PGN - Documento 201603111027328

Dependencia: Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal Radicación: 083 – 02208 -2003

Disciplinado: IVAN CORTES LOSADA

Cargo: Secretario de Salud de Huila Quejoso: De oficio Fecha Queja: 19 de junio de 2002

Fecha Hechos: 28 de diciembre de 2001

Asunto: Irregularidades en la celebración del contrato 095 de 2001

Actuación: Fallo de segunda instancia

Bogotá, D. C., 28 de febrero de 2006 Procede esta Delegada a desatar el recurso de APELACIÓN interpuesto por ROCIO DEL PILAR GUTIEREZ ANDRADE, en su condición de defensora IVAN COTES LOSADA, contra el fallo de primera instancia contenido en la providencia de 29 de septiembre de 2005, proferida por el Procurador Regional del Huila (fls. 245253).

I. ANTECEDENTES I.1. Tramite procesal Con fundamento en las diligencias remitidas por el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, la Procuraduría Regional del ese Departamento en auto de 17 de julio de 2003 (fls. 5 - 6) ordenó adelantar indagación preliminar para averiguar sobre las posibles irregularidades presentadas en la celebración del contrato 095 de 26 de diciembre de 2001, suscrito entre la Gobernación del Huila y LINCINJAGUER

CHACON GOMEZ.

Agotada esa fase procesal, la mencionada oficina del Ministerio Público, en proveído de 26 de febrero de 2001 fls. 119 – 122) dispuso abrir investigación disciplinaria contra IVAN CORTES CORREA, en su condición de Secretario de Salud

del Departamento del Huila, al advertirse inconsistencias en la suscripción de citado acuerdo de voluntades, por no haberse efectuado el correspondiente registro presupuestal, y al haberse legalizado hechos cumplidos a través del mismo. 1 Posteriormente la oficina de conocimiento, en proveído de 28 de enero de 2005 (fls. 169 - 179), profirió pliego de cargos en contra del investigado en el cual se le formuló la siguiente acusación: “El doctor IVAN CORTES LOSADA, en su calidad de Secretario de Salud de departamento de Huila, suscribió contrato de prestación de servicios No. 095 del 26 de diciembre de 2001, con el señor LISINJAGUER CHACON GOMEZ, cuando el objeto del contrato ya había sido ejecutado los días 16, 18,19, 20, 21, 22,23 y 24 de diciembre de 2001, según certificación expedida por la oficina de proyectos sociales, el cual a demás no se efectuó registro presupuestal, ocasionando que al cambio de vigencia no se pudiera proceder al pago y tener que recurrir a conciliación prejudicial ante la Procurador Judicial 34 Administrativo”. I.1. Los Descargos y alegatos de conclusión Notificado el proveído de inculpaciones, el acusado a través de su apoderada presentó sus descargos (fls. 185 - 194), los cuales giraron en torno a tres argumentos.

1. El objeto del contrato se cumplió y pese a las inconsistencias presentadas, no se causó ningún detrimento al patrimonio público o al departamento.

2. El registro presupuesta no era una función a cargo de disciplinado sino de la por

la División Administrativa y Financiera y la Secretaria de Hacienda del Departamento.

3. La actuación del disciplinado estuvo presidida por el principio de la buen fé, al depositar su confianza en uno de sus subalternos, como quiera que este fue asaltado en su buena fé, por el servidor a quien le correspondía adelantar los tramites precontractuales y la legalización de los contratos.

Así mismo la apoderada del acusado en escrito de 6 de septiembre de 2005 (fls. 242 – 243), presentó alegatos de conclusión en el que a demás de recalcar los argumentos expuesto en el memoria exculpatorio, resaltó la importancia de las actividades desarrolladas a través del acto bilateral. 2 I.2. El fallo apelado En providencia de 29 de septiembre de 2005 (fls. 245 - 253), se le endilgó responsabilidad al acusado de la imputación formulado, por lo que se le sanciono con imposición de una multa, correspondiente a 20 días de salarios por el devengados para la época de los hechos, la falta impuesta se calificó como GRAVE a título de CULPA. A tal determinación llegó el funcionario de conocimiento al quedar demostrado que las actividades contratadas a través del acto consensual ya mencionado se llevaron a cabo antes de su firma y por ser este el ordenador del gasto debió verificar que se cumplieran cada uno de los requisitos que requería el acto consensual, y no limitarse a la firma sin ningún tipo de verificación. Respecto a la falta endilga el a quo consideró que el principio de buena fé alegado por la defensa no constituye una causal de excusión de responsabilidad en materia

disciplinaria y entratándose de la delegación de funciones, indicó que el Procurador General de la Nación en este aspecto ha sido enfático en precisar que quien delega funciones debe hace un seguimiento a la función delegada I.3. La apelación El implicado sustenta su impugnación, en los términos que recoge el escrito visible a folios 257 –259, en el que insiste que la conducta endilga a su defendido era un función que estaba a asignada a otro funcionario, quien tenía a su cargo la etapa precontractual y la legalización de los contratos, concretamente en cabeza del señor REINALDO GARCIA, y que en este caso no se está al frente de una delegación de funciones como lo manifestó el fallador de instancia, sino de una función propia del cargo desempeñado por el señor GARCIA. De igual manera señaló el apelante que no comparte a apreciación que hecha por el Procurador Regional de Huila, en cuanto las apreciaciones efectuadas frente al principio de la buena fe, al afirmarse por parte del funcionario de conocimiento que 3 en materia disciplinaria este principio tiene un tratamiento diferente al de otras ramas del derecho, indicándose también que ese postulado no estaba contemplado como causal de responsabilidad o justificación de la conducta, pero como principio reina de las actuaciones tanto de los particulares como de los servidores públicos, indicó el apelante, debe tenerse en cuenta para descartar la falta de diligencia en la función del servidor, al igual de no caer en el error de endilgar descuido o falta de compromiso del funcionario.

II. CONSIDERACIONES Antes de entrar a decidir el fondo de este asunto, el Despacho se pronunciará sobre

la competencia que le asiste a esta Delegada para conocer de este asunto. Al respecto, el Despacho advierte que el asunto objeto de cuestionamiento es de conocimiento de esta oficina, como quiera que la conducta endilgada a quejoso es la inobservancia de las normas que regulan la actividad contractual, previstas en la Ley 80 de 1993; y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, de la resolución 0017 de 2000, expedida por el Señor Procurador General de la Nación, las Procuradurías Delegadas para la Contratación Estatal, investigan de las conductas irregulares relacionadas con la contratación, desde los actos preparatorios, comprendiendo todos los requisitos y procedimientos presupuestales hasta la liquidación del contrato y el pago de las obligaciones que de él surjan, y en este caso, el requisito que se hecha de menos, a no dudarlo es un exigencia que abarca la fase de formación del contrato. Así las cosas, esta Delegada deja sentado que solo desde la perspectiva atrás citada se asume el conocimiento del presente asunto. Una de las características principales del contrato estatal, es la solemnidad, es decir que para su existencia y validez, este debe reunir una serie de requisitos que están previamente definidos en la ley, entre los que se encuentra los previstos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, el cual expresa que “Los contratos del Estado se perfecciona cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación, y este se eleve a escrito. 4 Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencias de las disponibilidades presupuéstales correspondientes”.

En el caso que nos ocupa recordemos que la conducta censurada, consistió en haber celebrado por parte del sancionado, el contrato de prestación de servicios No. 095 del 26 de diciembre de 2001, cuando el objeto del contrato ya había sido ejecutado los días 16, 18,19, 20, 21, 22,23 y 24 de diciembre de 2001, y sin haberse le efectuado el registro presupuestal. Al respecto de acuerdo con el materia probatorio que obra en el expediente, se advierte que efectivamente el disciplinado, en su condición de Secretario de Salud de departamento del Huila, celebró el 26 de diciembre de 2001 el contrato 095, con LICINJAGUAR CHACON GOMEZ, el cual tuvo como objeto, desarrollar un programa educativo, cultural y de capacitación, mediante acciones lúdico educativas, que permitiera reflexiones asertivas sobre la sana convivencia en familia y estilos de vidas, denominado NAVIDAD SUEÑO DE PAZ, para los municipios de Garzón, Pital, Altamira, Suaza, Agrado, Guadalupe, Tarqui y la Argentina (fs. 113115). Estas actividades, de acuerdo con el informe visible a folios 34 - 62, se ejecutaron entre los días 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de diciembre de la anualidad en mención. Ello también lo corrobora el oficio visible a hojas 91 del cartulario. Así mismo, se observa que para el pago de la obligación contraída por el municipio en desarrollo de ese acuerdo de voluntades, el contratista se vio en la necesidad de solicitar ante la Procuraduría 34, una conciliación prejudicial (fls. 9 – 10), la cual fue

avalada por el Tribunal Contencioso Administrativo de ese departamento (fls. 2 - 4). A ese tramite fue necesario acudir, por cuanto una vez firmado el acto consensual, no se llevó a cabo el correspondiente registro presupuestal, tal como se indicó en el oficio que obra a folios 112, que fue incorporado al expediente mediante auto de 3 da agosto de 2004 (fls. 151 - 152). 5 Tales comportamientos sin lugar a dudas son atribuidos a IVAN CORTES LOSADA, por cuanto él en su condición de Secretario de Salud de departamento, y en ejercicio de la delegación efectuada por el Gobernador del departamento, mediante el Decreto 0026 de 2001 (fls. 210 - 214), tuvo a su cargo la celebración del acto bilateral (fls. 17 – 19). Frente a los comportamientos endilgados el Despacho, rechaza los argumentos expuestos por la defensa, cuando afirma que la actuación de su poderdante se efectuó bajo el principio de confianza que este depositó en sus subalternos, toda vez que es claro que el disciplinado en virtud de la delegación que le fue conferida, era el directo de la actividad contractual y por ende del cumplimiento de los requisitos que se deben observar al momento de la celebración de los mismos. Además, advierte el Despacho que el disciplinado, previo a la celebración del contrato tuvo la oportunidad de participar en los tramites que se desarrollaron antes de la firma del acto consensual, puesto el 14 de diciembre de 2001, el Jefe encargado de la División de Desarrollo de la Salud del departamento, remitió a CORTES LOSADA, las propuestas que se presentaron para llevar a cabo la

programación del proyecto “Navidad sueños de Paz”, con lo cual se evidencia que él estaba al tanto de las actividades que se estaban desarrollando para la contratación de las actividades que comprendía el mencionado proyecto y en la propuesta ganadora se precisaron las fechas dentro de las cuales se iba a desarrollar esas actividades (fls. 34 – 35 ). Luego entonces, no es posible aceptar la tesis expuesta por la defensa, sobre el principio de la buena fé, puesto que el disciplinado como ya se anotó, tuvo la su alcance la información necesaria que le permitía conocer las fecha dentro de las cuales se desarrollo las labores objeto del contrato, y como responsable de la celebración de los actos bilaterales en el área de la salud, estaba en la obligación de revisar los documentos mínimos que deben acompañar la minuta de los contratos que se encontraban bajo su responsabilidad, los cuales en este caso concreto, permitían conocer las fechas en que se ejecutó el acto consensual. 6 Así las cosas no cabe duda de la responsabilidad que le asiste al disciplinado, al suscribir el contrato 095 el 26 de diciembre de 2001, cuando el mismo se había ejecutado con anterioridad. En cuanto a la falta del registro presupuestal, si bien es cierto que tal responsabilidad de conformidad que lo señalado en el oficio visible a folios 112 del cartulario y de las distintas declaraciones recepciondas en el tramite del proceso, entre las que se encuentra YULI GORETH PERALTA RODRIGUEZ (fls. 148 - 150), REINALDO GARCIA (fls. 159 - 161), CICERON CUCHIMBA (fls. 162 – 165), coinciden en afirmar que la responsabilidad del efectuar el mencionado registro

estaba en cabeza de otros funcionarios distintos al investigado, e inclusive que laboran en otras dependencias, no lo es menos, que el tramite explicados por los distintos declarantes, es el que debe surtirse dentro de las condiciones normales que deben observarse para la suscripción del un contrato, lo cual no sucedió en este caso concreto, pues como ya quedó demostrado, a través del mencionado acto consensual, se estaba legalizando un hecho cumplido. En ese orden de ideas, el Despacho encuentra ajustada el fallo proferido por la Procuraduría Regional del Huila, frente al cargo endilgado a CORTES LOSADA, pues la falta disciplinaria, como lo ha sostenido la Corte Constitucional en sentencia C-712 de 2001, se configura a partir del desconocimiento de los deberes funcionales que afecten las funciones que los servidores públicos deben ejecutar en razón a su cargo, sobre el particular el alto tribunal se expreso en los siguientes términos: “El derecho disciplinario comprende el conjunto de normas sustanciales y procesales, e virtud de las cuales el Estado asegura la obediencia, la disciplina, el comportamiento ético, la moralidad, y la eficiencia de los servidores públicos con miras de asegurar el buen funcionamiento de los diferentes servicios a su cargo”. Atendiendo a lo anterior, es claro que el caso que nos ocupa, con el comportamiento enrostrado al disciplinado, se desconoció el deber funciona, que debía observar el disciplinado en el ejercicio de su cargo, pues si bien es cierto que el objeto del contrato se cumplió, no lo es menos que con el comportamiento desplegado por el sancionado se afecto el normal funcionamiento de la administración, al punto que 7 para hacerse efectivo el pago a favor del contratista, fue necesario acudir al tramite

de una conciliación prejudicial la cual se llevó a cabo año y medio después de la suscripción del acto consensual. II.1.1 Calificación de la falta y grado de culpabilidad Al falta como lo determinó el funcionario de conocimiento se califica como grave en atención a lo previsto en el artículo 27, de la Ley 200 de 1995, vigente para la época de los hechos, como quiera que el sancionado con responsable de la actividad contractual, estaba en la obligación de observar las disposiciones que la regulan, lo cual no hizo firmar un contrato cuando este ya se había ejecutado y sin que se el efectuara el registro presupuestal. Igualmente se mantiene la calificación efectuada del grado de culpabilidad, a título de CULPA, puesto que en los hechos valorados se advierte falta de diligencia y cuidado en el ejercicio de las funciones a cargo de sancionado al no suscribir de manera oportuna el cuestionado acto consensual lo cual incidió en el tramite que se debía surtir frente al registro presupuestal. II.2. Dosimetría de la sanción También encuentra el Despacho ajustada la sanción impuesta por el a quo, de 20 días de salarios, por cuanto esta se ajusta a los criterios señalados en el normado 27 de ley 200 de 1995, atendiendo a la naturaleza de la falta y al grado de culpabilidad, y atendiendo al hecho que con tal proceder, pese a que se afectó el deber funcional de la entidad, no se ocasionó perjuicio económico. En merito de lo expuesto, el Procurador Segundo Delegado para la Contratación Estatal,

DISPONE:

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PRIMERO: CONFIRMAR el fallo recurrido contenido en la decisión de 29 de septiembre de 2005, proferida por el Procurador Regional de Huila, a IVAN CORTES LOSADA, en su condición de Secretario de Salud del departamento.

SEGUNDO: NOTIFICAR al interesado el contenido de esta decisión por conducto de la Oficina de origen, haciéndole saber que contra la misma no procede recurso alguno por vía gubernativa.

TERCERO: REMITIR por la Unidad Coordinadora de la Contratación Estatal, un ejemplar de esta providencia a la División de Registro y Control y Correspondencia de la Procuraduría General de la Nación, para lo de su cargo.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

MARIO ROBERTO MOLANO LÓPEZ Procurador Delegado 083-02208 Fallo de segunda instancia

M.A.P.A.

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