PGN - Documento 201603111027226

Dependencia: Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación

Estatal Radicación: 074–4291-2004

Disciplinado: Victor Hugo de León Hernández

Cargo: Gerente del Hospital Tomás Uribe

Quejoso: De oficio

Fecha Queja: 2004

Fecha Hechos: 2002 - 2003

Asunto: Evadir el procedimiento de contratación directa en las con ocasión a las ordenes de suministro de 2003

Actuación: Fallo de segunda instancia

Bogotá, D. C., 28 de agosto de 2006 Procede esta Delegada a desatar el recurso de APELACIÓN interpuesto por CARLOS ALBERTO MORALES MARTINEZ CABAL, en su condición de apoderado de VICTOR HUGO DE LEON FERNANDEZ, contra el fallo de primera, de 31 de enero de 2006 (fls. 627 - 655) proferido por la Procuradora Regional de Valle del Cauca.

I. ANTECEDENTES 1.1. Tramite procesal Con fundamento en la remisión que copias que se ordenara por parte de la Procuradora Regional del Valle dentro del radicado No. 074 – 4291, ese Despacho en auto de 21 de abril de 2004 dispuso abrir indagación preliminar a fin de establecer la existencia de posibles irregularidades relacionadas con contratos de suministro. (fls. 189 - 190 del cuaderno uno).

Posteriormente en proveído de 18 de noviembre de 2004 (fls. 215 - 217 del cuaderno uno), se dispuso apertura de la investigación disciplinara en contra de VICTOR HUGO LEON FERNDEZ, en su condición de Gerente del Hospital Tomás

y en decisión de 1 de agosto de 2005 se profirió pliego de cargos formulándose las siguientes imputaciones (fls. 291 - 309 del cuaderno dos). Cargo primero (….) Cargo Segundo: “Para el año 2003, suscribió con las firmas ARTIMEDIC y DENTALES UNIDOS, representadas por el señor RICARDO GOMEZ DUQUE, las siguientes ordenes de compra sin que al parecer se reunieran los requisitos exigidos para este tipo de contratación señalados en la Resolución No. 007 de 2003, que contiene el Estatuto Contractual del Hospital Tomás Uribe Uribe, relativas a los contratos con 074 – 4291 Fallo de segunda instancia 1 Martha Patricia Añez Maestre formalidades plenas, por cuanto si sumaron estas ordenes de compra suman $142.344.957.oo cuya cuantía se encuentra entre 99.600.000 a 166.000.000 y según el punto 2 literal A de la citada resolución se requieren los siguientes requisitos: - Obtención de por lo menos dos ofertas escritas - Propuesta al contratista - Justificación para contratar - Disponibilidad presupuestal - Publicación - Es un contrato con formalidades plenas por lo que se requiere que medie que el contrato se celebre por escrito. Estos requisitos al parecer no se preservaron como tampoco los contenidos en la Resolución No. 051 de 2002, artículo 16, por el cual se adoptaba el proceso para la elaboración de compras, en cuanto a que en tales órdenes de compra no se consignó el uso y como va a ser empleado el producto a adquirir, como tampoco la justificación de su uso, ni la definición de las necesidades reales

respecto a los proyectos adquiridos a través de esas órdenes de compra. En el pliego de cargos se relacionaron la ordenes de compra suscrita con la empresa ARTIMEDIC, ascendieron a la suma de $135.448.610, y las celebradas con DENTALES UNIDOS por la suma de $6.896.347. 1.2. Descargos Notificado en debida forma el pliego de cargos el disciplinado a través de su apoderado presentó los correspondientes exculpaciones, alegando a favor de su defendido que el procedimiento agotado por la entidad hospitalaria durante las vigencias fiscales 2002 y 2003, obedeció al hecho de que la entidad hospitalaria se encontraba inmersa en una crisis fiscal por lo que los insumos se debían adquirir de manera periódica, ello sumado al hecho que los presupuestos aprobados para esas vigencias solo cubrían los primeros siete meses y que durante el transcurso de ellas se efectuaron adiciones con las que no se contaban. Que el presupuesto de esas instituciones está conformado por recursos de transferencias nacionales y departamentales y rentas propias. Que las dos primeras son cuantificadas y certificadas y la tercera provienen de una fuente relativamente incierta, por cuanto depende de las ventas del servicio de salud y por lo tanto al no existir los recursos necesarios requeridos para garantizar y legalizar durante los doce meses las compras de material médico no se pueden hacer los compromisos por toda una anualidad. 1.3. Fallo de primera instancia Concluida la fase de descargos la oficina de conocimiento en auto de 13 de noviembre de 2005 (fl. 620) corrió traslado para alegar, facultad de la cual no hizo

uso la defensa por lo que mediante decisión de 31 de enero de 2006 se profirió fallo de primera instancia (fls. 627 – 655). 074 – 4291 Fallo de segunda instancia 2 Martha Patricia Añez Maestre En la providencia de primer grado se exonero al disciplinado de la conducta censurada en el primer cargo y se le declaro responsable de la segunda imputación, por lo cual se procedió a sancionar al implicado con suspensión en el cargo por el término de un mes. Tal decisión fue adoptada por el A quo al considerar que el valor de los implementos adquiriros a las empresas ante mencionadas ascendieron a la suma $142.344.957, por lo que era de obligatorio cumplimiento dar aplicación a lo dispuesto en la Resolución 007 de 2003, la cual establecía que la contratación cuya cuantía se encontrara entre los $99.600.00 y $166.000.000, debía cumplir con los requisitos tales como la recepción de dos ofertas, la cual debía contener las características de los bienes, condiciones de pago, término para su presentación, justificación para contratar entre otros. Sobre el hecho la primera instancia consideró que la conducta enrostrada se encuentra plenamente probada por cuanto los elementos quirúrgicos adquiridos se llevó a cabo por ordenes de compra libradas durante toda esa vigencia del 2003, y en relación a la misma no se encontró anexo relativos a invitación pública, presentación de propuestas, la justificación, la disponibilidad, tal como lo exige el No. 2 del literal A, del la Resolución No. 007 de 2003. Los argumentos expuestos por la defensa se desestimaron por la oficina de

conocimiento al considerar que para la vigencia 2003 la Junta Directiva aprobó el presupuesto correspondiente, y que mediante los Acuerdos Nos. 001, 005, 003 y 016 de 2003, se este fue adicionado y que ante la difícil situación financiera de la entidad esta debió planear mejor sus gastos, en especial los que se refieren a los de materia contractual a fin de garantizar las normas que la regulan. Se indicó a demás que el Hospital de Tomas Uribe Uirbe, es una empresa Social del Estado de orden departamental la cual esta sujeta a lo dispuesto en artículo 5, del Decreto 111 de 1996, que contiene el Estatuto Orgánico de Presupuesto, la Ley 344 de 1996, el Decreto 115 de 1995, que contiene las normas de presupuesto y ejecución del gasto de la empresas sociales del Estado. 1.4. La apelación Inconforme con la decisión de primera instancia el apoderado del disciplinado en escrito presentado el 23 de febrero de 2006 (fls. 660 – 668) presentó recurso de apelación contra aquella decisión. Al respecto señalo como en el escrito de descargos que la Empresas Sociales del Estado, ESE, no se rigen por la Ley 80 de 1993, sino por las normas que ellas expidan en virtud de lo dispuesto en la Ley 100 de 1993. Con relación al hecho imputado señaló que las firmas ARTIMEDIC y DENTALES UNIDOS, son personas jurídicas diferentes aunque su representación legal este a cargo de una misma persona y que por lo tanto no puede efectuarse una sumatoria entre las ordenes de suministro celebrada con cada una de ellas para

ajustar una cuantía que este acorde con lo dispuesto en la Resolución 007 de 2003, por lo que se hizo una mala interpretación de las disposiciones y que en ninguna parte del fallo se desagregan los valores correspondientes a las ordenes celebradas 074 – 4291 Fallo de segunda instancia 3 Martha Patricia Añez Maestre con aquellas empresas, lo que a su juicio “sugiere sino una mala fé al menos la conciencia de la debilidad del argumento traído por quien proyecto el fallo” y resalta que su defendido no suscribió contrato de suministro sino que adquirió mediante ordenes de compra diferentes elementos quirúrgicos por cantidades inferiores a la suma de $99.600.000. Menciona además que la imputación por la cual se sancionó a su defendido se sustentó en la Resolución 007 de 2003, y que allí no esta contenido el Estatuto Contractual del Hospital puesto que allí solo se determina son las cuantía para contratar. Agregó también que no se tuvo en cuenta que los insumos y suministros adquiridos mediante órdenes de compra en su mayoría era para prestar el servicio de salud, a la población más pobre y vulnerable no cubiertos con subsidios que requieren intervenciones médico quirúrgicas urgentes, delicadas y riesgosas y para aquellos que padecieron enfermedades que ponían en peligro sus vidas en las diferentes salas de hospitalización, por lo que el proceso adoptado por la institución era facilitar la consecución de esos insumos prioritarios. Así mismo el recurrente presente las ventajas que a su juicio da la utilización de la figura de las ordenes de servicios frente a los contratos de tracto sucesivo,

sosteniendo que las primeras permiten un mejor manejo del presupuesto y de los insumos a adquirir y que esta es una figura completamente válida para adquirir insumos que permitan la prestación del servicio, mientras que a través de la segunda figura, la entidad contratante se obliga a seguir adquiriendo los bienes hasta que se venzan los términos y con ella se comprometen recursos sobre los que no se tiene garantía o seguridad y ello no le permite a la entidad ajustarse a las variaciones del mercado.

2. CONSIDERACIONES 2.1. Sea lo primero señalar, que el trámite seguido en este radicado se ajustó en cuanto a su forma y términos a los lineamientos previstos en los artículos 175 y siguientes de la Ley 734 de 2002. Respecto al tema de competencia, así como a la garantía de los derechos al debido proceso y defensa, no se advierte anomalía ninguna, pues el inculpado tuvo la posibilidad de actuar en todas las fases procesales, solicitando pruebas e interviniendo en forma directa.

Atinente al caudal probatorio, pertinente se torna resaltar que los medios demostrativos recaudados cumplen las formalidades exigidas para su valoración. En el caso de los documentos, se observa que éstos fueron aportados en forma legal y oportuna, y esa circunstancia, amén que no fueron tachados ni redargüidos de falsos, permiten su valoración. 2.2. Antes de entrar a resolver el fondo del asunto, pese a que este no es tema o punto de controversia, el Despacho estima pertinente hacer un análisis de las normas aplicables a las Empresa Sociales del Estado, ESE.

074 – 4291 Fallo de segunda instancia 4 Martha Patricia Añez Maestre Recordemos que de conformidad con lo establecido por el artículo 194 de la Ley 100 de 1993 y su Decreto Reglamentario 1876 de 1994, las Empresas Sociales del Estado se constituyen en una categoría especial de entidad pública, descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas y reorganizadas por ley, o por las Asambleas Departamentales o por los Concejos distritales o municipales, según el nivel de organización del Estado a que pertenezcan. Su objeto consiste en la prestación de servicios de salud en forma directa por la Nación o por las entidades territoriales, como parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud que establece la mencionada Ley 100 de 1993. El artículo 95 de la referida Ley, estableció, en relación con su régimen jurídico, en su numeral 6 lo siguiente: "En materia contractual se regirá por el derecho privado, pero podrá discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general de contratación de la administración pública". Por su parte la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto de 6 de abril de 2000, con radicado No. 1263, sobre el régimen contractual aplicable a la empresa Sociales del Estado este manifestó: “Teniendo en cuenta que el estatuto general de contratación de la administración pública, ley 80 de 1993 , se publicó el 28 de octubre del mismo año en el Diario oficial N° 41.094, no era posible que previera dentro de las entidades estatales

sujetas a su reglamentación a las empresas sociales del Estado, creadas por la ley

100. Sin embargo, y a pesar de no existir duda acerca de su naturaleza pública, ellas no están sujetas en el cumplimiento del objeto a tal estatuto, pues el numeral 6° del artículo 195 de la ley 100, publicada el 23 de diciembre de 1993 - Diario Oficial N° 41.148 -, únicamente remitió al mismo para efectos de la aplicación discrecional de las cláusulas exorbitantes.

En principio, por ser las empresas sociales del estado entidades estatales y constituir la ley 80 un estatuto denominado "general de contratación de la administración pública", pudiera concluirse que su aplicación es universal para toda clase de entes públicos; sin embargo, tal apreciación no se compadece con la potestad del legislador para establecer excepciones a tal régimen, como lo hizo en el caso de estas empresas.4 El carácter excepcional de la regulación, se refleja inequívocamente en la locución "discrecionalmente", ya que mientras los demás contratos estatales deben, de manera general, contener tales cláusulas5, en los sometidos al régimen de las empresas sociales sólo se pactarán cuando así estas lo dispongan. Además, si con dicha expresión al Estado se le otorga la facultad para pactar o imponer las referidas cláusulas, sin distinguir su razón, es porque a él se reserva el privilegio de incluirlas cuando lo estime conveniente, esto es, cuando las reglas de derecho privado no le otorguen la garantía para la prestación del servicio público correspondiente. 074 – 4291 Fallo de segunda instancia 5

Martha Patricia Añez Maestre Por lo demás, dicha discrecionalidad encuentra su fundamento en la multiplicidad de objetos contractuales que pueden incidir o no en la prestación del servicio público, circunstancia que la administración deberá tener presente al momento de determinar si incluye o no las cláusulas excepcionales. De esta manera, al disponer la ley 100 de 1993 en el numeral 6° del artículo 195, la utilización discrecional de las cláusulas excepcionales, excluyó la aplicación general y común de las normas de la ley 80 .El régimen de derecho privado de la contratación propio de las demás entidades estatales, aparece consagrado en el artículo 13 de la ley 80, conforme al cual "los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2° del presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes". En consecuencia, por voluntad del legislador, ni los principios de la contratación estatal, ni normas distintas a las que regulan las cláusulas exorbitantes, deben aplicarse obligatoriamente por las empresas sociales del Estado. Es forzoso concluir entonces, que el régimen de contratación de estas empresas es de derecho privado, con aplicación excepcional de las cláusulas mencionadas”. En el caso materia de estudio se tiene que la irregularidades cuestionas se presentaron en el Hospital Departamental Tomas Uribe Uribe, entidad que de conformidad con lo previsto en el Acuerdo No. 025 de 6 de octubre de 1998, es una Empresa Social del Estado, por lo tanto el análisis que a continuación hará el Despacho se hará atendiendo a las disposiciones que en materia contractual ha

expedido el Hospital Tomas Uribe Uribe. 2.3. Lo que está probado Respecto a la conducta sobre la cual se decretó disciplinariamente responsable a VICTOR HUGO LEON FERNANDEZ, consistente en que para el año 2003, en su condición de Gerente del Hospital TOMAS URIBE URIBE, suscribió varias ordenes de suministro con las empresas ARTIMEDIC y DENTALES UNIDOS, sin cumplir el tramite previsto en la Resolución 007 de 2003, toda vez que el monto total de la referidas ordenes ascendieron a la suma de $ 142.344.957, de acuerdo con las pruebas que obran en el cartulario se advierte lo siguiente:

1. Que durante la vigencia de 2003 el Hospital Tomas Uribe Uribe suscribió con la empresa ARTIMEDIC, varias órdenes de compra para la adquisición de elementos quirúrgicos por un valor total de $135.448.610 (fls. 310 – 343 del anexo uno)

2. Que igualmente para esa anualidad firmó varias ordenes de compra con la empresa DENTALES UNIDOS, por un monto total de $6.896.347, también para la adquisición de elementos quirúrgicos (fls. 93 - 106 del anexo uno).

3. Que de acuerdo con el contenido del oficio obrante a folios 197 del cuaderno uno, suscrito por el disciplinado en su calidad de Gerente General del Hospital los únicos documentos soportes de esas ordenes fue los que este funcionario remitió a la Procuraduría que tuvo a cargo la investigación, en las que solo se aportó las ordenes de compra y las factores correspondientes. 074 – 4291 Fallo de segunda instancia 6

Martha Patricia Añez Maestre

4. Que el Estatuto Contractual de la entidad esta contenido en el Acuerdo 025 de 6 de diciembre de 1998, el cual en numeral 9, del artículo 4, establece que las actuaciones de quienes intervenga en la contratación de la empresa se desarrollará de acuerdo a los principios establecidos y los que determina la Ley 80 de 1993, como lo son, transparencia, buena fe, economía, responsabilidad, equilibrio contractual, y de conformidad con los postulados que rigen la función pública.

5. Que el mencionado Acuerdo en su artículo 44, establece el procedimiento de la contratación directa, para lo cual prevé que la empresa debe dar a conocer a dos o más oferentes su necesidad de realizar una obra, adquirir un bien o servicio y las condiciones generales y especificas que en cada caso se establezcan, a fin de obtener sus propuestas (fls. 249 del cuaderno uno). Esa misma disposición señala que tal procedimiento debe agotarse cuando se trate de contratos cuyo valor sea igual o inferior a 500 salarios mínimos legales vigente cualquiera que sea su naturaleza.

6. Que mediante Resolución 007 de 9 de enero de 2003, se modifican las cuantías de contratación del Hospital, en el cual se indica que para los contratos cuyas cuantías sea igual o superior a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inferior 500 Smlmv, es decir que se encuentre entre la suma de $ 99.600.000 y 166.000.000, se debe obtener por lo menos dos ofertas, definir las características de los bienes, condiciones de pago, término para su presentación, propuesta al contratista, justificación para contratar, disponibilidad para contratar y

publicación.

7. Que la resolución 051 de 31 de enero de 2002 (fls. 17 – 26) por medio de la cual, se adopta el proceso para la elaboración del plan de compras del Hospital, en su artículo 3, señala que el Plan anula de compras es el proceso mediante el cual se determina de manera exacta y posible los requerimientos de suministro para un período determinado en términos de acción.

7. Que uno de los objetivos de ese plan es entre otras “conocer las cantidades a adquirir manteniendo únicamente la necesidad necesaria de medicamentos y demás suministros para satisfacer sin problemas las necesidades de los pacientes y de la organización hospitalaria, es decir, sin agotar las existencias pero sin tener inventarios excesivos que sufren daño, caducan, se vuelven obsoletos y tiene otros costos de almacenamiento. Por lo anterior se pueden hace contratos para todo un período (un año) con entregas periódicas, a través de las semanas o los meses de acuerdo a la mayor conveniencia o adquisiciones parciales dependiendo de factores tales como disponibilidad de tesorería, garantía de precios fijos o estables capacidad de almacenamiento riesgo de escasez”. 2.4. Análisis jurídico Atendiendo a las pruebas antes relacionadas es claro que el disciplinado suscribió en el año 2003, varias ordenes de suministro para la compra de elementos quirúrgicos a las empresas ARTIMEDIC y DENTALES UNIDOS por valores que van desde la suma de $268.000 hasta $24.277.020, y que haciendo la sumatoria de cada una de ellas estas arroja un monto de $142.344.957.

074 – 4291 Fallo de segunda instancia 7 Martha Patricia Añez Maestre Cuantía que de acuerdo con lo previsto en la resolución 007 de 9 de enero de 2003 se encontraba dentro del rango de los $99.600.000 y $166.000.000, lo cual implicaba observar las formalidades allí previstas, como lo eran la obtención de por lo menos dos ofertas que debe contener la características de los bienes, condiciones de pago, término para su presentación, propuesta al contratista, justificación para contratar, disponibilidad presupuestal y efectuar la publicación. Tales requisitos no se observaron en las órdenes cuestionadas todas vez que el disciplinado omitió efectuar un solo contrato y en su defecto procedió a la celebración de varias ordenes por un valor inferior, con lo cual evadió el cumplimiento de los requisitos ya citados, es decir, el disciplinado dividió el objeto contractual a fin de evitar el procedimiento exigido por la entidad cuando el monto a contraer supere se encuentra en los $99.600.000 y los 166.000.000. Por lo tanto la actuación del implicado constituye falta disciplinaria por inobservancia de las disposiciones que regulan la actividad contractual de la entidad, puesto que en calidad de gerente de la entidad él era el competente para ordenar y dirigir los procesos de contratación de la entidad. Así las cosas encuentra el Despacho que el sancionado, sí incurrió en falta disciplinaria al fraccionar a través de varias ordenes de compra celebradas durante la vigencia de 2003 la adquisición de insumos hospitalarios evadiendo el procedimiento previsto para los contratos inferiores a 500 salarios mínimos legales

vigentes. Procedimiento que estaba contenido en el artículo 44 del Acuerdo 025 de 6 de octubre de 1998, el cual establece las exigencias que se deben agotar cuando el valor contractual sea igual o inferior a 500 salarios mínimos, requisito que se reproducen en la resolución 007 de enero 9 de 2003 (fls. 249 y 210 - 214 del cuaderno uno) y no es que dicha resolución contenga el Estatuto de Contratación de la entidad, sino que el mismo como lo plantea el recurrente sino que en ella se registraron las cuantías para determinar el procedimiento a seguir en los Estatutos. Atendiendo lo anterior, el Despacho, desestima los argumentos defensivos expuestos por el apelante, cuando señala que las empresas ARTIMEDIC Y DENTALES, son personas jurídicas distintas, y por lo tanto no se puede hacer una sumatoria de los de las ordenes celebradas con cada una de ellas, toda vez que para que se configure la conducta que le fue atribuida no es exigible que los contratos se suscriban con una sola persona natural o jurídica, sino que se suscriban o celebren varios contratos u ordenes con un mismo objeto, cuando tales bienes, obra o servicios se puedan adquirir a través de un solo acto consensual y cuando la suma allí comprometida imponga el deber de agotar un procedimiento que se encuentre definido en la ley o los estatutos que regulan la actividad contractual de la respectiva entidad. Tampoco puede tenerse en cuenta el hecho de que el Hospital Tomás Uribe Uribe, no suscribió contratos de suministro sino ordenes de compra para la adquisición de varios elementos, por un monto de $99.600.000, por cuanto lo que se censura es

efectivamente el hecho de haber utilizado el mecanismo de las ordenes y no efectuar el contrato correspondiente agotando el proceso previsto para ello. 074 – 4291 Fallo de segunda instancia 8 Martha Patricia Añez Maestre Ahora bien, no encuentra el Despacho ninguna justificación frente la conducta desplegada por el disciplinado cuando su a abogado asegura que su actuación fue motivada en la difícil situación que atravesaba la entidad, toda vez que a los administradores de las entidades públicas le asiste el deber de planificar la manera en que la entidad a su cargo va cumplir y desarrollar las funciones para la cual fue creada y ello debe hacerse con los recursos que se le asigne. Además lo anterior se tiene que la entidad cuanta con un manual que contiene el proceso que se debe agotar para la adquisición de sus bienes para lo cual exige, la elaboración de un plan de compras en el cual se indica que dicho procedimiento está instituido para determinar de manera exacta y posible los requerimientos de suministro para un periodo determinado en términos de calidad y cantidad y atendiendo a ello señala que se pueden hacer contratos para periodos de “un año”. Así las cosas se tiene que la entidad hospitalaria a cargo del sancionado contaba con los elementos para determinar sus necesidades y ajustarlos a su presupuesto, y determinar de paso la cantidad de insumos que debería adquirir para toda la anualidad, por cuanto, el Plan de comparas es para determinar la celebración de un contrato para toda una anualidad, tal como se estableció en la Resolución 051 de 2002, que contiene la forma en que se debe elaborar el plan anual de compras (fls. 17 - 31 del cuaderno uno). De esa manera queda sin piso otras de las razones expuestas por la defensa

cuando asegura que las ordenes de compra permitían un mejor manejo del presupuesto, fraccionarlo en forma y reorientar el consumo de los bienes, como quiera que la elaboración de un plan de compras permitía determinar no solo las cantidades a adquirir sino también establecer la periodicidad del consumo de cada uno de los elementos y ajustar los gastos a las necesidades presupuestales. Tampoco puede aceptarse como excusa el hecho de que la misión del Hospital se enmarca en le cumplimiento de un deber constitucional, el cual es garantizar lo derechos fundamentales, pues de ser así sería aceptar que las entidades de esa naturaleza desarrollen su actividad contractual sin ningún tipo de reglamentación, cuando el legislador precisamente atendiendo a la labor a desarrollar por estas, estableció un régimen especial de contratación que se ajustara tanto a su naturaleza, como al campo comercial en el que esta deben actuar respecto a la venta del servicio, para lo cual ellas tienen la potestad legal que les permite reglamentar la gestión contractual, determinando g mecanismos o procedimientos expeditos que les permitan desarrollar su objeto, respetando eso sí los principios que rigen la función administrativa contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política, para garantizar la prestación del servicio ajustándolo a sus necesidades . En consecuencia, no se puede aceptar la utilización de unos mecanismos distintos a los que se encuentra previamente definidos por la misma entidad, cuando ha sido la misma institución quien bajo potestad legal y reglamentaria lo establecido para garantizar los principios que rigen la función pública. Así las cosas es claro para el Despacho que la conducta enrostrada constituye falta disciplinaria por cuanto el investigado al utilizar esa figura no dio aplicación a lo

074 – 4291 Fallo de segunda instancia 9 Martha Patricia Añez Maestre dispuesto en el Estatuto Contractual, cuando la cuantía total se encontraba dentro del monto previsto en el artículo 44 de la Resolución 025 de 6 de octubre de 1998 y los cuales a su vez están contenido en la resolución 007 de de enero de 2003, al contratarse al utilizar la figura de las ordenes de suministro cuando el monto total de los bienes adquiridos se encontraba entre los 300 smlmv e inferior a 500 smlvm, puesto que el monto total de las ordenes ascendió a $142.344.957. Por lo tanto el Despacho entrará a confirmar la decisión impuesta por la Procuraduría Regional del Valle del Cauca dentro del proceso de la referencia, aclarando de paso que en el fallo de primer grado la oficina de conocimiento respondió cada uno de sus argumentos, en especial el relacionado con la crisis financiera, respecto a lo cual se consideró que para la vigencia de 2003 la entidad se le había aprobado su presupuesto anual, el cual fue objeto de varias adiciones y modificaciones, y que para la ejecución del mismo debe ser objeto de la correspondiente planeación a fin de atender las necesidades de la entidad, en razón a ello le citan las disposiciones contenidas en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, el Decreto 115 de 996 y la Ley 225 de 1995, las que regulan la conformación y ejecución del presupuesto para las Empresas Sociales del Estado. 2.5. El grado culpabilidad y calificación de la falta El A quo determinó que el implicado actuó a título de culpa grave, valoración que comparte este Despacho, por cuanto de las pruebas que obran en el cartulario, se

advierte falta de cuidado en el ejerció de las funciones desarrolladas por el disciplinado en su condición de gerente del hospital, toda vez que para la adquisición de los elementos quirúrgicos, omitió elaborar un plan de compras a fin de establecer el valor total de los elementos a adquirir para agotar el tramite previsto en razón a la cuantía. Con tal comportamiento se evidencia negligencia en el cumplimiento de sus deberes, pues él en su condición de gerente general del Hospital Tomás Uribe Uribe, es el competente y por ende responsable de ordenar y dirigir el proceso de contratación, evaluación y selección del contratista. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 734 de 2002, el A quo calificó la falta como GRAVE, valoración que comparte este Despacho si se tiene en cuenta el grado de culpabilidad, que no se advierte que con la misma se le hubiese causado un daño a la entidad ni al servicio que ellas presta. 2.6. Dosificación de la sanción El artículo 44, del Código Único Disciplinario, el cual establece que las faltas graves culposas se califican con suspensión en el cargo y atendiendo a los criterios de graduación previsto en el artículo 47 del mismo cuerpo normativo, como son que no existió un grave daño social, que el disciplinado no registra sanciones disciplinarias, se confirma la sanción impuesta en el fallo de