PGN - Documento 201603111027295

SALA DISCIPLINARIA Bogotá, tres (3) de agosto de dos mil seis (2006) Aprobado en Acta de Sala No.37

Radicación: 161-2997 (022-77911/02).

Disciplinado: Mayor Nelson Javier Sánchez Hernández.

Cargo y Entidad: Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallón de Artillería No. 13 del Ejercito Nacional.

Quejoso: Informe Oficial Fecha queja: 2 de enero de 2002

Asunto: Resuelve apelación fallo

P.D. Ponente: Dr. ESIQUIO MANUEL SÁNCHEZ HERRERA.

La Sala Disciplinaria en ejercicio de la competencia otorgada en el numeral 1º del artículo 22 del Decreto 262 del 2000, en virtud del recurso de apelación interpuesto por el apoderado del disciplinado Mayor Nelson Javier Sánchez Hernández, revisa la decisión adoptada en providencia del 21 de noviembre de 2005 por la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares, mediante la cual sancionó al implicado con suspensión de quince (15) días. ANTECEDENTES PROCESALES El presente proceso disciplinario se originó con fundamento en el informe de hallazgo disciplinario remitido el 21 de agosto de 2002 por el Director de Vigilancia Fiscal de la Contraloría Delegada para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad (fls. 2 a 36 C.1), con fundamento en el cual la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares por auto del 19 de febrero de 2003 dispuso la apertura de investigación disciplinaria contra el Mayor Nelson Javier Sánchez Hernández, que

le fue notificado personalmente (fls. 39 a 42 y 67 C.1), el 27 de mayo de 2005 le formuló pliego de cargos, notificado personalmente al implicado (fls. 200 a 206 y 210 C.2), quien por intermedio de apoderado presentó memorial de descargos, solicitando práctica de pruebas (fls. 212 a 217 C.2), petición que fue resuelta por auto del 16 de agosto de 2005, notificada personalmente al apoderado (fls. 221 a 225 y 227 C.2), posteriormente por auto del 5 de septiembre de 2005 se dispuso la incorporación a este expediente las diligencias adelantadas bajo el radicado 022-121422/05, por versar sobre los mismos hechos (fls. 231 a 252 C.2), por auto del 13 de octubre de 2005 se dispuso correr traslado para alegatos de conclusión, comunicado al disciplinado y su apoderado y notificado por estado, derecho del cual se hizo uso (fls. 285 a 300 C.2) y se profirió fallo de primera instancia mediante proveído del 21 de noviembre de 2005, debidamente notificado (fls. 301 a 314 y 322 C.2), contra el cual se interpuso recurso de apelación, concedido por el a qua (fls. 323 a 330 C.2). DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA La Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares mediante proveído del 21 del noviembre de 2005 declaró responsable disciplinariamente al implicado, sancionándolo con suspensión de quince (15) días, manifestando como sustento

de esta determinación: -Que existe certeza de la falta imputada porque se encontraba acreditado que el disciplinado como ordenador del gasto había celebrado el contrato de prestación de servicios profesionales el 2 de enero de 2002, sin que para la fecha se hubiera expedido el certificado de disponibilidad presupuestal, el que se emitió el 14 de enero de ese año (fls. 10 a 13 C.1), con lo cual vulneró el numeral 6º del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 71 del Decreto 111 de 1996, incurriendo en la falta disciplinaria de extralimitación en las funciones y atribuciones, descrita en el numeral 12 del artículo 57 del Decreto 1797 de 2000, conducta retomada en el numeral 10º del artículo 59 de la Ley 836 de 2003, que se presenta cuando el servidor público excediendo o desbordando el ejercicio de sus funciones ejecuta un acto arbitrario o quebranta normas de orden legal. -Se citó la sentencia de la Corte Constitucional 015 del 23 enero de 1996, M.P. Hernando Herrera Vergara, en la cual se analizó la exigencia de la disponibilidad presupuestal como parte del principio de legalidad del gasto público, para sustentar que su cumplimiento evita la realización de gastos por encima de los montos máximos autorizados en la ley de presupuesto. -Adujo que el documento visible a folio 74 del C.1, no demuestra la existencia de disponibilidad presupuestal para la fecha en que fue celebrado el contrato, ni contenía una orden para realizar el proceso, menos aun sin el C.D.P., solo refleja

la relación de personal autorizado para contratar a partir de dicha fecha; que la orden administrativa de partidas de sanidad fijadas para la vigencia 2002 (fI. 283 C.2), da cuenta del presupuesto fijado para dicho sector, pero no certifica la disponibilidad presupuestal para la celebración del contrato; por lo que el disciplinado como el funcionario facultado para comprometer los recursos, como se indica en la Circular 2390 del 26 de diciembre de 2001 (fls. 276 a 281 C.2), debía verificar previo a la celebración del contrato la existencia del certificado de disponibilidad presupuestal. -El disciplinado infringió su deber funcional sin que su comportamiento estuviese justificado, pues sin desconocer que la suspensión del servicio de psicología podía vulnerar derechos fundamentales de algún usuario que requiriera el servicio de manera urgente, situación que no está probada de manera concreta para la época de los hechos, debió prever con anterioridad esta situación y efectuar los ajustes pertinentes para proteger esos derechos fundamentales, dado que la institución debía tener listo lo requerido para renovar los contratos, máxime cuando se sabia que a la profesional se le vencía su contrato en esa época, razón para desestimar el argumento de la defensa que el implicado debió inaplicar la norma legal para no vulnerar derechos fundamentales. -Determinó que el comportamiento fue doloso porque el disciplinado contaba con la capacidad de comprender la ilegalidad de sus actos, dado que como se ilustró en la versión libre estaba facultado para celebrar contratos desde 1999, y por, esa experiencia debía estar al tanto de las normas reguladoras del tema, no obstante

optó voluntariamente por apartarse de su cumplimiento excediendo sus funciones, sin que la ausencia de un resultado dañoso excluya su responsabilidad, pues infringió su deber; tampoco podía invocarse la dificultad en la implementación de la Resolución 36, que versaba sobre un aplicativo en el sistema para el registro de la información de la ejecución presupuestal de la vigencia 2002, porque su actualización fue divulgada con la Circular 2390 del 26 de diciembre de 2001 (fls. 276 a 281 C.1), antes de suscribirse el contrato (fls. 301 a 314 C.2). SUSTENTACION DEL RECURSO DE APELACION El apoderado del disciplinado sustenta el recurso de apelación exponiendo: No obstante a proceso obran los elementos objetivos para responsabilizar de falta disciplinaria al investigado, como son: el contrato, el certificado de disponibilidad presupuestal posterior y la identificación del funcionario que lo suscribió, considera que no se analizaron en debida forma la circunstancias que rodearon la firma del contrato y los motivos que lo llevaron a realizarlo -el factor subjetivo-, que justifican su conducta, como fueron: -El requerimiento de tipo legal cuya omisión se imputa, en el presente caso podía aplazarse, como ocurrió por un lapso de 14 días, para dar aplicación al precepto de él orden constitucional de defensa del derecho fundamental a la integridad personal y salud mental del personal uniformado que requiriera asistencia psicológica, por lo que era imperioso realizar el contrato para no dejar desprotegidos a los pacientes en tan crítica época del año, que las estadísticas reflejan que es cuando más se presentan suicidios, evasiones y conductas con

desenlaces fatales, previniendo acciones con consecuencias graves, situación sobre la cual versó la declaración rendida por la contratista Julieta Osorio Morales, quien manifestó la inconveniencia de suspender el servicio de psicología. -La partida para la celebración del contrato estaba establecida, por eso la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, que es, la dependencia encargada de hacer el estudio de factibilidad y necesidad del servicio, autoriza la renovación de contratos o la nueva contratación y fija las partidas de funcionamiento e inversión al Batallón, dio la orden al disciplinado de adelantar la contratación, dado que a las Unidades Militares por directiva les estaba prohibido contratar sin la previa autorización de la Dirección de Sanidad del Ejército. -El 31 de diciembre de 2001 al implicado le fue comunicada la orden administrativa de partidas de sanidad DISAN-FIN-2002-0101, mediante la cual la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional asignó el presupuesto a las diferentes Unidades de sanidad militar, entre ellas al Batallón Fernando Landazabal Reyes, la cual reflejaba los recursos disponibles para realizar los contratos ordenados por esa Dirección, según la Resolución 986 del 31 de diciembre de 2001, e igualmente la Dirección de Sanidad remitió los listados de los profesionales de la salud que se contrarían o se les renovaría contrato a partir del 2 de enero de 2002, y con fundamento en esa autorización y listado se contrató, con la plena convicción que la oficina que regentaba la Sanidad había cumplido con los trámites previos para autorizar la contratación. -Adicionalmente se debe tener en cuenta que se profirió la Resolución 36 de

2001, que consistía en implementar a partir de enero de 2002 un sistema computarizado para registrar los eventos de contratación estatal, en relación con la cual el Ministerio de Defensa Nacional expidió la Circular No. 2390 MDFCP-876 del 26 de diciembre de 2001, que comenzó a difundirse inicialmente en las diferentes áreas que componen las fuerzas militares, luego a las dependencias de sanidad y financieras, terminando en la unidad a nivel de Batallón que tuviera establecimiento de sanidad, como es el caso del Batallón Landazabal Reyes, trámite de implementación de la resolución que demoró muchos días, lo que originó mora en la entrega del certificado de disponibilidad presupuestal por fuerza mayor, certificado que solo se pudo expedir hasta el 14 de enero de 2002, pero el contrato se tuvo que firmar el 2 de enero porque la necesidad del servicio de psicología era apremiante y porque el respaldo presupuestal si existía, esto es los recursos asignados por el presupuesto para funcionamiento, comunicado por las ordenes administrativas de partidas de sanidad: que certificaban la existencia de los recursos para contratación, los cuales ya estaban situados. -De conformidad con lo expuesto concluye que el comportamiento del disciplinado no fue doloso como lo calificó el a quo, porque no tenía el convencimiento de actuar contra la ley, ni de dar mal ejemplo, por el contrario actuó de manera fe motivado por el cumplimiento de un derecho fundamental de orden constitucional; actuó de manera diligente e imparcial, sin apartarse del cumplimiento de su deber funcional, porque sobrepuso un deber constitucional a uno legal sin poner en

riesgo el patrimonio, porque en el presente caso no se presentó detrimento, ni desviación de fondos, ni apropiación del presupuesto para actividad diferente, situación que no fue tenida en cuenta por el a quo (fls. 323 a 328 C.2).

CONSIDERACIONES DE LA SALA DISCIPLINARIA

1. CARGO FORMULADO.

La Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares por auto del 27 de mayo de 2005 formuló pliego de cargos al Mayor Nelson Javier Sánchez Hernández, en calidad de Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallón de Artillería No. 13 "General Fernando Landazabal Reyes" del Ejército Nacional con sede en Bogotá, por celebrar el contrato de prestación de servicios No. 10 el 2 de enero de 2002 con la doctora Julieta Osorio Morales, por valor de $6.612.000, cuyo objeto fue la prestación de servicios profesionales de psicología, sin que previamente contara con el certificado de disponibilidad presupuestal. Como normas presuntamente infringidas se citaron los artículos 25 numeral 6º de la Ley 80 de 1993 y 71 del decreto 111 de 1996; señalando que pudo incurrir en la falta grave de extralimitación en las funciones o atribuciones, consagrada en el numeral 12 del artículo 57 del Decreto 1797 de 2000, vigente para la época de los hechos, conducta que retomó el legislador en el numeral 10º del artículo 59 de la Ley 836 de 2003; y la imputó a título de dolo, estimando que el oficial actuó de manera consciente y voluntaria (fls. 200 a 206 C.2).

2. ANÁLISIS DE FONDO Desde el punto de vista objetivo, en principio la configuración de la falta disciplinaria se encuentra demostrada como lo sostuvo el a quo y lo afirma el recurrente, empero más adelante se efectuarán las precisiones del caso. Lo objetivo dado que a proceso obra el contrato de prestación de servicios No. 10 celebrado el 2 de enero de 2002 por el implicado en su condición de Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallón de Artillería No. 13 "General Fernando Landazabal Reyes", con la señora Julieta Osorio Morales para la prestación de servicios de psicología por un término de 6 meses a partir del 1º de enero al 30 de junio de 2002 y un valor de $6.612.000 (fls. 10 a 12 C.1); y el certificado de disponibilidad presupuestal No. 005 expedido el 14 de enero de 2002 por el Jefe de Presupuesto del Batallón de Artillería No. 13, por el valor del contrato (fl. 13

C.1). El punto que genera discusión hace relación tanto al aspecto de la imputación subjetiva de la falta disciplinaria atribuida como al punto relativo al ilícito disciplinario, ¿Hubo ilícito disciplinario, si está demostrado que la falta se cometió a título de dolo como lo afirma el a quo, si se cometió a título de culpa, o se presentó una causal de exclusión de responsabilidad? En la contratación de personal que efectuaba el disciplinado como Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallón de Artillería No. 13-General Fernando Landazabal Reyes del Ejército Nacional, para atender las necesidades de sanidad

militar, era determinante la intervención que efectuaba la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, dependencia que autorizaba la contratación de dicho personal, como se consignó en el oficio No. 428966 del 5 de octubre de 205 suscrito por el Director General del Ejército, en el cual se señaló: "1. La selección de contratistas por prestación de servicios para el cubrimiento de las necesidades que se presentan en los diferentes establecimientos de sanidad militar, la Dirección de Sanidad autoriza su contratación, previo el envío de las hojas de vida y el lleno de los requisitos exigidos por parte de los contratistas con las entidades del Estado. Para el caso de los psicólogos, la Sección de Psicología Militar de la Dirección de Sanidad evalúa el personal postulado para ser contratado y emite el concepto para ser tenido en cuenta en los ESM con base en los resultados obtenidos durante el proceso de selección" (fls. 274 y 275 C.2). En el caso del Batallón de Artillería No. 13 General Fernando Landazabal Reyes, el Jefe de Recursos Humanos de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, mediante documento visible a folio 74 del C.1, informó la relación del personal autorizado para contratar por concepto de gastos generales -gastos personalesservicios médico hospitalario, a partir del 2 de enero de 2002 por el término de 6 de meses, entre ellos a la psicóloga Julieta Osorio Morales, determinando el valor mensual de sus honorarios en $1.102.000 y total por $6.612.000, documento que según lo manifestado por el implicado en la versión libre lo recibió en diciembre de

2001 (fls. 71 a 73 C.1). Igualmente la Dirección de Sanidad del Ejército enviaba a los Batallones con establecimientos de sanidad las órdenes de las partidas de sanidad, a través de las cuales asignaba el presupuesto para la adquisición de bienes y servicios en los Batallones con establecimientos de sanidad, dicha orden para la vigencia fiscal 2002 fue la No. 001-DIAN-FIN-2002-0101 (fl. 283 C.2), como lo informó el Director de Sanidad del Ejército en oficio visible a folios 274 y 275 C.2,. lndica lo anterior que la partida presupuestal para la celebración del contrato objeto de cuestionamiento existía, no obstante que a la fecha de la suscripción del contrato con la doctora Julieta Osorio Morales no se hubiera expedido el certificado de disponibilidad presupuestal. Dicho certificado que debe ser previo a la celebración del contrato, pues cumple con la finalidad de garantizar la existencia de apropiación presupuestal disponible, constituyendo su expedición una afectación preliminar del presupuesto que permite la asunción de compromisos conforme lo previsto en los artículos 71 del Decreto 111 de 1996 y 19 del Decreto 568 de 1996, fue expedido el 14 de enero de 2002 por el Jefe de Presupuesto del Batallón de Artillería No. 13, registrando que en el rubro "Otros Gastos por adquisición de servicios" existía un saldo disponible de $106.932.046, que el valor del compromiso ascendía a $6.612.000 y que quedaba un saldo disponible de $100.320.048 (fl. 13 C.1), procediendo a

expedir el registro presupuestal el día 15 de enero de 2002 afectando el forma definitiva el, rubro indicado con el valor del compromiso (fl. 14 C.1). El hecho que impidió que el Jefe de Presupuesto del Batallón de Artillería No. 13General Fernando Landazabal Reyes, expidiera el certificado de disponibilidad presupuestal en forma previa a la celebración del contrato con la profesional en psicología Julieta Osorio Morales, fue que se estaba surtiendo el proceso de implementación de la actualización de la versión 2.5 del aplicativo de la Resolución 36 de 1998, resolución que según lo manifestado por el Director del Sanidad del Ejército en documento visible a folios 274 y 275 del C.2 "...fue implementada su aplicación en la Dirección de Sanidad en el mes de enero del año 2002, mediante circular No. 2390 MDFCP-876" . La referida Circular 2390 fue expedida por el Ministerio de Defensa Nacional el 26 de diciembre de 2001 y dirigida al Director Financiero de cada Fuerza, a través de la cual se hizo entrega de la versión 2.5 del aplicativo de la resolución 36, con el objetivo que fuera difundida al interior de la unidad ejecutora, programa cuya implementación era necesaria para iniciar el registro de la información correspondiente a la ejecución presupuestal de la vigencia fiscal 2002, registrándose que fue entregada a la Dirección General de Sanidad Militar el 27 de diciembre de 2001 y nuevamente el 31 de enero de 2002. (fls. 276 a 281 C.2). En relación con la resolución 36 y la Circular 2390 el disciplinado en la diligencia

de ampliación de la versión libre manifestó: "...la resolución 36 su implementación comenzó el enero del año 2002.. .este es un sistema computarizado y su adecuación inicialmente demoraba varios días mientras los funcionarios entienden y aprenden su respectiva aplicación...sí se analiza que esta circular donde genera unas instrucciones sale con fecha 26 de diciembre y comienza a difundirse inicialmente a las fuerzas (Ejército, Armada, Fuerza Aérea), luego a las dependencias de sanidad, departamentos de sanidad, departamentos financieros, mientras ocurre esto y sobre todo la instalación de los diferentes software, terminando en la unidad a nivel de batallón que tenga establecimiento de sanidad como en este caso el batallón LANDAZABAL REYES, transcurrían unos días, la resolución 36 genera un documento el cual se anexa al respectivo contrato y como anteriormente lo explique era materialmente imposible que este documento estuviera el día 2 de enero para adjuntarlo al contrato que en este caso se esta investigando, sino en el momento en que ya el equipo de sistemas de la resolución 36 estaba listo, no se puede alterar la fecha con que sale porque de lo contrario se incurría en una falsificación de documentos... "(fls. 262 a 265 C.2), argumento que fue reiterado en el memorial de alegatos de conclusión y en el recurso de apelación, sin que en el curso de la investigación se hubiera desvirtuado lo afirmado por el disciplinado, en el sentido que el certificado de disponibilidad presupuestal no pudo ser expedido con anterioridad a la celebración del contrato porque era necesario culminar a nivel del Batallón la implementación de la versión 2.5 del aplicativo de la resolución 36, cuya

divulgación se inició el 26 de diciembre de 2001, a pocos días de iniciar la siguiente vigencia fiscal, empezando por las fuerzas, dependencias de sanidad y por último en las unidades a nivel de batallón que tuvieran establecimiento de sanidad, es decir que no dependió de la voluntad del disciplinado que este aplicativo estuviera funcionando el 1º de enero de 2002. La situación descrita lleva a plantear el siguiente interrogante ¿si en los primeros días del mes de enero del año 2002 en el Batallón de Artillería No. 13 se estaba iniciando la implementación de la versión 2.5 del aplicativo de la resolución 36, y su finalización condicionaba la posibilidad de expedir certificados de disponibilidad presupuestal, porque el disciplinado adoptó la determinación de celebrar el contrato con la doctora Julieta Osorio Morales el 2 de enero de 2002? En el caso de la psicóloga Julieta Osorio Morales, dicha profesional estaba prestando sus servicios en el Dispensario Sur del Batallón de Artillería No. 13 desde el mes de marzo de 2000, como lo informó en la declaración rendida (fls. 256 a 259 C.2), y se corrobora con la certificación expedida por el Jefe de Personal de dicho Batallón (fI. 77 C.1), por lo tanto el contrato que se suscribió el 2 de enero de 2002, por autorización y disposición de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, con la finalidad de proteger la continuidad del servicio. Es fundamental analizar el servicio que prestaba la referida profesional en el Batallón de Artillería No. 13 General Fernando Landazabal Reyes, aspecto sobre

el cual, ampliamente ilustró la doctora Osorio Morales en la declaración rendida, de la cual se extrae: -Que las labores que habitualmente desempeñaba eran atención por consulta externa a oficiales, suboficiales, soldados, profesionales civiles y beneficiarios; pruebas sicodiagnósticas que permitían determinar alteraciones clínicas en los pacientes, que de resultar positivas imponían atención inmediata y seguimiento continuo; acciones de prevención en salud mental a través de talleres, conferencias, charlas; participación en los proceso de selección de personal que va a ingresar a esa Fuerza, y cuando la situación lo requería atención en crisis. -Que las situaciones de crisis es donde el paciente pide asistencia desesperadamente evidenciado angustia, desesperación, impotencia para resolver conflictos, sin dominio de si mismo, con ideas persistentes suicidas u homicidas, situaciones que se presentaban todo el tiempo dado el número de personal que debe cubrir el servicio, pero que había épocas de vulnerabilidad donde aumentaban las crisis como la época decembrina, amor y amistad, día de la madre o del padre. -Que en promedio atendía 10 pacientes diarios, siendo los diagnósticos más comunes el estrés postraumático, depresión, problemas del grupo primario de apoyo como son: de relaciones de pareja, familiares, con los superiores y entre subalternos; que volumen de población que tenía que cubrir el servicio de psicología era aproximadamente de 1.500 personas, teniendo en cuenta que esa población es fluctuante porque el personal militar entra y sale constantemente del área de operaciones. -Que durante el tiempo que llevaba laborando solamente no prestó servicios durante 5 días, tiempo durante el cual dejó un reemplazo, exponiendo que a su

criterio no se podía dejar descubierto este servicio porque a diario se generaban problemas que de no ser atendidos podían generar crisis, desatar hechos traumáticos, además al proyectarse un tratamiento psicoterapéutico se programaba determinado número de sesiones que debían ser continuas para su eficacia; adicionalmente que la época de finalización de año y comienzo de otro es la de mayor vulnerabilidad y por lo tanto en la que se presentan más crisis, que de no contarse con presencia de un profesional en el área de psicología es posible que llegara a aumentar el índice de los intentos de suicidio, especialmente en los soldados regulares; precisando que la interrupción del servicio de psicología durante una semana o más generaría no solo congestión para la atención, sino también complicación de las problemáticas, pudiendo generar más crisis, traumas, y posibles muertes o daños mentales a los afectados (fls. 256 a 259 C.2). Lo manifestado por la citada profesional, cuya idoneidad y exposición con conocimiento científico no ha sido cuestionado ni rebatido por el fallador de primera instancia, se complementa con la estadística oficial del mes de enero de 2002 aportada por la doctora Osorio Morales en la diligencia de declaración, que refleja que en dicho mes atendió 376 pacientes (fI. 261 C.2). El disciplinado al momento de tomar la decisión de efectuar la contratación objeto de imputación tuvo que ponderar deberes cuyo cumplimiento le imponía el cargo; de una parte el cumplimiento del requisito legal de contar con el certificado de disponibilidad presupuestal, que como no se podía expedir ante la situación de estar en proceso la implementación del aplicativo de la resolución 36, lo

condicionaba a no celebrar el contrato hasta tanto se pudiera contar con dicho documento, que como se advierte a proceso pudo ser expedido hasta el día 14 de enero de 2002, y de otra parte no realizar actos u omisiones que causaran la perturbación injustificada de un servicio esencial, como lo era la atención en el área de psicología que prestaba la doctora Julieta Osorio Morales al personal asignado al Batallón de Artillería No. 13, y por el contrario desde su órbita funcional defender el derecho fundamental a la vida y en conexidad la salud mental y física del personal militar asignado a dicho Batallón que como consecuencia de actos de desequilibrio mental se pudieran afectar, derechos que podían ponerse en riesgo si se suspendía el servicio que era atendido por dicha profesional. La prestación del servicio de psicología en el Batallón de Artillería No. 13 General Fernando Landazabal Reyes para el personal uniformado asignado al mismo, obligación a cargo del Estado, personificada en el disciplinado dada su condición de ordenador del gasto, no se podía suspender porque con ello se ponía en riesgo la salud y posiblemente la vida de dicho personal, y por ende se desconocía la obligación constitucional de defender y proteger los derechos fundamentales, el cual no podía ceder para el cumplimiento de una formalidad exigida para efectuar la contratación como lo era el certificado de disponibilidad presupuestal, pero en el presente caso aunque dicho documento no pudo ser expedido para la fecha de la celebración del contrato por la coyuntura que se presentó en la implementación de la actualización de la versión 2.5 del aplicativo de la Resolución 036, los recursos para efectuar dicha contratación habían sido

asignados por la Dirección de Sanidad del Ejército al citado Batallón mediante la orden administrativa de partidas de sanidad, situación que brindaba al implicado el conocimiento que el contrato a celebrar tenía el respaldo presupuestal necesario, como se constata con la expedición posterior el 14 de enero de 2002 de dicho documento, y ante la necesidad apremiante de no interrumpir el servicio de psicología, en aras de proteger un derecho fundamental y no incurrir en una conducta que constituyera suspensión o perturbación del servicio esencial a la salud en el área que desempeñaba la profesional, efectuó su contratación. La situación enfrentada por el disciplinado al momento de efectuar la contratación objeto de reproche disciplinario, evidencia que se presentaron dos causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria, la fuerza mayor y el estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia que el sacrificado (numerales 1° y 2° del artículo 28 de la Ley 734 de 2002). La fuerza mayor porque no obstante el disciplinado tenía conocimiento de los recursos asignados por la Dirección de Sanidad del Ejército al Batallón de Artillería No. 13 General Fernando Landazabal Reyes, mediante la orden administrativa de partidas de sanidad, con cargo a los cuales podía asumir el compromiso contractual, el certificado de disponibilidad presupuestal no podía ser expedido el 2 de enero de 2002, sino que pudo serio sólo hasta el 14 de enero de 2002, en razón al tiempo que requirió la implementación de la actualización de la versión 2.5 del aplicativo de la Resolución 36 en dicho Batallón, labor que no

ejecutaba el disciplinado, sin que tampoco las demoras en dicho proceso puedan ser imputadas a él, pues como se señaló precedentemente la Circular No. 2390 MDFCP-876 expedida por el Ministerio de Defensa Nacional, a través de la cual se dispuso la divulgación de la implementación que se debería efectuar en relación con la Resolución 36, fue expedida el 26 de diciembre de 2001, inició su divulgación por las Fuerzas, luego por las dependencias de sanidad y finalmente a las Unidades de Batallón que tenían establecimiento de sanidad, como en el caso bajo análisis. No obstante lo anterior, se le reconocerá al implicado la causal que se expondrá a continuación, en esencial por la discusión normativa que ella presupone: El estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia que el sacrificado, porque el disciplinado debió ponderar el deber de cumplir la Constitución, que consagra la prevalencia del interés general, la efectividad de los derechos, el deber de las autoridades de protección a las personas en su vida y demás derechos y libertades para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares, el derecho a la vida y a la salud (arts. 1 °, 2°, 11 Y 49 C.P.), con el deber de cumplir las disposiciones de los artículos 25 numeral 6° de la Ley 80 de 1993 y 71 del decreto 111 de 1996. El derecho a la vida es el soporte sobre el cual se desar