PGN - Documento 201603111027516

DEPENDENCIA: PROCURADURIA DELEGADA PARA

LA ECONOMIA Y LA HACIENDA PÚBLICA

RADICADO: 072-3856-00

INVESTIGADO: JIMMY JOSÉ URAZAN ARAMENDIZ y otros CARGO Y ENTIDAD: Gerente Hospital San Juan de Dios de Vélez (Stdr.)

QUEJOSO: De Oficio

FECHA QUEJA: 08-09-00

FECHA HECHOS: Vigencia fiscal año 2000

ASUNTO: Fallo de Segunda Instancia

Bogotá, D.C., 5 de abril de 2005 Procede el Despacho a resolver sobre el recurso de apelación impetrado contra el fallo de Primera Instancia proferido por la Procuraduría Regional de Santander con fecha 09 de agosto de 2004, dentro del radicado bajo referencia.

I. ANTECEDENTES El día 26 de septiembre de 2000, la Procuraduría Regional de Santander ordena la apertura de indagación preliminar en averiguación de responsables (fl 21) en el Hospital San Juan de Dios de Vélez (S), con el fin de establecer posibles irregularidades en el manejo del presupuesto y la contabilidad, basándose en un informe rendido por la Gobernación de Santander – Secretaría de Salud en el cual se indicaba que para la vigencia fiscal del año 2000 se presentaban irregularidades relacionadas con la adquisición de compromisos sin disponibilidad presupuestal.

El 14 de marzo de 2001, la misma Regional ordena la apertura de Investigación Disciplinaria en contra de los doctores JIMMY JOSÉ URAZAN ARAMENDIZ y GLORIA STELLA CIFUENTES BELTRAN en sus condiciones de Director y Jefe de

Grupo Financiero del Hospital San Juan de Dios de Vélez (S) “por haberse presentado irregularidades relacionadas con la adquisición de compromisos sin disponibilidad presupuestal, no exigir a los contratistas las pólizas de responsabilidad civil extracontractual y el cubrimiento de seguridad social…” (folios 150 a 153). Mediante auto de 10 de febrero de 2003 el mismo Despacho advierte que en el auto de apertura de Investigación Disciplinaria se señaló el aspecto detectado en desarrollo de la Indagación Preliminar consistente en: “…Mediante listado expedido por el Hospital visible a folio 91 se encontró que a diciembre 31 de 2001 existen obligaciones vencidas con los contratistas ASEAL y SERVICOL LTDA., que ascienden a la suma de $23.461.496.00 y $82.825.991.00, respectivamente, valores estos que quedaron incluidos en la reserva de cuentas por pagar mediante Resolución 021 de febrero de 2001 sin que fueran contraídas legalmente (Fls 92 a 96)…” (fls 175 a 176). Se expresa igualmente que examinado el auto que ordenó la apertura de Investigación Disciplinaria no se incluyó al doctor ALBERTO CUELLAR CELIS quien aparece suscribiendo la Resolución “Por la cual se incorpora una partida en el presupuesto de rentas y gastos de la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de Vélez para la vigencia fiscal de 2001”, en calidad de Gerente (e) y por consiguiente lo vincula al proceso en calidad de disciplinado. 2 Con fecha 10 de febrero de 2003 se profiere auto de cargos en contra de los

señores JIMMY JOSÉ URAZAN ARAMENDIZ y GLORIA ESTELLA CIFUENTES

BELTRAN (fls. 177 a 187) y ALBERTO CUELLAR CELIS (FLS 188 A 191).

El 19 de febrero de 2004, se decretan las pruebas solicitadas en los descargos. El 29 de marzo de 2004, se corre traslado a las partes para alegar de conclusión y finalmente el 9 de agosto de 2004, se produce fallo de primera instancia por parte del a quo.

II. C A R G O S: (Folios 177 a 191) Con fechas 10 de febrero de 2003 y mediante autos separados, se formularon cargos a los señores JIMMY JOSÉ URAZAN ARAMENDIZ, GLORIA ESTELLA CIFUENTES BELTRAN y ALBERTO CUELLAR CELIS, en sus condiciones de Director, Jefe de Grupo Financiero y Gerente del Hospital San Juan de Dios de Vélez (Stdr), respectivamente.

Se mencionarán únicamente los cargos formulados al primero de los enunciados por cuanto la doctora Gloria Estella Cifuentes Berltrán no impetró recurso de apelación y el caso del doctor Alberto Cuellar Celis se tratará en acápite especial. Para el doctor JIMMY JOSÉ URAZAN ARAMENDIZ, “PRIMER CARGO: Usted en condición de servidor público pudo haber incurrido en falta disciplinaria por incumplimiento de uno de los deberes que debía observar al adquirir en el año 2000 los compromisos que a continuación se relacionan SIN EL RESPALDO PRESUPUESTAL Código Descripción Saldo sin respaldo 1020104-10 Otros gastos en serv Personales $11.213.000 10200-6 Viáticos y gastos de viaje $ 7.239.000

2020205-5 Viáticos y gastos de viaje $16.749.000 4200100-1 Material-médico-quirúr. $11.731.000 4200100-2 Material Odontológico $ 575.000 La misma situación se presentó respecto de los Contratos de Prestación de Servicios suscritos en la vigencia del 2000 que se describen seguidamente, los cuales se encontraban SIN EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTAL.

CONTRATO CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 07-00 No tiene 02-00 No tiene 03-00 No tiene 04-00 No tiene 05-00 No tiene 06-00 No tiene 08-00 No tiene 3 09-00 No tiene 010-00 No tiene 011-00 No tiene 012-00 No tiene 013-00 No tiene 015-00 No tiene 016-00 No tiene 017-00 No tiene 018-00 No tiene 019-00 No tiene 022-00 No tiene 023-00 No tiene 024-00 No tiene 025-00 No tiene 027-00 No tiene 028-00 No tiene 029-00 No tiene 032-00 No tiene 033-00 No tiene 034-00 No tiene También se estableció que usted suscribió el 31 de diciembre de 1999 con la firma ASEAL LTDA, contrato con el objeto de suministrar alimentación a los enfermos y personal médico por un término de 3 meses a partir del 1 de enero de 2000, con cargo al código 4200100-5 por un valor de $37.365.000.oo, SIN QUE SOLICITARA

EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL”.

(……) (……) “SEGUNDO CARGO: Usted en su condición de servidor público incurrió

posiblemente en falta disciplinaria por incumplimiento a uno de los deberes que debía observar al permitir que tanto la firma ASEAL LTDA, como SERVICOL LTDA, cuyos contratos se habían celebrado ambos el 31 de diciembre de 1999 siguieran prestando los servicios, no obstante estar vencido el término de duración en cada uno de los contratos. En efecto se tiene que el contrato celebrado con la firma ASEAL LTDA, tenía un término de duración de 3 meses a partir del 1 de enero de 2000, y el contrato celebrado con SERVICOL LTDA., tenía un término de duración de cinco meses contados a partir del 1 de enero de 2000, violando con ello lo dispuesto en la Ley 80 de 1993.

III. D E S C A R G O S (Folios 357 a 360) Notificado el disciplinado URAZAN ARAMENDIZ (folio 355), presentó sus descargos manifestando que siempre en el desempeño de sus labores como Gerente de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Vélez (S), actuó dentro del marco de la legalidad y “No se puede desconocer la crítica realidad financiera por la que ha atravesado la entidad hospitalaria, circunstancia que no fue óbice para la buena 4 marcha de la misma entidad. Pero, los problemas económicos de mi ex gerenciada imponían una serie de limitantes en el desarrollo de mis funciones, siendo resueltas siempre bajo la consigna de asegurarle a la población su Derecho Fundamental a la Salud, máxime cuando la E.S.E. Hospital San Juan de Dios, es la única entidad de salud de segundo nivel de complejidad y centro de referencia de pacientes de los

centros de salud y hospitales locales de los 18 Municipios que conforman la Provincia Vélena”. Con respecto al primer cargo manifiesta: “Cargo Primero: A) Adquirir durante el año 2000 compromisos sin el Respaldo Presupuestal. En ningún momento estas obligaciones han sido canceladas. Su ordenamiento obedeció a que estos rubros garantizaban el normal y correcto funcionamiento del Hospital”. “En cuanto a Viáticos en la parte operativa, estos correspondían a los generados por conductores de las ambulancias para traslado de pacientes críticos que requerían de un nivel de atención de mayor complejidad, y que hacen parte de la atención integral de salud, al igual que funcionarios que requerían trasladarse a cursos, seminarios de capacitación y otros, ordenados directamente por la Secretaría de Salud, el Ministerio de Salud o los Organismos de Control”. “Así las cosas, en mi condición de Gerente del Hospital, no podía sustraerme de contraer dichas obligaciones. Y lo relativo a gastos en servicios personales que incluían el 15% de sobresueldo, para aquellos funcionarios que renunciaron a la Retroactividad de las Cesantías (Decreto 439-95, Art. 13), es la ley la que establece estas prerrogativas”. “En lo que tiene que ver con gastos de material quirúrgico y odontológico, a todas luces se observa de la necesidad de contraerlos, se reitera, ya que garantizan la buena marcha del Hospital”. “Cargo Primero B) Obligaciones adquiridas sin certificado de Disponibilidad Presupuestal. En lo referente a la expedición de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal de los contratos y obligaciones referenciadas en el ACTA DE

CARGOS, manifiesto que, los mismos si fueron elaborados, prueba idónea que aporto a la presente diligencia, con el fin que sean tenidas en cuenta en la oportunidad procesal correspondiente”. “Y es que, si los funcionarios que realizaron la visita al Hospital, hubiesen llevado a cabo su labor detalladamente, verificarían la existencia de los citados Certificados. En consecuencia, no habría lugar a la formulación del presente cargo”.

Cargo Segundo: Considera su despacho que, las firmas ASEAL LTDA, y SERVICOL LTDA., siguieron prestando sus servicios al Hospital, no obstante estar vencido el término de duración de los contratos celebrados”. “Al elaborar el Presupuesto para la vigencia fiscal del año 2000, los recursos asignados por venta de servicios, situado fiscal y rentas cedidas, no garantizaban el normal funcionamiento del hospital, por tal motivo, el Presupuesto incluía un anexo designado Presupuesto Complementario en el que se discriminaban por rubros los recursos faltantes del Presupuesto total, estos recursos deberían conseguirse mediante adiciones presupuestales por recursos provenientes de la Nación, el

5 Departamento o venta de servicios. (anexo Presupuesto año 2000 y sus respectivas adiciones)”. “Adicionalmente, la prestación de los servicios de alimentación para los pacientes hospitalizados, y lo tocante a la vigencia de los bienes y las instalaciones del Hospital, son tan importantes que no puede permitirse su no-prestación, ya que, el interrumpir la prestación de los mismos, de un lado generaría la parálisis total del Hospital, y del otro, ahí si, me hubiese hecho incurrir en falta disciplinaria, por contrariar el artículo 40 del Código Único Disciplinario, numerales 2, 18 y 23 que

imponen el deber de abstenerse de ejecutar cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación de un servicio esencial (como lo es la salud) y vigilar y salvaguardar los intereses del Estado. Los recursos para garantizar los servicios de alimentación, vigilancia y aseo en su totalidad fueron adicionados en el transcurso de la Vigencia Fiscal, según se puede observar en las adiciones Presupuestales realizadas en el 2000, en la ejecución presupuestal a diciembre de 2000”. “Más aún, señor Procurador, suspender tan importantes servicios al Hospital (Salud y Vigilancia) hubiese generado un caos y anarquía de tal magnitud que, seguramente, hubiesen conducido al cierre del ente hospitalario, con los graves perjuicios que ello implicaría para el municipio de Vélez y su Provincia”. “Así las cosas, en el desempeño de mis funciones como Gerente del Hospital, siempre actué dentro de la más absoluta Legalidad”. “Finalmente, téngase en cuenta que en el desarrollo de mis funciones siempre obré en estricto cumplimiento de los deberes Legales y Constitucionales impuestos a los Servidores Públicos” (fls. 357 a 360) .

IV. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA La Procuraduría Regional de Santander, una vez analizados los cargos, descargos y las respectivas pruebas, decidió sancionar a los implicados, URAZAN ARAMENDIZ, CIFUENTES BELTRAN y CUELLAR CELIS, entre otras razones, por considerar que: “…la critica realidad financiera de las Entidades Hospitalarias llevó a los Gerentes y a sus funcionarios en muchas ocasiones, en aras de asegurar a sus

usuarios el servicio, a prestar los mismos, incluso sin ningún respaldo presupuestal, lo cual descarta de plano cualquier intención dolosa en su proceder, pues entratándose del primer y principal derecho fundamental de la vida (Art. 11 Carta Política), sus actuaciones no pasan de ser culposas, pues si bien se deja de lado el cumplimiento de una normatividad en tal sentido (materia presupuestal y contractual), dicha omisión no puede catalogarse como intencional y dañina, pues es aquí y a pesar de lo culpable que esta se torna, donde la idea de lo justo está por encima y por ello dicha circunstancia debe ser tenida en cuenta y valorada como causal de inimputabilidad en esta momento procesal, Recuérdese que la Constitución no tiene que discutir sus postulados con ninguna Ley y menos cuando de tutelar el derecho a la vida se trata, ya que la visión de lo justo no se le puede cortar al hombre en dichas condiciones, pues se insiste en el Estado Social de Derecho, el fin esencial del mismo es la vigencia de un orden justo, y por tal razón este orden debe prevalecer por encima del mismo Estado. Así las cosas, no es en sí el funcionario el responsable, pues no puede desconocerse tampoco la culpabilidad del Régimen, lo cual nos enseña entonces que si la acción encuentra respaldo en el 6 orden jurídico (derecho a la vida y a la salud), esta resulta justa y nos ubicaría cuando mucho ante una responsabilidad objetiva, la que como es sabido se halla proscrita del derecho disciplinario. Y es que aún encontrando, que para el caso, se han excedido los parámetros legales y normativos citados en el auto de cargos formulado al entonces Gerente del Hospital, doctor URAZAN ARAMENDIZ, también

se tiene que los compromisos adquiridos, los bienes y servicios contratados apuntaban hacia el mismo fin, pues se trata de servicios integrales que requieren tanto de los aspectos meramente materiales como de los del conocimiento humano para que sean eficientes y eficaces. De lo contrario, ciertamente el Hospital no habría podido garantizar su normal y correcto funcionamiento. Sobre este juicio de valor concluye este Despacho que el primer cargo formulado al doctor URAZAN ARAQMENDIZ no puede prosperar y por tal razón se absolverá del mismo en su integridad. En este primer cargo también queda descartada toda responsabilidad en cuanto al mismo se refiere al hecho de haber contratado con la firma ASEAL LTDA., por el término de tres (3) meses (Enero a Marzo de 2000), sin que existiera certificado de disponibilidad presupuestal, pues los documentos allegados por este implicado y los mismos aportados por la entonces Jefe Financiera de la Entidad nos demuestran lo contrario (Fls. 211 a 212, 216 a 217 y 227)”. “No sucede lo mismo con el segundo cargo imputado al doctor URAZAN ARAMENDIZ, pues independientemente de las razones argüidas para el primer cargo, en este se advierte una culpabilidad a título de culpa, pues lo que si no podía pasar por alto el ordenador del gasto es que se siguieran prestando unos servicios al hospital (alimentación y aseo), sin la existencia de los contratos respectivos, ya que los primeros celebrados con los mismos fines se encontraban vencidos, de donde se colige que con su proceder violó los deberes de cuidado y de diligencia que el cargo

le imponía y exigía, en especial el artículo 39 de la Ley 80 de 1993, que regula la forma de los contratos estatales y que enseña que estos deberán constar por escrito, en armonía con los artículos 3 y 51, ibídem, lo cual lo deja inmerso en faltas graves a título de culpa”.

V. A P E L A C I Ó N Contra el fallo de Primera Instancia los disciplinados ALBERTO CUELLAR CELIS y JIMMY JOSE URAZAN ARAMENDIZ interpusieron recurso de apelación, sustentado a folios 411 a 412 y 430 a 433, aportando documentos con los que pretenden soportar sus afirmaciones.

VI. CONSIDERACIONES DEL PROCURADOR DELEGADO Se observa a prima facie la concurrencia de las causales de nulidad contempladas en los numerales 2 y 4 del artículo 131 de la Ley 200 de 1995, hoy numerales 2 y 3 del artículo 143 de la Ley 734 de 2002 con respecto a la actuación surtida contra el doctor ALBERTO CUELLAR CELIS, lo que implica que esta instancia declare la nulidad de lo actuado en su caso, y como la disciplinada GLORIA ESTELLA CIFUENTES BELTRAN no interpuso recurso de apelación contra el fallo de instancia, la determinación adoptada en su contra se encuentra debidamente ejecutoriada, razón por la cual en este acápite solamente se tratará la determinación adoptada en fallo de Primera Instancia contra el disciplinado doctor JIMMY JOSÉ

URAZAN ARAMENDIZ.

7 No son de buen recibo para esta Delegada los argumentos esgrimidos por el a quo

(folio 390 y reverso) para exonerar de responsabilidad disciplinaria al implicado en el primer cargo formulado, cuando establece que las actuaciones de URAZAN ARAMENDIZ, “no pasan de ser culposas, pues si bien se deja de lado el cumplimiento de una normatividad en tal sentido (materia presupuestal y contractual), dicha omisión no puede catalogarse como intencional y dañina, pues es aquí y a pesar de lo culpable que esta se torna, donde la idea de lo justo está por encima y por ello dicha circunstancia debe ser tenida en cuenta como causal de inimputabilidad en este momento procesal. Recuérdese que la Constitución no tiene que discutir sus postulados con ninguna Ley y menos cuando de tutelar el derecho a la vida se trata, ya que la visión de lo justo no se le puede cortar al hombre en dichas condiciones, pues se insiste, en el Estado Social de Derecho, el fin esencial del mismo es la vigencia de un orden justo, y por tal razón este orden debe prevalecer por encima del mismo Estado…”. Permitir por parte de la Procuraduría General de la Nación que se incumplan normas en materia presupuestal y contractual o de cualquier otra índole, implica, simple y llanamente desconocer el ordenamiento jurídico colombiano y soslayar la función atribuída por el numeral 1 del artículo 277 de la Carta Política que establece: “El Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, tendrá las siguientes funciones: 1. Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos”.

En el caso sub exámine, el primer cargo formulado al disciplinado URAZAN ARAMENDIZ implicaba el haber adquirido en el año 2000, múltiples compromisos SIN RESPALDO PRESUPUESTAL, entre ellos viáticos y gastos de viaje, otros gastos en servicios personales, relacionando 27 contratos y en estas circunstancias resultan desafortunadas, las argumentaciones ya reseñadas, sobre todo por haberse señalado la violación de normas de rango constitucional y legal de diverso orden. Respecto a la conducta sancionada y que constituye el segundo cargo, no se formulan observaciones.

VII. CALIFICACIÓN DE LA FALTA Y DOSIMETRÍA DE LA SANCIÓN La actuación del disciplinado, doctor Jimmy José Urazan Aramendiz frente a las normas endilgadas en el segundo cargo nos permiten concluir en los mismos términos utilizados por el fallador de Primera Instancia cuando considera que la falta se califica como grave a título de culpa pues, no aparece en el informativo indicio alguno que el disciplinado hubiese obrado bajo intereses perversos o innobles, pero si se otea, una falta de cuidado, diligencia y prudencia en su actuar al no acatar las normas en cita.

Teniendo en cuenta los criterios establecidos en el artículo 32 de la ley 200 de 1995, para la dosificación de las sanciones, en el asunto que nos ocupa se calificó la falta como grave a la cual corresponde una sanción de multa entre 11 a 90 días de salario devengado para la época de los hechos o suspensión en el cargo hasta por el mismo término, teniendo en cuenta que la falta se consideró como culposa, la

sanción será la mínima, es decir, multa de once (11) días de salario. 8 Acatando la objetividad al aplicar los criterios para determinar la gravedad o levedad de la falta, considera el Despacho que si bien es cierto los hechos no justifican la conducta endilgada, lógicamente si influyen en su calificación, por lo tanto la sanción que le fuera impuesta deberá confirmarse.

VIII. N U L I D A D Como se advirtió en el acápite VI del presente proveído, se observa que en el proceso radicado No. 072-3856-00 adelantado por la Procuraduría Regional de Santander, concurren causales de nulidad relacionadas con la actuación surtida en contra del doctor ALBERTO CUELLAR CELIS; se trata de la violación del derecho de defensa del investigado y de la existencia de irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso, las cuales se encuentran taxativamente contempladas en los numerales 2 y 3 del artículo 143 de la Ley 734 de 2002.

En efecto, a folios 175 a 176 y con fecha 10 de febrero de 2003, obra un extraño auto demarcado con el asunto: AUTO ADICION APERTURA INVESTIGACIÓN, donde en la parte introductiva se lee: “Las diligencias radicadas bajo el No. 07203856-00 se encuentran al despacho a fin de que se adicione el auto de Apertura de Investigación Disciplinaria calendado 14 de marzo de 2001, en el sentido de vincular al proceso disciplinario al doctor ALBERTO CUELLAR CELIS, en su condición de Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital

San Juan de Dios de Vélez, …”; no obstante, a continuación se expresan las CONSIDERACIONES tenidas en cuenta pero en ningún momento se ordena la anunciada adición lo cual denota la carencia de técnica jurídica en la elaboración del mencionado auto el cual como se observa, registra expresamente la fecha del auto de apertura de investigación disciplinaria (14 de marzo de 2001), que obra a folios 150 a 153, sin tener en cuenta que de conformidad con el artículo 156 del CDU el término de la investigación se encontraba suficientemente precluido. Como si fuera poco, a folios 188 a 191 y con la misma fecha 10 de febrero de 2003, del auto que se acaba de mencionar, se formula Pliego de Cargos en contra del doctor ALBERTO CUELLAR CELIS, con lo cual se le impide ejercer su derecho a la defensa. A folio 200 y con fecha marzo 18 de 2003, aparece un auto mediante el cual el Procurador Regional de Santander comisiona al Procurador Provincial de Vélez (S) para que dentro del término de veinte (20) días hábiles disponga la notificación del auto de cargos, entre otros, al doctor ALBERTO CUELLAR CELIS, al cual hasta esa fecha no se le había notificado la apertura de investigación disciplinaria en su contra. Como puede verse con meridiana claridad, la actuación de la Procuraduría Regional de Santander en contra del doctor CUELLAR CELIS no se adelantó cumpliendo los procedimientos establecidos por el CDU; por ello, esta instancia procesal para hacer efectiva la garantía consagrada por el artículo 29 de la Constitución Política que establece: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones

judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aún cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente 9 mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”, y los artículos 6 y 17 de la Ley 734 de 2002, declarará la nulidad de lo actuado en contra del doctor ALBERTO CUELLAR CELIS, de conformidad con el artículo 144 ibídem. Por lo anteriormente expuesto, el Procurador Delegado para la Economía y la Hacienda Pública, R E S U E L V E : PRIMERO: Declarar la nulidad de lo actuado dentro del radicado No. 072-385600 contra el señor ALBERTO CUELLAR CELIS, en su condición pasada de Gerente (E) de la E.S.E., Hospital San Juan de Dios de Vélez (S), quien se identifica con la cédula de ciudadanía 13’834.883, a partir del auto de 10 de

febrero de 2003 (fls. 175 a 176), mediante el cual se inició la investigación disciplinaria en su contra. Las pruebas allegadas conservarán su valor legal.

SEGUNDO: Confirmar la determinación adoptada el 9 de agosto de 2004, por medio de la cual el señor Procurador Regional de Santander sancionó disciplinariamente al doctor JIMMY JOSÉ URAZAN ARAMENDIZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 19’468.226, en su condición pasada de Gerente de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Vélez (S), consistente en MULTA de once (11) días del salario que devengaba para la época de los hechos, equivalentes a un millón doscientos siete mil trescientos setenta y ocho pesos M/L ($1’207.378), suma que deberá consignar en la Tesorería del Hospital San Juan de Dios de Vélez (S), de conformidad con lo establecido en el artículo 7° del Decreto 2170 de 1992 y artículos 31 y 91 de la Ley 200 de 1995.

TERCERO: Por el Centro de Notificaciones de la Entidad de conformidad con lo establecido en el artículo 101 de la Ley 734 de 2002, notificar personalmente sobre el contenido de la presente Providencia a los señores JIMMY JOSÉ URAZÁN ARAMENDIZ, quien puede ser citado en el fax 091 7186348 de la ciudad de Bogotá,

D.C. (folio 405) y ALBERTO CUELLAR CELIS quien puede ser citado en el Hospital San Juan de Dios de Vélez, Santander (folio 412) CUARTO: Cumplidas todas las actuaciones, por la Unidad Coordinadora

Administrativa UCA se remitirá el expediente a la Oficina de origen para que continúe con el trámite correspondiente y para que se envíe la comunicación pertinente al Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad SIRI.

QUINTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno por la vía gubernativa en cuanto a la confirmación de la sanción; respecto a la nulidad procede el recurso de reposición.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANDRÉS VARELA ALGARRA

Procurador Delegado Exp. 072-3856-00

PU 64 / AA 68