PGN - Documento 201603111027220

Dependencia: Procuraduría Segunda Delgada para la Contratación

Estatal Radicación: 083-02733-2004

Investigado: HERNANDO QUESADA TRUJILLO y FERNANDO

ENRIQUE BONILLA MARTINEZ

Cargo y Entidad: SECRETARIO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA Y

PROFESIONAL UNIVERSITARIO INTERVENTOR DEL

CONTRATO DE LA SVI GOBERNACION DEL HUILA

Fecha Queja: 10 DE NOVIEMBRE DE 2004

Fecha Hechos: AÑO 2002

Asunto: APELACION DE FALLO – PROCESO VERBAL

Bogotá, D.C., 11 de agosto de 2006 Procede el Despacho a decidir el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por los doctores HERNANDO ALVARADO SERRATO, apoderado del disciplinado HERNANDO ALVARADO TRUJILLO, y ARNOLDO TAMAYO ZUÑIGA apoderado del disciplinado FERNANDO ENRIQUE BONILLA MARTINEZ, dentro de la Audiencia de Fallo de Primera Instancia, en contra de la Resolución No. F -13, de 2006, proferida el pasado 27 de abril de los corrientes.

I. ANTECEDENTES

1. Con base en la Auditoria Gubernamental con enfoque especial, practicada en la Secretaria de Vías e Infraestructura del Departamento del Huila al contrato 438 de 11 de diciembre de 2002, celebrado entre esa entidad y la firma VIAS Y PAVIMENTOS S. A., cuyo objeto fue la pavimentación a todo costo en

concreto asfáltico de la Carrera 28 entre calles 1C a 2 A del barrio Las Acacias

de Neiva, se evidenciaron algunas irregularidades en la ejecución del contrato, a partir de las cuales se fundamentó el Auto de 22 de noviembre de 2004 (Fs. 112-114 C. 1) que dispuso adelantar Indagación Preliminar en contra de los

doctores HERNANDO QUESADA TRUJILLO y FERNANDO ENRIQUE

BONILLA MARTINEZ.

2. Mediante auto de 29 de septiembre de 2005, atendiendo los requisitos establecidos en el inciso 3 del artículo 175 de la Ley 734 de 2002, se declara la procedencia de adelantar un procedimiento verbal, a fin de esclarecer los hechos materia de la presente investigación. (Fs. 231-290 C. 1).

3. El 7 de diciembre de 2005, se declara la nulidad de lo actuado a partir del auto a través del cual se declaró la procedencia del procedimiento especial – Verbal dentro de la audiencia del 29 de septiembre de 2005. (Fs. 587 – 590 C.

2)

4. El 31 de enero de 2006, nuevamente se declara la procedencia del procedimiento verbal y se cita a audiencia a los investigados para que el 31 de marzo de 2006, respondan por las conductas señaladas como presuntas faltas

Expediente No. 083-02733-2004

Proyectó: Iriana Aponte Díaz disciplinarias de acuerdo con los hechos establecidos en la parte motiva de la providencia. (Fs.597 -641 C. 2).

5. El 31 de marzo de 2006, se da inició al trámite y la audiencia es suspendida, a la misma se le da continuidad en el Despacho, durante los días 3, 18 y 27 de

abril de 2006, culminando el trámite con el Fallo de Primera Instancia, el cual es apelado por los disciplinados.

6. El 2 de mayo de 2006, los apoderados de los doctores HERNANDO QUESADA TRUJILLO Y FERNANDO BONILLA MARTINEZ, presentan la sustentación de sus respectivos recursos de apelación. (Fs. 692 a 717 C. 2).

7. Consta a folio 723 C. 2 que por parte de la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal el 26 de mayo de 2006, se ordenó oficiar a la Gobernación del Huila, para que certifique si durante el tiempo de vigencia del contrato 438 de 11 de diciembre de 2002, el Interventor FERNANDO ENRIQUE BONILLA, ofició a la empresa VIAS Y PAVIMENTOS S. A., para que actualizara la garantía única del contrato. Respuesta que fue remitida a esta delegada el 15 de junio de 2006.

8. Del anterior documento, se corrió traslado a los sujetos procesales, y mediante escrito radicado bajo el No. 171145 del 27 de julio de 2006, el apoderado del investigado FERNANDO ENRIQUE BONILLA MARTINEZ, presentó nuevamente alegatos de conclusión al respecto.

II. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA La providencia apelada de manera inicial, presenta un recuento de los antecedentes procesales surtidos en el expediente; posteriormente, refiere los hechos que se encuentran establecidos con base en el acervo probatorio y los relaciona con cada cargo imputado a los investigados.

A continuación, se refiere a los descargos y pruebas valoradas con relación a cada uno de los investigados, de igual forma, a los alegatos de conclusión, para entrar a considerar y concluir lo siguiente: a) Con relación al investigado HERNANDO QUESADA TRUJILLO : A este funcionario, en su condición de SECRETARIO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA DE NEIVA, le fue endilgado cargo único por la presunta omisión en realizar una debida planeación y efectuar un análisis de conveniencia del objeto a contratar al inicio del proceso de selección del contratista o la firma del contrato No. 438 de 2002 y en consecuencia se tuvo que suspender el proceso contractual porque no se adelantaron las acciones que conllevaran a la contratación de un laboratorio que se encargara de desarrollar el apoyo logístico a la interventoria 2 Expediente No. 083-02733-2004

Proyectó: Iriana Aponte Díaz para la verificación de los materiales utilizados y la aplicación de los mismos en la conformación de la estructura del suelo y del pavimento.

Porque tal situación, dio lugar a que el 27 de diciembre de 2002, fecha en que se suscribió el acta de iniciación de la obra, se ordenara su suspensión, hasta tanto no se contratara el laboratorio de suelos y pavimentos para apoyo logístico a la interventoria. Con base en lo anterior, se consideró presuntamente violado el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, pues no se cumplió con la finalidad del contrato, ya que por la falta de planeación, la obra resultó inconclusa; porque la administración se tornó permisiva

con el contratista, al entregarle el anticipo, cuando el contrato se había suspendido. De igual forma, considera el fallo de primera instancia que se violaron los artículos 23 y 26, de la Ley 80 de 1.993, pues dentro de la contratación, no se observaron los principios de transparencia, economía, responsabilidad y eficiencia; y de acuerdo con los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la norma en mención, la contratación era inconveniente para los fines de la administración, pues no se contaba con el apoyo logístico del laboratorio de suelos y pavimentos que permitiera determinar que la obra se ejecutara con calidad; es decir que no hubo un estudio serio de las necesidades para que la obra se hiciera en debida forma y no conjurar la falencia, suscribiendo el acta de inicio y luego suspender, para que la administración consiguiera el laboratorio de apoyo, tarea en la que duró 3 meses al cabo de los cuales, el contratista hizo un mal uso de los dineros que se le dieron como anticipo, de donde emerge la violación al principio de responsabilidad. Así mismo consideró que la conducta, contraviene el numeral 1 de los artículos 34 y 35 de la Ley 734 de 2002 y al omitir el cumplimiento al principio de planeación, se violan las normas de contratación estatal, lo que implica falta al cumplimiento de la Constitución, la ley y los Decretos, vulnerando el numeral 3 del artículo 34 de la Ley en mención, encuentra la primera instancia que hubo incumplimiento al manual de funciones, toda vez que como ordenador del gasto, no dio aplicación a las normas

que regulan la materia. De acuerdo con lo anterior, la Procuraduría Regional, concluye que la falta en que incurre el investigado corresponde a una falta gravísima, de conformidad con los numerales 30 y 31 del art. 48 de la Ley 734 de 2002. No obstante se califica como grave, en razón a que la misma fue realizada con culpa grave. Sobre el cargo imputado, concluye el fallo en primera instancia que existe prueba que lleva a la certeza de la existencia de la falta, pues hay evidencia de inconsistencias en el trámite precontractual y contractual, porque en la planeación del proyecto no se tuvo en cuenta el apoyo logístico necesario, para el análisis de los pavimentos. Y esta falta de planeación es inexcusable, porque en la misma fecha en que se da inicio a la obra, se suspende el contrato, mientras se tramita lo necesario para que la interventoria tuviese el apoyo logístico, cuando desde mucho tiempo 3 Expediente No. 083-02733-2004

Proyectó: Iriana Aponte Díaz antes, la Secretaría sabía que no contaba con un laboratorio de estas condiciones y por consiguiente el proceso contractual debió surtirse simultáneamente.

Por falta de planeación en el contrato, se entregó al contratista el 30% del valor del mismo, correspondiente al anticipo y del cual se dio un uso inadecuado, por parte del contratista, tema del cual deberá ocuparse la Contraloría en lo relacionado con el proceso de responsabilidad fiscal al respecto. De otra parte, retoma lo manifestado por los testigos PEDRO EDUARDO VELASQUEZ y BEATRIZ E. LUNA SALGUERO, quienes durante los años 2002 y

2003 laboraron en la Secretaría de Vías y quienes con sus testimonios evidencian las falencias en el proceso de contratación, al faltar la contratación simultánea de un laboratorio de suelos y pavimentos como apoyo logístico a la interventoria. En este orden de ideas, en el fallo de primera instancia no son aceptadas las exculpaciones del apoderado relacionadas con la falta de recursos para proceder a la contratación del laboratorio, porque la ejecución del presupuesto iniciaba en el mes de marzo, pues esta clase de contratos se debieron haber planeado y celebrado simultáneamente, porque son objetos contractuales complementarios y la ejecución de la vía depende de los resultados del laboratorio de suelos, lo que conllevó a la suspensión de la obra cuando la misma, ni siquiera había iniciado. Tampoco se acepta por parte de la Procuraduría Regional, lo manifestado por el investigado, cuando afirma que se enteró de la necesidad de la contratación del apoyo logístico, hasta cuando se firmó el acta de inicio por parte del interventor y él se lo comunicó, pues de la simple lectura del objeto contractual, se evidencia que lo contratado era una pavimentación en concreto asfáltico, deduciéndose que por esta especial situación y por ser el único contrato de este tipo, debía revestir una especial atención en lo relacionado con el apoyo logístico del laboratorio, con el que no contaba la entidad; de ahí que resulte lógico que el contrato se suspenda, hasta que se consiguiera el apoyo necesario, más no como lo afirma la defensa, por el compromiso y grado de responsabilidad con que actuaba, ello simplemente obedeció

a la falta de planeación del proyecto. b) Con relación al investigado FERNANDO BONILLA MARTINEZ: Le fue formulado cargo único, por la presunta omisión en el cumplimiento de sus funciones de interventoria al no informar por escrito a la administración departamental, que las pólizas de seguro Nos. 7686607 y 113310 de la compañía de Seguros Cóndor S.A., tomadas por la firma VIAS Y PAVIMENTOS S. A. para garantizar el contrato, vigentes desde el 11 de diciembre de 2002 al 11 de marzo de 2003, cuando se reinició la ejecución de las obras, estaban próximas a vencerse, para que se hubieren iniciado las acciones pertinentes con miras a salvaguardar los recursos públicos, ni tampoco exigió por escrito como era su deber, al contratista, su prorroga o ampliación de la vigencia. 4 Expediente No. 083-02733-2004

Proyectó: Iriana Aponte Díaz Actuación que dio lugar a que no se pudiera reclamar en contra de la aseguradora, ante el incumplimiento del contratista y buscar la indemnización del departamento, de acuerdo con el oficio DAJ 0127 de 9 de febrero de 2004.

Con esta conducta la procuraduría regional consideró como violadas las normas contenidas en el art. 3 de la ley 80 de 1993, toda vez que los servidores públicos en sus actuaciones deben buscar el cumplimiento de los fines estatales, en este evento la obra no se culminó por incumplimiento del contratista y ante el vencimiento de las pólizas de garantía, no se pudieron resarcir los daños causados, porque el interventor de la obra, no le exigió por escrito al contratista la prorroga de las pólizas

que garantizaban su cumplimiento y tampoco informó de esta situación por escrito, a la administración, según lo dispone el inciso tercero del numeral 2 del artículo 32 de la ley 80 de 1993, conllevando a un detrimento patrimonial. De igual forma considera como posiblemente violados los artículos 23 y 26, de la Ley 80/93, que desarrollan los principios de transparencia, economía y responsabilidad y que obligan a los servidores públicos a buscar con sus actuaciones, los fines de la contratación, vigilar la correcta ejecución del contrato y proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. Presuntamente considera que se violó el numeral 19 del artículo 25 de la Ley 80, así como, los artículos 16 y 17 del Decreto 679 de 1993, pues el contratista tiene la obligación de prorrogar y/o ampliar la vigencia de las garantías, exigencia que omitió realizar el investigado al momento de reanudar la ejecución del contrato, pues los plazos vencieron el 31 de marzo de 2003 y en ese momento la entidad quedó con una contratación sin amparos para su cumplimiento. Con esta conducta, considera la Procuraduría Regional que se contraviene el numeral 1 de los arts. 34 y 35 de la Ley 734 de 2002, pues al no mantenerse vigentes las garantías del contrato, se violan los deberes de cumplir y hacer cumplir la ley; igualmente se vulnera el artículo 34.3 de la norma en cita, por cuanto el actuar del investigado no fue diligente, eficiente e imparcial, al no exigir al contratista la prorroga o ampliación de vigencia de las pólizas próximas a vencerse, tampoco

informo de ello a la administración; a la par, incumplió el manual de funciones de la Secretaría de Vías e Infraestructura de Neiva, contemplado en la Resolución 602 de 30 de septiembre de 1998, donde se determina que era deber del investigado realizar la interventoria técnica y administrativa de las obras de infraestructura que le fueran asignadas debiendo planear, diseñar y ejecutar la supervisión e interventoria técnica y administrativa de los mismos. Finalmente estimó la regional que la falta en que se incurrió el investigado era gravísima, dado el comportamiento omisivo del investigado. Dentro del fallo de primera instancia, consideró el Despacho que con las pruebas allegadas a la actuación, se determina la certeza de la existencia de la falta, así 5 Expediente No. 083-02733-2004

Proyectó: Iriana Aponte Díaz como la responsabilidad del disciplinado, pues él incumplió sus funciones, consagradas en la Resolución 602 de 30 de septiembre de 1998, que corresponden a efectuar la interventoria técnica y administrativa de las actividades afines a la profesión, requeridas en la ejecución de las obras de infraestructura y demás proyectos asignados.

Señala el fallo que se encuentra probado dentro del expediente que el interventor del contrato, en efecto fue el ingeniero FERNANDO ENRIQUE BONILLA MARTINEZ, así mismo, que ni durante el periodo en que permanecieron vigentes las pólizas, ni con posterioridad a la fecha de su vencimiento existe alguna orden escrita emitida por el interventor al contratista, en donde se le requiera para la renovación de las

pólizas al contratista o se acerque a la Secretaría de Vías para enterarlo de esta situación, tampoco obra comunicación en la cual esté enterando a los superiores de tal situación, como era su deber legal de acuerdo con el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. Sin embargo, de acuerdo con el documento remitido al contratista de fecha 22 de abril de 2003, si se evidencia que en varias ocasiones fue requerido frente al cumplimiento del cronograma del contrato, solicitándole que se trabajara en dos jornadas para dar cumplimiento al contrato, evidenciando con ello que no se había detenido a revisar la documentación del negocio. Considera la Regional que fue el ingeniero PEDRO EDUARDO VELASQUEZ TRUJILLO, quien actuando como interventor, durante el periodo en que el ingeniero BONILLA MARTINEZ, estuvo de vacaciones, informó al secretario, entre otros, que las pólizas no fueron actualizadas por el contratista. Finalmente, concluye el fallo que el deber de mantener vigentes las pólizas de garantía es función específica del interventor de la obra, conforme lo indican los testimonios de los ingenieros VELASQUEZ TRUJILLO y LUNA SALGUERO, profesionales universitarios de la Secretaria de Vías e Infraestructura, quienes para los años 2002 y 2003, ejercieron funciones de interventoria en dicha entidad. De acuerdo con lo expuesto, no fueron aceptados los argumentos presentados por el apoderado del disciplinado BONILLA MARTINEZ, cuando afirma que en reiteradas oportunidades solicitó al contratista que actualizara la pólizas, toda vez que no existe

evidencia que así lo demuestre conforme lo dispone el inciso 3 del numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que le exigía un continuo seguimiento a la documentación aportada por el contratista en especial velar porque las pólizas de garantía se mantuvieran vigentes. En el análisis de culpabilidad, el fallo atacado señala que las faltas endilgadas a los investigados, se deben considerar como graves, atendiendo lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 43 de la Ley 734 de 2002, pues pese a que las mismas de conformidad con los numerales 30 y 31 del artículo 48 de la norma en cita, se 6 Expediente No. 083-02733-2004

Proyectó: Iriana Aponte Díaz pueden considerar como gravísimas, en aplicación del parágrafo del artículo 44 de la Ley 734 de 2002, se deben considerar como graves, pues “será grave cuando se incurra en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier personal del común imprime a sus actuaciones” Y luego de una exposición, sobre los criterios para la dosificación de la sanción, resuelve sancionar al ingeniero HERNANDO QUESADA TRUJILLO con suspensión en el ejercicio de su cargo e inhabilidad especial por el término de 6 meses y al ingeniero FERNANDO ENRIQUE BONILLA MARTINEZ, con suspensión en su cargo e inhabilidad especial por el término de 4 meses.

III. LOS RECURSOS DE APELACION INTERPUESTOS Dentro del término legal, los apoderados de los investigados, sustentaron los

recursos interpuestos, manifestando lo siguiente: El doctor HERNANDO ALVARADO SERRATO, en calidad de apoderado de HERNANDO QUESADA TRUJILLO, solicita que se revoque la parte resolutiva de la providencia atacada y en su lugar exonere de responsabilidad a su prohijado, para el efecto manifestó que el cargo formulado en contra de su defendido hace referencia al contrato 438-2002, del cual se considera como presuntamente violado en su tramitación, pero, manifiesta el apoderado que si se revisan en su totalidad los trámites surtidos con ocasión del mismo, este se desarrolló de acuerdo con las normas contractuales, porque el proceso se abrió existiendo las autorizaciones, aprobaciones, estudios diseños y proyectos requeridos para adelantar el proceso de contratación directa referente al mismo; considerando que el debate se abre frente a otro contrato, que tuvo que celebrar la Secretaria, para apoyar la interventoria encargada y hacerle seguimiento a la ejecución del contrato 438-2002, asunto que dentro de la presente investigación, se ha tenido como una falta de imprevisión y violación al principio de planeación. Llama la atención el apoderado, que dentro del presente proceso, el objeto de discusión, es el contrato 438-2002, el cual cumplió con los requerimientos legales y no el contrato de apoyo y asistencia a la interventoria, por lo que considera que invocar falta de planeación o la omisión de los estudios técnicos, financieros, jurídicos previos para su ejecución, no se tipifica para el caso en estudio. Posteriormente, presenta un capítulo donde se concentra en las funciones correspondientes a las dependencias de la Secretaría de Vías e Infraestructura, para

indicar al respecto que de acuerdo con la Resolución 602 de 1998, dentro de la esa entidad, habían otras dependencias y cargos como el del Jefe de División, quien era un profesional de la ingeniería civil o ingeniería de vías, a quien le correspondía de acuerdo con el manual de funciones coordinar la elaboración de los estudios previos y demás actividades necesarias para la construcción, mejoramiento y conservación 7 Expediente No. 083-02733-2004

Proyectó: Iriana Aponte Díaz de la infraestructura vial del departamento, actividades que debían estar ejecutadas para el inicio de cualquier proceso de contratación.

En consecuencia, manifiesta el apoderado que pretender que la verificación de los procesos previos, sea una función del Secretario, es desconocer las funciones que la ley le otorga, para efectos de cumplir bien y fielmente los cometidos estatales, es una circunstancia que no ha sido tenida en cuenta dentro del proceso disciplinario, para determinar hasta donde puede llegar la responsabilidad del funcionario, cuando es a otros a quienes les compete realizar determinados cometidos, como en el caso que nos ocupa. Así mismo, la defensa señala la gran cantidad de contratos suscritos en el mes de diciembre de 2002, por parte del Secretario de Vías, aduciendo además el desconocimiento que tenía sobre el objeto a contratar, hecho que no advirtió en momento alguno el Jefe de División, quien era el encargado de acuerdo con el manual de funciones de coordinar la contratación de actividades, servicios, suministros, consultorías, interventorias y obras requeridas por la entidad, pero no lo hizo, por lo cual en su momento se debe suspender la ejecución del contrato y

proceder a la contratación del laboratorio que asista a la interventoria. Con relación al análisis de culpabilidad, el apoderado insiste en que su poderdante en momento alguno actuó de manera negligente, toda vez que las funciones endilgadas debieron previamente ser cumplidas por el jefe de división de Vías e Infraestructura. Y que era él quien tenía la obligación de informar al secretario de la necesidad de contratar un laboratorio de estudio de suelos para acompañar la interventoria, información que solamente fue suministrada al secretario, por parte de un funcionario que ejerció funciones de interventoria, mientras que el investigado estaba de vacaciones y es con base en tal solicitud que el Secretario, adelanta posteriormente los trámites para cumplir con el cometido. Por lo cual considera que no es procedente endilgar la falta cometida como gravísima en contra de su representado. De otra parte considera que la conducta de su representado en momento alguno ha violado varias normas, para el efecto trae parte de una providencia emitida por la Procuraduría Primera Delgada de Contratación Estatal, señalando que es necesario efectuar un análisis de los principios de especialidad, subsidiaridad y consunción, para determinar a través de los mismos, que la conducta endilgada no necesariamente se encuadra dentro de varias disposiciones, circunstancia que en opinión del apelante deberá tenerse en cuenta para la graduación de la sanción por cuanto al no violarse varias disposiciones, cambia ostensiblemente la imposición de la sanción. A su vez, el doctor ARNOLDO TAMAYO ZUÑIGA, en representación del investigado

FERNANDO ENRIQUE BONILLA MARTINEZ, manifestó:

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Proyectó: Iriana Aponte Díaz Que no es cierto que su prohijado hubiese incurrido en omisión al cumplimiento de sus funciones al no informar por escrito a la administración departamental que las pólizas que amparaban el contrato 438-2002, estuviesen próximas a vencerse y no haber exigido su prorroga al contratista, pues para la época de los hechos él era empleado público y por lo tanto en opinión del apoderado no se le puede exigir el cumplimiento de normas de la ley 80 de 1993, la cual es vinculante para los contratistas, pues en su condición de empleado de la Secretaría de Vías, solo le es aplicable la Resolución 602 de 1998, la cual no establece en ninguno de sus apartes que él tenga la obligación de informar por escrito sobre el vencimiento de las pólizas.

Esta Resolución, señala el apoderado, contempla las funciones de interventoria técnica y administrativa de las actividades afines en la profesión, requerida en la ejecución de obras de infraestructura, función que era netamente técnica y administrativa, como profesional de la ingeniería civil, pero verificar la variación de las cláusulas contractuales y de las pólizas del contrato, no era función suya. No obstante afirma que su poderdante hizo los requerimientos necesarios tanto a la administración y al contratista para la renovación de las pólizas, lo cual considera probado con las declaraciones de PEDRO FERNANDEZ TRUJILLO, BEATRIZ EUGENIA LUNA; y CARMEN CECILIA COMAS, ésta última quien manifestó haber

recibido un fax en la firma Vías y Pavimentos, en donde se requería la ampliación de las garantías. En ese orden, el apoderado considera que el actuar del ingeniero BONILLA fue eficiente y diligente de acuerdo con la Resolución 602 de 1998, y que no es posible endilgarle responsabilidad alguna en desarrollo del contrato 438 de 2002. De otra parte, retoma el principio consagrado en el artículo 9 de la Ley 734 de 2002, el cual refiere a la presunción de inocencia, así como al In dubio pro disciplinado, de acuerdo con el cual toda duda razonable se resuelve a favor del investigado, para señalar que no se puede desconocer de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente el interés del disciplinado en la renovación de las pólizas. Por otro lado, manifiesta que la ejecución de las pólizas no era la única forma de recuperar el dinero desembolsado por la administración, en la cual si ha existido una omisión, que no puede recaer en el investigado. Finalmente solicita el apelante que en caso de no ser revocada la decisión, se revisen los criterios tenidos en cuenta para la graduación de la sanción, pues se debe partir del mínimo de un mes de suspensión, e inhabilidad especial por el mismo periodo, sin que haya lugar a incrementar la sanción de conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la Ley 734 de 2002, pues el investigado no ha sido sancionado ni fiscal ni disciplinariamente dentro de los cinco años anteriores a la conducta que se investiga, fue diligente en el desempeño de su cargo, como se probó a través de los testimonios y no pertenecía al nivel directivo del ente

9 Expediente No. 083-02733-2004

Proyectó: Iriana Aponte Díaz departamental, además que no existe agravante alguno que dé lugar al incremento de la sanción.

IV. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO Revisadas las pruebas, el fallo, los argumentos de los recursos, y el escrito final presentado por el apoderado del investigado FERNANDO BONILLA MARTINEZ, procede el Despacho a analizar lo correspondiente, de acuerdo con los lineamientos del artículo 171 de la ley 734 de 2002.

Con relación a los argumentos de los apelantes, es importante aclarar que cuando se endilga el cargo al investigado HERNANDO QUESADA TRUJILLO, en su condición de Secretario de Vías e Infraestructura, por la falta de planeación al omitir dentro de los estudios de conveniencia, verificar la necesidad de contratar un laboratorio para apoyo a la interventoria, se está haciendo alusión a los requisitos previos necesarios para la celebración del contrato 438-2002, pues pese a que la contratación del citado laboratorio podría haberse realizado en forma separada del contrato de obra, en los estudios previos, se deben contemplar entre otros aspectos, de conformidad con lo normado en el artículo 8 del Decreto 2170 de 2002, la conveniencia y oportunidad de realizar la contratación, así mismo deberán incluir, la definición de la necesidad, que la entidad estatal pretende satisfacer con el contrato, la definición técnica de la forma en que se puede satisfacer la necesidad, pudiendo corresponder a un proyecto, estudio, diseño o prediseño, las condiciones del contrato a celebrar, tales

como objeto, plazo y lugar de ejecución, el soporte técnico y económico del valor estimado del contrato, y el análisis de los riesgos de la contratación, nivel y extensión de mismos, es decir, dentro del estudio correspondiente, se deben prever las circunstancias propias de la ejecución del contrato a celebrarse y en especial aquellas que requieran de un especial apoyo técnico. Para el caso que nos ocupa, se ha evidenciado que era necesaria la contratación del laboratorio de apoyo a la interventoria para que ésta pudiese cumplir cabalmente con la labor de vigilancia y control del objeto a ejecutar. Situación que no fue valorada en debida forma y por lo cual, la entidad se vio abocada al dar principio de ejecución a un contrato que debió suspender el mismo día para reanudarlo posteriormente, con las consecuencias económicas derivadas de la suspensión y posterior incumplimiento del contratista. Es decir que si los estudios previos se hubieran efectuado de manera completa, analizando los soportes técnicos necesarios para la correcta ejecución del objeto contratado, se habría incluido lo referente al laboratorio de suelos, necesario para evaluar la ejecución del objeto contratado, otra situación habría sido que por parte del ordenador del gasto se adoptara o no tal decisión. Aspectos que de acuerdo con el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, deben ser valorados con la debida antelación a la apertura del proceso de selección, 10 Expediente No. 083-02733-2004

Proyectó: Iriana Aponte Díaz o a la firma del contrato, según sea el caso.

Ahora bien, esta situación de índole pre - contractual, es justamente la que se le

reprocha al investigado, toda vez que la etapa de estudios previos, se gestionó de manera incompleta, pues si la misma se hubiese tramitado con el lleno de todos los aspectos inherentes a la futura contratación, se habría previsto la necesidad del laboratorio de suelos y no se había tenido que llegar a la situación de suspender la ejecución de un contrato, al momento de su inicio, cuando se evidenció la carencia del laboratorio de suelos, por parte del interventor. En este orden de ideas, no es de recibo el argumento del apoderado del apelante HERN