PGN - Documento 201603111027462

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública Radicación N° 052-7926-03

Disciplinado LUIS GERARDO VILLOTA GONZÁLEZ

Cargo Alcalde Entidad ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBUNDOY (PUTUMAYO) Quejoso MARIA CLAUDIA CHASOY CHASOY Fecha Hechos Desde el año 2000 Asunto Fallo de segunda instancia Bogotá D.C., 01 SET. 2005 l. ASUNTO Procede la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, a resolver el recurso de apelación interpuesto en contra del Fallo de primera instancia fechado junio 22 de 2005, dictado por la Procuraduría Regional de Putumayo.

II. ANTECEDENTES Agotado el trámite procesal, la Procuraduría Regional de Putumayo sancionó disciplinariamente al señor LUIS GERARDO VILLOTA GONZALEZ, en calidad de alcalde municipal de Sibundoy (Putumayo), con multa de treinta (30) días del salario devengado para la época de los hechos.

La anterior determinación fue recurrida oportunamente por el disciplinado, correspondiéndole conocer a ésta Delegada en segunda instancia.

III. DE LOS CARGOS FORMULADOS PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Mediante decisión del 4 de febrero de 2005, la Procuraduría Regional de Putumayo le formuló pliego de cargos al señor LUIS GERARDO VILLOTA GONZÁLEZ, en su condición de alcalde municipal de Sibundoy -Putumayo, así (Fls. 227 al 232):

"Usted en su condición de alcalde municipal de Sibundoy -Putumayo, suscribió los siguientes contratos: Contrato de prestación de servicios, sin número, del 27 de junio del año 2000, con el señor Álvaro Javier Burbano Torres Director General del Instituto de Asesoría y Consultoría Integral de Nariño Ltda. - INAC, por valor de $ 17.000.000, para la elaboración de los diagnósticos y el Plan de reforma económica Territorial del municipio de Sibundoy; Contrato N° 008 del 23 de agosto del año 2000, con el señor Álvaro Javier Burbano Torres Director General del Instituto de Asesoría y Consultoría Integral de Nariño Ltda. -INAC, por valor de $ 32.000.000, para el suministro de software especializado "SINAP", sistema de información para la administración pública, conjunto de programas en código objeto que conforma un sistema computarizado de tipo estándar; Contrato N° 009 del 22 de septiembre del año 2000, con el señor Wilson Martín González Vallejo, por valor de $ 7.850.000, para el suministro de un computador marca COMPAQ PROLIAM ML 330. Sin que existiera previamente los correspondientes certificados de disponibilidad presupuestal como lo ordena el artículo 71 del decreto 111 de 1996..." La falta se calificó provisionalmente como grave a título de culpa.

IV. DEL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA El Procurador Regional de Putumayo, en proveído de junio 22 de 2005, sancionó disciplinariamente al señor LUIS GERARDO VILLOTA GONZÁLEZ, en su condición

de alcalde municipal de Sibundoy, imponiéndole MULTA DE TREINTA (30) DÍAS DE SALARIO MENSUAL (Fls. 253 al 258). A continuación se verán los argumentos que tuvo el fallador de primera instancia para declarar responsable al disciplinado, pero únicamente en lo que respecta a la falta del certificado de disponibilidad presupuestal relacionado con el contrato N° 009 del 22 de septiembre del año 2000, celebrado con el señor Wilson Martín González PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Vallejo, por valor de $7.850.000, para el suministro de un computador marca COMPAQ PROLIAM ML 330, por cuanto las conductas atinentes a los otros contratos cuestionados, para hoy se encuentran prescritas, conforme se demostrará en análisis que se hará en la parte considerativa de ésta decisión. Efectuada la anterior aclaración, se observa que el fallador de instancia acreditó que el señor VILLOTA GONZÁLEZ, en su condición de alcalde municipal de Sibundoy celebró el 22 de septiembre de 2000, el contrato N° 009 con el señor Wilson Martín González Vallejo, por valor de $ 7.850.000, para el suministro de un computador marca COMPAQ PROLIAM ML 330, sin que existiera previamente el certificado de disponibilidad presupuestal correspondiente, constatando además que se encontraron los certificados de disponibilidad relacionados con éste contrato números 1051 del 29 de septiembre de 2000 y 1241 del 27 de noviembre de 2000, los cuales fueron expedidos en fechas posteriores a la celebración del contrato y por

montos que no cubrían la totalidad de la obligación contraída. Que con la anterior situación, se desconoció lo ordenado en el artículo 71 del Decreto 111 de 1996, el cual establece que todos los actos administrativos que afectan las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia y apropiación suficiente para atender estos gastos. Que no acepta las explicaciones suministradas por el encartado, porque no justifican el incumplimiento de lo ordenado en la norma citada, por cuanto, a pesar de que aparecen certificados de disponibilidad presupuestal relacionados con el contrato en comento, éstos no cumplían la totalidad de las obligaciones a contraer, ya que cubrían solamente el monto de los anticipos y no la totalidad de la obligación contraída, además de que fueron expedidos en fechas posteriores a la celebración del contrato. Por lo anterior, calificó definitivamente la falta como GRAVE a título de culpa, al considerar que el disciplinado no obró con el cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia, suelen emplear en sus negocios propios. Finalmente dosificó la sanción, imponiéndole una consistente en multa de treinta (30) días.

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V. DE LA APELACIÓN El implicado, una vez notificado del fallo de primera instancia, presentó recurso de apelación contra la decisión, solicitando se le exonere del pago o se le rebaje la multa impuesta en atención a su situación económica.

Aunque el contenido del recurso es bastante precario, se entrará a exponer cuáles fueron los argumentos allí planteados (FI. 264).

Primeramente, se refiere a algunas definiciones de la palabra presupuesto; luego, explica que cuando se aprueba el presupuesto por el Concejo Municipal, se hace el registro en las tarjetas presupuestales; igualmente dice que en el expediente se señala la inexistencia de los certificados de disponibilidad presupuestal, pero que luego se relacionan; que en ningún momento actuó de mala fe, sino que trató de sistematizar las finanzas del municipio, obrando con diligencia y no con negligencia.

VI. CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA

1. Procede la Delegada a resolver el recurso de apelación interpuesto, de conformidad a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 171 de la Ley 734 de 2002, revisando únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación, para ello se ocupará el Despacho en primer término (i) de analizar lo relativo a la competencia que le asiste a ésta Delegada para conocer de la actuación; posteriormente (ii) efectuará un análisis del proceso con el fin de verificar que no se configuren causales de nulidad, ni que la acción disciplinaria se encuentre prescrita; para finalmente (iii) analizar los hechos imputados de acuerdo con el material probatorio recaudado, en confrontación con la impugnación presentada, confirmando o revocando el fallo de primera instancia.

De la competencia

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2. En el presente caso se investigó al señor LUIS GERARDO VILLOTA GONZALEZ, en su condición de alcalde municipal de Sibundoy -Putumayo, por conductas

relacionadas con la contratación estatal. Dispone el numeral 4 del artículo 25 del Decreto 262/00, que las Procuradurías Delegadas conocerán en segunda instancia los procesos que en primera instancia sean de competencia de los procuradores regionales. En el presente caso tenemos que la decisión de primera instancia se profirió por el Procurador Regional de Putumayo. Para el asunto concreto, tratándose de un servidor público el encartado, a quien se le investigó por conductas relacionadas con la contratación, son los Procuradores Delegados para la Contratación Estatal o el Procurador Delegado para la Moralidad Pública, los que tienen asignada la competencia legal para resolver el asunto en segunda instancia. De la existencia de causales de nulidad y de la prescripción de la acción disciplinaria

3. El Despacho no advierte la existencia de causales de nulidad dentro del trámite del proceso, ni el disciplinado invoca la configuración de alguna de ellas.

4. De otro lado, se observa la ocurrencia de la prescripción de la acción disciplinaria, respecto de algunas conductas por las cuales se sancionó disciplinariamente al señor VILLOTA, tal y como se anunció con anterioridad, por las siguientes razones: El cargo formulado al implicado, tuvo que ver con la inexistencia previa de los certificados de disponibilidad presupuestal requeridos para la celebración de los siguientes contratos, entre otros:  Contrato de prestación de servicios, sin número, del 27 de junio del año 2000, con el señor Álvaro Javier Burbano Torres Director General del Instituto de Asesoría y Consultoría Integral de Nariño Ltda. -INAC, por valor de $17.000.000, para la elaboración de los diagnósticos y el Plan de reforma

económica Territorial del municipio de Sibundoy; PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN  Contrato N° 008 del 23 de agosto del año 2000, con el señor Álvaro Javier Burbano Torres Director General del Instituto de Asesoría y Consultoría Integral de Nariño Ltda. - INAC, por valor de $32.000.000, para el suministro de software especializado "SINAP", sistema de información para la administración pública, conjunto de programas en código objeto que conforma un sistema computarizado de tipo estándar. Como se observa, la falta atribuida al procesado según la formulación del cargo está directamente relacionada con el hecho de no expedir previamente los certificados de disponibilidad presupuestal, lo que respecto de los anteriores contratos reseñados, tuvo ocurrencia el 27 de junio de 2000 y el 23 de agosto del mismo año, respectivamente, conducta que en consecuencia quedó consumada en relación a cada uno de esos contratos en los días anunciados, denotándose que a la fecha han transcurrido más de cinco años y aún no se encuentra en firme el fallo, operando entonces el fenómeno jurídico denominado por la ley, la doctrina y la jurisprudencia, como la prescripción de la acción. Así las cosas, es deber de este órgano de control decretar la prescripción de la acción disciplinaria de las conductas relacionadas únicamente con tales contratos, archivando en su lugar las diligencias en favor del encartado.

5. Corresponde ahora analizar, el motivo por el cual se venció el término de la acción, sin que se produjera el respectivo pronunciamiento de fondo en relación con la conducta materia de averiguación, para así determinar si puede haber o no una

posible responsabilidad de los servidores públicos que tuvieron a su cargo el adelantamiento del proceso. Para tal efecto se debe tener en cuenta la actuación procesal y el itinerario a que estuvo sometido el proceso y que a continuación se indica: La queja denunciando las conductas materia del proceso, fue de conocimiento de la Procuraduría Regional hasta agosto 20 de 2003 (FI. 2), dependencia que surtió las siguientes actuaciones: el 7 de octubre de esa anualidad inició indagación preliminar (FI. 12); el 11 de mayo de 2004 se dispuso la formal apertura de investigación disciplinaria en contra del señor VILLOTA (Fls. 110 al 115); el 4 de febrero de 2005 formuló pliego de cargos (Fls. 227 al 232); el 11 de mayo de 2005 decide sobre pruebas de descargos (Fls. 244 Y 245); el 23 de mayo de 2005 ordenó correr PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN traslado para alegatos de conclusión (FI. 248); el 22 de junio de 2005 profirió fallo de primera instancia (Fls. 253 al 258); y, finalmente concedió el recurso de apelación mediante auto del 21 de julio de 2005 (Fls. 267 Y 268). Para decidir en segunda instancia correspondió en últimas conocer a ésta Delegada, siendo entregado el proceso formalmente el día 30 de agosto del año en curso (Fls. 272 y 273378), esto es, cuando ya había operado la prescripción de la acción disciplinaria, respecto de las conductas irregulares relacionadas con los contratos aludidos en este aparte y por las que también se sancionó.

Ahora bien, para considerar si se compulsan copias o no, con el fin de que se investigue disciplinariamente una presunta conducta morosa y negligente de los servidores públicos que intervinieron dentro de esta actuación, es necesario hacer las siguientes consideraciones. Se debe tener en cuenta, que las conductas investigadas ocurrieron en el año 2000, situación sobre la cual tuvo conocimiento la Procuraduría para ejercer la función disciplinaria, hasta el segundo semestre del año 2003, época desde la cual el proceso se llevó a cabo en las etapas pertinentes y dentro de términos razonables, pues no se verifican dilaciones injustificadas que llamen la atención de éste Despacho. La Directiva N° 06 de agosto 6 de 1997 del Procurador General de la Nación, fijó algunos parámetros a tener en cuenta sobre la presunta responsabilidad de los funcionarios por la ocurrencia de la prescripción de la acción disciplinaria, advirtiendo que ella no era objetiva, sino que debía estudiarse si en la conducta del agente estaban presentes los llamados presupuestos normativos del tipo disciplinario a aplicarse, relativos a la mora procesal. Señala la directiva en mención, que para que se edifique la falta, es necesario que el proceder o la omisión de actuar haya sido injustificada, de lo contrario no genera ilicitud, esto es, cuando no sean explicables los periodos prolongados de inactividad, y en segundo término establece que debe verificarse si en la comisión del hecho la persona ha actuado con dolo o negligencia. Como en el presente caso, no se vislumbra que haya habido una inactividad del proceso o una dilación fuera de lo normal, éste es motivo suficiente para que no se

compulsen copias, pues la razón por la cual prescribió la acción disciplinaria respecto PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN de las conductas ya mencionadas a lo largo de éste capítulo, se debió fundamentalmente al conocimiento tardío que tuvo la Procuraduría sobre esa conducta, pues las mismas, recordemos, ocurrieron en junio 27 y 23 de agosto del año 2000, respectivamente y la Procuraduría Regional se enteró hasta el segundo semestre del 2003, casi pasados tres años. Del asunto a tratar

6. El tema central apuntará entonces a establecer si el señor LUIS GERARDO VILLOTA GONZALEZ, en su calidad de alcalde municipal de Sibundoy suscribió el contrato N° 009 el 22 de septiembre del año 2000, con el señor Wilson Martín González Vallejo, para el suministro de un computador marca COMPAQ PROLIAM ML 330, sin que existiera previamente el certificado de disponibilidad presupuestal como lo ordena el artículo 71 del Decreto 111 de 1996, Para ello, la Delegada primeramente enseñará algunos aspectos generales acerca del certificado de disponibilidad presupuestal, para luego entrar a tratar el caso concreto. a) Aspectos generales acerca del certificado de disponibilidad presupuestal El certificado de disponibilidad presupuestal, es uno de los principales soportes financieros del contrato, siendo un documento en el que se define el compromiso presupuestal que supone el contrato por celebrar, pues con el mismo se garantiza la existencia de apropiación para cubrir ese gasto.

La existencia del certificado de disponibilidad presupuestal previo a la adquisición del

compromiso no es un requisito formal, ya que está dirigido a asegurar el orden y la moderación del gasto público, persiguiendo que se destinen determinados recursos para garantizar el pago de la obligación y que esos recursos por ningún motivo vayan a destinarse para otro fin. Por tanto, éste es un requisito obligatorio para la correcta ejecución del presupuesto, de acuerdo con lo previsto en el numeral 6 del artículo 25 del Régimen de Contratación Estatal (Ley 80/93)1, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 71 del Estatuto Orgánico de Presupuesto (Decreto 111/96)2. PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN b) Caso concreto No se podrá proferir fallo sancionatorio, sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y responsabilidad del investigado. Para la demostración de estos dos aspectos puede acudirse a cualquiera de los medios probatorios legalmente reconocidos. Examinado el material probatorio recaudado, se encuentra plenamente demostrado que no se expidió con anterioridad a la fecha de celebración del contrato N° 009 del 22 de septiembre del año 2000, suscrito con el señor Wilson Martín González Vallejo, el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal que amparara financieramente ese compromiso. Entonces, el señor LUIS GERARDO VILLOTA GONZALEZ, en su condición de alcalde municipal de Sibundoy, dejó de cumplir lo normado en la Constitución y la ley, toda vez, que como funcionario competente si bien podía celebrar contratos a nombre del municipio de Sibundoy, dentro de sus

obligaciones estaba la de obtener el certificado de disponibilidad presupuestal antes de la firma del respectivo contrato, para darle garantía a la existencia de apropiación para cubrir ese gasto. 1 ARTÍCULO 25. DEL PRINCIPIO DE ECONOMÍA.-'"En virtud de este principio: 6°. Las entidades estatales abrirán licitaciones o concursos e iniciarán procesos de suscripción de contratos, cuando existan las respectivas partidas o disponibilidades presupuestales. 2 ARTICULO 71. Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos. Este requisito es obligatorio para la correcta ejecución del presupuesto, el cual no fue cumplido por el alcalde en cuestión y ordenador del gasto, luego no es de recibo como lo afirma el recurrente que se hayan expedido varios certificados de disponibilidad presupuestal luego de firmado el contrato, puesto que, se reitera, éstos documentos se deben emitir antes de la firma del contrato. PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Habiéndose evidenciado que el contrato en cuestión adoleció del certificado de disponibilidad presupuestal previo a su suscripción, se puede asegurar que el cargo imputado relacionado con esa contratación está probado y no desvirtuado, quedando así demostrada la falta disciplinaria y la responsabilidad del autor. De la decisión a tomar

7. Por lo anterior, ésta Delegada confirmará la decisión confutada, en el sentido de declarar probado y no desvirtuado el cargo formulado al señor LUIS GERARDO VILLOTA GONZALEZ, en su condición alcalde municipal de Sibundoy (Putumayo),

para la época de los hechos, únicamente en lo atinente a la falta de certificado de disponibilidad previa a la firma del contrato 009/00, pues respecto de los demás contratos habrá que declarar la prescripción de la acción disciplinaria, por las razones anotadas precedentemente. Como se anunció, teniendo en cuenta que por algunas conductas hay que decretar la prescripción, tal situación conlleva a que tasemos nuevamente la multa a imponer, disminuyéndola proporcionalmente. Así las cosas, considera la Delegada que la multa a imponer será de veinte (20) días del salario devengado para el momento de la comisión de la falta, equivalentes a un millón ciento ochenta mil pesos moneda legal colombiana ($1 '180.000,00). En mérito de lo expuesto, el Procurador Delegado para la Moralidad Pública, en uso de sus atribuciones legales,

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA, respecto de las conductas relacionadas con los contratos celebrados en junio 27 de 2000 y agosto 23 de 2000, por las razones anotadas en la parte motiva.

SEGUNDO: CONFIRMAR la decisión calendada 22 de junio de 2005 proferida por la Procuraduría Regional de Putumayo, respecto de declarar probado y no desvirtuado el cargo formulado al señor LUIS GERARDO VILLOTA GONZALEZ, únicamente en PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN lo relacionado al contrato 009/00, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.

TERCERO: MODIFICAR la decisión de primera instancia, en la cual la Procuraduría Regional de Putumayo impuso sanción disciplinaria consistente en MULTA DE TREINTA (30) DÍAS DE SALARIO DEVENGADO, al señor LUIS GERARDO VILLOTA GONZALEZ, identificado con la c.c N° 5.349.251, en su condición de alcalde municipal de Sibundoy (Putumayo), y en su lugar IMPONER MULTA DE VEINTE (20) DÍAS DE SALARIO DEVENGADO, al momento de la ocurrencia de la conducta, equivalentes a UN MILLÓN CIENTO OCHENTA MIL PESOS MONEDA

LEGAL COLOMBIANA ($1'180.000,00).

CUARTO: Notificar personalmente a los sujetos procesales la determinación tomada en esta providencia, advirtiendo que contra la misma no procede recurso alguno.

Adicionalmente, al disciplinado se le informará que podrá renunciar a la prescripción, para lo cual deberá presentar en forma personal y dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, solicitud en ese sentido. Para tal efecto, líbrese la respectiva comunicación indicando la decisión tomada y la fecha de la providencia. En caso que no pudiere notificarse personalmente, se fijará edicto en los términos del artículo 107 del Código Único Disciplinario.

QUINTO: Cumplido lo anterior y en firme la decisión, devolver el expediente a la oficina de origen para que remita a la División de Registro y Control los formularios para el registro de la sanción disciplinaria, envíe copia de los fallos de primera y segunda instancia, con su constancia de ejecutoria, al funcionario que deba ejecutar

la sanción y archive las diligencias.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ JOAQUÍN URBANO MARTÍNEZ

Procurador Delegado LFCF