PGN - Documento 201603111027258

SALA DISCIPLINARIA

Bogotá D. C., noviembre dieciséis (16) de dos mil seis (2006). Aprobado en Acta de Sala No. 51.

Radicación: 161-3000 (022-77918/2002) Disciplinada: Mayor HUGO ALEJANDRO LOPEZ BARRETO Cargo y Entidad: Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Sanidad del Quejoso: Contraloría General de la República Fecha de queja 20 de agosto de 2002

Fecha hechos Enero de 2002

Asunto: Irregularidades contractuales P.D. PONENTE: Dr. ESIQUIO MANUEL SÁNCHEZ HERRERA Corresponde a la Sala Disciplinaria en esta oportunidad procesal, en virtud de la competencia otorgada por el numeral 1 del artículo 22 del Decreto 262 de 2000 revisar por vía de apelación la decisión proferida el 9 de noviembre de 2005 por la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares, mediante la cual declaró disciplinariamente responsable al entonces Mayor del Ejército Nacional HUGO ALEJANDRO LÓPEZ BARRETO, identificado con la cédula de ciudadanía N°.79.053.883 de Bogotá, en su condición de Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallón de Sanidad "SL. José María Hernández", en Bogotá. (folio 493 del c.a. 3).

ANTECEDENTES PROCESALES Tuvo origen el presente proceso disciplinario en el oficio remitido el 20 de agosto de 2002 a la Procuraduría General de la Nación por la Contraloría Delegada para el

Sector Defensa, Justicia y Seguridad, en el cual informa sobre presuntas irregularidades contractuales cometidas en la Dirección de Sanidad Militar del Ejército Nacional durante los años 2001 y 2002 (folios 2 del C.O. 1). Adelantada la investigación disciplinaria por la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares, cuya apertura se ordenó mediante providencia del 2 de mayo de 2003 (folio 50 del C.O. 1), esa misma dependencia formuló cargos el 30 de noviembre de 2004 en contra del Mayor del Ejército Nacional HUGO ALEJANDRO LÓPEZ BARRETO, en su condición de Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallón de Sanidad del Ejército Nacional "SL. José María Hernández", en Bogotá, por la celebración y ejecución de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales (folio 243 del C.O. 2). A través del fallo del 9 de noviembre de 2005, la misma Delegada para las Fuerzas Militares declaró disciplinariamente responsable al servidor mencionado y decidió imponerle sanción de suspensión en el ejercicio del cargo por el término de quince (15) días (folio 493 del c.a. 3). Interpuesto recurso de apelación por el disciplinado, el mismo fue concedido por la primera instancia y el expediente remitido a la Sala Disciplinara el 24 de enero de 2006 (folios 576578 del C.O. 3). El 20 de febrero de 2006, la señora Procuradora Delegada para las Fuerzas Militares dictó un auto mediante el cual decidió, con el fin de garantizar el debido proceso,

acumular al presente expediente el proceso seguido contra el Mayor del Ejército Nacional, radicado bajo el N° 022-121409/2005, el cual fue remitido a la Sala Disciplinaria el día 27 de febrero de 2006 (folio 579 del C.O. 3). FALLO DE PRIMERA INSTANCIA En el fallo de primera instancia objeto de esta decisión, dictado el 9 de noviembre de 2005, la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares, declaró disciplinariamente responsable al investigado, en la condición mencionada, lo cual hizo con sustento en los argumentos que se sintetizan a continuación, después de referirse a los antecedentes del asunto, a los cargos formulados, a los descargos y los alegatos de conclusión presentados por el disciplinado (folio 493 del C.O. 3). Una vez transcrito el cargo formulado al disciplinado, relativo a la celebración y ejecución de dos contratos de prestación de servicios sin la expedición de los certificados de disponibilidad y de registro presupuestal exigidos por la ley, la Delegada se refiere a los documentos que respaldan el cargo y recuerda que el implicado y sus apoderados aceptaron que cuando se suscribieron e iniciaron su ejecución los contratos Nos. 020 y 031 de 2002, con los doctores ELDER OTERO RAMOS, como médico internista y MARÍA ALEXANDRA SÁNCHEZ MORA, como endodoncista, no se habían expedido los certificados de disponibilidad presupuestal (CDP) ni los registros presupuestales (RP). Señala la primera instancia que analizará en primer lugar el argumento relacionado

con la implementación de la Resolución 036 porque sobre la misma hacen mayor énfasis las declaraciones recibidas, así como los alegatos de conclusión. Al respecto indica que los declarantes HENRY BENICIO RODRíGUEZ MESA y JOSÉ ABELARDO SOTELO BARRERA, para la época de los hechos Intendente Local y Oficial de Logística del Batallón de Sanidad del Ejército Nacional, expresaron que aunque conocían la reglamentación presupuestal, la omisión en la expedición oportuna de los CDP y RP se debió a las dificultades de la implementación del aplicativo contenido en la Resolución 36, por lo cual la cadena presupuestal que se venía elaborando manualmente se mantuvo así hasta diciembre de 2001, alimentándose el sistema para el nuevo año el 25 de enero cuando la mencionada Dirección lo envió, por lo que los documentos quedaron con esta fecha sin poderle hacer correcciones. En seguida indica la Delegada que la Resolución 036 del 7 de mayo de 1998, emanada de la Dirección General del Presupuesto Nacional que obra en el expediente, define los conceptos de CDP y RP, así como los requisitos para la expedición, su finalidad y el momento de su elaboración. Afirma que por tal motivo el disciplinado no tenía argumento para omitir la obtención oportuna de tales documentos. Acepta que la Circular 1604 del 14 de septiembre de 2001, dictada por el Viceministerio de Defensa Nacional para los Jefes de Departamentos Financieros de las Unidades Ejecutaras o sus equivalentes, en relación con la implementación del programa de computación tendiente al cumplimiento de la Resolución 36 mediante la sistematización de la cadena presupuestal, confirma las explicaciones

dadas por el Intendente Local y el Jefe de Logística sobre la obligación de implementar el programa previsto por dicha Resolución. Observa que lo anterior no justifica el comportamiento del disciplinado porque "como lo expresaron el Oficial, sus subalternos y la Teniente Coronel Marcela Restrepo Rodríguez (fls. 343 a 345 C. O. No.2), Directora del Centro de Rehabilitación del Batallón de Sanidad, había la necesidad de garantizar la prestación del servicio de salud al personal atendido por la Unidad de sanidad." (folio 507 del C,O. 3) Recuerda que a tal necesidad urgente se refirió la Teniente Coronel, la cual manifestó que solicitó con anticipación la autorización para mantener vinculados a la institución a dichos profesionales, por la falta de personal de planta que cumpliera sus actividades. Respecto de la situación anterior considera la primera instancia que requería atención prioritaria y diligencia por parte del disciplinado "para garantizar la existencia de los recursos requeridos con tal finalidad y no simplemente, en un caso extremo generado por su total descuido, obviar el cumplimiento de la normatividad para solucionarla," (folio 507 ibídem) Es así como para el a quo tales circunstancias ajenas a la voluntad del disciplinado no impedían que cumpliera con la obligación de obtener con antelación a la suscripción de los mencionados contratos los CDP y RP, sino que implicaban un mayor esfuerzo, con el fin de garantizar la prestación del servicio de salud requerido por los pacientes del Batallón de Sanidad y evitar un perjuicio a los mismos o a la institución militar, en cumplimiento de instrucciones

emanadas de la Dirección de Sanidad. Infiere así la providencia recurrida que no se logró demostrar la configuración de justificaciones alegadas por la defensa del implicado. Agrega que las múltiples declaraciones recibidas relacionadas con las dificultades en la implementación del sistema comentado no demostraron que el disciplinado hubiera puesto en conocimiento de sus superiores con la debida anticipación la dificultad para expedir los documentos cuestionados, tratándose de contratos que comenzarían su ejecución los primeros días del año, lo cual indica que el disciplinado confió en poder subsanar su falta tal como se procedía en años anteriores, como lo señala en su declaración el doctor OTERO RAMOS. Critica la instancia esa forma de solucionar la situación que se presentaba por ser contraria a la normatividad porque implicaba cambiar la fecha de elaboración de los CDP y RP, impedida por el aplicativo de la Resolución 36 o no cancelar los honorarios correspondientes a la ejecución del contrato hasta su debida formalización. De lo expuesto concluye el a quo está demostrada la conducta irregular, aceptada por el implicado y sus defensores, así como su realización dolosa, "porque no de otra forma se puede calificar un comportamiento como el ya expuesto que implicaba para su solución la comisión de un hecho irregular, como era el de que con fecha posterior, una vez recibido el acto administrativo de orden de partidas presupuestales, se generaran los certificados de disponibilidad y registro presupuestal como si hubieran sido elaborados al momento de suscribirse los respectivos contratos y ello, simplemente, por no tener la precaución de cumplir la normatividad en su integridad, ya que específicamente cuando se habla del

certificado de disponibilidad presupuestal el decreto 111 de 1996 es claro al expresar que debe ser expedido con anterioridad a la adquisición del compromiso, lo que al tratarse de aquéllos que comienzan su vigencia el primer día hábil del año implican su atención desde el año inmediatamente anterior." O bien, como antes lo indicó, desconocer los derechos de los contratistas, generando una ganancia indebida y mala imagen para la institución militar, por incumplir sus compromisos o de desorden en el ejercicio de la actividad administrativa. Al imponer valorar la sanción procedente, señala que el comportamiento endilgado se halla relacionado en las faltas de carácter grave en el Decreto 1797 de 2000 y en la Ley 836 de 2003, conforme a las cuales el correctivo mínimo es el de suspensión en el ejercicio del cargo, por lo cual y considerando que se actuó en forma dolosa, decide imponerla por el término de quince días. RECURSO DE APELACIÓN El disciplinado HUGO ALEJANDRO LÓPEZ BARRETO, actuando mediante apoderado, interpuso recurso de apelación contra la decisión sancionatoria de primer grado, solicitando que se revoque esa determinación y que, en su lugar, se le absuelva de toda responsabilidad, lo cual hace con sustento en las razones que se sintetizan a continuación.

1. Comienza el recurrente por afirmar que para suscribir los contratos cuestionados se contó inicialmente con la orden administrativa de partidas de sanidad N° 001Disan-fin-2002-01-01 donde se asignaba el presupuesto para el funcionamiento de Sanidad y del Batallón y que según la Resolución 986 de diciembre 31 de 2001,

emanada de la Dirección de Sanidad Militar, se fija el valor de $267.229.200.00 por concepto de otros gastos generales por adquisición de servicios en lo que se refiere a personal. Así mismo señala que mediante radiograma 3150 del 28 de diciembre de 2001 se le dio la orden al disciplinado por parte del Coronel DANIEL JOSÉ VÁSQUEZ HINCAPIE "acerca de la renovación de los contratos de servicios médicos profesionales, a partir del 2 de enero de 2002" (folio 524 del C.O 3). Indica que la premura del tiempo llevó al disciplinado a suscribir los contratos referidos sin el CDP y el RP. Que hasta el 2001 se manejó su expedición en forma manual, pero le era imposible al disciplinado cumplir con tales requisitos elaborándolos manualmente a través de la Jefatura de Presupuesto porque se hubiera incurrido en una falsedad, dado que obrarían dos certificados para tales compromisos.

2. Expresa que por orden directa de la Dirección de Sanidad Militar se dispuso implementar para el año 2002 la aplicación del software que contenía el desarrollo de la Resolución 36. Así mismo, señala que si no se hubieran celebrado tales contratos no se habría contado con los servicios correspondientes, generando peligro para la salud de los usuarios que son militares en servicio activo, retirados y familiares, lo cual no ha sido considerado en la investigación.

3. En seguida, el recurrente se refiere a las características del mencionado aplicativo, para luego discrepar de la conclusión que sobre la responsabilidad del disciplinado extrae la Delegada, señalando que no está demostrada su negligencia, pues por el

contrario fue diligente al celebrar los contratos para garantizar los servicios de salud de los afiliados y usuarios.

4. Asevera que no fue improvisación sino una decisión urgente para garantizar el servicio de salud comentado "teniendo en estos casos que dejar de lado una situación que se repite con insistencia era ajena a la función, responsabilidad y diligencia que le competían en su momento al sancionado y que precisamente trato

(sic) de mantener llevando a cabo una gestión loable y maratónica, materializada en virtud de una orden superior y en atención a que se contaba con la disponibilidad para proceder como el hoy Teniente Coronel LOPEZ BARRETO lo hizo" (negrilla del texto original visible a folio 525 ibídem). Al explicar el concepto del dolo, cuestiona la imputación dolosa de la conducta, señalando que la actuación del disciplinado fue todo lo contrario, en cuanto trató de evitar que se causara daño a los afiliados y usuarios del servicio de salud del Ejército Nacional y nunca quiso obtener provecho para si mismo o para un tercero. Lo propio hace frente a la afirmación de la Delegada referida al hecho de subsanar una irregularidad cometiendo otra, pues simplemente el disciplinado "cumplió con llevar a cabo la contratación que ya estaba ordenada" (folio 526 ibídem). Por ello, las fechas de elaboración de los documentos requeridos para la legalización de los contratos nunca se alteraron y las de los certificados es la demostrada y arrojada por el sistema correspondiente.

5. Expresa el recurrente que la primera instancia no tiene en cuenta importantes pruebas como la declaración del Jefe de Presupuesto CT. RODRíGUEZ MESA

HENRY BENICIO, quien firmaba tanto el Certificado de Disponibilidad Presupuestal como el Certificado de Registro Presupuestal y en quien el Coronel LÓPEZ BAR RETO confiaba. Insiste y lo reitera más adelante también, en que existía la disponibilidad presupuestal aunque tales documentos no se hubieran expedido oportunamente, lo cual ocurrió por circunstancias ajenas a la voluntad del disciplinado. Se refiere en seguida a la declaración de la señora JAZMÍN BEL TRAN, encargada del manejo del aplicativo que desarrollaba el contenido de la Resolución 036, quien afirma en su declaración que este era un programa nuevo, por lo que inicialmente ella fue capacitada y que al implantarlo se presentaron fallas que debieron ser subsanadas y por las cuales los certificados quedaban con otras fechas.

6. Alega el apelante que la conducta endilgada al disciplinado no puede ser reprochada y sancionada solamente por cumplir con lo que manifiesta una parte de la norma que la tipifica, sino que se debe demostrar el daño o perjuicio causado por la misma para concluir que hay una verdadera falta disciplinaria. Es absolutamente necesario que la conducta lesione, quebrante o ponga en peligro el bien jurídico de la Administración pública.

7. A continuación hace relación a la declaración del CT. JOSÉ ABELARDO SOTELO BARRERO, quien se desempeñaba como oficial de logística para la fecha de los acontecimientos que hoy se investigan y tenía la función de elaborar los planes de abastecimiento y mantenimiento para la adquisición de los suministros, el cual describe el procedimiento adelantado para la contratación de médicos respecto de la

Dirección de Sanidad Militar. Señala que tal testigo indicó que para el año 2001 se solicitaron los recursos para la contratación de unos especialistas con base en las estadísticas y soportes respectivos, a propósito de lo cual menciona la orden administrativa de partidas fiscales No. 001-Disan-fin-2002-01-01 J en la cual se encontraba la asignación de los recursos para contratar a más de 40 profesionales. Transcribe apartes de este testimonio relativos al aplicativo para el manejo de la cadena presupuestal en materia contractual.

8. Vuelve a señalar el impugnante que existía la partida presupuestal correspondiente para cancelar los dineros debidos a los dos profesionales de la salud contratados "por lo que en este caso no se estaba comprometiendo la responsabilidad estatal y menos la posibilidad de una ganancia del mismo Estado y el detrimento del patrimonio del médico y la odontóloga, desde el inicio del contrato a la fecha de la legalización del mismo, como se ha manifestado en el fallo recurrido."

(folio 529 del C.O. 3) El hecho fue que el software propio de la Resolución 036, se empezó a aplicar para finales del mes de enero de 2002, no obstante que la partida presupuestal existía desde el primero de enero de 2002: Por ello no se contrató sin respaldo presupuestal, se encontraba plenamente garantizada la existencia de apropiación suficiente para atender el gasto, pero como el archivo plano llegó después del 21 de enero de 2002, es a partir de esa fecha que se podían expedir los documentos correspondientes. Indica que los profesionales no se quejaron por el no pago de sus honorarios, lo cual confirma lo expresado y que tales dineros fueron

directamente invertidos en la cancelación de dichos contratos. Afirma el recurrente que por lo anterior no hubo una infracción sustancial al deber, porque no se atentó contra el buen funcionamiento de la administración y sus fines; además de que fue necesario contratar estos dos profesionales por ser los únicos en sus respectivas especialidades. Ello configura una causal de exclusión de la responsabilidad, "ya que por fuerza mayor prima Constitucionalmente el derecho a la salud y por ende a la vida, sobre cualquier norma de carácter presupuestal."

9. Reitera que el disciplinado como Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallón de Sanidad y ordenador del gasto, al suscribir los contratos de los mencionados profesionales de la salud, lo hizo porque no podía suspender por ningún motivo los tratamientos médicos que estaban recibiendo -los oficiales, suboficiales y soldados heridos en combate. Indica que así le dio prelación a la vida como derecho fundamental frente al acto de legalidad que se le ha cuestionado.

10. Apoyado en apartes jurisprudenciales, asevera que en este caso, no se presenta la ilicitud sustancial a que se refiere el artículo 5 de la Ley 734 de 2002, "entendiéndose con este principio que al servidor público no se le debe sancionar disciplinariamente por infringir un deber o violar una prohibición; sino que en cada caso debe existir un juicio de valor, para determinar si los bienes jurídicos disciplinarios del decoro, eficiencia de la administración pública se lesionaron" (folio 532 ibídem). Señala que si el disciplinado no hubiera contratado los profesionales

citados hubiera podido incurrir en omisión conforme al artículo 90 de la Constitución Política.

11. Afirma que en el derecho disciplinario se encuentra proscrita toda forma de responsabilidad objetiva, pues las faltas son sancionadas a titulo de dolo o culpa, conforme al artículo 13 de la Ley 734 de 2002, que la conducta del disciplinado está justificada por la necesidad de celebrar dichos contratos, como lo manifestaron la Señora Teniente Coronel MARCELA RESTREPO RODRíGUEZ y el CT. HENRY BENICIO RODRíGUEZ MESA. También reitera lo relativo a la dificultad en la implementación de la Resolución 036, según declaraciones de la señora JAZMÍN BEL TRÁN CHAVEZ, el CT. JOSÉ ABELARDO SOTELO y el CT. HENRY BENICIO

RODRíGUEZ MESA.

Al transcribir apartes de la providencia impugnada referidos a la forma de culpabilidad, insiste la defensa en que el disciplinado no actuó con dolo, al paso que afirma que en esa decisión se trata en forma confusa el grado de culpabilidad.

12. Expresa el apelante que existen irregularidades que afectan el debido proceso que hacen necesario decretar la nulidad de lo actuado conforme al numeral 30 de un artículo que no menciona pero que puede corresponder al 143 de la Ley 734 de 2002 o bien al 160 de la Ley 836 de 2003. Tales irregularidades las refiere al fallo de primer grado, indicando que el mismo no reúne los requisitos sustanciales exigidos por el artículo 191 de la Ley 836 de 2003, por lo cual considera que se viola el

derecho de contradicción y el debido proceso. Ello lo remite especialmente a la indeterminación del grado de culpabilidad que se presenta en la providencia recurrida, argumento que apoya en la Sentencia C-892 de 1999. La nulidad es solicitada por el apelante también para que se decrete la obtención del Plan de Abastecimientos del mes de enero y febrero de 2002, la cual se solicitó en los descargos y se decretó mediante auto del 21 de abril de 2005, sin que ese documento fuera allegado al expediente. Con esta prueba "se demuestra que existían los recursos disponibles para la contrataciones de los profesionales de la medicina, incluidos los doctores Otero Ramos y Alexandra Sánchez, ya que previamente por parte de la Dirección de Sanidad se habían analizado y aprobado todos los documentos previos a las contrataciones, y demostrar que no hubo negligencia ni improvisación alguna en estas." (folio 538 ibídem) Por último, antes de solicitar que se tengan en cuenta los documentos que anexa con los cuales se acreditan los argumentos expuestos., plantea también el apelante como causal de nulidad la violación del debido proceso y el derecho de defensa del disciplinado en cuanto se recibió versión libre sin ser asistido por un abogado y sin que aquel hubiera renunciado a ese derecho reconocido por los artículos 29 de la Carta y 92 de a Ley 734 de 2002, así como por normas de Derecho Internacional ratificadas por Colombia, cuyos apartes transcribe. CONSIDERACIONES DE LA SALA Antes de desatar el recurso de apelación interpuesto por el disciplinado HUGO

ALEJANDRO LÓPEZ BARRETO contra el fallo sancionatorio expedido por la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares, es necesario examinar las solicitudes de nulidad presentadas. Posteriormente, si fuere el caso, la Sala estudiará el fondo del asunto y tomará las decisiones que correspondan frente a la providencia recurrida. Respuesta a las solicitudes de nulidad

1. Para resolver las solicitudes de nulidad propuestas por la defensa del disciplinado; la Sala requiere hacer las siguientes consideraciones: 1.1. Frente al primer motivo de nulidad expuesto por el apelante, relacionado con el incumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 191 de la Ley 836 de 2003 al fallo de primer grado, la Sala observa que las razones de inconformidad del recurrente tienen que ver con la manera como se presentan o configuran en el contenido mismo del fallo los elementos enunciados por la norma invocada. Ello no significa, en criterio de la Sala, que no se hubieran cumplido las exigencias de la norma, sino que el apelante se encuentra inconforme con el modo como se cumplieron. Por ejemplo, como lo expone a lo largo del texto del recurso, la defensa manifiesta su desacuerdo con, la forma como se han interpretado las pruebas y argumenta que algunas de ellas se desconocían por la Delegada; lo cual no significa que no se hubiera hecho análisis probatorio. Lo propio ocurre con el enfoque del grado de culpabilidad que se atribuye a la conducta del disciplinado, el cual cuestiona y considera contradictorio; pero ello tampoco significa que no se hubiera hecho el análisis de ese aspecto, exigido por el artículo 191 de la mencionada Ley 836. Por lo

tanto, la discusión e inconformidad del recurrente en torno a los aspectos que plantea, debe ser objeto de este fallo en las consideraciones de fondo, lo cual corresponde precisamente a la función de la segunda instancia. En consecuencia, por este aspecto no se configura la violación al debido proceso por vulneración al derecho de defensa, ni la existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso. 1.2. Respecto de la segunda solicitud de nulidad, la Sala encuentra que como lo señala el apelante, el disciplinado solicitó en sus descargos y fue decretada por el auto del 21 de abril de 2005, la prueba documental consistente en allegar el Plan de Abastecimientos para el primer semestre de 2002 (folios 269 y 287 del C.O. 2). El 25 de mayo de 2005, el investigador realizó visita especial al Batallón de Sanidad del Ejército Nacional, en la cual, entre otros documentos, solicitó la expedición del mencionado y el funcionario que atendió la diligencia se comprometió a remitirlo al proceso una vez se solicitara internamente al archivo general de esa institución (folio 299 ibídem). El 14 de julio de 2005, el Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallón de Sanidad a la vez que remitió unos documentos conforme al compromiso contraído en la vista especial mencionada, manifestó respecto del plan de abastecimientos que había sido solicitado al archivo general y que una vez se obtuviera sería remitido (folio 363 ibídem). El 5 de agosto de 2005, el mismo servidor del Batallón de Sanidad remitió a la

Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares, mediante oficio N° 6743, junto con otros documentos, los "Planes de Abastecimiento existentes en el Archivo Generadle Mindefensa, cuyas copias se habían solicitado el pasado mes de julio y se nos entregó hoy 5 de agosto del año en curso” (folio 381 ibídem). Ese documento obra en seguida a folios 396 a 409 del mismo cuaderno. Por lo tanto la solicitud de nulidad mencionada en este punto carece de sustento fáctico y no debe prosperar. 1.3. Frente a la última situación que alega el recurrente como constitutiva de causal de nulidad, la Sala observa que al comenzar la versión libre se le hizo saber al disciplinado HUGO ALEJANDRO LÓPEZ BARRETO el derecho que tenía de designar defensor para ser asistido en tal diligencia, a cuyo efecto se le citó expresamente el artículo 92 de la ley 734 de 2002 relativo a los derechos del investigado. Indica el acta de la versión libre que "En relación con el derecho que tiene a designar defensor, manifestó que en el momento no es necesario" (folio 63 del C.O. 1). Por lo anterior no está de acuerdo la Sala con el apelante, quien expresa que a su defendido se le recibió versión libre sin que hubiera renunciado al mencionado derecho, pues es claro que el deponente renunció a su derecho en cuanto al serle puesto de presente consideró que no era necesaria esa asistencia. En relación con este aspecto no sobra señalar que el disciplinado constituyó apoderado en la oportunidad de presentar sus descargos (foli0268 del C.O. 2), el

mismo que actualmente suscribe la impugnación contra la providencia de primer grado y que ni en los descargos ni posteriormente se ha hecho ninguna manifestación sobre esa circunstancia que ahora se alega sin especificar concretamente qué manifestaciones del disciplinado, hechas en el curso de dicha diligencia perjudican sus intereses o bien cuáles circunstancias de la prueba hubieran aconsejado la asesoría de un profesional del Derecho. De otro lado, se observa por la Sala, que solicitada por el disciplinado mediante su apoderado la ampliación de la versión rendida, a la misma se renunció como consta a folio 378 del citado cuaderno. Por las razones anteriores considera la Sala que al no configurarse tampoco por este aspecto, la causal de nulidad de la violación del debido proceso y el derecho de defensa del disciplinado, razones por las cuales es necesario denegar la nulidad solicitada.

2. Cargos formulados.

Para abordar la discusión de fondo del asunto es necesario recordar el cargo formulado al entonces Mayor del Ejército Nacional HUGO ALEJANDRO LÓPEZ BARRETO, en su condición de Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallón de Sanidad del Ejército Nacional "SL. José María Hernández", mediante providencia del 30 de noviembre de 2004, los cuales corresponden a los que se transcriben a continuación (folio 243 del C. O. 2): "El Oficial, en su condición de Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallón de Sanidad, el 2 de enero de 2002 suscribió y permitió que se iniciara la ejecución de

los contratos de prestación de servicios Nos. 020 y 031 de 2002, con los doctores Elder Otero Ramos, como Médico Internista y María Alexandra Sánchez Mora, como En do doncista, sin que, al parecer en forma injustificada, se hubieran expedido los certificados de disponibilidad y de registro presupuestal exigidos por la ley, el primero previo a la adquisición del compromiso y el segundo como requisito de perfeccionamiento para poder iniciar su ejecución." (folio 249 ibídem) Como normas infringidas se le citaron al disciplinado el artículo 71 del Decreto 111 de 1996 (Estatuto Orgánico de Presupuesto), así como el artículo 57 numeral 12 del Decreto 1797 de 2000, recogida por el artículo 59 numeral 10 de la Ley 836 de 2003, la cual consagra como irregularidad de carácter grave la extralimitación en el ejercicio de funciones o atribuciones. El pliego imputó la conducta a título de dolo y calificó la falta como grave "por el mal manejo que administrativamente se le generó al presupuesto de la institución y que puso en peligro el respaldo necesario a los pagos que debían hacerse de conformidad con lo pactado con los contratistas" (folio 249 ibídem).

3. Examen de fondo de la discusión.

Para examinar los argumentos de impugnación y la legalidad de la providencia de primera instancia, la Sala se detendrá en primer lugar en los elementos jurídicos que sustentan los reproches formulados, para luego revisar el supuesto fáctico del cargo y extraer las conclusiones disciplinarias correspondientes. En el curso del análisis anterior se resolverán las inconformidades presentadas por el apelante.

3.1. Es claro el alcance de los conceptos de certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) y de registr