PGN - Documento 201603161656020

Dependencia: Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia

Administrativa

Radicación No: 061-1030-05

Disciplinado: JUDY AMANDA WILSON

Cargo y Entidad: Defensora de Familia ICBF Regional San Andrés Quejoso: Yamilet Rodríguez Guzmán Fecha queja: 12 de octubre de 2005

Fecha Hechos: 11 de octubre de 2005

Actuación: Fallo Segunda Instancia (Artículo 171 Ley 734 de 2002)

Bogotá, D.C. Agosto 23 de 2007

AUTO POR EL CUAL SE PROFIERE FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

DENTRO DEL EXPEDIENTE 061-1030-05

Conforme a lo dispuesto en el artículo 171 de la ley 734 de 2002, corresponde a este Despacho proferir fallo de segunda instancia, dentro de la investigación disciplinaria adelantada contra la doctora JUDY AMANDA WILSON, en su condición de Defensora de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF Regional San Andrés Centro zonal Los Almendros.

I. ANTECEDENTES Dio origen a la presente investigación las actuaciones remitidas por la Procuraduría Regional de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, relacionadas con la queja interpuesta por la señora YAMILET RODRIGUEZ GUZMAN, el día 12 de octubre de 2005, mediante la cual solicitó que se investigara a la doctora JUDY AMANDA WILSON, Defensora de Familia del Expediente No. 061-1030-2005 1

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CARRERA 5 No. 15 – 80 PISO 8 PBX 352 00 66 EXT 10824 BOGOTA D.C Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Regional San Andrés Centro zonal Los Almendros, ocupando el cargo identificado con el código 3125 Grado 16, por “haber autorizado verbalmente al señor OSCAR VILLAFAÑE RODRIGUEZ, para que se quedara con su hija GERALDINE VILLAFAÑE RODRIGUEZ, la noche del 11 de octubre de 2005. Lo anterior, pese a que la misma tenía conocimiento de que el Juzgado Promiscuo de Familia de esta ciudad ya había decidido sobre la situación de la menor, respecto de la regulación de visitas a través de lo dispuesto por la Providencia del 5 de septiembre de 2005, mediante la cual se determinó, que el padre iría a buscar a la niña al colegio y la llevaría a la casa de la madre a más tardar a las 7:30 de la noche, sin embargo, el día de los hechos, siendo las 9:00 p.m. no la había llevado, por lo tanto, la quejosa fue a la casa del señor y dice que al no dejarla subir, se dirigió a la estación de policía, posteriormente llamaron a la doctora YUDIS WILSON, quien ordenó que la menor se quedara en casa de su padre, incumpliendo así con el fallo del 5 de septiembre de 2005, antes mencionado (fls 1 al 3). Por lo anterior, la Procuraduría Regional de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, decidió ordenar la apertura de investigación disciplinaria a través de auto del 20 de octubre de 2005 (fls 25 al 27), con la finalidad de determinar la

ocurrencia de los hechos, si son constitutivos de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometieron, el perjuicio ocasionado a la administración pública y la responsabilidad disciplinaria de la investigada, en desarrollo de la instrucción se recaudaron pruebas y se escuchó en versión libre a la implicada el 11 de noviembre de 2005 (fls 44 al 49)

II. CARGOS Mediante proveído del 16 de enero de 2006 (folios 88 al 98), la Procuraduría Regional de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, formuló el pliego de cargos contra la doctora JUDY AMANA WILSON, en su condición de Defensora de Familia del ICBF, al cometer posiblemente acto arbitrario excediéndose en el ejercicio de sus funciones, conforme a la queja presentada el 12 de octubre de 2005, por la orden verbal impartida al señor OSCAR VILLAFAÑE RODRIGUEZ, Expediente No. 061-1030-2005 2

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CARRERA 5 No. 15 – 80 PISO 8 PBX 352 00 66 EXT 10824 BOGOTA D.C en cumplimiento de sus deberes y funciones que le correspondían en ejercicio de su profesión y desempeño de su cargo, al padre de la menor quedarse con su hija durante la noche del 11 de octubre de 2005, siendo esto contrario a lo establecido en el Fallo de fecha 5 de septiembre de 2005, mediante la cual se

reguló las visitas “De lunes a viernes, el padre ira a buscar a la niña al colegio y la tendrá con el hasta las 7:00 de la noche. Durante ese tiempo su progenitor dirigirá las tareas, la alimentara y la llevara a casa de su madre. La niña debe estar a mas tardar a las 7:30 p.m.”(…) Se consideraron, como normas presuntamente violadas, las contenidas en los artículos 23 y 34 del numeral de 1 y 24 de la Ley 734 de 2002 , los artículos 277 del Código del Menor y el Manual de funciones del ICBF, resolución No 2244 de 16 de octubre de 2001. La conducta endilgada, se presume, en abuso de la función encomendada, como el hecho de que el servidor público, debe cumplir y hacer que se cumplan los decretos, manuales de funciones y decisiones judiciales, además de no incumplir con cualquier desición judicial, fiscal, administrativa o disciplinaria en razón o con ocasión del cargo o funciones, o de obstaculizar su ejecución. La investigada, en efecto, estaba facultada para aprobar con efecto vinculante “cuando no hubiere proceso judicial en curso”. De conformidad con los parámetros fijados por la Ley 734 de 2002, la presunta actuación de la doctora JUDY AMANA WILSON, en su condición de Defensora de Familia del ICBF, constituye falta disciplinaria y esta conducta, fue calificada como GRAVE al tenor del numeral 34 numerales 1 y 22, y 35numeral 1 y 22 de la Ley 734 de 2002, endilgada por el a quo a título de DOLO, por haberle realizado pese a tener conocimiento del fallo proferido el 5 de septiembre de

2005 por el Juzgado Promiscuo de Familia, donde se habían regulado las visitas de la menor. Mediante auto del 1 de marzo de 2006, se resolvió la petición efectuada por el apoderado de la disciplinada, doctor ANDRES BRAND McNISH, en la cual solicitaba la nulidad a partir de la notificación del auto de apertura de investigación disciplinaria que obra a folio 29, argumentando que no se hizo citación de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 107 del CDU para comparecer al Ministerio Público, y por disponer que un funcionario se Expediente No. 061-1030-2005 3 Fallo Segunda Instancia

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CARRERA 5 No. 15 – 80 PISO 8 PBX 352 00 66 EXT 10824 BOGOTA D.C desplazara a su sitio de trabajo para notificarla personalmente afirmando que se generaba por ello, una irregularidad que afectaba el debido proceso y que conllevaba a entenderse por no hecha la notificación; el despacho consideró, que no se generó tal nulidad, teniendo en cuenta que la providencia si se notificó de forma personal, además, que la posible nulidad debía ser acreditada por la defensa, de tal forma que demostraba la repercusión en el sumario, y la necesitaba de retrotraer la actuación porque, efectivamente, se desconocieron las garantías mínimas.

III. DECISIÓN DE INSTANCIA Mediante Auto del 19 de junio de 2007 (fls. 301 al 363), la Procuraduría

Regional de San Andrés, decidió la primera instancia, en el sentido de encontrar a la doctora JUDY AMANDA WILSON, Defensor de familia Código 3125 Grado 16, para la época de los hechos, responsable de los cargos endilgados, imponiendo como sanción la SUSPENSIÓN en el ejercicio del cargo, por el termino de tres (3) meses y la inhabilidad especial para el ejercicio de funciones públicas , por el termino de tres (3) meses, de conformidad con lo expresado en el numeral PRIMERO de la parte resolutiva de dicha providencia.

IV. CONSIDERACIONES DE LA REGIONAL DE NARIÑO Lo esencial de este investigativo para establecer la responsabilidad disciplinaria de la implicada, obedece a precisar las siguientes situaciones:

1. Para el caso de la señora JUDY AMANDA WILSON, Defensor de familia Código 3125 Grado 16, para la época de los hechos, se adelantó investigación disciplinaria, con fundamento en la queja presentada por la señora YAMILET RODRIGUEZ GUZMAN, por los hechos ocurridos la noche del 11 de octubre de 2005, toda vez que, en su calidad de funcionaria publica adscrita a la Regional de San Andrés del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, autorizó verbalmente, al señor OSACAR VILLAFANE ALZATE, para que se quedara con su hija GERARDINE VILLAFANE ALZATE, a pesar de que la regulación de Expediente No. 061-1030-2005 4

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CARRERA 5 No. 15 – 80 PISO 8 PBX 352 00 66 EXT 10824 BOGOTA D.C visitas de la menor ya había sido regulada por el Fallo del 5 de septiembre de 005, mediante el cual se estableció que el padre llevaría a su hija a la casa de la madre a mas tardar a las 730 p.m.

2. La disciplinada, en consecuencia, habría incurrido en la comisión de un acto arbitrario, excediéndose en ejercicio de sus funciones e incurrir en el incumplimiento de sus deberes y funciones correspondientes, en el ejercicio del cargo, al ocurrir la situación planteada en el párrafo anterior.

3. Respecto de los cargos formulados, se menciona que cumple con los requisitos sustanciales que deben contener los mismos, para ser válidos y legales, además de contener las formulaciones por las acusaciones por incurrir en conductas que vulneran normas sustanciales de carácter disciplinario.

4. Se hace un extenso resumen de los descargos argumentados por la defensa de la disciplinada, en los cuales se argumenta, que se realizó una interpretación exagerada de los hechos y que se omitió lo establecido por el principio de la investigación integral consagrada en la ley disciplinaria, por considerar que el ad quo tuvo por finalidad responsabilizar a su representada. Así mismo, que no se le ordenó al señor Villafane quedarse con su hija esa noche, y que la investigada no conocía el contenido de la sentencia del 5 de septiembre de 2005 proferida por el Juzgado Promiscuo de Familia, entre otras consideraciones.

5. Sobre el errado análisis y valoración de la pruebas hechas por la regional,

los argumentos de la defensa no tienen respaldo legal ni probatorio, teniendo en cuenta que la queja presentada desvirtúa y encuentra fundamento en la misma versión libre rendida por la disciplinada, obrante a folios 44 al 49 y las declaraciones de los señores OSCAR VILLAVANE, MARLENE SALGADO y

DIANA LOPEZ.

6. Se menciona, que la solicitud de nulidad planteada por la defensa, ya fue objeto de estudio y decidida mediante auto del 1 de marzo de 2006 obrante a folios 126 al 129, interponiendo, a su vez, recurso de reposición, el que fue resuelto por decisión del 19 de mayo de 2006 9folios 167 al 169.

7. Sobre la ilicitud sustancial, se traen apartes doctrinarios sobre el tema, algunos de ellos afirman que: “(…) La administración publica se materializa con el ejercicio de una función para el cumplimiento de los fines del Estado, es por tanto que el incumplimiento de ese deber funcional determina la antijuricidad de Expediente No. 061-1030-2005 5

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CARRERA 5 No. 15 – 80 PISO 8 PBX 352 00 66 EXT 10824 BOGOTA D.C las conductas consideradas como tipo disciplinario por la ley disciplinaria y atenta con el buen funcionamiento del estado (...)”1 “(…) hay ilicitud sustancial cuando el servidor publico se aparta del cumplimiento de aquellas obligaciones que devienen de la función que se cumple, significa entonces, que constituye falta disciplinaria la realización de

aquella conducta que infrinja el deber funcional de manera sustancial. (…)”2.

8. Se resumen los alegatos de conclusión, presentados por la defensa, en que los cargos de la disciplinada se desvirtuaron con la declaración rendida por la Dra. Wilson el 5 de junio de 2006, por ratificar 11 de noviembre del 2005, diciendo que por su facultad de funcionaria pública estaba facultada para atender casos relacionados con menores cuando lo requiera, que ella no se extralimitó en el ejercicio de sus funciones por hacer parte de sus funciones según el código del menor; afirma además, que la quejosa había incurrido en desacato del mencionado fallo judicial, pues al parecer, afirma la defensa, que la niña convivía con su padre desde semana santa, tiempo completo. Además, que tanto el juez como la defensora de la familia Amarilis Aguirre, tenían conocimiento del incumplimiento por parte de la quejosa, porque las relaciones entre los padres habían mejorado.

9. Respecto de la calificación de la falta considero el ad quo, que la disciplinada, al autorizar al padre de la menor a sabiendas de que el juzgado había regulado la situación de las visitas, permite deducir que es dolosa porque los elementos de prueba llevan a concluirlo, ya que su intención no fue proteger los derechos fundamentales, ni respetar intereses superiores de la menor, ni para apartarla del maltrato físico y psicológico, pues dos horas antes de que ocurrieran los hechos se habría entrevistado con el padre de la niña y le habría autorizado para que se quedara con ella, por ende, habría una concertación previa.

10. La falta imputada es la considerada por el legislador como grave según el articulo 50 del CDU, pues el tipo disciplinario en que se incurrió se fundamenta en el articulo 35 del numeral 24, que establece: “a todo servidor publico le esta prohibido: incumplir cualquier decisión judicial, fiscal, administrativa, o disciplinaria en razón o con ocasión del cargo o funciones, u obstaculizar su ejecución”, sobre los criterios de graduación de la pena se observo el articulo 43 1 Folio 336 Doctrina.

2 Doctrina Dr Esiquio Manuel Sánchez Herrera Folio 338. Expediente No. 061-1030-2005 6 Fallo Segunda Instancia

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CARRERA 5 No. 15 – 80 PISO 8 PBX 352 00 66 EXT 10824 BOGOTA D.C del CDU numerales 4 y 5 especialmente, inobservancia del Art. 35 num. 24 y Art. 277 decreto 2737 de 1989 falta grave.

11. El operador jurídico determinó que la disciplinada incurrió en falta disciplinaria grave y dolosa, articulo 44 del CDU numeral 2, que establece que el servidor publico esta sometido a las siguientes sanciones: “(…) suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial para faltas grave dolosas o gravísimas culposas”.

V. APELACION Sintetiza el Despacho el recurso, para lo cual se tiene: En el recurso de alzada (Fls 366 al 376), previa notificación personal a los

implicados del fallo del 19 de junio de 2007 cuestionado, el doctor ANDRES BRAND McNISH, apoderado de la doctora JUDY AMANDA WILSON, expuso una disertación sobre la ausencia de responsabilidad de su defendida, argumentando, en síntesis, que: 1. “(…) Como se puede apreciar, tanto en la denuncia y en los hechos narrados bajo juramento por la quejosa, así como en el auto de apertura de investigación, y en el pliego de cargos, se ha venido afirmando y sosteniendo que la investigada JUDY AMANDA WILSON ordenó, al padre de la menor GERARDINE VILLAFAÑE RODRIGUEZ, de nombre OSCAR VILLAFAÑE ALZARE, quedarse con su hija menor por toda la noche, el 11 de Octubre de 2005, sin embargo, ya en el fallo de instancia, se cambia el vocabulario y se afirma que la investigada autorizó verbalmente al señor OSACAR VILLAFAÑE ALZATE para que se quedara con su niña GERARDINE VILLAAÑE RODRIGUEZ, toda la noche del11 de octubre de 2005. (…)”. “(…) Para efectos legales, los términos ordenar y autorizar no son sinónimos, por lo que existe discrepancia e incongruencia en la narración de los hechos durante la Expediente No. 061-1030-2005 7 Fallo Segunda Instancia

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investigación, la queja, el pliego de cargos y ahora en el fallo de la 1ª instancia que varía sustancialmente el verbo rector de ordenar a autorizar.” 2. (…) es decir, la existencia del(sic) irregularidades sustanciales que violan o afecten el debido proceso, nulidad que debió ser declarada aunque sea de oficio y se espera que el fallador de 2ª instancia cumpla con su función constitucional y legal declarar(…)” “(…) Además de las graves irregularidades que constituyen violación al debido proceso, al omitir valorar y ponderar en el pliego de cargos, los criterios que señala en artículo 43, de la ley 734 para determinar provisionalmente la falta como grave o leve se observa que el despacho desconoció los criterios para la apreciación de las pruebas y desconoció las pruebas en su conjunto que exculpan la responsabilidad de la investigada (…)” 3. “(…) Al hacer el análisis de las pruebas que fundamentan el fallo de 1 instancia, el despacho valoró en forma acomodada e interpretó en forma sesgada las declaraciones de los testigos la versión libre de la investigada, e inclusive valoró en forma errónea y equivocada la declaración mediante certificación jurada rendida por la Juez Promiscuo de FAMILIA DE SAN ANDRES Isla Dra. Marlene Salgado” “(…) Del análisis y valoración de cada uno de los testimonios y de la versión libre y su ampliación de la investigación es razonable llegar a la conclusión de que YUDY AMANDA WILSON no ordenó así como tampoco autorizó al padre de la menor (…)” “(…) Es por lo anterior que la defensa considera que la investigada

recomendó que la menor pasara la noche del 11 de Octubre del 2005 con su padre sin ningún ánimo de simpatía ni animadversión con las partes involucradas, únicamente para salvar un derecho propio o ajeno al cual deba ceder el cumplimiento del deber, en razón de la necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad; y con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria (…)” Expediente No. 061-1030-2005 8 Fallo Segunda Instancia

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VI. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO FRENTE A LOS ASPECTOS

IMPUGNADOS

1. Al respecto, resulta pertinente precisar los conceptos mencionados por la defensa, en el siguiente sentido, autorización “(…) es la licencia o consentimiento que se otorga a una persona, para que realice un acto que de otro modo no podría realizar, otra definición es la facultad para hacer alguna cosa, aprobar o confirmar algo con autoridad, texto o testimonio, además por ser la autoridad una potestad de que esta investida una persona o corporación para dictar leyes, aplicarlas o ejecutarlas o imponerse a los demás por su capacidad o influencia, es la facultad y el derecho de conducir y de hacerse obedecer dentro de ciertos límites preestablecidos3 (…)”. Igualmente, una definición clara y sencilla de la palabra ordenar extractada de la misma fuente,

significa “mandar, dar una orden para que se haga cierta cosa encaminada a dirigir algo” Con lo anterior, este Despacho concluye, que no se comparte el criterio esbozado por la defensa, queriendo mostrar que en la denuncia, en los hechos narrados, en el auto de la apertura de investigación y en el pliego de cargos se afirmó que la investigada ordenó al padre de la menor quedarse con su hija la noche del 11 de octubre de 2005 y que en el fallo de primera instancia se cambió el vocabulario asumiendo que se autorizó verbalmente al padre de la menor y que para efectos legales, los términos ordenar y autorizar no son sinónimos, dice que “existe discrepancia e incongruencia en la narración de los hechos durante el proceso, supuestamente por variar el verbo rector de ordenar a autorizar” (Fl 372 y 371). En ese sentido, que el cambio de vocabulario por parte del ad quo, no tiene relevancia alguna, toda vez que se refiere exactamente a lo mismo y no es coherente su posición, teniendo en cuenta que durante todo el proceso, la disciplinada ha reiterado que, efectivamente, ella impartió la orden o lo que es lo mismo autorizó al señor OSCAR VILLAFAÑE ALZATE para que se quedara con 3 Diccionario Jurídico Colombiano con enfoque en la legislación nacional, autor: Luís Fernando Bohórquez Botero y Jorge Iván Bohórquez Botero. Editora Jurídica Nacional. pagina 103. Expediente No. 061-1030-2005 9 Fallo Segunda Instancia

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CARRERA 5 No. 15 – 80 PISO 8 PBX 352 00 66 EXT 10824 BOGOTA D.C la menor, si bien es cierto, de conformidad con lo establecido en la Resolución 2244 del 16 de octubre de 2001 (Manual de Funciones y requisitos del ICBF), que establece las funciones de su cargo, determinando en el numeral 4, que ella podía aprobar con efecto vinculante cuando no haya proceso judicial en curso, las conciliaciones entre cónyuges, padres y demás familiares, sobre los siguientes asuntos: “Literal E: Regulación de visitas, crianza, educación y protección del menor”, por ende, la facultaba para ello, en principio, no obstante, no tuvo en cuenta que esa disposición se consagra para los casos en que no exista proceso legal sobre los hechos y que, como se ha repetido a lo largo de estas diligencias, el asunto de la regulación de visitas ya había sido decidido mediante el fallo del 11 de octubre de 2005 del cual, como la disciplinada afirmó, supo de esa sentencia la misma noche del 11 de octubre de 2005 a pesar de que los padres no tenían el soporte respectivo en el momento (Folio 46). Extraña que la defensa no manifestara en el recurso impetrado contra la decisión de cargos, ese mismo argumento y hasta ahora trate de atacarlo por simple interpretación de dos palabras, que, en últimas, significan lo mismo, pues su afirmación referente a que para efectos legales las dos palabras no son sinónimos y, por ello, existe discrepancia e incongruencia en la narración de los hechos durante la investigación, la queja, el pliego de cargos y el fallo de

primera instancia no tiene soporte alguno, por ser solo un asunto de criterio personal y de mera interpretación, pues, ya se explicaron los conceptos y quedó claro durante el proceso, que los hechos siempre han sido los mismos, a contrario sensu, se observa del material probatorio y declaraciones rendidas por la disciplinada, que si hubo variación, en cuanto a lo declarado por la disciplinada en principio sobre los hechos y luego los adecuó a su conveniencia.

2. Argumenta el apelante que la Regional incurrió en irregularidades sustanciales en el pliego de cargos, alegando la causal de nulidad consagrada en el numeral 3 del articulo 143; dice, que invocó erróneamente el articulo 50 del CDU, al omitir evaluar los criterios señalados por los artículos 43 y 163 numeral 6 y de los artículos 50 incisos 1 y 2, omisión que constituye, a su juicio, nulidad, por cuanto se omitió tener en cuenta los criterios para determinar provisionalmente la falta, en consecuencia, el apoderado solicita que se decrete la nulidad.

Expediente No. 061-1030-2005 10 Fallo Segunda Instancia

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CARRERA 5 No. 15 – 80 PISO 8 PBX 352 00 66 EXT 10824 BOGOTA D.C Al respecto, para analizar la argumentación de la defensa, el Despacho considera necesario tener claridad en lo siguiente: 2.1. Las causales de nulidad se encuentran determinadas de manera objetiva y expresas en la Ley 734 de 2002, y por la evaluación genérica que hace el

operador disciplinario, al caso en estudio. Las nulidades están precedidas de unos principios consagrados en el C.P.P., aplicables a este procedimiento, como lo expresa el artículo 143 de la Ley 734 de 2002, entre los cuales podemos citar, de acuerdo al texto Lecciones de Derecho Disciplinario, volumen I, del Instituto de estudios del Ministerio Público, el de trascendencia, fundado en que la ley determina la procedencia de la nulidad, siempre que la irregularidad sustancial afecte las garantías de los sujetos procesales, o desconozca las bases fundamentales de la instrucción o el juzgamiento; por tanto, el estatuto procesal penal que sirve de base a la declaratoria de nulidad en el ámbito disciplinario le impone al solicitante de la nulidad la carga de demostrar que el vicio sustancial del acto constituye una verdadera afectación de las garantías que asisten a los sujetos procesales. Aspecto que no se demostró que hubiese ocurrido en el caso concreto. Igualmente, sobre violación al debido proceso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, auto de casación 23-03-2006, ha señalado que sobre esta alegación “debe comportar la demostración fehaciente de irregularidades sustanciales que efectivamente menoscaben la estructura formal y conceptual del esquema procesal en una de cualquiera de sus fases, lo cual implica, como de antaño lo tiene establecido la doctrina de la Corte: a. identificar el acto irregular. b. Concretar de qué manera tal irregularidad afectó la integridad de la actuación o conculcó garantías procesales explicar por qué es irreparable el

daño.” La Constitución Política de 1991 define al derecho de defensa como fundamental autónomo, ligado, por razones obvias, al debido proceso, en virtud Expediente No. 061-1030-2005 11 Fallo Segunda Instancia

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CARRERA 5 No. 15 – 80 PISO 8 PBX 352 00 66 EXT 10824 BOGOTA D.C del cual toda persona puede controvertir las acusaciones que en materia administrativa o judicial se presenten en su contra4. Con fundamento en esa previsión, la Corte Constitucional ha señalado que “todas las actuaciones que se adelanten dentro del proceso disciplinario, deben enmarcarse plenamente, dentro de los principios que integran el derecho fundamental al debido proceso, de manera, que las normas que integran el proceso disciplinario, no pueden desconocer los principios de publicidad, contradicción, defensa, legalidad e imparcialidad”5 (Negrillas fuera de texto). El procedimiento consagrado en la Ley 734 de 2002 se enmarca dentro de esa concepción, puesto que establece diversos mecanismos para garantizar los referidos principios. Ello se corrobora, por ejemplo, con lo previsto en el artículo 17 del ese estatuto, aplicable al caso concreto en virtud de lo dispuesto en el artículo 7 ibídem, según el cual “durante la actuación disciplinaria el investigado tiene derecho a la defensa material y a la designación de un abogado (…)” El ejercicio de la defensa material, entendida como la facultad del disciplinado

de controvertir los hechos que se le imputan, supone el pleno conocimiento de los mismos, esto es, la absoluta comprensión de los cargos que se le formulan. Igualmente, para el correcto ejercicio de la defensa técnica6, por parte del abogado designado por el disciplinado, se requiere la completa comprensión de los hechos imputados. En efecto, la finalidad del derecho de defensa –que comprende la defensa material y la defensa técnicaes, en palabras de la Corte Constitucional,7 “la interdicción a la indefensión”, esto es, la defensa efectiva del destinatario de una imputación determinada, que implica la posibilidad de 4 La Corte Constitucional, en sentencia C-507 del 16 de mayo de 2001, analizó el artículo 29 de la constitución política y señaló que ese derecho debe observarse en cualquier actuación judicial y administrativa. 5 ? Corte Constitucional, Sentencia C-892 del 10 de noviembre de 1999. 6 La Corte Constitucional, en sentencia C-152 del 24 de febrero de 2004, definió a la defensa técnica como “el derecho irrenunciable de toda persona a la asesoría y al acompañamiento de un abogado, que tiene su fundamento en el derecho a la igualdad procesal…” 7 ? Corte Constitucional, sentencia C-383 del 5 de abril de 2000. Expediente No. 061-1030-2005 12 Fallo Segunda Instancia

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realizar todas las actividades encaminadas a demostrar que la acusación que se le formula es infundada, para lo cual se requiere, sin lugar a dudas, la absoluta comprensión de los cuestionamientos efectuados. Con el ánimo de garantizar la claridad en la formulación de los cargos y, en consecuencia, el derecho de defensa del disciplinado, la Ley 734 de 2002 exige que éstos se efectúen de conformidad con las reglas que, taxativamente, se señalan en ella. Así, los cargos deberán elaborarse, en todos los casos, observando las reglas del artículo 163 de dicha ley, el cual dispone: “Artículo 163. Contenido de la decisión de cargos. La decisión mediante la cual se formulen cargos al investigado deberá contener:

1. La descripción y determinación de la conducta investigada, con indicación de las circunstancias de tiempo, modo lugar en que se realizó.

2. Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación, concretando la modalidad específica de la conducta.

3. La identificación del autor o autores de la falta.

4. La denominación del cargo o la función desempeñada en la época de comisión de la conducta.

5. El análisis de las pruebas que fundamentan cada uno de los cargos formulados.

6. La exposición fundada de los criterios tenidos en cuenta para determinar la gravedad o levedad de la falta, de conformidad con lo señalado en el artículo 43 de este código.

7. La forma de culpabilidad.

8. El análisis de los argumentos expuestos por los sujetos procesales.” (lo resaltado es nuestro) Expediente No. 061-1030-2005 13

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CARRERA 5 No. 15 – 80 PISO 8 PBX 352 00 66 EXT 10824 BOGOTA D.C Si bien es cierto, observa este despacho, que el auto de cargos cumplió con las formalidades establecidas en el artículo citado, con relación a la exposición fundada de los criterios tenidos en cuenta para determinar la gravedad o levedad de la falta, de conformidad con lo señalado en el artículo 43 de este código, cuestionada por la defensa, pese a que no se discriminen punto por punto cada uno de los criterios fijados por el numeral 6 del artículo anterior trascrito, de la lectura del numeral 7 y 8 vista a