PGN - Documento 201603111027222

Dependencia : Procuraduría Segunda Delegada Contratación Estatal

Bogotá, D.C., 29 de septiembre de 2006

Radicación : 086-11468-2003 FALLO SEGUNDA INSTANCIA

Disciplinado : RUBÉN DARÍO LOPERA CASTILLO

I. OBJETO Cargo y entidad : Auxiliar administrativo “TELECOM” Risaralda Quejoso : Informe oficial ProFcecehdae Qntuee jade la Proc: u28ra ddeu freíbar eRroe gdeio 2n0a0l3 de Risaralda, se recibieron las presentes Fecha Hechos : 27 de febrero de 2002 diligencias, adelantadas contra RUBEN DARÍO LOPERA CASTILLO, auxiliar Decisión : Fallo de segunda instancia administrativo de la División de Recursos de la Gerencia Departamental de “TELECOM” Risaralda, quien fue sancionado con diez (10) días de multa correspondiente a la suma de de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($281.432.66.00) (FLS 102 a 103 CO).

Lo anterior, para proferir por vía de apelación fallo de segunda instancia, por mandato del numeral 4° del artículo 25 del Decreto 262 de 2000, en armonía con la Resolución 017 del mismo año, no observándose causal que anule lo actuado.

II. CARGOS Surtido el trámite procesal, al disciplinado se le endilgó (Folios 374 a 400 del cuaderno: “1-“Haber permitido la utilización del servicio de fotocopias, laminado, argollado, etc,

prestado por el establecimiento Fax Computación, de propiedad de la señora Martha Lucía Valencia Quiceno, por parte de las diferentes dependencias de la Gerencia Departamental de Telecom Risaralda, sin que existiera contrato vigente para el efecto con la citada comerciante durante los días 18 a 27 de febrero de 2002.”. (…) “Haber permitido la utilización del servicio de fotocopias, laminado, argollado, etc, prestado por el establecimiento Fax Computación, de propiedad de la señora Martha Lucía Valencia Quiceno, por parte de las diferentes dependencias de la Gerencia Departamental de Telecom Risaralda, sin que existiera contrato vigente para el efecto con la citada comerciante durante los días 03 a 23 de mayo de 2002.”. (…) “Haber legalizado el servicio de fotocopias, laminado, argollado, etc, prestado por el establecimiento Fax Computación, de propiedad de la señora Martha Lucía Valencia Quiceno, por parte de las diferentes dependencias de la Gerencia Departamental de Telecom Risaralda, durante los días 18 a 27 de febrero de 2002 cuando no existía contrato vigente para el efecto, con dineros destinados para el contrato ORI 017/2002.”. (…) “Haber legalizado el servicio de fotocopias, laminado, argollado, etc, prestado por el establecimiento Fax Computación, de propiedad de la señora Martha Lucía Valencia Quiceno, por parte de las diferentes dependencias de la Gerencia Departamental de Telecom Risaralda, durante los días 03 a 23 de mayo de 2002 cuando no existía contrato vigente para el efecto, con dineros destinados para el contrato ORI 017/2002”.

III. DESCARGOS El disciplinado en escrito de descargos visto a folios 414 a 418 del cuaderno,

argumentó que si bien es cierto los hechos se produjeron, ello, de debe a que actuó en calidad de subordinado, actuando en cumplimiento de órdenes del superior jerárquico, las cuales debía de acatar, so pena, de incurrir en falta administrativa o incumplimiento de funciones asignadas. En igual forma manifiesta que por parte alguna aparece documento o función que le de la característica de interventor de contrato o le asigne competencias o funciones como ordenador del gasto, por o cual, arguye, que reúne por lo menos cuatro causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria, como es: la fuerza mayor o el caso fortuito; haber actuado en cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia que el sacrificado; haber actuado bajo orden legítima de autoridad competente; y, haber actuado con la convicción errada e invencible de que su actuar no constituía falta disciplinaria.

IV. FALLO DE INSTANCIA El fallo de primera instancia visto a folios 425 a 443 del cuaderno original, precisó: El A quo encontró responsable al disciplinado por haber permitido la utilización y por haber legalizado el pago de servicios de fotocopias, laminado y argollado, por parte de las diferentes dependencias de la Gerencia Departamental de Telecom Risaralda, sin que existiera contrato vigente para los días 18 a 27 de febrero y 03 a 23 de mayo de 2002 y con dineros destinados para el contrato OREI 017/2002.

V. RECURSO DE APELACIÓN En recurso de alzada visto a folios 448 a 452 del cuaderno original, el apelante manifiesta, nuevamente, que actuó bajo órdenes superiores que emanaban tanto de

su jefe inmediato, el también implicado y sancionado en el fallo de instancia GERARDO RODRÍGUEZ HOLGUIGUÍN, como del gerente Departamental de TELECOM, quien era el ordenador del gasto, por lo cual, expresa, no actuó bajo iniciativa propia, ni ejerciendo autonomía, sino, que actuó bajo orden superior. Fuera de lo anterior, manifiesta que para la fecha de los acontecimientos era un simple auxiliar administrativo, no celebraba contratos, no era interventor, ni tenía conocimientos cuáles contratos se celebraban, por lo cual, le correspondía simplemente cumplir órdenes. Finalmente, argumenta el sancionado que no pudo haber incurrido en las conductas endilgadas como quiera que era imposible incurrir en ellas, toda ve, dice, de acuerdo con el manual de funciones no se puede incurrir en una conducta cuando no le ha sido asignada, por lo cual, concluye, que ni objetiva ni subjetivamente ha incurrido en acción disciplinaria.

VI. CONSIDERACIONES Revisadas las pruebas allegadas al proceso y confrontado los argumentos de la alzada frente al aspecto fáctico, la Delegada, encuentra que el recurso de apelación no está llamado a prosperar, por lo cual, el fallo de instancia será confirmado, todo, como pasa a explicarse.

Como ha quedado expuesto en el discurrir de las diligencias disciplinarias, las mismas tienen origen en el hallazgo fiscal de la Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República en el departamento de Risaralda, vista fiscal, que da cuenta que al interior de la estatal “TELECOM” Risaralda, existió una

presunta legalización de hechos cumplidos con ocasión de los contratos 017 y 040 de 2002, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 21 y 22 del Decreto 115 de 1996, pues, informa la fuente fiscal que hubo utilización de servicios de fotocopias cuando el contrato aún no se había suscrito, ello, de acuerdo con la prueba reportada en el libro del interventor de los contratos. A las diligencias disciplinarias, fueron llamados a responder el gerente de la regional “TELECOM”, entre otros servidores de la Entidad, finalmente, el disciplinador de instancia formuló el respectivo pliego de cargos contra el Coordinador Administrativo y el auxiliar de dicha dependencia, quien a la fecha recurre el respectivo fallo disciplinario bajo los argumentos puestos de presente, esto es, al afirmar que no fue interventor de los cuestionados contratos y que actuó bajo estrictas órdenes de su superior inmediato, es decir, el coordinador del Área Administrativa. No obstante, como se expuso en precedente, el aspecto fáctico le dice a las diligencias que el implicado, en realidad, si fue designado supervisor del contrato, además, estaba al tanto de las funciones propias del empleo, como pasa a explicarse. Consta en el proceso que el día 28 de febrero de de 2002, bajo la orden ORI17/2002, la gerencia departamental de “TELECOM” celebró la mencionada orden con la firma Fax Computación por un valor de 1.500.000), para que prestara los servicios de fotocopias, reducciones, ampliaciones, planos, heliográficas y anillados, con destino a las diferentes dependencias de la Gerencia Departamental (Folios 19 a 20

del cuaderno), para el caso, en el mismo contrato consta que se designa como supervisor del negocio al señor RUBÉN DARÍO LOPRA del Grupo de Servicios Administrativos. En igual forma, consta en las diligencias que el día 29 de mayo de 2002, entre las mismas partes se celebró la orden de servicio No. 0RI-40/2002 por un valor de ($1.500.000), cuyo objeto era prestar los mismos servicios que se ha mencionado en el contrato anterior, para el caso, consta en el contrato que se designa como supervisor del contrato al señor RUBÉN DARÍO LOPERA, adscrito al Grupo de Servicios Administrativos (Folios 22 a 23 del cuaderno). La comunicación a efectos de realizar la supervisión del contrato, fue realizado por medio del oficio No. 0393 de fecha 4 de marzo de 2003, en el oficio, se le informa al supervisor que no podrá modificar el objeto de la orden, ni aprobar u ordenar modificaciones en plazo y valor, aspectos, que sólo podrán hacerse por el ordenador del gasto. Además, en el oficio se le manifiesta que debe informar al Área de Tesorería en la última de semana de cada mes, los valores a pagar en el mes siguiente de acuerdo a la forma de pago pactada en la orden. Así mismo, consta en el plenario que el líder del Grupo de Servicios Administrativo, el día 10 de abril de 2001 le dirigió al sancionado el escrito No. 092 en el cual le informa que entre sus funciones está la de responder por el registro, manejo, trámite, atención y control de solicitudes de servicios administrativos de la gerencia departamental Risaralda (Folios 198 a 199 del cuaderno). Igual circunstancia, en

cuanto a la funciones, obran los oficios del gerente de la Entidad y de la líder del Grupo de Gestión Humano de “TELECOM”, en el cual le dan a conocer las funciones genéricas del cargo (Folios 191 a 197 del cuaderno). Entonces, hasta el momento, tenemos que de forma cierta el servidor estatal si fue designado como interventor en las ordenes de servicios No. ORI 17/2002 y ORI 40/2002, lo mismo, tenemos que dentro de sus funciones tenía la de responde por el registro, manejo y trámite de solicitudes, entre la cuales, tenemos los hechos que nos ocupa como era la autorización o la expedición de copias, entre otros, para las distintas dependencias de la gerencia Departamental de “TELECOM”, tal como se le imputó en el cargo y como se le confirmo en el fallo disciplinario. Pero, como si lo anterior no fuera suficiente, en el proceso obra evidencia que Usted era la persona encargada del trámite y de la autorización en torno a la expedición de las copias y de los elementos que se da cuenta en las citadas órdenes de servicios. Es así, como en las pruebas testimoniales y en las versiones libres de quienes estuvieron implicados en estas diligencias, al unísono, sobre la pregunta del procedimiento para el pago de las copias y las necesidades de la prestación del servicio, expresan que quien estaba al frente de la ejecución de las órdenes de servicios y la necesidad del mismo era el supervisor del contrato, así, se expresan los declarantes GLORIA INES ÁNGEL BOTERO, ALBERTO POLANCO CANO, LUIS OCTAVIO CASTAÑÉDA y EUCARIO PÉREZ (Folios 170 a 172, 173 a 175, 247 a

249 y 253 a 254 del cuaderno): (…) “Eso lo establecía el interventor del contrato, quien era la persona que tenía las cuentas y los soportes del contrato…” (…) “El procedimiento era que el interventor, señor RUBÉN DARÍO LOPERA, debía revisar, o se autorizar los pagos que se generaran como consecuencia de la prestación del servicio por parte del contratista, previa constancia de todas las órdenes de autorización de expedición de fotocopias y luego se hacía el trámite en el área de tesorería y presupuesto” (…) “De eso se encargaba el respectivo interventor del contrato, es decir, el señor

RUBÉN DARÍO LOPERA”.

Ahora bien, como quedó expresado en párrafos precedentes, el disciplinado recurre el fallo al sentir que la Procuraduría Regional le impuso sanción disciplinaria, cuando su actuar, no era más que el cumplimiento de órdenes superiores de su jefe inmediato, sin que fuera supervisor del contrato y sin que contare con autonomía alguna, cuando, las pruebas le dicen lo contrario a la segunda instancias, es decir, que el recurrente del fallo si era el supervisor del contrato y gozaba de autonomía, es decir, era la persona que autorizaba o no las respectivas fotocopias y demás servicios contratados bajo las órdenes No. 017 y 04 de 2002. Es por lo expuesto que las razones esgrimidas por el disciplinado no las comparte la Delegada en consideración está plenamente probado que fue el supervisor y tenía autonomía y control sobre la ejecución de las órdenes de servicios. En mérito de lo relatado en este proveído, el Procurador Segundo Delegado para la

Contratación Estatal, RESUELVE: PRIMERO.- Confirmar el fallo disciplinario proferido por la Procuraduría Regional de Risaralda, en cuanto a la sanción impuesta al servidor público RUBÉN

DARÍO LOPERA CASTILLO.

SEGUNDO.-Por intermedio de la citada Procuraduría Regional, notifíquese en legal forma esta decisión al disciplinado, con la advertencia de que contra ella no procede recurso alguno, quedando agotada la vía gubernativa. TERCERO.- Por la Unidad Coordinadora para Contratación Estatal, enviar copia de la presente decisión a la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación, para lo de su competencia.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARIO ROBERTO MOLANO LÓPEZ

Procurador Delegado Exp. /085-11468-2003

MRML/HSL