curso del proceso, con las propuestas de TOURS MABEL y JINA TOURS, que obran en el expediente; no obstante, señaló, a continuación de esa conclusión (folio 108, c. ppal): Lo que sí no ha quedado desvirtuado es que hayan tenido en cuenta los precios en que el servicio requerido se ofrecía en el mercado, como quiera que si se observa la certificación que obra a folio 79, suscrito (sic) por la señora LUISA SOLANO PARODI, en su condición de Jefe de Registros de la Cámara de Comercio de Valledupar, en ella claramente se lee: “nos permitimos informarle que revisada la base de datos del registro mercantil que lleva esta entidad, se pudo constatar que las personas naturales y razones sociales relacionadas en el oficio de la referencia, no figuran escritas” (sic); respuesta esta que nos permite concluir que al no estar estos establecimientos de comercio legalmente constituidos no podía hacer un ofrecimiento que estuviera acorde con los intereses de la entidad y que preservara por consiguiente el patrimonio de la

misma. Con fundamento en lo anterior, declaró probados “los cargos” imputados contra el disciplinado.

5. RECURSO DE APELACIÓN El 23 de agosto de 2005, Gustavo Claro Santiago, actuando mediante apoderado, interpuso recurso de apelación contra el fallo de primera instancia

(folios 115 a 119, c. ppal). El disciplinado explicó que los argumentos planteados en sus descargos fueron acogidos, parcialmente, en el fallo de primera instancia, pues se concluyó que las pruebas del proceso dan cuenta de la recepción de varias ofertas, de forma previa a la suscripción del contrato cuestionado; no obstante, en la parte resolutiva, se declararon probados “los cargos” imputados, lo cual evidencia una contradicción, en tanto que, como lo reconoció el a-quo, esa circunstancia fue desvirtuada (folio 115, c. ppal). Expuso que la regional no valoró objetivamente los descargos y que, como consecuencia de ello, consideró que el cargo primero no logró desvirtuarse. Por ello, solicitó valorar las pruebas del expediente, con el fin de revocar la decisión impugnada (folio 116, c. 1). Al respecto, se remitió a los argumentos de sus descargos. Por otra parte, señaló (folios 116 y 117, c. ppal): 4 Exp.095 -001509 Ma. Catalina Flórez Fallo de Segunda Instancia La sanción impuesta al investigado, se impuso, por considerar la Procuraduría Regional que no se realizó el estudio previo de conveniencia y oportunidad; pero sobre el particular, es claro entender que el Licenciado GUSTAVO CLARO

SANTIAGO es un profesional de la educación, sin ningún conocimiento en materia contractual; por eso consideró que con el estudio y concepto que hizo, previo a la suscripción del contrato, el contador Raúl Maya, ya estaba satisfecho ese requisito (…)razón por la cual su actuar fue de buena fé y convencido que se ajustaba a la ley contractual, esa buena fe no ha sido desvirtuada probatoriamente, por eso no se ha desvanecido su presunción de inocencia, por lo que debe ser absuelto de toda responsabilidad disciplinaria. Es cierto que la contratación estatal exige el estudio previo de convivencia (sic) y oportunidad, pero eso lo sabemos los abogados y las personas que están involucradas permanentemente en los procesos contractuales; por tanto no se le puede exigir a un docente que esté empapado de los pormenores de los procesos pre contractuales; más cuando el Estado no les ha brinda (sic) la capacitación sobre el particular; y a demás (sic) debe tenerse en cuenta que ese Colegio no cuenta con asesores jurídicos (…) por manera que esta situación debe considerarse para ubicar su actuar, en este caso concreto, bajo la causal excluyente de responsabilidad señalada en el numeral 6 del artículo 28 de la Ley 734 de 2002 (numeral 4 del artículo 23 de la Ley 200 de 1995), cuyo texto es del siguiente tenor: “esta exento de responsabilidad disciplinaria quien realice la conducta: 6. con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria” Así mismo, adujo que no puede concluirse que no se hubieran tenido en cuenta

los precios del mercado, porque se analizaron tres ofertas, para, finalmente, adjudicar a quien ofrecía, entre otros factores, el mejor precio (folio 117, c. ppal). Finalmente, solicitó que, en el caso de no revocarse la decisión recurrida, se modifique la imputación a título de dolo, con fundamento en la cual se sancionó al disciplinado, pues en el expediente no existe prueba de que su conducta haya sido dolosa, y que, como consecuencia, se disminuya la multa impuesta en el fallo de primera instancia (folio 118, c. ppal).

6. COMPETENCIA La Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal es competente para conocer el presente asunto, en virtud de lo dispuesto en el literal c del numeral 1 del artículo 25 del Decreto 262 de 2000.

7. CONSIDERACIONES Esta Delegada analizará, en primer lugar, los hechos probados en el proceso; en segundo lugar, estudiará los requisitos consagrados en la ley para la suscripción del contrato cuestionado en los cargos y, finalmente, con fundamento en lo anterior, determinará si resultan admisibles los argumentos del recurso de apelación. 7.1 LOS HECHOS PROBADOS EN EL PROCESO Las pruebas relacionadas con las conductas cuestionadas en los cargos son

las siguientes: 5 Exp.095 -001509 Ma. Catalina Flórez Fallo de Segunda Instancia

1. Copia del presupuesto de rentas y gastos del Instituto Técnico Pedro Castro Moreno Monsalvo “INSTPECAM”, expedido el 15 de diciembre de 2000. En él consta que el mencionado instituto contaba con quince millones de pesos, para

la realización de jornadas pedagógicas para docentes y administrativos, durante el año 2001 (folios 39 a 41, c. ppal). El presupuesto total de la entidad, para el año 2001, fue de doscientos veintiséis millones trescientos cuarenta mil pesos ($226.340.000).

2. Copia de la oferta presentada por TOURS MABEL RINCON, el 10 de mayo de 2001, dirigida a Gustavo Claro, en su condición de rector de INSTPECAM.

En ella consta que el valor de una noche y dos días en el Hotel El Dorado de Cartagena es de cien mil pesos ($100.000), por cada adulto y de sesenta y cinco mil pesos ($65.000), por cada niño (folio 59, c. ppal).

3. Copia de la oferta presentada por JINA TOURS, el 6 de mayo de 2001, dirigida a Gustavo Claro, en su condición de rector de INSTPECAM. En ella consta que el valor de una noche y dos días en el Hotel El Dorado de Cartagena es de ciento diez mil pesos ($110.000), por adulto, y de sesenta y nueve mil pesos ($69.000), por niño (folio 62, c. ppal).

4. Copia del “estudio de propuestas”, elaborado por Raúl Maya Pabón, asesor

contable del Instituto Técnico Industrial Pedro Castro Monsalvo, INSTPECAM. En él se precisó que “una vez revisadas y estudiadas las propuestas que se anexan a este documento y de acuerdo con el objeto a contrata, se determinó que la presentada por EXCURCESAR, es la más conveniente para la institución, por su precio, tipo de servicio a prestar” y tratarse de una persona

jurídica (folio 60, c. ppal). En el estudio se precisó, además, que el valor de la propuesta escogida es de ochenta mil pesos ($80.000), por persona, y que dicho valor incluye: 2 seminarios, alimentación y bebidas ilimitadas durante el seminario, habitación con aire acondicionado, transporte Valledupar-Cartagena-Valledupar, en el Hotel El Dorado de Cartagena.

5. Copia del contrato suscrito el 24 de mayo de 2001, entre Gustavo Claro Santiago, en su condición de rector del INSTPECAM y Lucy Armenta Mestre, en su condición de representante legal de EXCURCESAR, cuyo objeto fue la capacitación a docentes y administrativos de ese instituto en procesos pedagógicos y estrategias didácticas, y en actualización en secretariado ejecutivo, durante los días 26 y 27 de mayo de 2001. El valor del contrato, que se pactó en la suma de cinco millones seiscientos mil pesos ($5.600.000), incluía el transporte Valledupar – Cartagena – Valledupar, el transporte dentro de Cartagena, el alojamiento, la alimentación y el material necesario para la capacitación (folios 119 y 120, anexo 2).

En la cláusula quinta del contrato se estipuló que su valor podría ser mayor, “de acuerdo al certificado de asistencia que corresponde a $80.000 ochenta mil pesos por cada participante certificado1 1 En relación con esta cláusula, debe precisarse, que en el folio 71 del anexo 2, obra la certificación expedida por Excurcesar, en la cual consta que el monto de cinco millones

seiscientos mil pesos cubre los servicios estipulados en el contrato para 70 personas. 6 Exp.095 -001509 Ma. Catalina Flórez Fallo de Segunda Instancia

6. Copia de la certificación expedida por EXCURCESAR, en la cual consta que, durante los días 26 y 27 de mayo de 2001, se realizó, en la ciudad de Cartagena, un seminario taller denominado “Los procesos pedagógicos y estrategias didácticas para el quehacer docente”, el cual se dictó por Ismael Borré Aguilera, a quien se le canceló la suma de ochocientos mil pesos ($800.000), por sus servicios (folio 72, anexo 2).

7. Copia de la certificación expedida por EXCURCESAR, en la cual consta que, en virtud del contrato suscrito el 24 de mayo de 2001, durante los días 26 y 27 de mayo de 2001, se realizaron, en los auditorios del Hotel el Dorado, los siguientes seminarios: los procesos pedagógicos y estrategias didácticas para el quehacer docente y actualización secretarial ejecutiva. La certificación se expidió el 30 de mayo de 2001 (folio 70, anexo 2).

8. Copia del informe de auditoría realizado por la contraloría municipal de Valledupar. Este informe dio lugar a un proceso de responsabilidad fiscal contra el señor Gustavo Claro Santiago y en él se precisó lo siguiente (folios 121 a 128, anexo 2): Existió un propósito el cual arroja como resultado, la jornada pedagógica, celebrada en Cartagena los días 26 y 27 de mayo del año 2001; con la

asistencia de 93 funcionarios entre docentes y administrativos a razón de $80.000 cada funcionario, danto un total de $7.440.000, pero cancelando $7.520.000, correspondiente a 94 funcionarios, dejando de asistir uno por fuerza mayor. En este monto se encuentra incluido los honorarios del conferencista, cancelados por Excurcesar equivalentes a $800.000, por el seminario taller, denominado “Los procesos pedagógicos y estrategias didácticas para el quehacer docente”, dictado por el Licenciado Ismael Borré Aguilera. Esto nos muestra que se realizó la jornada, sin hacer un estudio previo a la ciudad de Valledupar, ni se tuvo en cuenta la economía y austeridad en el gasto, no muestra una verdadera conveniencia la cual debió efectuarse o hacerse, con antelación al objeto a contratar. Cuando claramente se notaba que era más económico, trasladar al conferencista de la ciudad de Barranquilla a Valledupar y no a la ciudad de Cartagena, cancelándole a Excurcesar servicios turísticos y hoteleros (…).

9. Copia del oficio suscrito el 10 de septiembre de 2001, por Gustavo Claro Santiago, en su condición de rector de INSTPECAM, y dirigido a Jaime Alfonso Daza, profesional universitario de la contraloría municipal de Valledupar, por medio del cual manifestó remitirle los siguientes documentos: tres ofertas y estudio de conveniencia (folio 61, c. ppal).

10. Copia del auto de archivo proferido el 1 de noviembre de 2002 por la contraloría municipal de Valledupar, en el proceso de responsabilidad fiscal

nro. 003-2002, adelantado contra Gustavo Claro Santiago (folios 27 a 30, c. ppal). Este documento fue allegado durante la versión libre rendida por el disciplinado. En él, el mencionado órgano de control explicó lo siguiente: El presunto encartado suscribió el contrato de prestación de servicios con Excurcesar, el cual le causaba un detrimento a los dineros de la Institución , ya 7 Exp.095 -001509 Ma. Catalina Flórez Fallo de Segunda Instancia que si se hubiera realizado el seminario en esta ciudad, los gastos hubiesen sido menores, el traslado y la estadía del personal docente y administrativo del Instpecam a la ciudad de Cartagena era un gasto innecesario, además teniendo en cuenta la austeridad en el gasto público se debió prever este despilfarro, pero el Licenciado Gustavo Claro Santiago, Rector del Instpecam resarció el daño ocasionado al patrimonio de la entidad consignando los dineros gastados en pasajes y estadía de los docentes que asistieron al seminario Taller en la ciudad de Cartagena. La Ley 610 de 2000, en su artículo 47 establece que habrá lugar a dictar Auto de Archivo “cuando se pruebe que el hecho no existió, que no es constitutivo de detrimento patrimonial o no comporta el ejercicio de gestión fiscal, se acredita el resarcimiento pleno del perjuicio, o la operancia de una causal excluyente de responsabilidad o se demuestre que la acción no podría iniciarse o proseguirse por haber operado la caducidad o prescripción de la misma”. En el caso que nos incumbe el perjuicio fue resarcido en su totalidad, inclusive

mediante comprobante único de consignación 5796383, se consignó la corrección monetaria dejada de percibir durante el tiempo que los dineros no se habían devuelto al Fondo de Fomento de Servicios Docentes por valor de $299.552. Como la responsabilidad fiscal no tiene un carácter sancionatorio, ni penal, ni administrativo en efecto, la declaración de responsabilidad tiene una finalidad meramente resarcitoria pues busca obtener la indemnización por el detrimento patrimonial ocasionado a la entidad Estatal, es por lo tanto, una responsabilidad independiente y autónoma de conformidad con el artículo 4 de la Ley en mención el objeto de la responsabilidad fiscal es el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestión fiscal mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal(…).

11. Versión libre de Gustavo Claro Santiago, rendida el 23 de abril de 2003. El disciplinado explicó lo siguiente: (…)Tiene que ver con la denuncia mediante anónimo, por el presunto acto de ilegalidad de un contrato que suscribí en mi calidad de rector del Instituto, para realizar una jornada pedagógica en la ciudad de Cartagena, utilizando para tal efecto a la empresa EXCURCESAR, que fue la que permitió la movilización y realización de la jornada pedagógica antes señalada. Ante estos hechos y ante la investigación aperturada por la Contraloría Municipal, presento mis descargos fundándolos en los beneficios integrales de la capacitación docente en cuanto al clima organizacional, ambientación, sentido de pertenencia institucional, al

socializar, sensibilizar y dinamizar procesos pedagógicos, lo que redunda en beneficio directo a los alumnos en cuanto a los docentes perciben y manejan de mejor manera los planes y programas en cada una de sus áreas. (…)El evento fue realizado en la ciudad de Cartagena, durante los días 26 y 27 de mayo de 2001, para realizar el seminario – taller, los procesos pedagógicos y estrategias didácticas para el quehacer docente y para los administrativos en actualización secretarial. Asistieron 81 docente (sic) y 9 administrativos. PREGUNTADO: Sírvase informar a este despacho qué servicios les prestó EXCURCESAR para la realización de este evento. CONTESTÓ: Nos prestó el servicio de movilización, transporte, alojamiento, alimentación y conferencista.

PREGUNTADO: Sírvase informar si tiene algo más que agregar, enmendar o corregir en la presente diligencia. CONTESTÓ: Sí, que son evidentes los resultados positivos del mejoramiento académico por la capacitación dada a los docentes, ya que en 1997 recibí una institución con rendimiento bajo en las pruebas del ICFES, y ya en el 2002, recibimos 2 menciones Andrés Bello, con nivel alto ante el ICFES, lo que efectivamente puedo probar, por cuanto los

8 Exp.095 -001509 Ma. Catalina Flórez Fallo de Segunda Instancia resultados han sido buenos dada la capacitación docentes en las distintas áreas y en distintos momentos (folios 21 y 22, c. ppal).

12. Certificación expedida el 29 de abril de 2003 por el rector y la pagadora del INSTPECAM, en la cual consta que, durante los años 1998 a 2001, el

mencionado instituto realizó varios pagos por concepto de capacitación al personal docente. Entre ellos, se incluye el efectuado por la capacitación realizada en virtud del contrato suscrito el 24 de mayo de 2001, la cual generó las siguientes erogaciones (folios 32 y 33, c. ppal): -Dos millones ochocientos mil pesos ($2.800.000), por concepto de anticipo para la capacitación. -Cuatro millones setecientos veinte mil pesos ($4.720.000), por concepto de “última cuota por seminario taller para personal docente”. Este documento fue allegado por el disciplinado durante su versión libre.

13. Testimonio rendido por Nancy Celinda Ballesteros López, el 14 de mayo de

2004. La testigo, que, en la época de los hechos, se desempeñaba como pagadora del INSTPECAM, señaló lo siguiente (folios 75 y 76, c. ppal): PREGUNTADO: Dígale al despacho si Usted tuvo conocimiento de la celebración de un contrato entre el Colegio INSTPECAM y la firma EXCURCESAR. En caso afirmativo, informe si le consta que previo a la celebración de dicho contrato se realizó un estudio de conveniencia.

CONTESTÓ: Sí tuve conocimiento. Sí se realizó ese estudio, ello quedó plasmado en unas cotizaciones que se solicitaron por escrito. PREGUNTADO: Como quiera que en su respuesta anterior, manifiesta que dicho estudio se realizó, sírvase informar si quedó constancia del mismo y donde reposa y que

(sic) resultado arrojó. CONTESTÓ: Sí me consta que se hizo el estudio y reposan las cotizaciones en mi oficina, lo cual arrojó como resultado que se

escogiera la de EXCURCESAR, porque ofrecía mejores servicios, mejores precios y por ser persona jurídica. PREGUNTADO: Sírvase exponer al despacho sobre los antecedentes de dicha contratación demás circunstancias precontractuales. Lo mismo que si se solicitó ofertas previas y porqué (sic) medios se hizo. Especificar si fueron escritas o verbales. CONTESTÓ: Fueron escritas. Antes de que se suscribiera el contrato y previa solicitud por escrito de las tres cotizaciones, se realizó un análisis o estudio de las propuestas presentados y se concluyó que la mejor era la de excurcesar (sic) y por ello se hizo la contratación con ellos.

14. Testimonio rendido por Raúl Enrique Maya Pabón, el 17 de mayo de 2004.

El testigo, que, en la época de los hechos, se desempeñaba como asesor contable del INSTPECAM, señaló lo siguiente (folios 77 y 78, c. ppal): PREGUNTADO: Como quiera que según su respuesta anterior Usted para el mes de mayo de 2001 estaba vinculado al Instituto Pedro Castro Monsalvo a través de un contrato de prestación de servicios, sírvase informar a este despacho qué labores o actividades llevaba o desarrollaba con ocasión de la ejecución del mismo. CONTESTÓ: Prácticamente el objeto del contrato era el de la asesoría contable en lo que tenía que ver con presentación de balances, informe contable a los órganos de control del Estado, elaboración del presupuesto y presentar informes periódicos al Consejo Directivo y revisar las cuentas y contratos a realizar por la Institución. PREGUNTADO: Dígale al despacho si Usted tuvo conocimiento de la celebración de un contrato entre el

Colegio INSTPECAM y la firma EXCURCESAR. En caso afirmativo, informe si le 9 Exp.095 -001509 Ma. Catalina Flórez Fallo de Segunda Instancia consta que previo a la celebración de dicho contrato se realizó un estudio de conveniencia. Quién lo realizó CONTESTÓ: Si es el que se realizó para ir a un seminario de documentes y administrativos en la ciudad de Cartagena, sí tuve conocimiento de ese contrato y debe estar en los archivos de la Institución. Deben aparecer las pólizas exigidas en ese momento y los demás documentos pertinentes al caso y deben existir otras propuestas anexas, en ese archivo. El estudio de conveniencia se realizó entre la oficina de contaduría y la rectoría.

PREGUNTADO: Como quiera que en su respuesta anterior manifiesta que dicho estudio se realizó, sírvase informar si quedó constancia del mismo y donde reposa y que (sic) resultado arrojó. CONTESTÓ: Debe encontrarse en los archivos de la Institución de esa época, debe existir una hoja junto con las tres propuestas, donde se manifiesta cuál fue la que se escogió, teniéndose en cuenta que la mejor fue EXCURCESAR, porque era una emp