PGN - Documento 201603111027558

1

Dependencia: PROCURADURIA DELEGADA PARA LA ECONOMIA Y

LA HACIENDA PÚBLICA

Radicación 083-2012/02 Disciplinado Jesús Maria Rozo Pérez Cargo Entidad Presidente del Concejo de Neiva Quejoso Oficio

Fecha Queja: 31/10/2002

Fecha hechos: Vigencia 2001

Asunto: Fallo Segundo Instancia

Bogotá, DC., 14 de febrero de 2005 Procede esta Delegada en virtud de la competencia otorgada por el artículo 25 numeral 4º del Decreto 262 de 2000 y el inciso quinto del artículo 19 de la Resolución 017 de 2000, a resolver el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primera instancia de fecha 28 de abril de 2004, proferida por la Comisión Especial -Procuraduría Regional del Huila, mediante la cual se declaró disciplinariamente responsable al señor JESUS MARIA ROZO PEREZ, en su condición de Presidente del Concejo Municipal de Neiva Huila, por los hechos que se le atribuyeron dentro del presente proceso disciplinario. ANTECEDENTES Con fundamento en el escrito anónimo de fecha noviembre 1 de 2002, y la publicación del “Diario del Huila”, mediante los cuales se dio a conocer las irregularidades de orden contractual y presupuestal en que se incurrió por parte del Concejo Municipal de Neiva en la ordenación de gasto específicamente con cargo a los rubros “Gastos Protocolarios” y “Combustible y Lubricantes” del presupuesto del Concejo Municipal de Neiva, durante las vigencias 2001 y 2002, se inició diligencias de indagación preliminar con fecha 13 de diciembre de 2002.

Como del material probatorio recaudado durante la indagación preliminar se evidencio la ocurrencia de la posible violación a los principios de transparencia, economía y escogencia objetiva del contratista consagrados en la Ley 80 de 1993 y a la indebida planeación por legalización de hechos cumplidos y posible desborde en el gasto de combustible a pesar de existir solo dos vehículos al servicio de la Corporación edilicia, mediante providencia de abril 21 de 2003 se inició la investigación correspondiente.(folios 43 a 46 cuaderno 1) 2 CARGOS Con fecha 5 de febrero de 2004 la Procuraduría Regional del Huila -Comisión Especial Disciplinaria – al evaluar la investigación disciplinaria ordenó cesar todo procedimiento y por ende el archivo de la actuación seguida contra el señor ARMANDO SUAZA CAMACHO, por los hechos ocurridos durante la vigencia 2002, al comprobarse en diligencias su fallecimiento. Igualmente, resolvió formular cargos al señor JESUS ARMANDO ROZO PEREZ, en su condición de Presidente del Concejo Municipal de Neiva durante la vigencia fiscal de 2001, por los siguientes hechos: “…reconoció a través de los actos administrativos que más adelante se relacionan, hechos cumplidos lo que significa que desconoció el mandato legal que recoge el artículo 71 del Decreto Ley 111 de 1996, artículo 84 del Acuerdo Municipal 082 del 30 de diciembre de 1996 y el artículo 20 del Acuerdo Municipal 017 del 7 de mayo de 1997, que modificó el artículo 84… toda vez que previo a la ordenación del gasto

no obtuvo el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal. De la misma manera contrato con violación de los principios de planeación, economía y responsabilidad que consagra la Ley 80 de

1993. Todos los mencionados reconocimientos los realizó con cargo a los rubros denominados “gastos generales” y “Combustibles y lubricantes”…” “… como puede observase, se convirtió en una práctica frecuente reconocer hechos cumplidos a través de los actos antes descritos a pesar que la Ley le ordena planear el gasto y establecer si existen recursos disponibles para adquirir obligaciones… Cada una de las contrataciones al parecer fueron ordenadas previamente y en forma verbal y no por escrito como lo ordena el artículo 41 en concordancia con el artículo 39 de la Ley 80 de 1993.” Se citaron como normas presunta infringidas los artículos 6, 118, 123, 124, 209 y 352 de la Constitución; 70, 104 y 110 del Decreto 111 de 1996, 66 Del Reglamento Interno del Concejo de Neiva sobre las funciones del presidente de esa Corporación, 84 del Acuerdo 082 de 1996, 20 del Acuerdo Municipal 012 del 7 de mayo de 1997, artículos 11, 26 y 41 de la Ley 80 de 1993 y 40 numerales 1,2,13 y 23 de la Ley 200 de 1995.

3 La falta se calificó como grave a título de dolo (folios 333 a 352 cuaderno número 2) DESCARGOS El señor JESUS MARIA ROZO PEREZ, rindió las explicaciones solicitadas, en los

siguientes términos: Sostiene el implicado que durante la vigencia 2001 se cumplió con las normas de austeridad porque si se hace un análisis comparativo con otros periodos diferentes se aprecia que se disminuyeron ostensiblemente los gastos del funcionamiento del Concejo y que además las resoluciones objeto de cargos se profirieron ajustados a los precios del mercado, negando que se haya violado el principio de economía por la naturaleza de los gastos, pues dice se requería tan solo de la cotización respectiva sin mayores formalidades en la selección del contratista de acuerdo a lo presupuestado en la Ley 617 y el Decreto 1737 de 1998. Preciso que la ordenación del gasto en la Corporación depende de la administración central, específicamente de la oficina de presupuesto y la de Tesorería y que por tanto, en el evento de que se hubiera legalizado hechos cumplidos no hubiera sido posible la aprobación de cuentas, ni el giro de los respectivos dineros por parte de estas entidades. Aclaró que una cosa es la disponibilidad presupuestal y otra el certificado de disponibilidad presupuestal, afirmando que nunca ordenó un gasto que no contara con la disponibilidad presupuestal respectiva, porque los funcionarios encargados siempre le informaban si existía o no disponibilidad de recursos y prueba de ello es que en la vigencia fiscal de 2001 no se superó el topo establecido sino que fue inferior y que se hicieron los traslados necesarios para que el monto fijado en el rubro “Gastos Protocolarios” se disminuyera y que el rubro “Combustibles y Lubricantes” se contara siempre con los recursos respectivos como consta en documento que anexó a los descargos.

Que el rubro “Gastos Protocolarios” cumplió con su cometido, pues se realizó el encuentro departamental de concejales y otras actividades que en algunos casos de imprevistos se escapa de cualquier planeación que se realice y que a pesar de la demora de los trámites procesales debe realizarse como condecoraciones, fallecimientos etc. propios de la particularidad del rubro creado precisamente para ese cometido y ante la demora en la expedición de los certificados de disponibilidad presupuestal por parte de la Alcaldía se procedía a solicitar verbalmente, ya sea telefónicamente o mediante visita a la oficina de presupuesto del Municipio, información sobre el monto presupuestal existente verificando además en el 4 respectivo libro de presupuesto que se manejaba internamente en el concejo, para tener certeza de la existencia de recursos suficientes para ordenar el respectivo gasto, como lo certificó el jefe de presupuesto del Municipio en documento anexo al pliego de descargos, que una cosa es que se certifique por escrito dicha disponibilidad y otra muy diferente es que no hubiera existido disponibilidad, porque mientras se certificaba por escrito dicha disponibilidad, no se podía detener el funcionamiento de la Corporación. Que de no haber existido disponibilidad presupuestal se debería haber conciliado ante el Procurador Delegado en lo Administrativo con aprobación del Tribunal Contencioso Administrativo, situación que no se presentó porque todas las cuentas fueron pagadas, aprobadas y canceladas con el mismo presupuesto y durante la misma vigencia, rechazando la violación de las normas de la Constitución y de la Ley porque todos los actos administrativos fueron acompañados de la expedición del certificado de disponibilidad, requisito para el trámite de dichas cuentas ante la

oficina de presupuesto y tesorería. Aseguró el implicado que no existió dolo en su actuación porque no dio orden expresa de actuar contrario a la Ley o en contravía de los procedimientos propios establecidos, y que por el contrario, nunca se gasto todos los recursos presupuestados y que incluso se trasladaron recursos del rubro en referencia a otros que se consideraron de mayor importancia, y que por tanto, ni fue negligente ni descuidado, porque toda actuación fue previamente revisada y consultada y que por tanto, no puede ser tildada su administración de corrupta menos aún cuando no existió detrimento al patrimonio público. (Folios 358 a 362 del cuaderno número 2) Mediante providencia de marzo 23 de 2004 se decidió tener como pruebas los documentos aportados por el implicado y ordenó que se acreditara los honorarios recibidos por éste como Presidente del Conejo Municipal de Neiva. (Folios 366 y 367) y en marzo 29 del mismo año se ordenó el traslado para alegato de conclusiones dispuesto por el artículo 92 numeral 8º). EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA La Comisión Especial Disciplinaria creada mediante providencia de febrero 17 de 2003, decidió sancionar al implicado con multa de (80) días del salario mensual que devengaba para la época en que ocurrieron los hechos, equivalentes a $5.313.528, atendiendo las pruebas aportadas al plenario, sanción que sustentó en las siguientes consideraciones: 5 Que en el plenario se encuentra probado con certeza que el implicado como Presidente del Concejo de Neiva para el año 2001, de conformidad con lo

establecido en el artículo 66 del Reglamento de la Corporación, le correspondía la ordenación del gasto y que en tal posición expidió los actos administrativos detallados en diez numerales, de cuyo contenido se prueba que se ordenó y pago sumas de dinero por obligaciones que se adquirieron previo al reconocimiento, utilizando el procedimiento inverso que la Ley señala para la ordenación del gasto público, porque primero se ejecutaba el objeto contractual y con posterioridad se legalizaba , no obstante que la ley 80 de 1993 contiene reglas claras a las cuales se debe someter el proceso contractual, como es la planeación y los principios de conveniencia, oportunidad y necesidad del gasto. Que los oficios aportados por el implicado con sus descargos demuestran que siempre existieron recursos disponibles en los rubros afectados con gastos materia de investigación, hecho que no es materia de reproche, porque el requerimiento disciplinario surgió de la infracción a la Ley, por no haber planificado el gasto y porque previo a su ordenación, no se obtuvo los respectivos certificados de disponibilidad presupuestal, sino que cada uno de los objetos contractuales se ejecutaron con anterioridad al reconocimiento, es decir que, lo procedente era solicitar al Jefe de Presupuesto la certificación de disponibilidad presupuestal para luego proceder a suscribir el contrato o a expedir la orden de servicio según el caso, y legalizado dicho acto proceder a su ejecución, como en forma expresa lo disponen el artículo 71 del Decreto 111 de 1996, el numeral 6 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 84 del Acuerdo Municipal 082 de 1996, máxime cuando el artículo

41 de la Ley 80 señala que los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y contraprestación y éste se eleve a escrito. Consideró el A-quo que agotado el periodo probatorio la situación vertida en el proceso no ha cambiado, al no existir duda de que el implicado no tomó en cuenta las normas que regulan la ordenación del gasto y orientan la actividad contractual del Estado, específicamente el artículo 71 del Decreto Ley 111 de 1993, según el cual todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificado de disponibilidad presupuestal previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender el gasto, en concordancia con lo establecido en el artículo 20 del Acuerdo 012 de 1997, normatividad que exige al ordenador del gasto la obtención de disponibilidad presupuestales antes del acto que afecta la respectiva apropiación, y que también la Ley 80 de 1993, encausa la conducta del servidor público en la celebración de los contratos, por motivos de conveniencia, planificación y que dentro de las formalidades tanto para el perfeccionamiento como para su ejecución, exige que deben ser ordenados 6 previamente y por escrito por el jefe o representante legal de la entidad, o por el funcionario en quien hubiese delegado la ordenación del gasto. Respecto de los argumentos de descargos, señaló el A-quo no hubo cuestionamiento de situaciones relativas al desborde del gasto, ni a la violación de la Ley 617 ni del Decreto 1737 de 1998, como tampoco respecto de la escogencia del

contratista, pues esta era notoria en la vigencia 2002, pero ante la muerte del presunto responsable, la actuación se archivo, aclarando que la violación del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, no se refiere al valor de los servicios, sino al acatamiento de las orientaciones y procedimientos contractuales para hacer efectiva una función pública. Agregó el A-quo que por tratarse de contratos sin formalidades no se requería más que la solicitud de cotizaciones, pero era indispensable la obtención previa del certificado de disponibilidad presupuestal, ya que se trata de posibilidades de afectar las apropiaciones presupuestales y al respecto existen normas claras que ordenan, como mínimo la orden previa y escrita para que se ejecute el objeto contractual, como lo dispone el artículo 39 de la Ley 80 de 1993. No aceptó el fallador de instancia el argumento de defensa expuesto por el implicado respecto a que no se trato de la legalización de hechos cumplidos, y menos que afirme que el procedimiento presupuestal depende de la administración central, porque el responsable del presupuesto lo único que hace es certificar que existen recursos para que el ordenador del gasto proceda a contratar y una vez surja la obligación contractual registra el compromiso adquirido como garantía que los recursos serán destinados para cumplir con ese contrato, pero que es el ordenador del gasto el que además de analizar la conveniencia de la contratación, definida su necesidad, debiendo para ello solicitar el certificado de disponibilidad presupuestal, para que una vez celebrado el contrato se registre la obligación para que se ejecute su objeto, pero que como en el caso materia de estudio, primero se ejecutó el objeto contractual, luego se solicitó la disponibilidad presupuestal y finalmente se

reconoció la obligación. Advirtió el A-quo que el implicado era conocedor de las normas que se le citaron como infringidas, si se tiene en cuenta que un caso similar al contratar los servicios de restaurante, orden 57 de diciembre 27 de 2001, solicitó el certificado de disponibilidad presupuestal antes de adquirir el compromiso, única forma de establecer si existe o no recursos, reiterando que en los casos que se cuestionan la ordenación del gasto se hizo en forma verbal y no por escrito como lo ordena el artículo 39 de la Ley 80 de 1993, y que por ende incumplió lo dispuesto en el artículo 7 26 numeral 4 ibídem, pues de otra manera no se hubieran expedido resoluciones reconociendo hechos acaecidos con anterioridad a la fecha en que se expidieron, circunstancia por la que rechazó igualmente el argumento de que los imprevistos se escapan a la planeación, señalando que para que cualquier evento tengo un mínimo de éxito requiere de por lo menos que se fije la fecha para su realización y de esta manera es previsible programar el gasto, que el hecho de que no se superen los montos apropiados no es índice de planeación como tampoco lo es que simplemente se verifique que existen recursos, porque el único documento que puede dar fe de la existencia de recursos es el certificado de disponibilidad presupuestal expedido por el Jefe de Presupuesto. Inadmitió igualmente el A-quo el argumento expuesto por el implicado, con el que pretende justificar su proceder aduciendo que la oficina de Presupuesto se demoraba mucho en expedir el certificado de disponibilidad presupuestal, porque todos los objeto contratados que luego fueron reconocidos se podían prever y por

tanto su gasto se debió planear, que además a los mecanismos alternativos de solución de conflictos no solo se acude ante la inexistencia de disponibilidad presupuestal, sino también por desacuerdos entre las partes que acuden a la conciliación, pero en todo caso el hecho de que no se haya acudido a ese medio no le resta irregularidad a la actuación, como tampoco el hecho de que la disponibilidad presupuestal haya sido expedida el mismo día en que se expidió la resolución reconociendo la obligación, porque el acto administrativo confirma que se trata de hechos cumplidos que previamente fueron ordenados en forma verbal, aspecto que además se confirmó en la ejecución presupuestal de gastos de la vigencia 2001 y que demuestra la reiteración de la conducta, pues se presentó en diez casos. Mantuvo el A-quo la calificación de grave y a titulo de dolo dada a la conducta en el pliego de cargos, al quedar evidenciada que conocía previo a la ordenación del gasto que se debía solicitar la disponibilidad presupuestal, como lo prueban otras contratación, es decir que actuó a sabiendas de que legalizo hechos cumplidos, no obstante que debía actuar por la calidad que ostentaba con mayor cautela, y que por tanto, dio mal ejemplo. Que de los argumentos expuesto en los descargos presentados por el implicado se evidencia que conocía la exigencia legal del certificado de disponibilidad presupuestal previo a los procesos contractuales y aún así procedió a contratar en forma verbal, con la simple revisión al libro de presupuesto que se manejaba en el Concejo o con la sola información obtenida telefónicamente sobre la existencia de

los recursos, conducta que no puede ser asumida por quien en ejercicio de la función pública es ordenador del gasto, porque se trata del manejo de recursos 8 públicos, independientemente de que se produzca o no detrimento patrimonial, porque la falta se estructura ante la infracción al deber, circunstancia por la que como era consciente de su capacidad individual de acción y aún así, incumplió sus obligaciones. Finalmente expone el A-quo entre las razones para imponer la sanción el hecho de que como la contratación administrativa es una de las principales actividades que realiza el Estado, la Ley 80 de 1993, a más de consagrar los principios que orientan dicha actividad, integró los que orientan la función administrativa contemplados en el artículo 209 de la Constitución Política, imponiendo la observancia de requisitos y procedimientos previos para la adecuada contratación, incluidas también las normas del Estatuto Orgánico de Presupuesto Decreto Ley 111 de 1998, el cual establece como requisito para la afectación del Presupuesto, la obtención previa del certificado de disponibilidad presupuestal, que garantice la existencia de apropiación suficiente para atender gastos, certificación que lo debe expedir el jefe de Presupuesto o quien haga sus veces, normatividad que constituye el marco de encauzamiento de la conducta oficial, sin embargo la misma no fueron observadas por el disciplinado y en consecuencia se le impuso la sanción inicialmente descrita. (Folios 403 a 421) EL RECURSO DE APELACION Notificado en legal forma el apoderado del disciplinado sustento en forma oportuna el recurso de apelación en contra de la decisión de instancia, señalando que se

pretende hacer creer que el investigado violó normas de contratación al no observar la debida planificación en la ordenación del gasto, sin tener en cuenta que las resoluciones motivadas constituyen actos administrativos y como tales representan decisiones unilaterales de la administración, sin que interfiera un acuerdo de voluntades que implica actuación contractual de las reguladas en la Ley 80 de 1993, que se trató del reconocimiento, ordenación y gasto unilateral. Reiteró el Apoderado que durante la administración de su poderdante se cumplió con las normas de austeridad del gasto al disminuirse ostensiblemente los gastos de funcionamiento del Concejo, y que además, las resoluciones de reconocimiento se profirieron ajustadas a los precios del mercado, circunstancia por la que afirma que no existió violación al principio de economía, que dada la naturaleza de los gastos no se necesitaba mayores formalidades en la selección del contratista y que en consecuencia se obró de acuerdo a los presupuestos de la Ley 617 y el Decreto 1737 de 1998. 9 Con relación a la legalización de hechos cumplidos reitero que a pesar de que la Corporación tenía la ordenación de gasto en cabeza del presidente, el procedimiento presupuestal depende de la administración central que cuenta con la oficina de Presupuesto y la de Tesorería, afirmando que si se hubiera legalizado hechos cumplidos no hubiera sido posible la aprobación de cuentas, ni el giro de los respectivos dineros por parte de estas entidades, que nunca se ordenó un gasto que no contara con la disponibilidad presupuestal respectiva, porque los funcionarios encargados de la contratación informaban si existía o no disponibilidad de recursos

en el presupuesto para realizar dichos reconocimientos, y de ahí que no se superaron los topes establecidos, retomando casi todos los argumentos expuestos en los descargos. Rechazó la sanción aduciendo que cuando se expidieron las resoluciones de reconocimiento es precisamente por la urgencia en el servicio y que por ello no se infringió la Constitución ni la Ley, porque las mismas siempre van acompañadas de la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal requisito para su trámite, que se actuó en forma diligente y ajustado a la ley y atendiendo los procedimientos y que por lo tanto no se actuó de forma doloso, máxime cuando se llegó al valor de lo presupuestado, que cada actuación en relación con el asunto fue previamente revisada y consultada, observando diligencia y tomando decisiones oportunas. Que no es ajustado a la realidad la determinación de la falta grave que se le ha querido dar a la conducta del implicado, ya que los certificados de disponibilidad hacen parte de cada resolución, los cuales no constituyen un compromiso por parte del ordenador, como si lo es el registro presupuestal que si compromete al contratante, que no se puede imputar como falta grave y menos de ser factor de alarma o tildarse de corrupta, cuando no ha existido detrimento al patrimonio público, ni acciones delictuales propias de los servidores públicos, circunstancia por la que pide se revoque el fallo de primera instancia. (Folios 434 a 440) CONSIDERACIONES DE ESTA DELEGADDA Conforme al artículo 142 de la Ley 734 de 2002, hay lugar a proferir fallo sancionatorio cuando exista certeza de la falta y de la responsabilidad del

funcionario, es decir, se encuentre demostrada la realización material de la conducta; ésta encuentre adecuación típica en las normas citadas como infringidas y el autor de la misma haya actuado con dolo o con culpa. En el caso materia de estudio, la conducta censurada esta circunscrita al hecho de que el implicado omitió los trámites legales para la expedición de los actos 10 administrativos de reconocimiento y pago relacionados en el pliego de cargos, por concepto de los servicios descritos en cada caso, que a más de haberse prestado con anterioridad a la expedición de los mismos, no contaron ni con el certificado de disponibilidad previamente expedido para garantizar la existencia de recursos, ni el registro presupuestal, para que los recursos no fueran desviados para otro fin, desconociéndose lo establecido en el artículo 71 del Decreto Ley 111 de 1996 y 20 del Acuerdo Municipal 017 del 7 de mayo de 1997, que modificó el artículo 84 del Acuerdo Municipal 082 del 30 de diciembre de 1996. En efecto del contenido de la Resolución 052 del 21 de abril de 2001, mediante la cual el implicado, en su calidad de Presidente del Concejo Municipal de Neiva, resolvió reconocer y pagar a la señora María Elsa Charry la suma de $450.000, se deduce que los servicios de comidas y bebidas, como café y gaseosa, fueron prestados el día 7 de abril de 2001, sin que mediara acto administrativo que autorizara la prestación del servicio, y más aún, cuando se expidió el acto respectivo legalizando el servicio que afectó el rubro número 1-20205 de la vigencia 2001,

correspondiente a “Gastos Protocolarios” no se contó con la certificación de disponibilidad, que garantizara la existencia de apropiaciones suficientes para atender estos gastos, y prueba de ello es que fue expedida el 4 de mayo de 2001, es decir, 14 días después. A más de lo anterior, el Registro Presupuestal, requisito de perfeccionamiento del acto administrativo es de junio 26 de 2001, no obstante que el servicio se prestó dos meses antes. Similar situación se predica con respecto a los demás actos administrativos objeto de reproche disciplinario a través de los cuales se reconoció y ordenó pagar un servicio prestado con anterioridad y que afectó el rubro correspondiente a “Gastos Protocolarios” número 1-20205 de la vigencia 2001, así por ejemplo, mediante la resolución 056 del 5 de abril de 2001 se legalizó el servicio prestado el día 8 de marzo del mismo año, el Certificado de Disponibilidad Presupuestal fue expedido 20 días después, esto el día 25 del mismo mes y año, y el Registro Presupuestal se efectuó el 30 de mayo; la resolución 070 de mayo 21 de 2001, legalizó el servicio prestado el 26 de abril del mismo año, no obstante el registro presupuestal requisito que perfecciona el contrato tan solo se expidió el día el 17 de mayo de la misma anualidad. A través de la resolución 121 del 9 de julio de 2001 se legalizó el servicio prestado en el mes de abril y el registro presupuestal es de fecha 24 de agosto del mismo año; la resolución 123 es de julio 26 de 2001y el servicio se prestó el mes anterior y el registro presupuestal es de un mes después, es decir agosto 13; las resoluciones

165, 197 y 210 de 25 de octubre y diciembre 11 y 27 de 2001 a través de las cuales 11 se reconoció y ordenó cancelar con la primera el combustible y lubricantes suministrados entre el 14 de septiembre al 23 de octubre de 2001, del 6 de octubre al 5 de diciembre y del 10 al 27 de diciembre, respectivamente, sin embargo el certificado de disponibilidad de la primera es del 26 del octubre. En el caso de la resolución 191 de diciembre 5 de 2001, no obstante que el certificado de disponibilidad es de la misma fecha, se legalizó el servicio de restaurante prestado el día 29 de noviembre del mismo año y finalmente la resolución 192 del 5 de diciembre de 2001, ordenó cancelar el suministro de arreglos florales prestado con anterioridad. Así las cosas, a más de encontrarse demostrada la realización de la conducta atribuida la implicado ante la omisión presentada, porque se repite, previamente a la adquisición del compromiso no se expidió el certificado de disponibilidad presupuestal que garantizara la existencia de apropiación disponible y libre de afectación para la asunción del compromiso, así como el registro presupuestal por ser un requisito de perfeccionamiento de todos los actos administrativos, que afecta en forma definitiva la apropiación y garantiza que la misma no sea desviada a otro fin, se estructura la violación de las normas citadas como infringidas, al quedar evidenciado que las obligaciones y por ende la expedición de los actos administrativos de ordenación del gasto no fueron adquiridas con las formalidades legales. Sobre este tema la Corte Constitucional ha señalado que la exigencia de

disponibilidad presupuestal hace parte del principio de legalidad del gasto público, por ser un instrumento que busca prevenir o evitar que el gasto se realice por encima del monto máximo autorizado por la correspondiente ley anual del presupuesto, de ahí que se prohíba tramitar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúna los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos, mecanismo que asegura como se dijo, el cumplimiento del principio de legalidad, que debe orientar la contratación y no puede considerarse como lo dice el implicado decisiones unilaterales de la administración, porque precisamente son los actos administrativos de reconocimiento, ordenación y gasto los que prueban la contratación irregular que se hizo fuera de las formalidades legales. A más de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, citado como infringido, los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logra acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito, situación por la que no es de recibo el 12 argumento de defensa expuestos, porque precisamente dichos actos administrativos a través de las cuales se reconoció y ordenó la cancelación del servicio, evidencia que se prestó sin que se reunieran los requisitos legales y de ahí que se configuraron como hechos cumplidos, a pesar de que no se necesitaba mayores formalidades en la selección del contratista, como bien lo reconoció la defensa. Respecto al cumplimiento de las normas de austeridad aducido por el implicado, debe anotarse que no fue materia de cuestionamiento, y aún cuando las

obligaciones contraídas no hayan superado la apropiación existente, los compromisos adquiridos se hicieron con violación a los preceptos legales, porque se afectó el presupuesto de gastos a través de los actos administrativos objeto de investigación, al no haberse expedido en forma previa el certificado de disponibilidad presupuestal. De otra parte, si bien es cierto que el certificado de disponibilidad debía ser expedido por la administración central que cuenta con la oficina de Presupuesto y la Tesorería, hecho que como lo señaló el informe de la Contraloría Municipal de Neiva le resta en parte autonomía financiera y presupuestal a la Corporación, limitando su