PGN - Documento 201603111027111

Dependencia: Procuraduría Primera Delegada Contratación Estatal

Radicación N: 089-01603-02

Disciplinado: Alejandro Builes Suárez y Luis Melo Guerrero Cargo y Entidad: Secretario y Director Operativo de la Secretaría de Obras del Departamento de la Guajira Quejoso: De oficio Fecha Queja: septiembre 6 de 2002

Fecha Hechos: enero y agosto de 2002

Asunto: Fallo de Segunda Instancia (Art. 171 Ley 734/02).

Bogotá, D.C., diciembre 15 de 2006 Conforme a lo dispuesto en el artículo 171 de la ley 734 de 2002, procede este Despacho a proferir fallo de segunda instancia, en el proceso disciplinario adelantado contra los señores ALEJANDRO BUILES SUÁREZ y LUIS MELO GUERRERO, en sus condiciones de Secretario de Obras y Director Operativo de la Secretaría de Obras del departamento de la Guajira.

1. ANTECEDENTES Mediante auto del 21 de agosto de 2002, la Procuraduría Regional de la Guajira, asumió el control preventivo de la gestión administrativa y de la contratación estatal, respecto del proyecto Laguna de Oxidación Plan Maestro del Alcantarillado de Riohacha, que se ejercería en coordinación con la Procuraduría Judicial AgrariaAmbiental, decisión que se fundamentó en los diferentes escritos, recibidos por esa Regional, provenientes de la Vicepresidencia de la República y del Ministerio del Interior – Naciones UnidasAlto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia Anders Kompass, en los que se hace referencia a distintas situaciones de

la etnia Wayúu (Folios 1-2). Por auto del 19 de diciembre de 2002, la Procuraduría Regional de la Guajira abrió investigación disciplinaria contra los señores ALEJANDRO BUILES SUÁREZ, en su condición de Secretario de Obras Públicas y Vías del departamento de la Guajira y LUIS MIGUEL MELO GUERRERO, como Director Operativo de Infraestructura de la Subsecretaria de Agua Potable del departamento, quienes con sus actuaciones intervinieron en la tramitación e iniciación de las obras de construcción del plan maestro de alcantarillado sanitario, sistema de tratamiento de aguas residuales y construcción del emisario final y laguna de oxidación del municipio de Riohacha, sin la previa obtención de la correspondiente licencia ambiental (Folios 91-94). Por auto del 14 de enero de 2003 se agregó a la presente investigación el expediente 1712 de 2002, que se adelantaba por los mismos hechos contra indeterminados – funcionarios de la Gobernación del departamento de la Guajira (Folio 95). Mediante auto del 4 de abril de 2003, se ordenó agregar los registros 1203-02 y 0548-03, a las presentes diligencias para que fueran tramitados por la misma cuerda procesal por tratarse de los mismos hechos, es decir, se investigaban en ellos, el proyecto de construcción de la laguna de oxidación de Riohacha (Folio 243).

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FALLO SEGUNDA INSTANCIA

2. LOS CARGOS Mediante proveído del 30 de noviembre de 2004, la Procuraduría Regional de la

Guajira formuló cargos en contra de los señores ALEJANDRO BUILES SUÁREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.951.578 de Fonseca, Guajira, en su condición de Secretario de Obras del departamento de la Guajira y LUIS MIGUEL MELO GUERRERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.166.144 de Bogotá, en su condición de Director Operativo 022-01, adscrito a la Secretaría de Obras del departamento de la Guajira, en los siguientes términos: (Folios 309-317) 2.1 Alejandro Magno Builes Suárez Haber autorizado el inicio real de los trabajos de Construcción del Emisario Final del proyecto del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario, Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales y Laguna de Oxidación del municipio de Riohacha – La Guajira sin haberse expedido de manera previa la correspondiente licencia ambiental por parte de la Corporación Autónoma Regional de la Guajira CORPOGUAJIRA, en los términos previstos por el artículo 49 y subsiguientes de la Ley 99 de 1993; en este sentido el servidor público, procede a suscribir las actas de iniciación Nos. 001 de fecha enero 10 y 25 de 2002 correspondiente a los contratos de Obra Pública No. 487 y de Suministro No. 210 de 2001, actuaciones las cuales fueron provistas, sin contarse con la seguridad jurídica en su ejecución, bajo el entendido de la comprensión de los principios y reglas que regulan nuestro sistema ambiental, orientado a la protección e integridad del entorno socioeconómico, la defensa del equilibrio ecológico y el goce de un ambiente sano para las

Comunidades Indígenas, aspectos que indudablemente se pudieron alterar al ordenarse la ejecución de las obras del proyecto en referencia, sin proveerse totalmente el trámite de aprobación de la relativa Licencia Ambiental, por parte de la entidad CORPOGUAJIRA, de manera conjunta con la decisión de solución de los recursos interpuestos por algunos líderes comunitarios ante el Ministerio del Medio Ambiente. El pliego de cargos estableció como normas vulneradas las siguientes: artículos 6, 79 y 209 de la Constitución Política, artículo 49 de la ley 99 de 1993. Se tipificó la falta como incumplimiento de los deberes consagrados en los numerales 1, 2 y 22 del artículo 40 de la ley 200 de 1995. La falta atribuida al disciplinado fue calificada como grave, conforme a lo dispuesto en los numerales 1º, 6º y literal d) del numeral 7º del artículo 27 de la ley 200 de 1995, y la culpabilidad se le imputó al investigado a título de dolo. 2.2. Luis Miguel Melo Guerrero Haber avalado con su firma, la autorización impartida por el Secretario de Obras Públicas del departamento para el inicio real de los trabajos de Construcción del Emisario Final del proyecto del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario, Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales y Laguna de Oxidación del municipio de Riohacha – La Guajira sin haberse expedido de manera previa la correspondiente Licencia Ambiental por parte de la Corporación Autónoma Regional de la Guajira “CORPOGUAJIRA”, en los términos previstos por el artículo 49 y subsiguientes de la Ley 99 de 1993; en este sentido el servidor público,

procede a suscribir las actas de iniciación Nos. 001 de fecha enero 10 y 25 de 2002 correspondiente a los contratos de Obra Pública No. 487 y de Suministro No. 210 de 2001, actuaciones las cuales fueron surtidas sin contarse con la seguridad jurídica en su ejecución, bajo la premisa de comprensión de las normas y principios que regulan nuestro sistema ambiental, orientados éstos a la protección e integridad del entorno socioeconómico, la defensa del equilibrio ecológico y el goce de un ambiente sano para las Comunidades EXPEDIENTE 089-01603/02 – MARTHA LUCÍA AGUILAR E. – 2 FALLO SEGUNDA INSTANCIA Indígenas, aspectos que evidentemente se pudieron alterar al ordenarse la ejecución de las obras del proyecto en referencia, sin proveerse en su totalidad el trámite de aprobación de la Licencia Ambiental, por parte de la entidad CORPOGUAJIRA, además de la solución de los recursos interpuestos por algunos líderes comunitarios, ante el Ministerio del Medio Ambiente. El pliego de cargos estableció como normas vulneradas las siguientes: artículos 6, 79 y 209 de la Constitución Política, artículo 49 de la ley 99 de 1993. Se tipificó la falta como incumplimiento de los deberes consagrados en los numerales 1, 2 y 22 del artículo 40 de la Ley 200 de 1995. La falta atribuida al disciplinado fue calificada como grave, conforme a lo dispuesto en los numerales 1º, 6º y literal d) del numeral 7º del artículo 27 de la ley 200 de

1995, y la culpabilidad se le imputó al investigado a título de dolo.

3. DESCARGOS. 3.1 Alejandro Builes Suárez El señor ALEJANDRO BUILES SUÁREZ presentó memorial de descargos el 11 de enero de 2005 (Folios 326-327).

Planteó el disciplinado que la licencia ambiental había sido otorgada al plan maestro de alcantarillado de Riohacha y la laguna de oxidación fue considerada por el municipio, el departamento de la Guajira y la Nación, como un componente del plan maestro, porque también se había contratado la construcción del emisario final y la laguna era el sitio de decantación y purificación de las aguas residuales del alcantarillado. Además, había sido considerado un plan prioritario y urgente y se tramitó, ante el Ministerio de Desarrollo con el cumplimiento de todos los procedimientos técnicos-ambientales y jurídicos, para su radicación, aprobación y desembolso por parte de la Nación. Por otra parte, el lote había sido adquirido por el Municipio de Riohacha como parte del Plan Maestro de Alcantarillado, requisito técnico indispensable para culminar los estudios y diseños del plan. En consecuencia, queda claro, dijo el disciplinado, que la laguna de oxidación hacia parte del Plan Maestro y como tal se consideró que dicha obra estaba amparada por la licencia ambiental otorgada para éste. Después de haber sido adjudicada la obra por licitación pública, CORPOGUAJIRA solicitó un plan de manejo ambiental, que fue entregado por el departamento y aprobado por la Corporación; dijo el disciplinado, que con fundamento en este plan,

se dio inicio a la ejecución de las obras y se hizo entrega del anticipo correspondiente. Luego, CORPOGUAJIRA dispuso que era necesario diligenciar la licencia ambiental, exclusivamente, para la laguna de oxidación y con fundamento en este requerimiento se suspendió la obra. Pero hasta cuando se inició, se había dado cumplimiento a los requisitos previos exigidos y con el beneplácito de la Corporación. Posteriormente, se hizo entrega de todo lo pertinente para la obtención de la licencia ambiental, de la laguna. Dijo que a 30 de junio de 2002 dejó de laborar para el ente departamental y no puede afirmar que sucedió con posterioridad, motivo por el cual no firmó la reiniciación de la obra.

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FALLO SEGUNDA INSTANCIA 3.2 Luis Miguel Melo Guerrero El señor Luis Miguel Melo Guerrero presentó memorial de descargos el 27 de enero de 2005 (Folios 328-335). Dijo el disciplinado que el Secretario de Obras era su superior jerárquico y mal podría él, haberlo avalado con su firma. Con respecto al hecho de haberse iniciado las obras sin contarse en forma previa con la licencia ambiental, dijo que, Corpoguajira mediante resolución No. 001838 de agosto 8 de 2001, estableció el “Plan de Manejo Ambiental para el Alcantarillado de Riohacha”; en la parte considerativa de dicha resolución se señaló que conforme al concepto técnico 03.03.194 de 2001, rendido por los funcionarios evaluadores, era viable establecer el plan de manejo ambiental

para el alcantarillado sanitario de Riohacha y, el sistema de tratamiento de aguas residuales y la laguna de oxidación representan un componente del plan maestro de alcantarillado. La seguridad jurídica para dar inicio a la ejecución de las obras, la daba el plan de manejo ambiental. La licencia ambiental para el plan maestro de alcantarillado de Riohacha, fue solicitada por el señor Samuel Lanao Robles, Gobernador (e), el 27 de marzo de

2001. Una vez avocado el conocimiento de la solicitud de la licencia ambiental, Corpoguajira citó a reunión a los ejecutores del proyecto para la presentación del respectivo plan, se hicieron las recomendaciones del caso y luego, la firma Estudios Técnicos y Construcciones Ltda presentó las correcciones solicitadas y los evaluadores rindieron concepto técnico, señalando que era viable el plan de manejo ambiental para el alcantarillado sanitario de Riohacha. Se determinó en la resolución 001838 de agosto 8 de 2001, que debían cumplirse uno a uno los pasos indicados en el plan y que Corpoguajira realizaría visitas de seguimiento con el fin de verificar el cumplimiento del plan de manejo ambiental presentado ante esa Corporación.

En materia ambiental, el criterio de Corpoguajira era que establecido el plan de manejo ambiental, se le daba viabilidad a los proyectos, tal como se observa en la parte resolutiva de la Resolución 001838 del 8 de agosto de 2001. Aclaró, el disciplinado que la Secretaria de Obras es la encargada de ejecutar los proyectos de obras ya viabilizados por la Oficina de Planeación, esta última es la responsable de que los proyectos cumplan con todos los requisitos o documentación

necesaria. Dijo el disciplinado que el proceso precontractual y contractual es responsabilidad del ordenador del gasto; a la Secretaría de Obras le corresponde vigilar la ejecución de las obras contratadas, por lo tanto, al suscribir un acta de iniciación de una obra, el proceso contractual ha sido revisado y legalizado por la Oficina Jurídica, toda vez que cuando el contrato es adjudicado, ya debe contar con las licencias y demás requisitos precontractuales. Finalmente, afirmó el disciplinado que, al existir un plan de manejo ambiental, debidamente viabilizado por CORPOGUAJIRA, no es cierto, como lo afirma el pliego de cargos, que no se contara con la seguridad jurídica en su ejecución, porque el plan es el instrumento idóneo para la defensa y preservación del medio ambiente.

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FALLO SEGUNDA INSTANCIA Requirió como pruebas allegar al expediente copia del plan de manejo ambiental establecido por CORPOGUAJIRA para el alcantarillado de Riohacha, así como de la resolución 001838 del 8 de agosto de 2001.

4. PRUEBAS DE DESCARGOS Mediante auto del 28 de febrero de 2005, la Procuraduría Regional de la Guajira accedió a practicar las pruebas solicitadas por el señor Luis Miguel Melo Guerrero

(Folios 337-338).

5. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto del 27 de mayo de 2005, la Procuraduría Regional de la Guajira puso a disposición de los sujetos procesales las presentes diligencias, para alegar de

conclusión, en forma previa al fallo (Folio 368). El disciplinado LUIS MIGUEL MELO GUERRERO, presentó alegatos de conclusión el 20 de junio de 2005, en los que, básicamente, reiteró los planteamientos realizados en los descargos, específicamente, en cuanto a que al proyecto Plan Maestro de Alcantarillado le fue aprobado el Plan de Manejo Ambiental, mediante resolución 001838 del 8 de agosto de 2001 y teniendo en cuenta que, la construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales y la laguna de oxidación eran componentes de dicho proyecto, no era necesario la obtención de la licencia ambiental para la ejecución de dichas obras, pues la aprobación del mencionado plan le daba viabilidad a todo el Plan Maestro de Alcantarillado (Folios 372-374).

6. DECISIÓN DE INSTANCIA Mediante fallo del 31 de octubre de 2005, la Procuraduría Regional de la Guajira declaró disciplinariamente responsables a los señores ALEJANDRO MAGNO BUILES SUÁREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.951.578 de Fonseca, Guajira, en su condición de Secretario de Obras Públicas del departamento de la Guajira, y, en consecuencia, le impuso como sanción multa equivalente a sesenta (60) días de salario devengado para el año 2002, es decir, la suma de dos millones trescientos cincuenta y seis mil cuatrocientos pesos ($2.356.400), y a LUIS MIGUEL MELO GUERRERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.166.144 de Bogotá, en su condición de Director Operativo 022-01, adscrito a la Secretaría de

Obras Públicas del departamento de la Guajira, y, en consecuencia, le impuso como sanción, multa equivalente a treinta (30) días de salario devengado para el año 2002, es decir, la suma de novecientos diez mil cuatrocientos pesos ($910.400) (Folios 377-392). Consideró el fallador de primera instancia que los disciplinados suscribieron las actas Nos. 001 de enero 25 de 2002, en el contrato 210 de 2001 y 001 del 10 de enero de 2002, en el contrato 487 de 2001, mediante las cuales, se autorizó el inicio real de los trabajos de construcción del emisario final del proyecto del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario del municipio de Riohacha, sistema de tratamiento de aguas residuales y laguna de oxidación, trabajos que fueron suspendidos a mediados de febrero de 2002, según actas Nos. 002 del 15 y 18 de febrero de 2002, EXPEDIENTE 089-01603/02 – MARTHA LUCÍA AGUILAR E. – 5 FALLO SEGUNDA INSTANCIA para los contratos 210 y 487, respectivamente, en la que se indicó, como una de las causales de la suspensión, la no expedición por parte de Corpoguajira de la respectiva licencia ambiental. Una vez obtenidas las licencias ambientales y el permiso de aprovechamiento forestal, expedidos mediante resoluciones 01747 del 15 de julio y 01905 de julio 29 de 2002, para la construcción del sistema de tratamiento y disposición final de aguas residuales, se suscribió el acta de reiniciación de obra

No. 003 del 1 de agosto de 2002 en el contrato 487 de 2001. Sin embargo, los trabajos se suspendieron nuevamente, hasta que se resolvieran los recursos de reposición y apelación interpuestos por una comunidad indígena, ante Corpoguajira y el Ministerio de Medio Ambiente. Para el a quo resultó evidente que los disciplinados autorizaron en dos ocasiones (enero y agosto de 2002) el inicio y reinicio de un proyecto de amplia trascendencia para el municipio de Riohacha, sin contar con la seguridad jurídica en materia ambiental para su ejecución, ello en observancia al contexto de protección e integridad del medio ambiente, la defensa del equilibrio ecológico y el goce de un ambiente sano para las comunidades indígenas. Por tal razón, consideró el Procurador Regional, desacertada la gestión administrativa desplegada por los disciplinados, porque desconocieron los principios y reglas en materia ambiental; puntualizó el fallador de primera instancia, que se iniciaron las obras del plan maestro de alcantarillado y la construcción de la laguna de oxidación del municipio de Riohacha, sin contar con un análisis comparativo de los riesgos e impactos (deterioro del entorno socioeconómico), que se hubiesen podido producir por la no obtención previa de la licencia ambiental. Por estas razones, no aceptó, el a quo, la justificación esgrimida por los disciplinados, según la cual, por tratarse de un proyecto de gran trascendencia, avalado por el Ministerio de Desarrollo, su aprobación en materia ambiental, fue avalada en el Plan de Manejo Ambiental, adoptado por Corpoguajira, mediante

resolución 001838 de 2001. Al respecto dijo que, el referido plan es, sólo un instrumento técnico jurídico que determina una serie de acciones y medidas a seguir para efectos de la obtención de la licencia ambiental, en el que Corpoguajira dispuso la realización de visitas de seguimiento para verificar el cumplimiento de lo propuesto en el plan de manejo ambiental presentado ante esa Corporación. Indicó el Procurador Regional que, por el hecho de que, el estudio de impacto ambiental para el proyecto de construcción y operación del sistema de tratamiento y disposición final de aguas residuales –laguna de estabilización u oxidación – de la ciudad de Riohacha, fuera presentado, cinco días antes de que Corpoguajira expidiera la resolución 001838 de 2001, que estableció el Plan de Manejo Ambiental, no se garantizaba el otorgamiento de la respectiva licencia, porque la presentación del mencionado estudio, es un requisito exigido en los artículo 57 y 58 de la ley 99 de 1993, para la obtención de la licencia ambiental. Tampoco aceptó el a quo, la justificación expuesta por el señor MELO GUERRERO, según la cual, es responsabilidad del ordenador del gasto las etapas precontractual y contractual, porque, al ser las oficinas de obras públicas responsables del control de ejecución de toda obra o proyecto contratado desde su inicio hasta su liquidación, obliga a que los funcionarios de alto rango adscritos a éstas, verifiquen el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos exigidos por la ley, surtidos con EXPEDIENTE 089-01603/02 – MARTHA LUCÍA AGUILAR E. – 6

FALLO SEGUNDA INSTANCIA

anterioridad al inicio de la obra, vale decir, la suscripción del acta de iniciación de obras, lo cual no sólo les permite asumir el conocimiento de la contratación adelantada, sino tener seguridad jurídica en las labores de seguimiento necesarias hasta la liquidación del contrato, más si se tiene en cuenta, la trascendencia social del proyecto que se ejecutaba, en el caso concreto. Para el a quo, tanto el Secretario de Obras Públicas, como el Director Operativo de esa secretaría del departamento de la Guajira, eran concientes de la responsabilidad que implicaba iniciar las obras sin la obtención previa de la licencia ambiental, así como haberlas reiniciado, en agosto de 2002, sin que la resolución que otorgaba la licencia por parte de la Corporación Autónoma competente estuviera debidamente ejecutoriada. Afirmó el fallador de primera instancia, que los disciplinados actuaron en forma típica, ya que incurrieron y de manera reiterada, en la prohibición legal del artículo 49 de la ley 99 de 1993 y así actuaron, a pesar de la existencia de un contexto normativo, que obliga a la conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables que se deriva del mandato constitucional de protección a la diversidad e integridad del ambiente y conservación de las áreas de especial importancia ecológica en nuestro territorio. En consecuencia, incumplieron el deber de someterse a la ley e incurrieron en la prohibición de incumplirla, evadieron la garantía de la función pública a ellos encomendada por el artículo 37 de la ley 200 de 1995, sin justificación alguna y al actuar como se ha demostrado, incurrieron en falta disciplinaria, al tenor

del artículo 38 del mismo estatuto, de la que se predica, además, su ilicitud sustancial. Dijo además, el a quo, que está demostrado que la actitud de los disciplinados fue dolosa, ya que a pesar de contar con los conocimientos necesarios y pertinentes sobre la materia, por el cargo que ocupaban en la administración departamental, prefirieron desacatar las normas que debían tener en cuenta, cuando autorizaron el inicio y reinicio de las obras de un proyecto de gran importancia, sin tener la seguridad jurídica que se podía ejecutar, garantizando la protección e integridad del medio ambiente, la defensa del equilibrio ecológico y el goce de un ambiente sano para las comunidades indígenas. Concluyó, que las pruebas allegadas no desvirtuaron la esencia de los cargos, y por el contrario, conducían a la certeza de la existencia de la falta atribuida, de conformidad con el artículo 38 de la ley 200 de 1995, razón por la cual resultaba imperativo declarar para los dos disciplinados responsabilidad disciplinaria. Con la conducta reprochada, los disciplinados violaron los artículos 79 y 209 de la Constitución Política y el artículo 49 de la ley 99 de 1993. Tipificó el a quo la conducta reprochada a los disciplinados, en el incumplimiento de los deberes consagrados en los numerales 1º, 2 y 22 del artículo 40 de la ley 200 de 1995. La falta cometida por los disciplinados fue calificada, en forma definitiva, como grave, conforme a los numerales 1º y 6º del artículo 27 de la Ley 200 de 1995 y la

culpabilidad fue graduada a título de dolo, toda vez que los disciplinados tuvieron amplio conocimiento de la gestión que se adelantaba ante CORPOGUAJIRA para EXPEDIENTE 089-01603/02 – MARTHA LUCÍA AGUILAR E. – 7 FALLO SEGUNDA INSTANCIA obtener la licencia ambiental del proyecto que ellos controlaban y supervisaban y actuaron de manera improcedente e inoportuna al autorizar el inicio y reinicio de los trabajos contratados, sin tener en cuenta los graves riesgos que en materia ambiental, implicaba tal actitud, como quiera que se trataba de un proyecto de una gran extensión, que bien podía haber lesionado los intereses de un gran sector de la comunidad indígena.

7. APELACIÓN 7.1 Alejandro Builes Suárez El 29 de noviembre de 2005, el señor ALEJANDRO BUILES SUAREZ presentó recurso de apelación contra el fallo proferido el 31 de octubre del mismo año, por la Procuraduría Regional de la Guajira. Argumentó lo siguiente: (Folios 406-408) Manifestó, que tenía la convicción errada e invencible que para la fecha de iniciación de los trabajos se contaba con todos los requisitos previos, entre ellos, con la licencia ambiental, la cual había sido otorgada por Corpoguajira para la construcción de las obras del plan maestro de alcantarillado de Riohacha, ya que la laguna de oxidación hacía parte integral de dicho plan. Debe tenerse en cuenta que una vez expedida la licencia ambiental del plan maestro, la Corporación, únicamente solicitó el plan de manejo ambiental para la laguna de oxidación, el que fue entregado por el

Departamento y aprobado por Corpoguajira y fue el pilar fundamental para la iniciación de los trabajos. Que posteriormente, fueron informados que debían diligenciarse la licencia ambiental específica para la construcción de la laguna de oxidación. Afirmó, que todos los requisitos fueron cumplidos en forma previa, inclusive a la celebración del proceso licitatorio, aún, a la celebración del convenio interadministrativo con la Nación - Ministerio de Desarrollo, porque, para la suscripción de éste, se solicitó el cumplimiento de todos los requisitos previos, entre ellos, la licencia ambiental, la cual fue aportada, y por ello, se logró perfeccionar y se autorizó la transferencia de los recursos requeridos para el desarrollo del proyecto. En consecuencia, el Ministerio de Desarrollo, Corpoguajira y el departamento de la Guajira, tenían la convicción de que la licencia ambiental otorgada para la construcción del Plan Maestro de Alcantarillado para Riohacha cubría la construcción de la laguna de oxidación, ya que esta obra hacía parte integral de dicho plan. Por tal razón Corpoguajira exigió solamente el plan de manejo ambiental, el cual fue aportado en forma oportuna por el departamento y aprobado por la Corporación Regional y con fundamento en él, se dio inicio a las obras del plan maestro de alcantarillado. Que ante las quejas presentadas por las comunidades indígenas de la zona de influencia directa del proyecto, Corpoguajira solicitó la suspensión de la obra, hasta tanto se resolvieran las peticiones presentadas por dichas comunidades y en consecuencia, el departamento suspendió los trabajos que habían sido iniciados.

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FALLO SEGUNDA INSTANCIA Manifestó también que durante su gestión como Secretario de Obras Públicas, el contrato estuvo suspendido, siguiendo las instrucciones de Corpoguajira, por lo tanto, no actuó en contravía de las decisiones asumidas. Cuando suscribió el acta de iniciación de las obras de la laguna de oxidación, lo hizo con la convicción de que se habían cumplido los requisitos previos para ello, ya que la Oficina Jurídica del departamento y los asesores, otorgaron el visto bueno para la iniciación del proceso y por ende, de las obras del contrato, precisamente porque consideraban que la laguna era un componente del plan maestro de alcantarillado de Riohacha. Aclaró, además, el disciplinado, que la Secretaría de Obras del Departamento contaba con un funcionario exclusivo para todos los trámites ante Corpoguajira y en ningún momento, ni antes ni durante el trámite del proceso licitatorio se les notificó acerca de la necesidad de tramitar licencia ambiental específica para la construcción de la laguna de oxidación. Señaló, que para la fecha de reiniciación de las obras, en agosto de 2002, ya no era titular de la Secretaría de Obras Públicas del departamento de la Guajira y desconoce los motivos que originaron la reiniciación de los trabajos. Con fundamento en los anteriores argumentos, solicitó se le absolviera de la responsabilidad disciplinaria por la actuación desplegada en su condición de Secretario de Obras de la Guajira, al haber ordenado la iniciación de los trabajos de construcción de la laguna de oxidación. 7.2 Luis Miguel Melo Guerrero El 24 de noviembre de 2005, el señor LUIS MIGUEL MELO GUERRERO presentó

recurso de apelación contra el fallo proferido el 31 de octubre del mismo año, por la Procuraduría Regional de la Guajira. Argumentó lo siguiente: (Folios 396-399) Expuso el disciplinado que un Plan de Manejo Ambiental es un derrotero a seguir en materia ambiental durante la ejecución de una obra objeto de un determinado contrato. Cada una de las acciones y medidas a tomar en materia ambiental desde el inicio hasta el final de la obra están establecidas en dicho plan y es ese instrumento el que da la seguridad jurídica, en todo lo referente al medio ambiente. Todos los lineamientos a seguir por la entidad ejecutora se encuentran en dicho plan, por esa razón, la corporación autónoma, como máxima autoridad ambiental al aprobar un plan de manejo ambiental, señala la verificación de su cumplimiento y la duración del mismo; por lo cual considera que hay una contradicción en el fallo, cuando se dice que es un instrumento que instituye una serie de acciones y medidas a cumplir para efectos de obtención de la licencia. Indicó, que por división de trabajo las etapas precontractual y contractual son responsabilidad de la Oficina de Planeación y del equipo jurídico, y a la Secretaría de obras, específicamente a él como Director Operativo, le corresponde velar por el cumplimiento de la norma técnica y especificaciones de la construcción de la obra contratada y en el caso concreto, velar porque se cumplan todas las acciones y medidas señaladas en el plan de manejo ambiental. Es más, la Secretaria de Obras del departamento de la Guajira es la encargada de ejecutar los proyectos viabilizados por la oficina de planeación, quien es la responsable de que éstos cumplan con todos EXPEDIENTE 089-01603/02 – MARTHA LUCÍA AGUILAR E. – 9

FALLO SEGUNDA INSTANCIA los requisitos y documentos exigidos. El contrato referente a los hechos objeto de investigación se adjudicó por licitación pública y todo el proceso precontractual y contractual fue revisado por la oficina jurídica. Cuando el contrato es adjudicado ya debe tener las licencias y demás requisitos precontractuales. Manifestó que en la resolución 001838 del 8 de agosto de 2001 se señala que el ingeniero Samuel Lanao Robles, Gobernador en