PGN - Documento 201603131622151

Procuraduría General de la Nación

Icono de documento PDFDescargar PDFDisponible

Detalles

Título
PGN - Documento 201603131622151
Autor
Procuraduría General de la Nación
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Disciplinario
Año
—

SALA DISCIPLINARIA

Bogotá D. C., doce (12) de noviembre de dos mil nueve (2009). Aprobado en Acta de Sala No.37

Radicación No.: 161-4548 (IUS -194079-09) Implicado: Jorge Anaya Hernández Cargo y entidad: Ex Gobernador del Departamento de Sucre Origen: Informe de servidor público

Quejoso: Subdirectora de Procedimientos

Correctivos del Departamento Nacional de Planeación DNP Fecha del informe: 13 de febrero de 2009

Fecha hechos: Por determinar Asunto: Conflicto de competencia entre

Procuradurías Delegadas P.D. PONENTE: Dra. MARGARITA LEONOR CABELLO BLANCO Decide la Sala lo que en derecho corresponda en relación con el conflicto negativo de competencia suscitado entre la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa y la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública, quienes se rehúsan conocer la indagación preliminar remitida por la Procuraduría Regional de Sucre, la cual se sigue en contra del doctor Jorge Anaya Hernández, ex gobernador del departamento de Sucre. ANTECEDENTES PROCESALES Mediante oficio radicado en esta entidad el día 13 de febrero de 2009, la Subdirectora de Procedimientos Correctivos de la Dirección Nacional de Regalías del Departamento Nacional de Planeación (DNP) puso en conocimiento del Procurador General de la Nación, la presunta comisión de conductas con relevancia disciplinaria en la que habrían incurrido servidores públicos del departamento de Sucre. (fls. 3 y 4).

Dicho informe fue remitido a la Procuraduría Regional Sucre, la cual mediante auto proferido el 22 de mayo de 2009, ordenó la apertura de indagación preliminar en contra del doctor Jorge Anaya Hernández, ex gobernador del departamento de Sucre, en los términos del artículo 150 de la Ley 734 de 2002 (fls. 10 y 11), no obstante, el día 25 de junio de la presente anualidad, el despacho instructor remitió, por competencia, la actuación al reparto de las Procuradurías Delegadas para la Vigilancia Administrativa. (fls. 16 y 17). Efectuado el reparto la actuación le correspondió a la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, la que mediante auto expedido el día 25 de agosto de los corrientes, ordenó la remisión del expediente a la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública, por razones de competencia. (fls. 19 y 20). Rad. No.161-4548 El 15 de octubre de 2009, la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública también se declaró incompetente para conocer de la presente actuación y promovió conflicto negativo de competencia para que fuera resuelto por la Sala Disciplinaria, al considerar que la competente para conocer de la presente indagación preliminar es la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. (fls. 21 y 22). ARGUMENTOS DE LAS DELEGADAS La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa aduce que las

irregularidades manifestadas en el informe de la servidora pública del Departamento Nacional de Planeación, de conformidad con lo numeral 4° del inciso 5° del artículo 19 de la Resolución No. 17 de 2000, son de competencia de la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública, pues se relacionan con la administración y utilización de los recursos provenientes de monopolios, regalías y transferencias de la Nación a las entidades territoriales, de rentas de destinación específica y de los fondos cuenta. A su turno, la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública considera que la irregularidad primigenia denunciada es de naturaleza administrativa, dado que se trata del posible incumplimiento de un deber funcional por parte del Gobernador del Departamento de Sucre y de un subalterno suyo, que consiste en haber omitido suministrar una información que le fue solicitada por parte de la firma interventora Consultoría Colombiana BDO, y por lo tanto, la competencia radica en la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. CONSIDERACIONES DE LA SALA DISCIPLINARIA La Sala Disciplinaria, en virtud de lo señalado en el numeral 5 del artículo 22 del Decreto ley 262 de 20001, es competente para decidir lo que en derecho corresponda en aras de desatar el conflicto negativo de competencia suscitado entre la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa y la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública. Dispone el artículo 82 de la Ley 734 de 2002 lo siguiente:

“Conflicto de competencia. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia. Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes. 1 Dirimir los conflictos de competencia que en materia disciplinaria se susciten entre procuradores delegados. 2 Rad. No.161-4548 El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente”. Observa la Sala en el asunto bajo análisis, que mientras la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa considera que la competente para conocer de la presente actuación es la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública, pues la conducta denunciada se relaciona con la administración y utilización de los recursos provenientes de monopolios, regalías y transferencias de la Nación a las entidades territoriales, de rentas de destinación específica y de los fondos cuenta (numeral 4° del inciso 5° del artículo 19 de la Resolución No. 17 de 2000), ésta considera que la competente es de aquella porque la irregularidad primigenia denunciada es de naturaleza administrativa: haber omitido suministrar una información solicitada por la interventoría.

La Sala Disciplinaria lo expresó en pretérita ocasión, y ahora lo reitera, que para resolver el problema jurídico que se plantea en un conflicto de competencia es necesario remitirse al auto de cargos para tener la certidumbre de la falta disciplinaria imputada, y con ese elemento determinar quien es el competente para adelantar la actuación, y cuando éste aún no se ha proferido, se hace imperioso establecer los elementos de juicio contenidos en la queja, en el informe o en el hallazgo disciplinario que busca provocar el inicio de la acción disciplinaria, y a partir de ahí concretar el núcleo esencial de la irregularidad puesta en conocimiento del operador disciplinario. Así, se desprende del hallazgo disciplinario que el Gobernador del Departamento de Sucre no allegó la información solicitada por la firma de Interventoría Administrativa y Financiera “Consultoría Colombiana BDO” (contratada para el cumplimiento de la función de vigilancia y control de la correcta utilización y administración de los recursos de regalías y compensaciones del Departamento de Sucre, en la vigencia 2005 sobre los ingresos y egresos de las cuentas a través de las cuales se manejan los recursos de las regalías. Dispone el artículo 24 del Decreto 416 de 2007 que “(…) Las entidades beneficiarias o ejecutoras, o los terceros que estos contraten para la ejecución de proyectos financiados o cofinanciados con recursos de que trata el presente artículo, deberán suministrar a las Interventorías Administrativas y Financieras la información que estas requieran para el debido cumplimiento del objeto contractual, con la periodicidad que estas indiquen (…)”. (Subrayado fuera del texto original).

Así las cosas, le asiste razón a la Delegada para Economía y la Hacienda Pública al afirmar que la competencia para conocer la presente actuación corresponde a la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, porque si bien el inciso 5º del artículo 19 de la Resolución No. 17 del 2000 establece que es aquella Delegada quien debe investigar las conductas relacionadas con la hacienda pública, planes de desarrollo y todas las demás formas de intervención del Estado en la economía, no es menos cierto que la irregularidad primigenia denunciada no hace referencia a ninguno de estos conceptos, sino que se centra en el incumplimiento de una obligación administrativa exigible, presuntamente, al Gobernador del Departamento de Sucre. 3 Rad. No.161-4548 No sobra advertirles a las Delegadas que la Sala dirime el presente conflicto negativo de competencia, teniendo en cuenta los elementos de juicio expuestos en el informe allegado a esta entidad, acorde con el marco de competencia fijadas en el Decreto ley 262 de 2000 y en la Resolución No. 17 de esa misma anualidad. En mérito de lo expuesto, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio de sus facultades legales, RESUELVE PRIMERO: DIRIMIR el presente conflicto negativo de competencia suscitado entre la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa y la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública, en el sentido de ATRIBUIR su conocimiento a la primera de ellas. En consecuencia, se ordena REMITIR el

expediente a la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa para que prosiga el trámite respectivo, de conformidad con lo expuesto en precedencia.

SEGUNDO: INFORMAR, por la Secretaría de la Sala Disciplinaria, esta decisión a la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública.

TERCERO: COMUNICAR por la Secretaría de la Sala la presente decisión a la Oficina de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación, para lo de su cargo y REGISTRAR las constancias de rigor.

CUARTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

RAFAEL EUGENIO QUINTERO MILANÉS

Procurador Primero Delegado Presidente

MARGARITA LEONOR CABELLO BLANCO

Procuradora Segunda Delegada

Proyectó: Saúl Martínez Salas Exp. No. 161-4548 (IUS -194079-09)

4

Consultar sobre este documento ...