PGN - Documento 201603111027276

Dependencia: Procuraduría Primera Delegada Vigilancia Administrativa

Radicación: 013-81583-03

Disciplinado: Martha Elena Bedoya Rendón Cargo y entidad: Alcaldesa Municipal de Pereira Quejoso: Nidia Esneda Chalá Fecha queja: 29 de enero de 2003

Fecha hechos: Octubre 19 de 2001

Asunto: Presunta irregularidad por vulneración a los derechos de carrera administrativa

Bogotá DC, 13 de octubre de 2006 ANTECEDENTES La queja. Con oficio No. 105 de enero 22 de 2003 la Secretaria de la Procuraduría Regional de Risaralda remitió el presente radicado al Reparto de estas Delegadas, para dar cumplimiento al auto de 17 de enero de 2003 que dispuso la remisión por competencia del investigativo adelantado contra la Alcaldesa Municipal de Pereira Martha Elena Bedoya Rendón, por la comisión de la irregularidad relacionada con el hecho de que presuntamente le vulneró los derechos de carrera administrativa a la señora Nidia Esneda Chalá en el período comprendido entre el 19 de Octubre a Noviembre de 2001 (fl. 135 ). CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA Revisados los documentos base del presente investigativo se encontró que en los enviados por la Procuraduría Regional de Risaralda, se consignó que las irregularidades a investigar se relacionaban con el hecho de que presuntamente la Alcaldesa Municipal de Pereira Martha Elena Bedoya Rendón, le vulneró los derechos de carrera administrativa a la señora Nidia Esneda Chalá, comprendido entre octubre y noviembre de 2001.

Además que la quejosa manifestó que consideraba que las señoras Adriana Vallejo de la Pava y María Ruby Jaramillo Sánchez, en sus calidades de Alcaldesa encargada y Secretaria de Servicios Administrativos de la Alcaldía Municipal de Pereira, respectivamente, le habían violado esos derechos dentro del proceso de reestructuración de la planta de personal de la misma, al no haber sido incorporada a la nueva planta existiendo vacantes para ello, lo cual probaba con los documentos adjuntos. Entre los anexos enviados por la quejosa obran la certificación de la Jefe de Personal de la Alcaldía expedida el 6 de agosto de 1993, en que consta que cumplía con los requisitos para el desempeño del cargo de Oficial de Control4120-05-C (fl. 10), solicitud de inscripción en Carrera de 5 del mismo mes (fl. m11); oficio de 2 de Enero de 1995 en que se le notifica la modificación de la denominación del cargo como Oficial de Control 4121-07-C (fl. 13); Acta de posesión en el Municipio el 1 de Diciembre de 1.998 en el cargo de Técnico 401-04-C de la División de Control y Vigilancia de la Secretaría de Gobierno (fl. 14); Oficio de Octubre 16 de 2001 en el cual la Jefe de Recursos Humanos del Municipio le comunica que el cargo de Técnico 401-04-C que desempeñaba en la citada Secretaría Sección Inspecciones Urbanas había sido suprimido a partir de la fecha mediante Decreto 878 de 12 del mismo mes (fl. 15); Oficio de Octubre 16 de 2001 en que el señor Jaime Eduardo

Mejía presentó renuncia del cargo de Técnico 401-04-C de la misma Secretaría para ceder su vacante a la quejosa (fl. 16). Adjuntó igualmente copia del Oficio de 17 de octubre de 2001 en que la quejosa le solicita a la Alcaldesa Martha Elena Bedoya Rendón tenerla en cuenta para el tratamiento preferencial de reubicación en el cargo de técnico mencionado, por ser cabeza de hogar (fl. 17); Oficio de respuesta al anterior de fecha 30 del mismo mes, en que la citada funcionaria le informa que se requiere realizar un estudio pormenorizado de cada caso, las vacantes y nombramientos en provisionalidad que existan en la planta para determinar si le asiste mejor derecho y si reúne los requisitos para ser nombrado en los cargos (fol.18); Oficio de 1 de noviembre de 2001 en que la Alcaldesa encargada Adriana Vallejo de la Pava le informa los cargos vacantes en un número de 5 (técnico 401-06; 3 Técnicos 401-05 y técnico 401-02), los requisitos de cada uno y que de acuerdo con el numeral 2 del artículo 39 de la Ley 443 de 1998 la incorporación de los empleados que optaron por este derecho preferencial procedía si acreditaban los requisitos mínimos exigidos para su desempeño, pero que de la revisión de su hoja de vida se observó que no los reunía para acceder a tales cargos (fl. 19); reclamación presentada ante la Comisión de Personal el 2 de noviembre de 2001 y correspondencia cruzada con la peticionaria, y de esta con la Alcaldesa y con la Secretaria de Servicios Administrativos

reiterándoles la incorporación por estar en desacuerdo con los nombramientos realizados (fls. 20 a 36). De las pruebas allegadas por la citada Regional, para establecer la ocurrencia o no de la conducta, se verificó que la quejosa remitió a la Procuraduría Provincial de Pereira copia del escrito enviado a la Comisión de Personal para que se le garantizara su debido proceso, Despacho que efectuó la indagación respectiva, que también se allegó y que en informe del investigador se sugirió terminarlo con archivo; la mencionada documentación se revisó por este Despacho, estableciendo de los mismos que reposa la Resolución No. 02 de Noviembre 21 de 2001 en que aquélla le resolvió la reclamación negándole a la quejosa la incorporación a la nueva planta de personal, por no reunir los requisitos para el desempeño del cargo (fls. 41 a 54). En el acto administrativo precitado se verificó que consideró que las vacantes que existían señaladas por la Alcaldesa encargada en el Oficio allegado por la quejosa, sólo podían llenarlas con quienes acreditaran títulos de formación Tecnológica en Construcción en las áreas puntualizadas para cada uno: para el 06, en Derecho e Ingeniería Industrial; para tres grados 05, los mismos títulos agregándole el de formación técnica profesional, el primero; el segundo le agregó la Tecnología en áreas administrativas, áreas contables, económicas o Ingeniería Industrial y para el tercero únicamente se exigió Tecnología en áreas del periodismo o comunicación

social y 3 años de experiencia y el Técnico 401-02 exigía las áreas de este último ampliándole la experiencia en 6 años; y que no se podían considerar como equivalentes los cargos referidos con el que desempeñaba la quejosa, por cuanto el suyo era de Técnico 401-04-C y los demás tenían requisitos superiores a este, establecidos en el Decreto Municipal de reestructuración No. 883 de 2001, que no podía cuestionar la Comisión y este cargo era el mismo que le dejó el señor Jaime Eduardo Mejía Atehortúa al presentar su renuncia para cedérselo a la quejosa, 2 situación no contemplada en las normas de carrera para reincorporación (fls. 55 a 59). La Provincial allegó además el acta de visita efectuada a la Secretaría de Servicios Administrativos en la que se manifestó por la titular que la incorporación procedía siempre y cuando la funcionaria acreditara el cumplimiento de los requisitos mínimos y para ello habían realizado un estudio minucioso para su verificación, además que existen nuevas funciones y cambio de denominaciones; adjuntó copia del formato único de hoja de vida de la quejosa, la que una vez verificada arroja que sólo posee el título de bachiller y varios cursos con intensidad de 20 a 100 horas, pero no acreditó título en ninguna de las tecnologías exigidas (fls. 60 a 69). Respecto a los demás documentos allegados al presente radicado, se verificó que con Oficio 02003 de 13 de febrero de 2002 los miembros de la Comisión de Personal remitieron copia de la parte pertinente de las funciones y de los requisitos para

desempeñar los cargos, y del Decreto 878 de 12 de octubre de 2001 por medio del cual se suprimen unos cargos de Carrera administrativa en la Secretaría de Gobierno, de su revisión se desprende que se suprimieron 11 cargos de técnicos 401-01-C y que el de Oficial de Control 401-04-C en que se inscribió la quejosa en carrera, exigía la aprobación de dos años de formación técnica, tecnológica o profesional en el área del Derecho (fl. 79) y los nuevos cargos denominados Técnico 401, Grados 03, 05, 06, 08 y 09 exigían como se expuso en precedencia los títulos de Tecnólogos en áreas del derecho, ingeniería o de formación técnica en las mismas áreas y los demás títulos consignados en la Resolución proferida por tal Comisión anteriormente referidos (fls. 74 a 82). Lo expuesto es corroborado en la declaración del señor Diomédes de Jesús Toro quien expuso que la Alcaldesa reconoció que la citada funcionaria era muy trabajadora pero que su cargo había sido reestructurado y vería si en un futuro se le podía ayudar; igualmente en versión rendida por María Ruby Jaramillo Sánchez, Secretaria de Servicios Administrativos de la Alcaldía de Pereira en que además agregó que tuvo algunas charlas con la funcionaria desvinculada y el Psicólogo que venía haciendo proceso de readaptación laboral y que le dieron alternativas de su vida y de su situación actual, así como de la normatividad aplicable, pero que en todo caso siempre se le contestaron los oficios que presentó en que se le informaba

que la reincorporación sólo procedía respecto a quienes cumplieran los requisitos legales que debían acatar y el estudio de las hojas de vida como se hizo durante todo el proceso de reestructuración. También se corrobora con la declaración de Geny (sic) Correa Bonilla, quien manifestó que la supresión de cargos había sido muy traumática para la señora Nydia Chalá, que había sido de psicólogo porque no quería aceptar que el cargo había sido suprimido y que respecto a la renuncia del compañero Jaime Mejía y el escrito en que le cedía el cargo ella se lo había entrado a tal Secretaría y la misma le informó a la quejosa que los únicos que tomaban la decisión de los reintegros eran la alcaldesa y su grupo de asesores porque su intención era ayudarla pero más adelante, sin que le dijera nada sobre un decreto inmediato de reintegro. De acuerdo con lo expuesto se concluye que el cargo de la quejosa no fue el único suprimido pues ascendieron a 11 técnicos y aproximadamente 50 funcionarios de otros cargos; además la denominación y grado no eran equivalentes con el anterior pues se establecieron nuevas exigencias para el desempeño de los nuevos cargos 3 como fueron los títulos de Tecnólogos anteriormente relacionados, que no queda duda no ostentaba la quejosa, de una parte y de otra no era posible legalmente establecer equivalencias de experiencia por título profesional ni tampoco llenar la vacante cedida por el señor Jaime Eduardo Mejía Atehortúa para dársela a la misma ya que desempeñaban cargos del mismo código y dependencia y, la normatividad en materia de carrera administrativa no contemplaba la figura de la

cesión para la reincorporación. En efecto, la Ley 443 de 1998 en su artículo 39 establece que la incorporación sólo opera en caso de existir cargos equivalentes y el Decreto 1173 de 1999 señaló cuatro condiciones para considerar la equivalencia: 1Que pertenezca al mismo nivel jerárquico; 2Que tenga un salario no inferior; 3Que tenga funciones iguales o similares y que tenga los mismos requisitos o similares de experiencia y de estudio; en el presente caso la quejosa no podía cumplir con los requisitos de estudio pues se estableció que únicamente era bachiller con algunos cursos realizados en función del cargo, pero no se había acreditado el título en las tecnologías relacionadas, como se lo manifestaron oportunamente a la quejosa, tanto la Alcaldesa titular como la encargada y la Secretaría de Servicios Administrativos en los oficios allegados por la misma, materia de inconformidad, que seguramente por la angustia de quedarse sin su trabajo no le permitían aceptar la realidad de la supresión de su cargo, de la inexistencia de equivalencias entre experiencia y estudios, de la imposibilidad de la cesión del cargo por el funcionario mencionado, de que en el transcurso de los seis meses siguientes se podía realizar la reincorporación de quienes cumplieran con los requisitos como lo establecía el numeral 3 del artículo 46 del Decreto 1568 de 1998 (fl. 110) y de que las vacantes se llenaron con algunos compañeros de trabajo que reunían el título de tecnólogo como en el caso de la señora María del Carmen Rendón Porras, quien lo allegó y así lo confirmó en declaración (fl. 113). Con base en las pruebas anteriormente relacionadas se ratifica que las funcionarias

denunciadas como presuntamente responsables de la irregularidad en la desvinculación de la quejosa y en el trato discriminatorio dado a la misma para no reincorporarla, al igual que el presunto trato irregular dado por la comisión de personal, no se presentó por cuanto los investigados solo se ciñeron a la reglamentación existente para la reestructuración y supresión de empleos, y que el evento especial de la misma fue solo producto de la situación del país para la época de los hechos que afectó a una cantidad considerable de servidores públicos, pero sin que la actuación de los mismos pueda encuadrarse dentro de irregularidad disciplinaria alguna. En conclusión este Despacho considera que no se probó que los funcionarios investigados actuaran dolosamente, al presuntamente omitir el reintegro de la quejosa a la Secretaría legalmente reestructurada , pues como se expuso las citadas normas consagraban cargos específicos suprimidos, la reglamentación para efectuarlo y los requisitos que debían cumplir los nuevos cargos que en modo alguno acreditara la quejosa. En el presente caso se trae a colación la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que en Sentencia C-310 de junio 25 de 1997 Magistrado ponente Dr. CARLOS GAVIRIA DÍAZ, respecto a la ocurrencia de conductas disciplinarias manifiesta que el fallador debe tener en cuenta que el Código Disciplinario establece en su artículo 13, en el actual corresponde al artículo 14, que “queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva y las faltas solo son sancionables a título de dolo o culpa “... 4 acorde con la Constitución que también ‘proscribe las formas de responsabilidad

objetiva y exige un derecho penal de culpabilidad’, pues el hecho punible para ser sancionable, debe ser imputable a la persona como obra suya no sólo de manera objetiva (autoría material) sino también subjetiva (culpabilidad), en cuanto sujeto dotado de dignidad y libertad.. La culpabilidad es la misma responsabilidad plena la cual comporta un juicio de exigibilidad en virtud del cual se le imputa al servidor estatal la realización de un comportamiento disciplinario contrario a las normas jurídicas que lo rigen dentro de un proceso que se ha de adelantar con la observancia de las reglas constitucionales y legales que lo regulan, garantizando un debido proceso y el ejercicio pleno del derecho de defensa que le asiste al imputado...”. De conformidad con el análisis anterior, la Delegada considera que la actuación del investigado se adecua a dicha normatividad, por lo que al no ser posible atribuirle responsabilidad disciplinaria a los señores en su condición de Director del IPSE, para la época de los hechos, es procedente archivar la actuación en su favor, dando aplicación a lo preceptuado por la Ley 734 de 2002, artículo 73 en concordancia con el 164 Ibídem. Se observa respecto al presente radicado que se recibió el 3 de marzo de 2003 y se le repartió al abogado Edgar Rojas Chávez quien lo tuvo en su poder hasta el 8 de Abril de 2003 (1 mes), en que se reparte a la Dra. Diana Latina de la Hoz Cure en la misma fecha, pero por cambio de funciones lo devuelve el 28 de Mayo del mismo año (un mes y 20 días); se reasigna correspondiéndole a la Dra. Elsa Consuelo Gallo Alzate quien lo tiene en su poder desde esa fecha hasta la presente, es decir

tres años y 4 meses. Respecto a la presunta mora en los períodos mencionados este Despacho anota sobre el cumplimiento de la Directiva 06 de agosto de 1997, emanada del Despacho del señor Procurador General de la Nación, que no se adecua a las situaciones allí contempladas por cuanto la misma se encuentra justificada, de acuerdo con las siguientes consideraciones: El período de inactividad mencionado cuya justificación se plasma, se analiza teniendo en cuenta que los profesionales que tuvieron a cargo el radicado para esta época se encontraban con recargo de trabajo originado en la supresión de la Procuraduría Tercera Delegada para la Vigilancia Administrativa, proyectada en el año 1999, para convertirla en Delegada para Contratación Estatal, por lo que le suspendieron el reparto desde el mes de Enero de tal año conllevando la reasignación de los expedientes que estaban a su cargo para repartirlos entre las dos Delegadas restantes, lo cual originó congestión en forma ascendente a partir de esa fecha en esta Delegada, incrementándose en proporción geométrica el trabajo a cargo de cada abogado, sumado a la disminución de personal tanto de profesionales como de secretaría desde enero de 2000 a diciembre de 2001, un promedio de siete (7) abogados, solo hasta la llegada del actual Procurador General estudió las dificultades expuestas y en este mes brindó apoyó para superar la congestión, asignando algunos profesionales pero la problemática aún se encuentra latente puesto que a esta Delegada se le asignó la competencia general o residual, sumado a los diversos requerimientos en materia de personal y de equipos, lo que ha hecho

imposible la planeación, el control y evacuación oportuna de expedientes creándose una crisis cuyos resultados fueron anunciados oportunamente a la Administración. 5 Para soportar lo anterior basta efectuar un simple conteo matemático en los Libros Radicadores, de los expedientes recibidos entre enero del 2000 y abril de 2003 para concluir el incremento desproporcionado de expedientes repartidos a cada uno de los funcionarios de esta Delegada con un promedio de carga laboral incrementada en 317 % por año, respecto del año de 2000 . En relación con los profesionales Edgar Alexander Rojas Cháves, en su condición de Abogado Asesor adscrito a esta Delegada, sólo lo tuvo en su poder un mes por tanto no amerita ningún análisis sobre una presunta mora. Respecto a la abogada Diana Latina de la Hoz quien lo tuvo en su poder del 8 de abril al 28 de mayo de 2003, época en que se presenta la vacancia judicial de Semana Santa es decir que se descuentan 8 días, en este lapso recibe 66 expedientes en Abril y 19 expedientes en mayo; tramita 14 en el mes de abril y 14 en el mes de Mayo, una producción bastante alta, por lo que no amerita ningún análisis respecto a una presunta mora. En relación con la profesional que proyecta este proveído, recibió este expediente el 29 de mayo de 2003, o sea que lo tuvo en su poder desde esa fecha hasta la presente, es decir tres años, 4 meses, pero el período de presunta inactividad se justifica, con base en las siguientes argumentaciones: Desde el 21 de mayo de 2002 se le asignó a la proyectista por el señor Procurador

General de la Nación como función especial adicional a las propias del cargo, la de Líder del Subcomponente de Fortalecimiento de la Función Disciplinaria, dentro del convenio suscrito por este Organismo con el BID y por tanto reglamentadas acatando los parámetros del mismo, las que incidieron en las estadísticas mensuales por cuanto requirieron de su atención inmediata porque en desarrollo del proyecto se comprometió el nombre de este Organismo por ser uno de los planes bandera de esta Administración, copando con ello gran parte del tiempo laboral y por ende la atención de los expedientes en un 50 a 100%, ya que debe asumir labores adicionales como proyectar diversos documentos para consideración y estudio por parte de la Gerencia del Subcomponente, asignada a su vez al titular de este Despacho, para ser enviados posteriormente al estudio de la Oficina de Coordinación y Gerencia del proyecto de la Procuraduría, la cual los sometía a revisión del Comité del convenio y posterior presentación para su aprobación ante los Coordinadores del Banco, presentación de informes y sustentación de los mismos como consta en los documentos obrantes en los archivos de la Delegada. Para el año 2003, continúa con la función de Líder, acentuada en los procesos Licitatorios que coparon la mayor parte del tiempo laboral por lo que la dedicación a los expedientes es mínima, pues en el transcurso del año debió atender y evacuar nuevos requerimientos del BID hasta lograr materializar las diversas licitaciones en su etapa precontractual para el último trimestre del año, debiendo suspendérsele junto con el titular de este Despacho las vacaciones colectivas para atender la

preparación de términos de referencia de tales procedimientos, revisión y aprobación del Comité del proyecto, de la Oficina Jurídica de la Procuraduría, correcciones, adiciones, aclaraciones a las recomendaciones efectuadas por todos ellos y en últimas para entregarlos al BID para su aprobación final, publicaciones o invitaciones a los proponentes y diligencias de cierre de licitaciones, todo ello con dedicación en esta etapa prácticamente de tiempo completo; a pesar de ello proyecta y recibe un total de 122 expedientes y tramita 83 expedientes, aún cuando 6 el tiempo para evacuarlos era prácticamente nulo y debió desempeñarse con las precitadas funciones hasta el mes de mayo de 2004, en que se replanteó el proyecto y se le dejaron únicamente las funciones de asesoría como en efecto realizó en múltiples ocasiones. Para la vigencia de 2004, proyecta y recibe algunos expedientes así: 138 recibidos y 105 expedientes tramitados, descontando semana santa; un mes por la función especial asignada de descongestión para la Delegada ordenada por Resoluciones expedidas por el señor Procurador General de la Nación a partir del 26 de agosto hasta el 20 de Septiembre, en que también se le asigna la de asesoría a los funcionarios de la Procuraduría Delegada para Entidades Territoriales sobre los expedientes de tal Plan y en el mes de Octubre, la elaboración de cuadros de informe a la Contraloría General de la República por intermedio de la Oficina de Control Interno con Corte al mes de Septiembre; cuadros sobre el Mejorando del

2004 proyectado al 2005, para entregar a la OCI y a la Oficina de Planeación de este Organismo; asistencia los Jueves y viernes cada 15 días al Diplomado de Contratación Estatal hasta finales de Noviembre en que proyecta y presenta a la misma el Plan Operativo Anual de la Delegada, además de recibir 9 expedientes y tramitar 13; en Diciembre, recibe 7 expedientes y tramita 3, el 17 de Diciembre (vacancia judicial) y el lunes 20 siguiente, disfrute de vacaciones colectivas hasta el 11 de enero de 2005, todo lo anterior figura en los cuadros estadísticos y documentación que reposa en los archivos de esta Delegada. En el 2005: Para enero continúa con la función especial de asesoría a los funcionarios de la Procuraduría citada por los expedientes que le correspondieron de este al citado Despacho, además recibe 5 expedientes y tramita 4; en febrero recibe 11 y tramita 14; en marzo recibe 18 y tramita 9, descontando Semana Santa; en Abril recibe 16 y tramita 11, en mayo recibe 5 y tramita 5; igualmente, realiza funciones especiales a partir de febrero: proyecta el informe de labores de la Delegada por la vigencia de 2004 para el consolidado del señor Procurador General de la Nación ante el Congreso; retoma las funciones ante el proyecto BID citadas de: revisión, estudio, anotaciones a los documentos enviados por el Contratista y el Coordinador, asistencia y sustentación jurídica a las reuniones continuas que para el efecto se programan hasta el mes de Mayo; además en el mes de Abril elabora

cuadros de informes de la Delegada a la Oficina de Control Interno sobre inventario físico de expedientes asignados a cada profesional y del nuevo formato 4 contentivo de las calificaciones por cada actuación de los mismos en los cuatro primeros meses de 2005, discriminados por instancias verificados en Gedis, planillas y con los profesionales de la Delegada entre el 20 de Abril y el 15 de Mayo de 2005 en que recibió 5 expedientes y tramitó 5, en Junio recibió 12 y tramitó 13, en Julio recibe 35 y tramita 19, en Agosto recibe 44 y tramita 23, en Septiembre recibe 25 y tramita 22, en Octubre recibe 20 y tramita 11, en noviembre recibe 10 y tramita 27, en Diciembre recibe 1 y tramita 12, pero se descuenta un mes por semana Santa y 22 días de vacaciones, obteniéndose un total de 202 expedientes recibidos 172 expedientes tramitados para un promedio de expedientes tramitados de 15.6 expedientes mensuales. Para el año 2006 continua en el mes de Enero con la precitada función, y con la revisión y tramite de los oficios y de los expedientes de CAJANAL y del Seguro Social que realizó en el período citado de 2005, pero además recibe 6 expedientes y tramita 14; en Febrero recibe 28 y tramita 16; en Marzo recibe 3 y tramita 15; en Abril recibe 20 y tramita 16, en Mayo recibe 22 y tramita 25; en Junio recibe 17 y 7 tramita 13; en Julio recibe 41 y tramita 26 expedientes; en Agosto recibe 28

expedientes y tramita 22; en Septiembre recibe 13 y tramita 27 expedientes para un total de 198 expedientes recibidos y 178 tramitados, es decir un promedio de 19,32 expedientes mensuales tramitados y las Directivas 017 de 2002 y 047 del 13 de Septiembre de 2005 del señor Procurador General de la Nación exigen tramitar 6 expedientes por profesional, por lo que la citada funcionaria sobrepasa el rango exigido, además, tales funciones se pueden corroborar con los cuadros estadísticos y documentación que reposa en los archivos de esta Delegada, por lo que no amerita otro análisis respecto a una presunta mora. De lo anterior se colige que no existe elemento subjetivo que pueda comprometer a título de culpa o de dolo la conducta de la abogada proyectista, pues no puede en el presente asunto hablarse de negligencia o impericia atribuible a ella que permita su juzgamiento por desconocimiento del deber funcional impuesto por la Ley, pues nadie está obligado a hacer mas de lo que física, logística y profesionalmente puede, por ende al no configurarse los requisitos exigidos en la Directiva 06 citada no existe mérito para ordenar investigar a la Dra. ELSA CONSUELO GALLO ALZATE Profesional Universitaria Grado 17, adscrita a este Despacho. En mérito de lo expuesto, el Procurador Delegado Primero para la Vigilancia Administrativa, RESUELVE PRIMERO: Ordenar la terminación de la actuación y en consecuencia, disponer el archivo definitivo del proceso adelantado en contra de los señores Martha Elena Bedoya Rendón, Adriana Vallejo de la Pava y María Ruby Jaramillo Sánchez, en sus

calidades de Alcaldesa titular y encargada y de Secretaria de Servicios Administrativos del Municipio de Pereira, de quien no se suministró identificación, en su condición de Alcaldesa Municipal de Pereira para la época de los hechos, con base en la parte motiva del presente proveído.

SEGUNDO: Ordenar la terminación de la actuación y en consecuencia, disponer el archivo definitivo del proceso adelantado en contra de los señores Carlos Arturo Quintero G y Margarita González Moscoso, en sus calidades de integrantes de la Comisión de Personal del Municipio de Pereira, de quienes no se suministró identificación, para la época de los hechos, con base en la parte motiva del presente proveído.

TERCERO: Notificar la presente decisión a los investigados citados, indicándoles que contra la misma no procede recurso alguno. Para tal efecto, líbrese la correspondiente comunicación, indicando la fecha de la providencia y la decisión tomada. En caso de no ser posible notificar personalmente, notifíquese por estado.

CUARTO: Comunicar la presente decisión a la quejosa señora Nidia Esneda Chalá, informándole que contra la misma procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de este Organismo, que deberá interponer y sustentar por escrito en el término de tres (3) días contados a partir de los cinco (5) días siguientes a la fecha de entrega de la referida comunicación en la oficina de correo. Para tal efecto, líbrese la respectiva comunicación, indicándole la decisión tomada, la fecha de la providencia y que si lo desea podrá consultar el expediente en la secretaría de este

Despacho. 8

QUINTO: Este Despacho conforme a lo expuesto en la parte motiva de este providencia, no compulsará copias con destino a la Veeduría de este Organismo para investigar la mora o inactividad en el trámite de las diligencias, en cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva 06 del 6 de Agosto de 1.997 del señor Procurador General de la Nación.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

CÉSAR AUGUSTO AMAYA MEDINA

Procurador Delegado Primero Vigilancia Administrativa CAAM P/ echa R-earch Exp 01381583-03 mbm 9