PGN - Documento 201603111027114

Dependencia: Procuraduría Primera Delegada Contratación Estatal

Radicación N: 083-02717-04

Disciplinado: Eduardo Sastoque Meñaca

Cargo y Entidad: Director Operativo Secretaria de Vías e Infraestructura

Neiva Quejoso: Miembros de la Sociedad Huilense de Ingenieros y Arquitectos Antonio José Puentes Rodríguez y otros Fecha Queja: 16 de septiembre del 2003

Fecha Hechos: 30 de diciembre de 2003

Asunto: Fallo de Segunda Instancia (Art. 171 Ley 734/02)

Bogotá, D.C., marzo 30 de 2007 Conforme a lo dispuesto en el artículo 171 de la ley 734 de 2002, procede este Despacho a proferir fallo de segunda instancia, en el proceso disciplinario adelantado contra el señor EDUARDO SASTOQUE MEÑACA, en su condición de Director Operativo de la Secretaria de Infraestructura, Tránsito y Transporte del municipio de Neiva, quien fue sancionado en fallo del 28 de julio de 2006, con destitución e inhabilidad general por el término de trece (13) años.

1. ANTECEDENTES Mediante auto del 13 de octubre del 2003, el Viceprocurador General de la Nación, con fundamento en los numerales 19 y 39 del artículo 7 del decreto 262 de 2000, conformó una comisión integrada por la Procuradora Regional del Huila, quien la presidiría y el Procurador Judicial II Penal No. 139 en Neiva, con el fin de verificar, entre otros aspectos, si en la contratación realizada durante el año 2003, en la

Gobernación del Huila y en el Municipio de Neiva, se había presentado la figura del fraccionamiento al contratar las obras públicas y si se respetaron los requisitos de experiencia contemplados en el decreto 2170 de 2002 (Folios 3). Mediante auto del 21 de octubre de 2003, la Procuraduría Regional del Huila ordenó apertura de indagación preliminar contra funcionarios indeterminados de la alcaldía municipal de Neiva, con el radicado 083-0236, con fundamento en el auto de conformación de la comisión especial y en los hechos denunciados por la Sociedad Huilense de Ingenieros, en audiencia anticorrupción celebrada el 16 de septiembre de 2003 (Folios 8-9). El 29 de marzo de 2004 se escucho en declaración al ingeniero civil Guillermo Rodríguez Ramírez, miembro de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos del Huila, con el objeto de que ampliara las denuncias que sobre fraccionamiento y otras irregularidades que presuntamente se habían presentado en la contratación adelantada por la Alcaldía de Neiva durante el año 2003. Respecto del caso concreto, manifestó tener conocimiento acerca del fraccionamiento de contratos, realizado para evitar la publicación en la página web y poder adjudicarlos directamente, sin embargo, dijo que no poseía pruebas, ya que no tuvo relación con dichos contratos (Folios 191-194). EXPEDIENTE 083-02717-04 - MARTHA LUCIA AGUILAR ESPINEL FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA Por auto del 27 de febrero de 2004, el Viceprocurador General de la Nación designó

como nuevo miembro de la comisión especial disciplinaria conformada mediante auto del 13 de octubre de 2003, al Procurador Judicial II Penal No. 137 de Neiva, en reemplazo del Procurador Judicial II Penal No. 139 de Neiva, quien se pensionó en el mes de enero de 2004 (Folio 228). Por Auto del 23 de septiembre de 2004, la Procuraduría Regional del HuilaComisión Especial Disciplinaria, ordenó apertura de investigación disciplinaria, en el expediente radicado con el No. 083-02363-03, contra Eduardo Sastoque Meñaca, Gilberto Dussan Calderón, Andrés Zapata y Carlos Alberto Ibagón, en sus condiciones de Secretarios de Infraestructura y Vías, Asesor del Despacho y empleados de la Alcaldía de Neiva, respectivamente, por presuntas irregularidades en los procesos de contratación, en los términos de referencia, en contratos celebrados con el señor Hector Julio Ríos, correspondientes a la canalización Quebrada la Toma Fase III, contratos 051, 030, 007, 045 y 095 de 2003. En el numeral 6 de la parte resolutiva del auto de apertura de investigación disciplinaria en el radicado 083-02363-03 se ordenó, compulsar copias del cuaderno No. 1 y desglosar los folios 1397 al 1477, relacionados con los contratos Nos. 242 y 245, con el objeto de que se investigara por separado el presunto fraccionamiento de los contratos y/o violación de los principios de la contratación estatal que se adelantó con el presente radicado (083-02717-04) (Folios 334-339).

Por auto del 7 de octubre de 2004, la Procuraduría Regional del Huila – Comisión Especial Disciplinaria ordenó la apertura de investigación disciplinaria en contra del señor Eduardo Sastoque Meñaca, en su condición de Secretario de Infraestructura del municipio de Neiva, por posibles irregularidades en los contratos 242 y 245 de 2003 (Folios 343-344). Mediante auto del 6 de mayo de 2005, la Procuraduría Regional de Huila prorrogó el término de investigación disciplinaria por dos (2) meses (Folio 471).

2. LOS CARGOS Mediante proveído del 22 de marzo de 2006, la Procuraduría Regional del Huila formuló cargos en contra del doctor Eduardo Sastoque Meñaca, en su condición de Director Operativo de la Secretaria de Infraestructura, Tránsito y Transporte del municipio de Neiva, en los siguientes términos: (Folios 500-509) El doctor EDUARDO SASTOQUE MEÑACA en su condición de Director Operativo de la Secretaría de Infraestructura, Tránsito y Transporte del municipio de Neiva, celebró el contrato No. 242 de fecha 30 de diciembre de 2003, con el señor RIGOBERTO QUINTERO CASTOR, cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN DEL PARQUE CONCHA ACÚSTICA”, por la suma de $19.819.620.oo y en la misma fecha se celebró el contrato No. 245 cuyo objeto es la “ILUMINACIÓN DE LA OBRA ESCULTÓRICA TAMBORES DE PANCANDÉ UBICADA EN LA CONCHA ACÚSTICA”, por valor de $19.899.000.oo los que sumados los valores superan el 10% de la menor cuantía,

toda vez que de acuerdo al objeto de los mismos debían ser celebrados bajo un mismo contrato, no existiendo razón técnica o justificación para que se hicieran dos contratos en la misma fecha para llevar a efecto obras eléctricas de iluminación en el parque Concha

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FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA Acústica, contratos que fueron imputados a un mismo rubro presupuestal y pertenecientes al mismo proyecto, por lo que el procedimiento a aplicar era conforme a los requisitos exigidos en los artículos 1 y 2 del capítulo I y 10 y 11 del capítulo III del decreto 2170 de 2003 (sic), para los procesos de menor cuantía, con tal conducta al parecer se incurre en violación a los principios de transparencia, selección objetiva, al haber eludido el procedimiento establecido para los contratos de menor cuantía, acudiendo a una excepción que no le era aplicable, como es la de los contratos que no exceden el 10% de la menor cuantía previsto en el parágrafo de los artículo 1, 2 y 11 del decreto 2170 de 1993 (sic). Se estableció que con la conducta imputada en el cargo, el señor Eduardo Sastoque Meñaca violó los artículos 6, 123 inciso 2 y 209 de la Constitución Política; los numerales 2 y 5 del artículo 26 y el artículo 29 de la ley 80 de 1993; los artículos 2, 3 del decreto 855 de 1994, y los artículos 1, 2, 10 y 11 del decreto

2170 de 2002 y el numeral 1° del artículo 34 de la ley 734 de 2002. Se tipificó la conducta como falta gravísima descrita en el numeral 31 del artículo 48 de la ley 734 de 2002. Se graduó la culpabilidad a título de dolo, porque no existe ninguna razón técnica que justifique que los contratos 242 y 245 del 30 de diciembre de 2003 se hayan celebrado por separado.

3. DESCARGOS.

El apoderado del señor Eduardo Sastoque Meñaca, presentó memorial de descargos, el 26 de abril de 2006 (Folios 513-519). Los argumentos expuestos por la defensa son en términos generales los mismos que se resumirán en los alegatos de conclusión y en el recurso de apelación. Consideró además, que el cargo no cumplía con los requisitos del artículo 163 de la ley 734 de 2002, pues no precisa su formulación exacta, porque centra su análisis en que no era aplicable la excepción del decreto 2170 de 2002, situación que no implica ninguna falta contemplada en la ley disciplinaria, porque no establece cual fue la violación, ni argumenta la misma.

Solicitó como pruebas: - Requerir la certificación de la existencia de los proyectos “mantenimiento y evacuación de parques y escenarios deportivos, para el año 2003” y “programa Neiva Ciudad Villamil” al Departamento de Planeación Municipal de Neiva. - Escuchar en declaración a Héctor Javier Osorio Botello, Johana Helena Flor Osorio, Jefe de Cultura en la época de los hechos; José María Henesis, Director del INDER, en la época de los hechos y la arquitecta Liliana Quintero.

4. PRUEBAS DE DESCARGOS

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FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA Mediante auto del 30 de mayo de 2006, la Procuraduría Regional de Huila ordenó la práctica de todas las pruebas solicitadas por el apoderado del ingeniero Eduardo Sastoque Meñaca (Folios 522-523).

5. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto del 7 de julio del 2006, la Procuraduría Regional de Huila ordenó correr traslado a los sujetos procesales para alegar de conclusión antes del fallo

(Folio 570). El 25 de julio de 2006, el apoderado del señor Eduardo Sastoque Meñaca, presentó escrito de alegatos de conclusión en el que hizo los siguientes planteamientos (Folios 579-575): Señaló que la conducta desplegada por el señor Sastoque Meñaca no constituye incumplimiento de sus deberes funcionales, porque éste obró con el debido cuidado y la diligencia que ameritaba el caso concreto. Consideró que de las declaraciones rendidas por Dora Liliana Quintero, Yohanalen Flor Osorio y Héctor Javier Osorio Botello se desprende que los contratos cuestionados tienen como antecedente un concurso de méritos para la ubicación de esculturas en diferentes sitios de Neiva en desarrollo del macroproyecto “Nueva Ciudad Villamil”, que fue concebido como un cúmulo de obras independientes, que habrían de ubicarse en zonas distintas y con panorámicas estructurales diversas, que constituían obras escultóricas, obras de arte y alumbrados independientes,

dadas las circunstancias estéticas y arquitectónicas que cada obra conllevaba, ello conforme a la concepción que cada artista daría a su obra. Cada Secretaría debía realizar su parte en desarrollo del macroproyecto y el INDER se encargó de adecuar los escenarios en forma independiente para dar los alumbrados especiales que requería cada obra escultórica. Este macroproyecto se constituyó en un fortín cultural y por ello cada obra escultórica necesitaba unas adecuaciones especiales para garantizar que se pudiera apreciar la obra de arte y por ello, la realización de esas adecuaciones debían cumplirse en forma independiente, a los programas de infraestructura, eléctricos y generales que requería la ciudad. Así, las Tamboras de Pacandé requería de la ejecución de obras independientes por las características específicas de la escultura, para darle realce y valor a la misma. Esta obra había sido ubicada en la Concha Acústica y al momento de ejecutar la parte eléctrica, no había sido interconectada adecuadamente al sistema eléctrico del parque y debía contratarse, para dar cumplimiento a la ficha de salida registrada en la Oficina de Planeación Municipal, la iluminación e interconexión de la escultura al sistema general luminaria de la Concha, para que posteriormente fuera una unidad eléctrica homogénea. Que el señor Sastoque Meñaca cumplió a cabalidad sus funciones y por tanto el comportamiento objetivo no se presentó en este asunto porque no se presentó infracción dado que el despliegue de la conducta reprochada se fundamentó en el

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FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA cumplimiento de unos planes y diseños técnicos previos; no la desarrolló con la voluntad de querer hacer daño, ya que la celebración de los contratos 242 y 245 de 2003, estaba autorizada por la Oficina de Planeación Municipal, acorde con las exigencias establecidas por el gobierno nacional.

6. DECISIÓN DE INSTANCIA Mediante resolución F-025 del 28 de julio de 2006, la Procuraduría Regional del Huila sancionó al señor EDUARDO SASTOQUE MEÑACA, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.128.854 de Neiva, en su condición de Director Administrativo, código 009, grado 4 de la planta global del municipio de Neiva adscrito a la Secretaría de Infraestructura de Tránsito y Transporte, con destitución e inhabilidad general para ejercer cargos públicos por el término de trece (13) años (Folios 583610).

Sostuvo la Procuradora Regional que la conducta que se le imputa al señor Eduardo Sastoque Meñaca, es el desconocimiento de los principios que orientan la contratación estatal, porque su actuar no fue transparente, violó la publicidad y el deber de selección objetiva. Indicó que conforme al decreto 2170 de 2002, el procedimiento para seleccionar el contratista en los contratos cuya cuantía sea superior o igual al 10% de la menor cuantía, es el contemplado en los artículos 1° y 2° del mencionado decreto, en el que se hacen una serie de exigencias como la publicación de prepliegos y de los pliegos definitivos, en la página web o en un diario de amplia circulación y la adjudicación se

realizará a través de acto motivado. En el caso en análisis, consideró el a quo que el disciplinado celebró los contratos 242 y 245 de diciembre 30 de 200, cuyos objetos eran similares y se referían al mismo escenario, eludiendo el procedimiento de selección del contratista previsto para los contratos que superan el 10% de la menor cuantía. Por dicha razón, el comportamiento atribuido corresponde a la descripción realizada en el numeral 31 del artículo 48 de la ley 734 de 2002. Señaló que con la celebración de los contratos 242 y 245 del 30 de diciembre de 2003, que tienen por objetos la construcción de la red eléctrica e iluminación del parque Concha Acústica y la iluminación de la obra escultórica Tambores del Pacandé ubicada en la Concha Acústica de Neiva, respectivamente, se afectó el rubro presupuestal 4-60102-10 denominado “obras de electrificación e iluminación”; además, los estudios de oportunidad y conveniencia de ambos contratos presentan como objetivo general, el diseño y elaboración de presupuestos con sus respectivas cantidades de obra de los distintos proyectos de iluminación de espacios públicos, parques y obras de escultura que realice la administración municipal. De lo cual se desprende que a pesar de que los objetos tienen una denominación diferente, ambos corresponden a la construcción de la red eléctrica e iluminación, es decir que se trata de obras similares, en el mismo lugar geográfico –la Concha Acústica-, como también se desprende de la revisión de los diferentes ítems de los contratos. Por circular No. 001 de 2003, la Oficina Asesora Jurídica del municipio de Neiva,

estableció que la menor cuantía para el año 2003 equivalía a 600 salarios mínimos

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FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA legales mensuales vigentes, que correspondía a la suma de $199199.999 y el 10% de este valor ascendía a $19919.999. Atendiendo a que los valores de los contratos 242 y 245 de 2003 es de $19.819.620 y $19899.000, respectivamente, se tiene que dichas cuantías son bastante cercanas al 10% de la menor cuantía, vigente para el 2003 en el municipio de Neiva. Conforme a lo anteriormente expuesto, para la Regional no existía duda en que se presentó la figura del fraccionamiento del objeto contractual, que condujo a que se desconociera el procedimiento de selección del contratista, previsto en el decreto 2170 de 2002, para contratos de menor cuantía, por valor superior al 10% de la misma. No aceptó, el fallador de primera instancia, la explicación dada por el disciplinado, según la cual, los dos contratos se celebraron en forma independiente debido a que, las obras escultóricas del programa Neiva ciudad Villamil requerían en forma urgente su iluminación y la iluminación de los parques y escenarios deportivos se concibió en un proyecto diferente, debido a que, éste es un aspecto técnico que no se está cuestionando, sino que, lo que se le reprocha al disciplinado es el procedimiento adelantado para seleccionar al contratista en dicha contratación. Además, el caso en análisis no es de aquellos que por la especificidad de la obra, deba contratarse a una

persona con experiencia y conocimiento muy particular, porque, perfectamente los dos contratos podían haber sido ejecutados por un solo contratista y el rubro presupuestal utilizado, también fue el mismo en ambos contratos. Expuso la Regional que a pesar de que con los contratos se pretendió favorecer los intereses generales, mediante la contratación de obras públicas, dicha finalidad no justifica que se pretermitan los procedimientos para la selección del contratista determinados por la ley contractual. Por lo que consideró que al evadir el procedimiento establecido en el decreto 2170 de 2002, el disciplinado incurrió en infracción sustancial de sus deberes funcionales. Hizo mención la Regional, del planteamiento que respecto de la figura del fraccionamiento de contratos realizó ese mismo despacho en el expediente 1123385-04. Posteriormente, aclaró que el fraccionamiento del objeto contractual no es una figura legalmente establecida sino que a ella se llega por la interpretación de las reglas que desarrollan los principios de transparencia y selección objetiva, sin que para ello sea necesario acudir a la definición que traía el derogado decreto 222 de 1983, como lo afirma el apoderado de la defensa. Para que se presente la figura del fraccionamiento, además de tratarse del mismo objeto material, realizarse durante la misma vigencia y existir la disponibilidad presupuestal, se requiere que los contratos hagan alusión al mismo proyecto, lo que se concreta en los rubros presupuestales utilizados para financiar los contratos, situación que se evidencia en el presente caso, ya que los dos contratos fueron imputados al rubro presupuestal 4-60102-10 “obras de electrificación e iluminación

urbana”. Afirmó la Procuradora Regional que está probado que existió fraccionamiento del objeto contractual y ello implica la infracción sustancial de los deberes funcionales,

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FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA porque debía haberse suscrito un solo contrato y para seleccionar al contratista se debió elaborar prepliegos y términos de referencia que debieron publicar en la página web, tal como lo establece el decreto 2170 de 2002. Aclaró, el fallador de primera instancia que para que se configure el ilícito disciplinario no se requiere que se presente detrimento patrimonial, pues el objeto de protección en esta rama del derecho es la moralidad y buena marcha de la administración pública y el ilícito se presente con la mera infracción del deber funcional y la producción del daño es determinante solo al momento de graduar la sanción Con respecto a la afirmación realizada por el disciplinado, según la cual obró en cumplimiento de una decisión judicial proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila dentro de una acción popular que ordenaba la recuperación de diferentes zonas del Parque Concha Acústica, se determinó que en dicha actuación judicial radicada con el No. 2001-0862, aún no se ha proferido sentencia, por lo que se concluye que no existe decisión judicial que hubiera ordenado al disciplinado o al municipio de Neiva contratar las obras de que tratan los contratos 242 y 245 de 2003. Además, si en gracia de discusión la orden judicial hubiera existido, no es fundamento para que so pretexto de darle cumplimiento se hubieran

pretermitido los procedimientos legales para la selección del contratista, porque es viable que para el cumplimiento de dicha orden judicial en el sentido de tomar las medidas necesarias para recuperar e iluminar la Concha Acústica, adelantando los procedimientos legalmente establecidos, por lo cual no se configurarían los presupuestos objetivos y subjetivos de la colisión de deberes, por tal razón no es posible aceptar la causal de exclusión de responsabilidad con la que solicitó el disciplinado ser amparado. Además, el decreto 490 del 12 de noviembre de 2002, mediante el cual el alcalde de Neiva delegó la facultad de celebrar contratos y ordenar el gasto a la Dirección Operativa de la Secretaría de Tránsito y Transporte, insta al delegatario para que observe los principios de transparencia, economía y responsabilidad en cumplimiento de la función delegada. En el decreto 0237 del 23 de julio de 2001, se establecen las reglas especiales que orientan la delegación del gasto, advirtiendo que la misma le otorga al delegatario la competencia para seleccionar el contratista, la celebración, modificación, adición, prórroga y en general, adelantar todas las actuaciones relacionadas con la contratación hasta la liquidación, dentro de las competencias y presupuesto asignado y previo el cumplimiento del procedimiento interno previsto en el artículo 10 y siguientes, el cual debe iniciarse con la solicitud justificada de la dependencia que requiere el bien o servicio, en la que se indiquen los resultados esperados y la relación de documentos que se requieren, tales como: el estudio de condiciones y precios del mercado, propuesta de términos de referencia o pliego de condiciones;

teniendo en cuenta los modelos y minutas elaborados por la Oficina Jurídica, el estudio de oportunidad y conveniencia, el proyecto de resolución de apertura, de avisos y minuta del contrato, la propuesta del cronograma del proceso. La solicitud de la disponibilidad presupuestal la debe hacer el ordenador del gasto delegado

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FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA previo al inicio de cualquier trámite presupuestal. Es decir, de ninguna manera el reglamento interno contradice los procedimientos para seleccionar el contratista previstos en la ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios. El disciplinado tuvo entonces, el dominio funcional del hecho investigado, es decir, fue quien solicitó la disponibilidad presupuestal, aceptó el estudio de conveniencia y necesidad del gasto y seleccionó al contratista, motivo por el cual, el a quo no aceptó, el argumento de defensa, según el cual el disciplinado actuó en la forma en que se le reprocha, en acatamiento a la orden dada por el entonces Alcalde de Neiva, Hector Javier Osorio Botello. Al disciplinado como ordenador del gasto le correspondía evaluar el procedimiento contractual justamente a partir de la definición de la cuantía para contratar y atendiendo a que la mínima cuantía para el año fiscal 2003, estaba determinada para el municipio de Neiva en $199199.999, suma de la que tenía conocimiento el señor Eduardo Sastoque, una vez éste conoció que existía presupuesto suficiente y que la sumatoria de los contratos sobrepasaba el 10% de la menor cuantía, debió aplicar el

procedimiento exigido legalmente, sin embargo, lo omitió y el mismo día, 30 de diciembre de 2003, decidió celebrar los dos contratos cuestionados, con similar objeto, imputados al mismo rubro presupuestal y en desarrollo del mismo proyecto, de ello se desprende que el disciplinado tenía el dominio funcional del hecho investigado. Además, los dos estudios de oportunidad y conveniencia y la justificación de la contratación están suscritos por el disciplinado, es decir, éste conoció que los objetos contractuales se encontraban comprendidos en el mismo proyecto, que pretendía la iluminación de espacios públicos, parques y obras escultóricas en la zona urbana de Neiva. Quedó demostrado que los objetos de los dos contratos cuestionados pertenecen al mismo proyecto, porque, conforme a la declaración rendida por la arquitecta Dora Liliana Quintero, se determinó que en el presupuesto que se efectuó para la construcción de las obras escultóricas del proyecto denominado “Nueva ciudad Villamil”, no incluyó la iluminación de las mismas, tal como se puede apreciar en el presupuesto para la adecuación de parques – monumentos de la ciudad – Localización Neiva - Concha Acústica – Monumento Tambores de Pancandé; además, el parque Concha Acústica de Neiva se considera un mismo proyecto, pues se trata de un solo escenario. Expuso el fallador de primera instancia, que de acuerdo a las pruebas allegadas al proceso se demuestra que el elemento subjetivo del convencimiento errado que alega la defensa jamás existió, pues no existe prueba de que los objetos contractuales se desarrollarían en dos escenarios diferentes, por el contrario, existe

certeza de que el disciplinado obró conciente de la ilicitud del comportamiento. El a quo estableció que el señor Eduardo Sastoque Meñaca actuó con dolo, porque directamente adelantó todo el procedimiento contractual, habida cuenta que firmó los estudios de conveniencia y necesidad, así como la justificación de ambos contratos, lo que implica que tenía decidida voluntad e intención de celebrar esos contratos a como diera lugar. Además, como delegatario del manejo de la actividad contractual

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FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA del municipio de Neiva debía conocer la normatividad que rige la contratación de las entidades públicas, por tanto, el disciplinado estaba en capacidad de conocer y entender que superado el 10% de la menor cuantía no era posible contratar sin el trámite señalado en los artículos 1 y 2 del decreto 2170 de 2002. Por lo que se concluye que, teniendo la oportunidad de seleccionar al contratista mediante el procedimiento señalado en los artículos 1°, 2°, 10 y 11 del decreto 2170 de 2002, no lo hizo, lo cual equivale a actuar con dolo. La falta endilgada al ingeniero Eduardo Sastoque Meñaca se calificó en forma definitiva como gravísima, ya que se adecua a la descripción que realiza el numeral 31 del artículo 48 de la ley 734 de 2002.

7. APELACIÓN El apoderado del señor Eduardo Sastoque Meñaca, presentó recurso de apelación el 22 de agosto de 2006 (Folios 621-624), en el que plantearon los siguientes

argumentos de defensa: El argumento central de la defensa, según el apoderado del señor Sastoque Meñaca, es el de que la ficha de salida autorizada del proyecto, había sido presentada por la Secretaría de Educación, Cultura y Deportes, a través de la Dirección de Deportes, bajo la denominación “construcción y adecuación espacios públicos, parques, escenarios deportivos en el municipio de Neiva”, que describió como productos y componentes de la inversión la construcción, ampliación, remodelación, adecuación, mantenimiento e iluminación de parques y escenarios deportivos en una cantidad de 50 obras, bajo el indicativo de que cada una se realizaría en forma independiente y así lo autorizó el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, en su momento. Indicó que con prueba testimonial se acreditó en el proceso, que la ejecución de los proyectos corresponden a obras diseñadas y planeadas en Secretarías diversas, con proyectos de plan de desarrollo diversos y con proposiciones diversas, dado que uno corresponde a un plan de iluminación general para la seguridad pública de un sector de la ciudad y el otro, a la iluminación especial y específica de una obra escultórica contratada, ejecutada y fijada en el lugar en cumplimiento de un proceso diverso y distinto al de seguridad e iluminación de parques y centros deportivos. No aceptó la afirmación del fallador de primera instancia, según la cual, por tratarse de los mismos ítems, los contratos cuestionados debieron haberse celebrado en forma unificada, afirmó que los contratos son distintos en su esencia, aunque se ejecutaron en una misma unidad de espacio deportivo, pero tenían una finalidad

diferente. Es cierto que los elementos, circuitos y formas de conexión, así como las luces, farolas y acometidas son de idéntica proporción, en una y otra obra, porque ambas son obras eléctricas y de acometida eléctrica, y no de otra manera podría interconectarse el subsistema de iluminación de la escultura “Tambores de Pancandé” al sistema general de iluminación pública de la Concha Acústica de Neiva, por ser un sistema eléctrico de alumbrado público; si se hubiera contratado la obra con unas especificaciones técnicas distintas, lógicamente el circuito de la obra

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FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA escultórica hubiera podido colapsar o hubiera tenido que modificarse y adecuarse la capacidad de la red eléctrica del sistema público; por tal razón, no había lugar a que las calidades, cantidades y especificaciones técnicas fueran similares en las dos obras dado que, entrarían a conjugarse como una obra homogénea del sistema eléctrico del sector público. Por tal razón, las obras debían ser concomitantes, ya que debían interconectarse, se trataba de realizar una iluminación con fluido eléctrico idéntico, pero con características luminosas distintas, porque la escultórica era una iluminación especial y colorida, mientras que el alumbrado público es simple y llano. Respecto del hecho de que se hubieran celebrado los dos contratos el 30 de diciembre de 2003, es un hecho cierto, que se presentó debido a que se acercaba el

fenecimiento de la vigencia y se hacía necesario, ejecutar la obra que garantizara la seguridad ciudadana por alumbrado público y por otro lado, iluminar la obra de arte. Por dicha razón, se utilizaron rubros similares, se ejecutaron en forma simultánea, con similitudes técnicas, para utilizar planes de gobierno aplicables a un mismo sector, pero se debe tener en cuenta que los orígenes de los contratos son diferentes, los proyectos y registros del Banco de Proyectos de cada objeto contractual son distintos. Expuso el defensor que, del hecho de que el investigado suscribiera las dos actas de conveniencia, no se desprende su intención de infringir la ley, porque si las dos obras se hubieran ejecutado en diferente vi