PGN - Documento 201603111027115

Dependencia: Procuraduría Primera Delegada Contratación Estatal

Radicación N: 078-3746/03

Disciplinados: Jesús Herid Pérez Hernández Cargo y Entidad: Docente adscrito a la Secretaría Educación de Tolima Quejoso: Luz Marina Patiño Gutiérrez Fecha Queja: 28 de enero de 2003

Fecha Hechos: 23 de mayo de 2001

Asunto: Fallo de Segunda Instancia (Art. 171 Ley 734/02).

Bogotá, D.C., marzo 22 de 2006 Conforme a lo dispuesto en el artículo 171 de la ley 734 de 2002, procede este Despacho a proferir fallo de segunda instancia, en el proceso disciplinario adelantado contra JESÚS HERID PÉREZ HERNANDEZ, en su condición de docente adscrito a la Secretaría de Educación del departamento de Tolima.

1. ANTECEDENTES Mediante escrito presentado el 20 de junio de 2002, la señora LUZ MARINA PATIÑO GUTIÉRREZ puso en conocimiento de la Procuraduría Provincial de Ibagué, que el docente JESÚS HERID PÉREZ HERNÁNDEZ, servidor público adscrito a la Secretaría de Educación del departamento de Tolima, pactó la obra de mantenimiento general del puente La Cristalina del municipio de San Antonio, Tolima, mediante el contrato 005 del 23 de mayo de 2001, que ascendió a un valor de $19498.989. Manifestó la quejosa que el costo del contrato fue exorbitante y, adicionalmente, la obra resultó infructuosa, porque el puente no mantuvo su

estabilidad. Por otra parte, manifestó la quejosa que el contratista tenía la condición de servidor público del municipio de San Antonio, Tolima, y estaba impedido para contratar con una entidad pública y, por dicha razón, violó el régimen de inhabilidades (Folios 7-8). El 26 de junio de 2002, la Procuraduría Provincial de Ibagué remitió por competencia la queja recibida de la señora Luz Marina Patiño Gutiérrez, a la Procuraduría Regional de Tolima (Folios 6 y 9). El 2 de julio de 2002, la Procuraduría Regional de Tolima remitió la queja a la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Gobernación del Tolima, para que adelantara la correspondiente investigación disciplinaria, con la solicitud de que se informara a esa Regional sobre la decisión tomada, en un término de quince (15) días (Folios 4-5). El 17 de diciembre de 2002, la Dirección de Control Único Disciplinario de la Gobernación del Tolima se inhibió de continuar conociendo las diligencias originadas en la queja presentada por la señora Luz Marina Patiño Gutiérrez y las remitió por competencia a la Procuraduría Provincial de Ibagué, conforme lo establecido en el inciso segundo del artículo 60 de la Ley 200 de 1995, dado que, del escrito de queja se desprendía que los funcionarios involucrados en la posible falta disciplinaria eran EXPEDIENTE 078-3746/03 – MARTHA LUCÍA AGUILAR E. – 1 FALLO SEGUNDA INSTANCIA el alcalde de San Antonio y el docente Jesús Herid Pérez Hernández, el primero de

los cuales es un sujeto disciplinable por la Procuraduría (Folios 13-14). Por auto del 28 de enero de 2003, la Procuraduría Provincial de Ibagué remitió, también por competencia, a la Procuraduría Regional de Tolima, las diligencias, conforme a lo establecido en el parágrafo primero del artículo 75 del decreto 262 de 2000. Finalmente, el 13 de febrero de 2003, la Procuraduría Regional del Tolima dispuso la apertura de investigación disciplinaria en contra de JESÚS HERID PÉREZ HERNÁNDEZ, en su condición de docente adscrito a la Secretaría de Educación del departamento del Tolima (Folios 16-17).

2. LOS CARGOS Mediante proveído del 29 de octubre de 2004, la Procuraduría Regional de Tolima formuló un cargo en contra del señor JESÚS HERID PÉREZ HERNÁNDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 93359.413 de Ibagué, en su condición de docente adscrito a la Secretaria de Educación del departamento de Tolima, en los siguientes términos: (Folios 64-69) JESÚS HERID PÉREZ HERNÁNDEZ, suscribió en mayo 23 de 2001 el contrato de obra civil No. 005 con el municipio de San Antonio (Tol.), cuya cuantía ascendió a un valor de $19498.989.60 y su objeto, el mantenimiento general del puente “La Cristalina” de esa localidad, pactado a un término de 30 días, a pesar de encontrarse inhabilitado para ello al ostentar la calidad de servidor público, como docente nacionalizado adscrito a la Secretaría

de Educación del Tolima (FED), en el Colegio “José María Carbonell” de la precitada municipalidad. El pliego de cargos estableció como normas vulneradas las siguientes: artículo 127 de la Constitución Política, artículo 8, literal f) de la Ley 80 de 1993, así como del numeral 1º del artículo 40 y el numeral 10 del artículo 25 de la ley 200 de 1995. La falta atribuida al disciplinado se consideró tipificada como gravísima en el numeral 10 del artículo 25 de la Ley 200 de 1995, y la culpabilidad se le imputó a título de dolo, porque la conducta se ejecutó, por el investigado, conscientemente y su voluntad se dirigió hacía la ejecución inequívoca de la misma; además, el señor Jesús Herid Pérez Hernández, al momento de suscribir el contrato, afirmó bajo la gravedad del juramento que no estaba incurso en inhabilidad para contratar, lo que permite inferir que sí tenía conciencia de la existencia de la normatividad aplicable que reglaba las inhabilidades en el campo de la contratación y que dicho juramento no se trataba de un mero formalismo. Antes de suscribir el contrato, al docente se le imponía la obligación de determinar si se encontraba incurso o no en alguna causal de inhabilidad, para poder afirmar que no lo estaba.

3. DESCARGOS.

La apoderada del disciplinado presentó memorial de descargos el 2 de diciembre de 2004 (Folios 74-82)).

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La defensa argumentó la inocencia de su poderdante en la causal de exclusión de responsabilidad establecida en el numeral 6 del artículo 28 de la Ley 734 de 2002, atendiendo a que éste sí desplegó la conducta que se le reprocha, pero con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituía falta disciplinaria. Dijo que su defendido, al momento de suscribir el contrato No. 005 del 23 de mayo de 2001, afirmó conocer la ley, y así era, pues conocía la Ley 4 de 1992, que permite la prestación de servicios personales en la docencia y, por ello, procedió a celebrar el contrato. Ahora bien, el convencimiento de no estar incurso en causal de inhabilidad devino especialmente del concepto emitido el 21 de marzo de 1997 por el Consejo de Estado –Sala de Consulta y Servicio Civil-, con ponencia de la doctora María Elena Giraldo Gómez, en el radicado No. 967-97, en el que estableció esta corporación que una entidad pública podía contratar los servicios personales de un educador oficial, bajo las siguientes consideraciones:  Para desarrollar tareas que no pueden suplirse con personal de planta.  Para adelantar tareas o labores que son de la especialidad del educador.  Cuando en la jurisdicción no existe más personal idóneo para cumplir con los requerimientos que la entidad necesita suplir.  Cuando la realización de dichas tareas no afecten la jornada laboral ordinaria del educador. Afirmó la defensa que el concepto referido permitió colegir la posibilidad legal de suscribir contratos, por parte de los educadores oficiales con entidades públicas, y

así lo creyó su prohijado, pues la labor para la cual se le contrató por el municipio de San Antonio no se cruzaba con la jornada laboral que cumplía como docente; además, el objeto del contrato era de prestación de servicios y en la entidad contratante no existía, posiblemente, personal idóneo y especializado en la materia. Además, indicó que su defendido siempre ha actuado de buena fe, prueba de ello es que nunca negó haber suscrito el contrato que aquí se controvierte y en su versión afirmó que lo hizo con el convencimiento de que no estaba incurriendo en alguna anormalidad, que se encontraba dentro de las excepciones especificadas por la norma para los docentes; por otra parte, que el contrato lo ejecutó en su tiempo libre y convencido de que, como docente al servicio del departamento de Tolima, no estaba inhabilitado para contratar con los municipios Expuso que el alcalde y sus asesores también incurrieron en error, porque ellos conocían al contratista y su idoneidad para realizar la labor de docencia y, sin embargo, expidieron las órdenes del gasto; de allí se desprende que ellos nunca pensaron que estaban incursos en un delito. Agregó que, además del burgomaestre de dicho municipio, intervinieron en el proceso precontractual, el asesor jurídico, el secretario de hacienda, el tesorero municipal y el inspector de obra. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que su poderdante llevaba bastantes años al servicio del magisterio del departamento de Tolima y no iba, en forma consciente, a arriesgar su permanencia en dicha entidad.

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FALLO SEGUNDA INSTANCIA Afirmó que lo esgrimido por su defendido es cierto, ya que su intención nunca estuvo cualificada por la finalidad de vulnerar el interés protegido por la ley; lo que sí existió en su comportamiento fue un error en la interpretación de la norma, pues, como él mismo lo expuso, era docente al servicio del departamento y pensó que podía contratar con el municipio y, además, el contrato lo iba a ejecutar en su tiempo libre. Se tiene, entonces, que su prohijado no disminuyó el patrimonio económico del Estado, porque cumplió con lo pactado en el contrato; por lo tanto, no hubo daño, al no existir alteración del bien jurídico protegido. Tampoco pensó que existiera impedimento o incompatibilidad para contratar, ante la inexistencia del factor subjetivo, porque Jesús Herid Pérez Hernández no tenía vínculo de parentesco con ninguno de los funcionarios que participaron en la firma y en la ejecución del contrato. Por lo expuesto, afirmó la defensa que el señor Jesús Herid Pérez no actuó con dolo, ni con culpa, y que no existe certeza respecto de la responsabilidad por la imputación realizada a su defendido; por el contrario, existe duda, acerca de su actuar lícito. Adicionalmente, dijo, se debe tener claro que la culpabilidad, en el caso que se investiga, siempre exige la modalidad dolosa, de modo que, por existir duda con relación a la interpretación que éste dio a las inhabilidades e incompatiblidades, al momento de contratar, desaparece el elemento de la culpabilidad dolosa en la conducta investigada.

En este caso, como mínimo, se le debe otorgar el beneficio de la presunción de inocencia, porque el Estado es el que tiene la carga de la prueba y la Procuraduría no demostró la responsabilidad de su defendido en forma categórica, ni siquiera a título de culpa; por lo tanto, su prohijado está protegido por el principio del beneficio de la duda. Además, la Ley 200 de 1995, así como la Ley 734 de 2002, exigen, para condenar disciplinariamente, plena prueba de la responsabilidad y la plena prueba es fruto de la certeza; así, para sancionar disciplinariamente, no basta la sospecha, la duda, sino que es indispensable tener certeza de la responsabilidad del disciplinado. Reiteró que la actuación que se le reprocha a su defendido está justificada, porque éste la realizó “con la convicción errada e invencible” de no estar incurso en ninguna inhabilidad, circunstancia que representa una causal de justificación de la responsabilidad, contemplada en el numeral 4º del artículo 23 de la Ley 200 de 1995 y el artículo 28 de la Ley 734 de 2002. Con el objeto de reforzar su planteamiento, hizo un análisis sobre los conceptos de antijuridicidad y culpabilidad. Para referirse al concepto de antijuridicidad, citó al tratadista Luis Carlos Pérez, quien afirma que “[l]a conducta es antijurídica cuando, además de descrita en la norma, lesiona o pone en peligro de lesión el interés general o particular tutelado por el ordenamiento del Estado. Siempre que esta conducta no proceda de justa

causa...” (Resaltado fuera de texto) (Derecho Penal, parte general y especial. Tomo

I. Temis, Bogotá, 1984, página 158).

Indicó que, conforme a la metodología del autor mencionado, el funcionario investigador, cuando se enfrente a un problema susceptible de ser enmarcado en el régimen disciplinario, debe tener en cuenta lo siguiente EXPEDIENTE 078-3746/03 – MARTHA LUCÍA AGUILAR E. – 4 FALLO SEGUNDA INSTANCIA  La acción (hacer o no hacer).  La tipicidad, es decir la confrontación de la conducta con la descripción típica.  La antijuridicidad, comparación entre el acto típico y la norma. Es el momento de precisar la existencia de una causal de justificación.  La culpabilidad. Establecer la motivación del actuar típico y antijurídico y su conocimiento por parte del servidor público Con respecto a la culpabilidad, recordó que, desde la perspectiva del artículo 14 de la Ley 200 de 1995, está proscrita toda forma de responsabilidad objetiva en materia disciplinaria, y que las faltas son sancionables a título de dolo o culpa. Por lo tanto, un servidor público está incurso en falta disciplinaria, cuando, además de estar descrita en el ordenamiento jurídico vigente, afecta o pone en peligro el cumplimiento de los fines y funciones del Estado, sin justa causa, siempre y cuando se pueda afirmar que el funcionario actuó con dolo o con culpa. Indicó que tanto el investigador, como el fallador, deben tener claro, desde que se inicia la investigación, la connotación de las causales de justificación, para que, de

acuerdo con el acervo probatorio, haya un pronunciamiento oportuno, evitando la dilación en el proceso y un desgaste innecesario. La normatividad disciplinaria contempla la posibilidad de que un sujeto incurra en falta y que dicha conducta no le sea reprochable, en la medida en que se encuentre amparado por una causal de justificación, como es el caso de su defendido, que actuó con el convencimiento de que su comportamiento no estaba prohibido. Aspecto importante es el principio de la buena fe, entendido como la creencia franca de estar actuando conforme a derecho y la convicción de que la conducta desplegada no se adecua a ningún tipo disciplinario. Finalmente, citó a la autora LINA MARÍA HIGUITA RIVERA, quien, en su libro “Nuevo Régimen Disciplinario del servidor público, Ley 734 de 2002, en su página 14, expuso: “... la acción, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad son la estructura del hecho disciplinado, en forma tan completa que esto representa, no la simple suma de dichos elementos, sino una unidad. Faltando cualquiera de los cuatro factores, la conducta no es disciplinable, o no se integra, o pierde el carácter de ilícita frente al derecho”. Conforme a los planteamientos realizados, solicitó la preclusión de la investigación, la revocatoria del pliego de cargos de octubre 29 de 2004 y, en consecuencia, la absolución de su defendido.

4. PRUEBAS DE DESCARGOS Mediante auto del 16 de febrero de 2005, se ordenó de oficio la recepción de los testimonios del alcalde, asesor jurídico, secretario de hacienda y tesorero del

municipio de San Antonio, Tolima, así como la solicitud ante la administración municipal del San Antonio, de las copias de todo el proceso de contratación que se investiga, desde su etapa precontractual hasta la liquidación del contrato (Folios 8485).

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5. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto del 26 de mayo de 2005, la Procuraduría Regional del Tolima puso a disposición de los sujetos procesales las presentes diligencias, para alegar de conclusión en forma previa al fallo (Folio 271).

La apoderada de la defensa presentó memorial de alegatos de conclusión el 13 de junio de 2005, en el que, básicamente, ratificó los planteamientos realizados en los descargos, específicamente, que su defendido no es responsable de la conducta que se le reprocha, porque actuó con la convicción errada e invencible de que no estaba incurso en inhabilidad cuando suscribió el contrato No. 005 del 23 de mayo de 2001. Además, afirmó que, con la práctica de las pruebas de descargos, se evidenció que el contrato fue aprobado por un comité calificador, el cual dio vía libre para su suscripción y posterior ejecución. También, expresó que, con base en ellas, se verificó que el contrato fue revisado por el asesor jurídico, quien lo encontró viable y no lo objetó (Folios 276-277) Con base en lo probado, es más claro el hecho de que su prohijado incurrió en error invencible, pues, si quienes tenían conocimiento sobre la materia y las normas

aplicables al caso concreto, no fueron conscientes de estar incursos en falta disciplinaria, menos lo fue su cliente, quien, además, por la falta de exigencias de los asesores en cuanto al cumplimiento de los requisitos legales que todo contrato debe cumplir, cayó en error respecto de la inhabilidad en la cual estaba incurso para suscribir el contrato de marras.

6. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA Mediante Resolución del 29 de junio de 2005, la Procuraduría Regional de Tolima decidió el presente proceso en primera instancia, sancionando al señor JESÚS HERID PÉREZ HERNÁNDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 93.359.413 de Ibagué, en su condición de docente del Colegio José María Carbonell de San Antonio, Tolima, con destitución. Como sanción accesoria, se le impuso inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos, por el término de tres (3) años (Folios 279-287).

En primer lugar, el a-quo se pronunció sobre lo señalado por la defensa, respecto de que se desconoció lo afirmado por su defendido, en el sentido de que actuó con el convencimiento de que no existía impedimento o inhabilidad para contratar y, sin embargo, se le dio relevancia, en el auto cargos, al juramento prestado al momento de suscribir el contrato con la administración municipal de San Antonio, según el cual conocía las normas de contratación estatal y no estaba incurso en inhabilidad. Indicó la instancia que lo que se pretendió dar a entender en el pliego de cargos fue que dicha solemnidad no debía verse como un mero formalismo, porque el juramento

no lo es, en ninguna de las disciplinas del derecho y, menos aún, en la actividad contractual que está regida por normas constitucionales y legales; dicho juramento representa una seguridad, por el compromiso que impone contratar con el Estado, independientemente de la convicción, errada o no, invencible o no, que tengan las personas, y esta seguridad dependerá del conocimiento y se antepondrá a las prestaciones que se persigan.

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FALLO SEGUNDA INSTANCIA En segundo lugar, aclaró la Regional que la consulta a que hizo referencia la defensa, absuelta por el Consejo de Estado, tuvo su origen en solicitud elevada por el Ministerio del Interior, respecto de si una entidad pública podía contratar los servicios personales de un educador oficial, y el Consejo de Estado estableció las siguientes premisas: sería para desarrollar tareas que no podían suplirse con personal de planta, para cumplir labores atinentes a la especialidad del educador, cuando no existiera en el lugar personal idóneo para satisfacer los requerimientos de la entidad y sin que la realización de las mismas afectara la jornada laboral ordinaria de éste. En su respuesta, además, la corporación hizo mención a que la prestación de servicios docentes no podía exceder de ocho (8) horas diarias, en distintas entidades, siempre y cuando no se presentara cruce de horarios, pero, en ningún momento abrió la posibilidad de que un educador del sector oficial pudiera acceder a contratos de construcción de obra, de suministro o de compraventa con entidades oficiales. Precisó el fallador que la Corte Constitucional, en sentencia C-178 de abril 29 de

1996, estableció que están habilitadas para celebrar contratos estatales, las personas consideradas capaces en las disposiciones vigentes; a contrario sensu, no pueden celebrar contratos estatales los incapaces, que, según el régimen de contratación estatal, son quienes se catalogan como tales conforme a la ley civil o comercial u otros estatutos e, igualmente, las que están incursas en cualquiera de las circunstancias previstas en el ordenamiento jurídico como determinantes de inhabilidad o de incompatibilidad, para suscribir contratos con las entidades estatales. La Corte Constitucional, por otra parte, en sentencia C-489 de septiembre 26 de 1999, planteó que las inhabilidades e incompatibilidades constituyen una limitación que incapacita para ser parte en una relación contractual con las entidades estatales, por razones vinculadas con los intereses públicos envueltos en las operaciones contractuales que exigen que éstas se realicen con arreglo a criterios de imparcialidad, eficacia, eficiencia, moralidad y transparencia. Indicó el a quo que, con fundamento en las pruebas practicadas para verificar lo afirmado por la defensa respecto de que el contrato fue revisado y aprobado por un comité calificador, que dio vía libre a su suscripción y posterior ejecución, así como para establecer la existencia de conceptos de la oficina jurídica, previos a la celebración, se logró determinar que no está demostrada la actuación de ningún comité en el proceso de contratación investigado; únicamente se halló un acta “de adjudicación de un contrato de obra civil” del 22 de mayo de 2001, de audiencia

pública realizada en el despacho del alcalde, en la que se mencionan tres propuestas y un “pretendido” análisis de las mismas, que está firmada, exclusivamente, por el alcalde, y en la que ni siquiera se nombra como asistentes a la audiencia a otros servidores públicos. Tampoco se encontró concepto jurídico previo o posterior a la suscripción del contrato, como lo afirmó la defensa. Por otra parte, la secretaria de obras públicas del municipio de San Antonio, Marleny Cárdenas Quesada, quien desempeñó el cargo del 1º de enero al 31 de mayo de 2001, y la señora Martha Ascencio, quien desempeñó el cargo de Tesorera del municipio en el mes de mayo de 2001, afirmaron que solo conocieron al señor Jesús EXPEDIENTE 078-3746/03 – MARTHA LUCÍA AGUILAR E. – 7 FALLO SEGUNDA INSTANCIA Herid Pérez Hernández por la celebración del contrato que se investiga; no recuerdan haber hecho parte del comité de evaluación y no tuvieron que ver en la adjudicación del mismo. También coincidieron en afirmar que el proceso de contratación siempre se hacía por la alcaldía, a la que estaba adscrita la Oficina de Planeación, en donde laboraba un empleado que prestaba sus servicios como inspector de obra. Indicó que, con estos testimonios, se desvirtuó lo afirmado por la defensa, con respecto a que los asesores del municipio otorgaron las órdenes de gasto conociendo al contratista y que, antes de la firma del contrato, actuaron varias personas, como el secretario de hacienda municipal y el tesorero municipal; éste

último actuó, exclusivamente, en relación con la expedición de la disponibilidad presupuestal, que no debe confundirse con el otorgamiento de órdenes de gasto. Además, mencionó el a quo el testimonio del señor Tao Useche, alcalde de San Antonio, Tolima, quien afirmó que, al momento de celebrar el contrato con el disciplinado, no tenía conocimiento de que se tratara de un servidor público y solamente se enteró de tal condición a finales del año 2002. A esta afirmación el fallador de instancia no le dio credibilidad, dado que el testigo incurrió en contradicción cuando expresó que conocía al señor Jesús Herid Pérez Hernández desde hacía aproximadamente cinco (5) años, ya que tenía un taller de ornamentación o de carpintería metálica en el pueblo y, desde entonces, empleaba sus servicios para trabajos con destino a su casa de habitación. Concluyó el a quo que el cargo no fue desvirtuado, que el disciplinado sí incurrió en violación al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades contemplado en la Constitución Política y en la Ley 80 de 1993, y que su falta fue gravísima al tenor de lo que establece el numeral 10º, del artículo 25 de la Ley 200 de 1995. Por otra parte, la falta le fue atribuida al disciplinado a título de dolo, pues la conducta que se le reprocha fue ejecutada en forma consciente y no por error invencible como alegó la defensa, pues no se trata de una persona sin ningún grado de educación, que no contara con un conocimiento básico de sus deberes, compromisos, obligaciones, y de las prohibiciones que tenía como servidor público en su condición de docente

oficial. No fue de recibo para el fallador de instancia la pretendida exclusión de responsabilidad por la ignorancia, que alegó el disciplinado, dado que éste prestó juramento de no estar incurso en las causales de inhabilidad de la Ley 80 de 1993, y el mismo no es una mera formalidad, sino todo un compromiso en el actuar contractual. En el fallo, además, se declaró la extinción de la acción disciplinaria adelantada en contra de Belisario Tao Useche, en su condición de alcalde del municipio de San Antonio, Tolima, en aplicación del artículo 29 de la Ley 734 de 2002, porque en el proceso se probó su fallecimiento el día 29 de mayo del 2003. Sin embargo, observa este despacho que dentro de las presentes diligencias no obra apertura de investigación disciplinaria en contra del mencionado alcalde del municipio de San Antonio, Tolima, por lo que esta decisión es improcedente.

7. APELACIÓN EXPEDIENTE 078-3746/03 – MARTHA LUCÍA AGUILAR E. – 8

FALLO SEGUNDA INSTANCIA El 2 de agosto de 2005, la apoderada del disciplinado presentó recurso de apelación contra el fallo proferido el 29 de junio de 2005 por la Procuraduría Regional de Tolima, en el que reiteró, íntegramente, los argumentos expuestos en los descargos, citados en esta providencia con anterioridad (Folios 290 –300). Por otra parte, respecto de los testimonios rendidos por los servidores de la alcaldía municipal de San Antonio, Tolima, que intervinieron en la formación y ejecución del

contrato, indicó que, a pesar de que éstos afirmaron que conocieron a su representado, en el momento en que contrató con la alcaldía, se debe tener en cuenta que el señor Jesús Herid Pérez Hernández posee un taller de ornamentación en el municipio, que, por ser una población pequeña, permite que las personas, aunque no tengan trato entre ellas, se conozcan de vista, y, muy probablemente, aquéllos tenían conocimiento de la calidad de docente de su prohijado. Resulta, más bien, que tanto los funcionarios de la alcaldía como su defendido incurrieron de buena fe en el error invencible. Por último, recalcó que su poderdante nunca pensó que su proceder fuera “ilegal”; no podía enmendar algo que consideraba conforme a derecho y no es justo que se le condene, porque no existió en él la voluntad de cometer el hecho investigado, es decir, no actuó con la intención de cometer el delito. Conforme a los planteamientos realizados, solicitó que se revoque el fallo proferido el 29 de julio de 2005 y, en consecuencia, se absuelva a su representado.

8. CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA: 8.1. Hechos probados Con fundamento en las pruebas que obran en el expediente, se encuentran probados

los siguientes hechos:

1. El contrato de obra civil No. 005 fue suscrito el 23 de mayo de 2001, entre el municipio de San Antonio, Tolima, representado por su alcalde Belisario Tao Useche, y el señor Jesús Herid Pérez, con el objeto de realizar el mantenimiento general al

puente La Cristalina, “consistente Reemplazo del piso en lámina ALFAJOR con pintura anticorrosivo en sus dos lados y esmalte plateado por un solo lado y pasamanos con pintura anticorrosivo (sic) y esmalte plateado.”. Su valor fue de $19 498.989.60 (Folios 24-28). En la cláusula trigésima segunda del mencionado contrato se estipuló: “Inhabilidades e incompatibilidades; El contratista declara bajo la gravedad del juramento no encontrarse incurso dentro de las inhabilidades e incompatibilidades de la ley 80 de 1993.”(Folio 28).

2. En diligencia de versión libre, rendida ante el personero municipal de San Antonio, Tolima, el señor Jesús Herid Pérez manifestó que se desempeñaba como docente adscrito al departamento del Tolima desde el año 1993 y prestaba sus servicios en el colegio José María Carbonell, del municipio de San Antonio, Tolima. También aceptó haber suscrito, en el mes de mayo o junio del 2001, un contrato con la EXPEDIENTE 078-3746/03 – MARTHA LUCÍA AGUILAR E. – 9

FALLO SEGUNDA INSTANCIA alcaldía de San Antonio, con el objeto de realizar mantenimiento general al puente La Cristalina (Folios 29-30). Interrogado sobre la razón por la cual suscribió el contrato de obra No. 005 de 2001, con la alcaldía municipal de San Antonio, Tolima, estando inhabilitado por su condición de servidor público del departamento del Tolima, respondió: ...cuando yo firmé el contrato con la Alcaldía yo no sabía que por ser yo profesor no podía

celebrar contratos con el Municipio, es decir, yo estaba convencido o tenía la creencia de que yo podía contratar con el Municipio, al igual que con cualquier particular (Resaltado fuera de texto).

3. El señor Belisario Tao Useche, alcalde del municipio de San Antonio, quien suscribió, en representación del municipio, el contrato de obra No. 005 de 2001, afirmó en su declaración que conocía al señor Jesús Herid Pérez desde hacía aproximadamente cinco (5) años, porque éste tenía un taller de ornamentación en el pueblo y él le mandaba a hacer trabajos para su casa de habitación. Aseguró que se enteró, a finales del 2002, de que el señor Jesús Herid Pérez tenía la condición de docente planta FED, adscrito a la Secretaría de Educación Departamental, y que prestaba sus servicios en el colegio José María Carbonell del municipio de San Antonio, Tolima; el 23 de mayo de 2001, cuando se suscribió el contrato, no conocía la condición de servidor público del contratista (Folios 32-33).

4. Según certificación expedida por la Secretaría de Educación de la Gobernación de Tolima, el señor Jesús Herid Pérez Hernández, identificado con cédula de ciudadanía No. 93.359.413, presta sus servicios en el nivel básica primaria, en propiedad, desde el 1