PGN - Documento 201603161655552

Dependencia: Procuraduría Primera Delegada Vigilancia Administrativa

Radicado: 085-11836-06

Disciplinados: MARÍA XIMENA CEBALLOS FAJARDO y GLORIA STELLA BETANCOURT SOLARTE Cargo y Entidad: Tesorera y Secretaria de la Tesorería General del

Departamento de Nariño Quejoso: Oficio Fecha de la Queja: 13 de diciembre de 2005

Fecha de los Hechos: julio de 2004

Asunto: Apelación fallo de primera instancia.

Bogotá, D.C., 06 de diciembre de 2007 Se encuentra al Despacho el radicado 085-11836-06 para decidir en Segunda Instancia el recurso de apelación interpuesto contra el fallo proferido por la Procuraduría Regional de Nariño, el 27 de septiembre de 2007, mediante la cual se sancionó a la señora GLORIA STELLA BETANCOURT SOLARTE, en su condición de Secretaria Código 540, Grado 03 de la Gobernación de Nariño, con destitución en el ejercicio del cargo e inhabilidad general para el ejercicio de cargos y funciones públicas por el término de doce (12) años; y a la señora MARÍA XIMENA CEBALLOS FAJARDO, en su calidad de Tesorera General del Departamento de Nariño, Nivel Ejecutivo 201, Grado 02, con suspensión por el término de seis (6) meses (fls. 495 a 518). CARGOS Por auto de 11 de abril de 2007, la Procuraduría Regional de Nariño, le formuló cargos a las señoras GLORIA STELLA BETANCOURT SOLARTE y MARÍA

XIMENA CEBALLOS FAJARDO, en los siguientes términos: (fl. 260). “GLORIA STELLA BETANCOURT SOLARTE, en su calidad de Secretaria código 540 grado 03 Planta Globalizada de la Gobernación de Nariño adscrita a la Tesorería del Departamento (para la época de los hechos) por cuanto al parecer incrementó injustificadamente su patrimonio directa y en su favor, en cuantía de Cuarenta y Ocho Millones Cuatrocientos Sesenta y Dos Mil Quinientos pesos ($48’462.500) y el patrimonio de un tercero, en este caso del señor ANGEL LENIN MORENO SOLARTE, en cuantía similar a la anterior, al elaborar y girar a su nombre cheques contra la cuenta corriente No. 630-0072-7 de Bancafé, títulos que una vez cobrados eran repartidos entre la implicada y el tercero en cuotas iguales (según el documento de Confesión de la implicada). Los cheques, valores y fechas son los siguientes: Cheque valor fecha E9171523 22.825.000 Abril 29 de 2004 E91171598 38.200.000 Julio 30 de 2004 G 2025932 35.900.000 Noviembre 26 de 2004” “MARÍA XIMENA CEBALLOS FAJARDO, en su calidad de Tesorera General del Departamento, nivel ejecutivo código 201 grado 02, por cuanto omitió revisar minuciosamente los soportes de pago de las cuentas elaboradas a nombre de Servicio Occidental de Salud S.O.S. que generaron la ordenación de recursos públicos girados a través de los cheques E9171523 por valor de $22.825.000

fechado abril 29 de 2004 de Bancafé, E9171598 por valor de $38.200.000 fechado julio 30 de 2004 de Bancafé y G2025932 por valor de $35.900.000 fechado noviembre 26 de 2004 girados contra la cuenta corriente 630-0027-7 de Bancafé. Con esta omisión probablemente dio lugar a que se perdieran para el erario público la suma de Noventa y Seis Millones Novecientos Veinticinco Mil pesos (96.925.000)”. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA La Procuraduría Regional de Nariño, a través de la Resolución del 27 de septiembre de 2007, profirió fallo de primera instancia en contra de la señora 2 GLORIA STELLA BETANCOURT SOLARTE, quien fue sancionada con destitución en el ejercicio del cargo e inhabilidad general para el ejercicio de cargos y funciones públicas por el término de doce (12) años, y en contra de la señora MARÍA XIMENA CEBALLOS FAJARDO, quien fue sancionada con suspensión por el término de seis (6) meses (fls. 495 a 518). En cuanto a la calificación de la falta de la señora GLORIA STELLA BETANCOURT SOLARTE, el A-quo sostuvo que ante las evidencias aportadas al disciplinario, tanto por vía testimonial y específicamente de las declaraciones de las señoras ÁNGELATRUJILLO y MÓNICA ALEXANDRA CERÓN, se conoció que “la investigada utilizó una gran cantidad de artimañas para lograr su cometido, iniciando porque los cheques emitidos por el pago de acreencias

coincidía en los valores y los beneficiarios estaban registrados en el sistema, de tal manera que a primera vista el trámite era correcto; esta testigo señala que era “difícil detectar ese hurto porque se alteraba la información pues una era la presentada a la tesorera y otra la quedaba en el archivo definitivo de la tesorería y en el registro del sistema financiero porque de primera mano la cuenta con sus soportes coincidían en el valor del cheque, el valor del comprobantes y el beneficiario, así era muy difícil detectar” como por vía documental (copias de cheques y comprobantes de egreso aportados en la instrucción) y en especial, por la confesión del ilícito que hiciera la investigada ante la Fiscalía General de la Nación es del caso sostener la calificación hecha en el auto de cargos como Gravísima” (fl. 513). Respecto de la señora MARÍA XIMENA CEBALLOS FAJARDO, se indicó que el cargo de Tesorera General del Departamento de Nariño, se caracteriza por la confianza y el manejo. La confianza en tanto que el nominador deposita en este funcionario la certeza de que los haberes del departamento serán cuidados con la diligencia debida, y el manejo, en tanto que por el propio giro de sus actividades requiere que administre los caudales del erario público con la pulcritud y honradez inmanentes para estos cargos. 3 Sobre el manejo, se dijo que la Corte Constitucional al revisar la exequibilidad de la Ley 31 de 1992, sostuvo que la calidad de confianza de los trabajadores es de naturaleza objetiva, pues se origina en la prestación de servicios que

suponen un alto grado de vinculación del empleado con los intereses del patrono, como es lo natural en los cargos de dirección, de manejo o en ciertas asesorías. En estas condiciones esta demostrado que el desempeño de la señora CEBALLOS FAJARDO, no fue fiel a los elementos puntuales de su desempeño, esto es, no fue confiable ni dio el adecuado cuidado en el manejo de los dineros del departamento. “El resultado de esta omisión es no manejar ni cuidar con la debida diligencia tanto los depósitos como las cuentas bancarias del departamento; es claro que al percatarse de esta omisión en el ejercicio de funciones la investigada Betancourt Solarte se aprovecho en beneficio propio de esa falta de cuidado y negligencia de Ceballos Fajardo, para apropiarse de los dineros del erario público” (fl. 514), por lo que la falta se mantiene como grave. Con relación a la culpabilidad, el fallador de primera instancia afirmó que en el caso de la señora GLORIA STELLA BETANCOURT SOLARTE, en la diligencia de indagatoria se le imputó la comisión del delito de peculado por apropiación, a lo que respondió que se consideraba culpable y manifestó su deseo de someterse a sentencia anticipada, circunstancia por la que se calificó la culpabilidad como dolosa, la que se reafirma a partir de la prueba testimonial, en especial de las declaraciones de las señoras ÁNGELA TRUJILLO y MÓNICA CERÓN. Por eso de todas las pruebas analizadas en su integridad permite aseverar que la conducta desplegada por la investigada estaba orientada al apropiamiento de bienes del erario público, es decir, que sabía de la ilicitud de

su comportamiento y sin embargo se determinó a ello, concretándose en la apropiación de $96.925.000. Para el evento de la señora MARÍA XIMENA CEBALLOS FAJARDO, la calificación se mantiene como culposa, ya que las pruebas conducen a 4 desechar cualquier participación activa en la defraudación al erario público por parte de la señora BETANCOURT SOLARTE, pero no a demostrar el debido cuidado de los dineros del departamento, al punto de no haber comprobado cómo fue que ejerció los controles del caso o los arqueos pertinentes para evitar la situación que conllevó a la defraudación. RECURSO DE APELACIÓN Dentro del término legal, la señora MARÍA XIMENA CEBALLOS FAJARDO, a través de apoderado interpuso recurso de apelación contra la decisión adoptada por la Procuraduría Regional de Nariño, y en el mismo escrito, solicitó nulidad del proceso disciplinario aduciendo como causal, la vulneración al derecho de defensa, argumentando, en primer lugar, que el artículo170 de la Ley 734 de 2002, establece que el fallo disciplinario debe ser motivado y contener, entre otros, el análisis y valoración jurídica de los cargos, de los descargos, y de las alegaciones presentadas, y en este caso, solo se hizo un resumen de los descargos, pero sin dar respuesta puntual a todas y cada una de las observaciones realizadas, correspondiendo lo plasmado a un criterio caprichoso, arbitrario y carente de soporte probatorio. En segundo lugar, porque en el pliego de cargos y posteriormente en el fallo no

se indicó en qué consistió la omisión de la investigada, ni se especificaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que aconteció la conducta atribuida, pues no se ha dicho por parte de la Procuraduría Regional, por qué los controles fueron insuficientes, ni se demostró que no fueran realizados, o cuáles eran esos controles, en que consistían o por qué no se aplicaron. Con relación a los argumentos del recurso de apelación, se sostuvo, de manera reiterada, que de conformidad con las pruebas, el proceso de la Tesorería era avalado por la Secretaria de Hacienda y la Oficina de Control Interno Disciplinario, consistente en la revisión de la cuenta física con sus soportes, así como las conciliaciones bancarias y cruce de las dependencias de contabilidad, 5 de presupuesto y de tesorería, además de existir un contrato de asesoría externa para la presentación de informes ante los organismos de control. La maniobra fraudulenta de la señora GLORIA BETANCOURT, fue tal, que pese a dichos controles, se defraudó el erario público, pues falsificó los documentos soportes presentados a Tesorería con el fin de que coincidieran con la autorización de pago – comprobante de pago, y luego de generado con destino al Servicios Occidental de Salud, desaparecer los soportes, ubicando los reales de la Tesorera, y haciendo aparecer en el sistema el egreso que coincidía con la colilla de la chequera a efectos de las conciliaciones bancarias. Por esta situación no fue posible por ninguna de las dependencias intervinientes en el proceso de pago, darse cuenta de la defraudación, como tampoco la asesoría externa con la Corporación Macizo Colombiano, siendo detectada solo como

producto de un proceso rígido de auditoría con el cruce entre presupuesto, contabilidad y tesorería, aunado a la confesión de la señora GLORIA

BETANCOURT.

La Corporación Macizo Colombiano fue contratada para asesorar a la Secretaría de Hacienda y a la Tesorería en la elaboración, presentación y revisión previa de las cuentas e informes en materia financiera y presupuestal que se envían a los entes de control, pero tampoco se dio cuenta de la defraudación. Fue desatinada la visión de la Procuraduría Regional de Nariño frente al conjunto de normas citadas como violadas, puesto que las normas constitucionales y la Ley 489 de 1998 son generales y el numeral 3º del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 no es aplicable al no estar acreditada que la cuantía sea superior a los 500 salarios mínimos legales vigentes. Además de esto no se edificó el concepto de culpa gravísima, y se consideró que por haberse objetivamente llevado a cabo una defraudación, se calificó su comportamiento como culposo, lo que contradice el contenido del artículo 13 del Código Disciplinario Único. 6 Por todo esto, se solicitó que se declarara la nulidad del pliego de cargos, por no haberse determinado las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la supuesta conducta omisiva frente a su cargo de confianza y manejo. En subsidió pidió la absolución de la encartada, por carecía de falta disciplinaria, ya que cumplió con todo el manual de procedimiento de la Tesorería Departamental de Nariño como se demostró probatoriamente (fls. 525 a 535).

Por su parte la señora GLORIA STELLA BETANCOURT SOLARTE, por intermedio de su apoderado también impugnó el fallo de primera instancia, aduciendo que era la Tesorera Departamental quien debía garantizar mediante fianza el desempeño del cargo, y de acuerdo con el manual de funciones, era su obligación la de velar por los recursos públicos del Departamento de Nariño. De esta manera, si la Tesorera Departamental hubiere cumplido cabalmente su deber, la Secretaria BETANCOURT SOLARTE “no hubiera tenido la oportunidad de cometer el hecho que cometió, de allí que pudo hacerlos por falta de vigilancia y control de parte de la señora Tesorera”, y si no existió la vigilancia y control por la funcionaria encargada de ello, la responsabilidad más directa debió haber recaído en contra de la Tesorera. Agregó que la sanción impuesta está constituida básicamente en la auto incriminación, la cual está prohibida en el ordenamiento jurídico y relacionada en los artículos 33 de la Constitución Política y 71 de la Ley 734 de 2002. De la revisión del pliego de cargos, se aprecia que a las dos encartadas se les atribuyó la violación de las mismas normas, por lo que deben tener igualmente, el mismo tratamiento sancionatorio, ya que de lo contrario se vulneraría el derecho de igualdad, como aconteció. Por eso, ante la aplicación del principio de la reformatio in pejus, a la señora MARÍA XIMENA CEBALLOS no se le puede modificar la sanción impuesta, 7 entonces, para que no haya violación al principio de igualdad, la sanción impuesta a la señora BETANCOURT SOLARTE, debe ser modificada y

disminuida a los seis meses de suspensión que se le impuso a la otra disciplinada (fls. 536 a 539). CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA Previamente a resolver las impugnaciones formuladas contra el fallo de primera instancia proferido por la Procuraduría Regional de Nariño, es indispensable entrar a decidir sobre la nulidad impetrada por el apoderado de la señora

MARÍA XIMENA CEBALLOS FAJARDO.

Como causal de nulidad del proceso disciplinario se señaló el numeral 2º del artículo 143 del C.D.U., que en su tenor dice: “Causales de nulidad. Son causales de nulidad las siguientes:

2. La violación del derecho de defensa del investigado”.

En el caso sub-examine, de lo expuesto por el apelante, son dos (2) las situaciones que se plantean como causales de nulidad, motivo por el cual deben analizarse independientemente, así: En cuanto al primer hecho, es decir, el relacionado con el incumplimiento del artículo170 de la Ley 734 de 2002, al momento de proferirse el fallo disciplinario, puesto que en el mismo únicamente se hizo un resumen de los descargos, pero sin dar respuesta puntual a todas y cada una de las observaciones realizadas, se advierte por esta Delegada, que evidentemente la citada norma establece cual es el contenido del fallo, aclarando que debe ser motivado y contener, entre otros aspectos, el análisis y valoración jurídica de los cargos, de los descargos, y de las alegaciones presentadas. 8 En el caso sub-examine, el fallo de alzada contiene un resumen de los hechos,

una relación de las pruebas, en la que se especifica lo relevante de cada prueba, al igual que un resumen de los descargos, para lo cual el A-quo, en el acápite de “Respuesta a los alegatos”, dio respuesta a los alegatos conforme a las pruebas existentes. Así la cosas, la Procuraduría Regional de Nariño, de manera alguna incumplió con lo dispuesto por el artículo 170 de la Ley 734 de 2002, pues en el cuerpo de la decisión se incluyeron todos los ítems necesarios e indispensables que el legislador consideró que debían ser parte de todo fallo disciplinario. Al respecto, es menester aclarar que el fallo debe revisarse de manera integral y no por partes, pues el hecho de que en un acápite deje de incluirse una de las situaciones planteadas en el artículo en cita, no quiere ello significar que obligatoriamente haga falta, pues dicho elemento puede encontrarse inmerso en otro de los ítems. Amén de esto, si eventualmente el operador disciplinario dejare de incluir en el texto de la providencia alguno de los elementos señalados en el artículo 170 del C.D.U., necesariamente ello no conlleva a que se configure una causal de nulidad, a menos, que sea de tal naturaleza que por sí sola vulnere el debido proceso de manera sustancial o menoscabe el derecho de defensa del investigado. Circunstancia que en el caso materia de análisis no aconteció, pues como se observa, a la señora CEBALLOS FAJARDO, se le dio la oportunidad de controvertir la decisión adoptada por la Procuraduría Regional de Nariño, para lo que interpuso el correspondiente recurso de apelación y en el que esgrimió los

argumentos de hecho y de derecho por los que considera que debe revocarse la decisión del A-quo. Es decir, que ejercitó su derecho de defensa en forma adecuada y como lo prevé la ley, siendo el juzgador de segunda instancia quien debe entrar a estudiar aquel aspecto que pudo dejar de incluirse en la decisión 9 primaria, subsanando el yerro cometido, y adoptando la decisión que en derecho corresponda. Todo esto, indefectiblemente nos lleva a concluir que no se vulneró el derecho de defensa de la señora MARÍA XIMENA CEBALLOS FAJARDO, por lo que no se incurrió en la causal de nulidad descrita en el numeral 2º del artículo 143 del Código Disciplinario Único, debiéndose negar la nulidad del fallo de primera instancia. Respecto del segundo hecho alegado como causal de nulidad, consistente en qué en el pliego de cargos y posteriormente en el fallo no se indicó en que consistió la omisión de la investigada, ni se especificaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que aconteció la conducta atribuida, este Despacho no puede pasar por alto, que el apoderado de la disciplinada, mediante escrito del 26 de abril de 2007, ya había formulado la solicitud de nulidad por esta misma causal, o sea, por vulneración del derecho de defensa, basando su petición en los mismos argumentos (fl. 287). Por ese motivo, la Procuraduría Regional de Nariño, a través del proveído del 9 de mayo del año en curso, resolvió la nulidad no accediendo a la misma. Decisión que en el artículo segundo consagró que de conformidad con el

artículo 103 del C.D.U, procedía el recurso de reposición, el cual no fue interpuesto por la defensa. Por este motivo, y al ser improcedente, no es factible a la segunda instancia pronunciarse al respecto. Por otra parte, en acatamiento del principio de concentración, se procederá a resolver el recurso de apelación interpuesto contra el fallo emitido por la Procuraduría Regional de Nariño, el 27 de septiembre de 2007, mediante la cual se sancionó a las señoras GLORIA STELLA BETANCOURT SOLARTE, en su condición de Secretaria Código 540, Grado 03 de la Gobernación de Nariño, y a MARÍA XIMENA CEBALLOS FAJARDO, en su calidad de Tesorera General del Departamento de Nariño. 10 En cuanto a la conducta de la señora MARÍA XIMENA CEBALLOS FAJARDO, se le endilgó el haber omitido la revisión minuciosa de los soportes de pago de las cuentas elaboradas a nombre de Servicio Occidental de Salud S.O.S. y mediante las cuales se ordenó el pago de los cheques E9171523 del 29 de abril de 2004, por valor de $22.825.000; E9171598 del 30 de julio de 2004, por valor de $38.200.000 y G2025932 del 26 de noviembre de 2004, por valor de $35.900.000, girados contra la cuenta corriente 630-0027-7 de Bancafé, dinero que se perdió. Sea lo primero advertir, que por dicha defraudación al erario público, fue la implicada CEBALLOS, quien a través del oficio del 13 de diciembre de 2005,

presentó la correspondiente denuncia penal en contra de los señores GLORIA BETANCOURT SOLARTE y ÁNGEL LENIN MORENO, donde señaló que el día anterior la Ingeniera de Sistemas de la Gobernación de Nariño, PATRICIA MARTÍNEZ, le entregó un documento donde se relacionaron las inconsistencias de la información que se reportó a la Contraloría y que derivaron el estudio posterior de la auditoria que se realizó al Departamento (fl. 2). También se informó en dicho documento, que en horas de la tarde del día 12 de diciembre de 2005, la Jefe de la Oficina Jurídica, ADRIANA BRAVO y la denunciante, se encontraron con la señora BETANCOURT SOLARTE, quien aceptó que había el hurto entre pagos efectuados durante el año 2004, que sumaban aproximadamente $100.000.00, y que lo había hecho en compañía del señor LENIN MORENO, en su condición de pensionado del Departamento. Sobre el procedimiento utilizado para la defraudación, la señora BETANCOURT SOLARTE, sostuvo que firmaba los cheques y presentaba soportes falsos, la orden de pago y el comprobante de egreso. Por eso aclara la Tesorera MARÍA XIMENA CEBALLOS, que lo anterior hacía difícil corroborar la falsead, puesto que ella no firmaba ningún cheque sin su debido soporte, por lo que entiende que el egreso se elaboraba a nombre de un tercero falso –LENIN MORENO-, y 11 para borrar la evidencia, cambiaba el nombre del beneficiario, reemplazándola con el servicio Occidental de Salud S.O.S., por ese motivo el soporte no está acompañado con su firma, como se puede verificar en los soportes originales

que reposan en el archivo de la Tesorería, por lo tanto, al momento de elaborar la conciliación bancaria cruzada con cualquier otro pago, pues la señora BETANCOURT SOLARTE, entre sus funciones tenía la potestad de modificar en el sistema la información del tercero, para que no quedaran saldos en rojo, usando para la información contable a un beneficiario de la EPS, con el fin de que no se detectaran las diferencias de saldos (fls. 3 y 4). Información esta que coincide plenamente con la manifestación que posteriormente hizo en la versión libre efectuada el día 23 de mayo de 2006, y en la que además agregó, que su función al momento de la firma de los cheques relacionados con las nóminas de pensionados era la de constatar el cruce de información del resumen de la Oficina de Talento Humano contra la orden de pago de contabilidad y el comprobante de egresos de tesorería, y una vez revisados esos tres documentos y verificando que en ellos coincidía la información procedía a firmar los cheques y traslados de fondos. Un segundo control que se hacía en tesorería eran las conciliaciones bancarias donde no se pudo establecer ninguna diferencia, porque en el sistema se registraba la salida del dinero y en el banco aparecían cobrados los cheques. Un tercer control consistía en un contrato cuyo objeto era: “asesorar a la Secretaría de Hacienda Departamental y Tesorería en la elaboración, presentación y revisión previa de las cuentas e informes que en materia financiera y presupuestal deban presentarse a los diferentes organismos de control”, sin que el contratista tampoco se percatara de la diferencia, además, que los comprobantes de egreso adulterado no fueron firmados por la Tesorera, como se aprecia a folio

29 (fl. 166). De la declaración de la señora EDNA PATRICIA MARTÍNEZ SOLARTE, Profesional Universitaria de la Oficina de Sistemas de la Gobernación de Nariño, se estableció, que debido a los hallazgos de la Contraloría General de Nariño 12 sobre la rendición de cuentas del año 2004, le solicitaron la revisión de las inconsistencia allí mencionadas, por lo que debió revisar rubro por rubro, encontrando diferencias, por lo que mediante oficio del 9 de diciembre de 2005, le entregó la información detallada a la Tesorera (fls. 139 y 140). En el citado oficio del 9 de diciembre de 2005, en el literal c. relacionado con el ítem de Pensiones y Jubilación Magisterio, se indicó que: Existen inconsistencias entre los valores contables y presupuestales correspondientes a las nóminas de Pensionados del Magisterio en los meses de Abril, Julio y Septiembre de 2004, se solicita a Tesorería revisar la información y dar respuesta a este requerimiento” (fls. 146 a 148). Las señoras ANGELA MERCEDES TRUJILLO DELGADO, Secretaria de Hacienda del Departamento de Nariño y ADRIANA INES BRAVO URBANO, Jefe de la Oficina Jurídica de la Gobernación, corroboraron plenamente la versión presentada por la encartada, y esta última además señaló, que al preguntársele a la señora GLORIA BETANCOURT, cómo hacía para soportar los cheque, ella contestó, que todos los soportes eran falsos y así lograba

engañar a la Tesorera y que le pasaba los cheques cuando habían muchas cuentas por pagar. Respecto del procedimiento para el pago de las cuentas, la señora BRAVO URBANO, aseveró, que el pago viene ordenado desde la Oficina de Talento Humano al ser pagos que afectan la nómina de pensionados y Personal es quien solicita la disponibilidad presupuestal a la Oficina de Presupuesto luego llega a Tesorería para el pago. Sobre una revisión previa del pago, sostuvo que esto se hace en Personal, “(…) ello remiten la cuenta con los soportes, pasaban a Gloria para la elaboración del cheque y pasaba a la tesorera para el pago quien revisaba que los cheque coincidan con la obligación a cancelar. Al parecer Gloria inventaba y elaboraba toda una cuenta para pago según ella lo dijo con todos los soportes falsos y cuando salía el cheque ella ocultaba los soportes” (fl. 155). 13 A su vez la señora MÓNICA ALEXANDRA CERÓN ORTEGA, Técnico del Despacho del Gobernador, afirmó que en el banco les informaron que los cheques habían sido girados a nombre del señor ANGEL LENIN MORENO, lo que demostraba que se había hecho todo un trámite de pago y registros en el sistema contable de la Gobernación a favor de una EPS, pero los cheques salían a nombre de un particular, siendo la señora BETANCOURT SOLARTE, la que efectuaba todo el trámite que quedaba en el archivo a nombre de una entidad que no levantara sospecha, para lo cual elaboraba dos registros ya que los comprobantes que reposan en el archivo no se encuentra firmados por la

Tesorera, y como en las conciliaciones aparecía un valor cobrado y el mismo valor registrado como salida en el libro contable, no se apreciaba ninguna diferencia (fl. 157). Al cuestionársele sobre la posibilidad de establecer las inconsistencias con la sola revisión de los documentos soportes de las cuentas, fue enfática en afirmar que: “Si era difícil detectar ese hurto porque desde mi punto de vista alteraba la información, pues una era la que presentaba a la tesorera y otra era la que dejaba en el archivo definitivo de la tesorería y en el registro del sistema financiero: Porque de primera mano la cuenta con sus soportes coincidían en el valor del cheque, el valor del comprobante y el beneficiario, así era muy difícil detectar” (fl. 158). Por su parte, la señora GLORIA STELLA BETANCOURT SOLARTE, a través del escrito del día 13 de diciembre de 2005, remitido a la Fiscalía Delegada ante Jueces Penales del Circuito, Unidad de Administración Pública, cuya referencia fue “Confesión”, señaló que se desempeñó como Secretaria de la Tesorería Departamental de Nariño, y que entre sus funciones estaba la del manejo de nómina de Pensionados del Magisterio de Nariño; elaboración de los egresos de la nómina de pensionados con el fin de realizar los pagos por parte de la Tesorería, una vez elaborada la nómina por parte de Talento Humano. Por medio magnético se le ordena al banco que gire los dineros a las cuentas de los 14 pensionados y el banco paga de manera directa. También dijo tener como función la de elaborar los cheque para pago de salud y a terceros autorizados

por los pensionados, así como la presentación de las órdenes de pago con lo egresos y los respectivos cheques a la Tesorera, quien previa verificación de la información procede a firmar los cheques (fl. 171). Agregó, respecto de los cheques objeto de la investigación, que se los presentó para la firma a la Tesorera, con soportes no destinados a dicha cuenta, sino expresamente elaborados con destino a salud (fl. 171). En la indagatoria rendida por la señora BETANCOURT SOLARTE, ante el Fiscal Dieciséis Seccional de Pasto, manifestó que la conducta la realizaba con el señor ÁNGEL LENIN MORENO y que: “La forma como lo hicimos era que como a él se le giraban cheques por las libranzas yo empecé a girar cheques a su nombre por un mayor valor (…) La forma para sacar esos cheques, era que en el sistema aparecía su nombre o el de su local CREDITOS CRISTIAN y/o ANGEL LENIN MORENO entonces después de que firmaban los cheques, yo se los entregaba a él (…)”. Luego dijo: “Como en el sistema aparecía él, yo llamaba al sistema con su nombre, y realizaba el comprobante de egreso, y luego con el soporte de la nómina pasaba a la Tesorería para que se firme el cheque, la Tesorera lo firmaba y después yo se lo entregaba a él, después reportaba el pago a una EPS, en este caso SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD” (fl. 175). Así las cosas, se tiene que es evidente en el caso examinado, que en la defraudación al erario público solamente participaron de manera activa los

señores GLORIA BETANCOURT SOLARTE y ÁNGEL LENIN MORENO, pero lo que es más diciente, es que la forma en que se efectuó el desfalco de dinero de la nómina de Pensionados del Magisterio de Nariño, fue tan bien elaborada, que era poco probable que a simple vista se lograra detectar. Sobre este aspecto, cada una de las declaraciones arrimadas al proceso dan cuenta de la minuciosidad con que obró la señora BETANCOURT SOLARTE, 15 para poder obtener la firma de los cheques E9171523 del 29 de abril de 2004, por valor de $22.825.000; E9171598 del 30 de julio de 2004, por valor de $38.200.000 y G2025932 del 26 de noviembre de 2004, por valor de $35.900.000, girados contra la cuenta corriente 630-0027-7 de Bancafé, por parte de la Tesorera Departamental, MARÍA XIMENA CEBALLOS. Entonces, aquí no se trató, de que por falta de una revisión adecuada por parte de la Tesorera Departamental de Nariño, fue que se pudo llevar a cabo el peculado, sino lo que debe tenerse en cuenta, fue el cuidado y destreza que tuvo la señora GLORIA BETANCOURT, en la elaboración de todos los documentos requeridos para llevar a buen término su cometido, ello es, el envió de la información con descuentos a la Oficina de Talento Humano para que allí realizaran la nómina de Pensionados del