PGN - Documento 201603161656230

Dependencia: Procuraduría Segunda Delgada para la Contratación Estatal Radicación: 085 – 10839-2001

Investigado: MIGUEL ARMANDO BENAVIDES VILLAREAL

CARLOS EDUARDO POLO VILLACREZ y EDUARDO EFRAIN

NARVAEZ CUJAR

Entidad: Gerente, Jefe de Recursos Físicos y Jefe de Recursos Financieros del Hospital de Ipiales Fecha Queja: 18 de julio de 2001

Fecha Hechos: Julio de 2001

BAosguonttáo,: D.C., Irregularidades en la adquisición de medicamentos Actuación: Fallo de segunda instancia Bogotá, 28 de junio de 2006 Procede el Despacho a decidir el recurso de apelación interpuesto por la doctora TERESA CAIZA SOLIS, apoderada de EDUARDO POLO VILLACRES, y el doctor ARMANDO BENAVIDES CARDENAS, apoderado de los investigados MIGUEL ARMANDO BENAVIDES VILLAREAL y EDUARDO EFRAIN NARVAEZ CUJAR, contra el fallo de primera instancia proferido por la Procuraduría Regional de Nariño, contenido en la resolución 031 de 7 de octubre de 2005 (Fs. 378 – 404 C. 7), en la cual se sanciona a los señores MIGUEL ARMANDO BENAVIDES VILLARREAL, CARLOS EDUARDO POLO VILLACREZ Y EDUARDO EFRAÍN NARVÁEZ CUJAR, con multa de 90 días del sueldo devengado por cada uno de ellos, para la época de los hechos y absuelve al investigado HECTOR RICARDO ALMEIDA GARCIA.

Lo anterior, de conformidad con los artículos 171 de la Ley 734 de 2002 y 157 de la ley 200 de 1995.

I. ANTECEDENTES Con fundamento en el oficio remitido por la Gerencia del Hospital de Ipiales en el cual se denunciaron presuntas irregularidades en la compra de elementos de uso quirúrgico, la Procuraduría Regional de Nariño, el 14 de agosto de 2001 (F 11 C. 1), ordenó abrir indagación preliminar para establecer la existencia de las anomalías denunciadas.

Mediante auto de 27 de agosto de 2001, esa regional ordenó iniciar investigación disciplinaria, en contra de los doctores MIGUEL ARMANDO BENAVIDES VILLARREAL gerente del Hospital Civil de Ipiales, HECTOR ALMEIDA GARCIA Subgerente Administrativo, CARLOS EDUARDO POLO VILLACREZ Jefe de recursos físicos, y EDUARDO EFRAIN NARVAEZ CUJAR Jefe de recursos financieros de la mencionada entidad. (Fs. 98 - 102 C. 1). El 14 de diciembre de 2001 se formularon Cargos a los doctores MIGUEL

ARMANDO BENAVIDES VILLAREAL, HECTOR ALMEDIDA GARCIA, CARLOS

EDUARDO POLO VILLACREZ, y EDUARDO EFRAIN NARVAEZ CUJAR,

Expediente No. 085-10839

Proyectó: Iriana Aponte Díaz providencia respecto a la cual los investigados presentaron los descargos correspondientes. (Fs. 289 a 305 C. 1).

El 1 de noviembre de 2002 la procuraduría Regional de Nariño, profirió fallo de

primera instancia. (Fs. 456 - 499 C.4). Respecto de la actuación surtida, mediante auto de 12 de febrero de 2003 (Fs. 316324 C. 2), esta Delegada, decreto la nulidad de lo actuado desde el auto de cargos inclusive y ordenó reponer las actuaciones viciadas. En cumplimiento de lo anterior, teniendo en cuenta que dentro de la actuación surtida quedaron varios aspectos que no estaban debidamente clarificados, la Procuraduría Regional de Nariño, mediante auto de 7 de julio de 2003, ordenó la práctica de algunas diligencias complementarias y que obran en el expediente ( Fs. 392-393 C. 4) Agotado lo anterior, el 22 de abril de 2004 (Fs. 1 - 31 C. 6), la Procuraduría Regional de Nariño, nuevamente formuló pliego de cargos, en contra de MIGUEL ARMANDO BENAVIDES VILLAREAL, en su condición de Gerente del Hospital Civil de Ipiales, HECTOR RICARDO ALMEIDA GARCIA, en calidad de subgerente administrativo, CARLOS EDUARDO POLO VILLACREZ, jefe de recursos físicos, y EDUARDO EFRAIN NARVAEZ CRUJAR, su condición de jefes de recursos financieros del Hospital, “...EN CUANTO A LA NEGOCIACION E IRREGULAR ADQUISICION E INGRESO DE MEDICAMENTOS”, y “EN CUANTO HACE A LA ADQUISICION DE

ELEMENTOS PARA EL HOSPITAL A ENTIDADES NO REGISTRADAS EN LA

CAMARA DE COMERCIO”,

Dentro del auto de cargos, fueron señaladas como normas violadas para cada uno de los vinculados, las correspondientes a la Ley 80 de 1.993 y las consagradas para cada uno de los cargos, en el Acuerdo 31 de 27 de abril de 2001, que contiene el Manual de Funciones de la entidad, normas que obran al expediente a folios 170 a 184 del cuaderno 1. Agotado el procedimiento legal, el día 7 de octubre de 2005, mediante Resolución IP 031, la Procuraduría Regional de Nariño, resolvió sancionar a los doctores MIGUEL ARMANDO BENAVIDES VILLAREAL (Gerente), CARLOS EDUARDO POLO VILLACREZ (Jefe de recursos físicos), EDUARDO EFRAÍN NARVÁEZ CUJAR (jefe de recursos financieros), y absolvió a HECTOR RICARDO ALMEIDA GARCIA (subgerente administrativo) Del fallo antes mencionado fueron debidamente notificados personalmente el 4 de noviembre de 2005, el doctor CARLOS EDUARDO POLO VILLACREZ, quien mediante apoderada debidamente constituía el 10 de noviembre de 2005, interpuso recurso de apelación; el 19 de octubre de 2005, el doctor ARMANDO BENAVIDES CARDENAS, como apoderado de EDUARDO EFRAIN NARVAEZ CUJAR y de ARMANDO BENAVIDES VILLAREAL, quien el 24 de octubre de 2005, interpuso el 2 Expediente No. 085-10839

Proyectó: Iriana Aponte Díaz

recurso de apelación, en representación de sus poderdantes. De igual forma el Dr. RICARDO ALMEIDA, fue notificado personalmente el 8 de noviembre de 2005. El recurso de apelación, fue concedido el 6 de diciembre de 2005, por la Procuraduría Regional de Nariño, ordenando remitir a la Procuraduría Delegada para la contratación estatal el cuaderno principal.

II. ARGUMENTOS DEL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA Dentro de la Resolución No. PI. 031 de 7 de octubre de 2005, la Procuraduría Regional de Pasto, expuso como fundamentos de su decisión, los siguientes argumentos: Inicialmente, refiere la providencia al contendido del artículo 209 de la Constitución Política de 1.991, el cual alude a los principios orientadores de la Función Administrativa, igualmente se transcriben apartes de la Sentencia No, C631 de 1996, la cual apunta a las actividades que deben cumplir los órganos del Estado, con el fin de desarrollar las funciones y asegurar los fines del mismo.

Posteriormente, retoma los argumentos expuestos en el fallo nulitado anteriormente, en donde no se aceptaron las argumentaciones defensivas, sobre procedimientos excepcionales e inevitables cumplidos a raíz de la crisis financiera por la cual atravesaba el Hospital Civil de Ipiales. Refiere que por parte de la nueva gerente del Hospital, se afirmó dentro del proceso que no era cierto el incumplimiento en los pagos por parte de esta entidad, con laboratorios ABOTT. Reitera que la presente investigación, se adelantó por solicitud del gerente del Hospital, quien refirió en forma detallada y específica cuales fueron las condiciones

en que llegaron a la entidad, los medicamentos y que se habían adquirido con el avance otorgado a nombre del Dr. POLO VILLACRES, en razón a la carencia de facturas y al no conocimiento que sobre lo acontecido dijeron tener los doctores POLO VILLACRES y NARVAEZ CUJAR, entre quienes se gestionó lo relativo al avance. Señala que dentro de la etapa probatoria, dos de los miembros de la Junta Directiva de la entidad, aluden a los procedimientos irregulares que se venían desarrollando allí y que los mismos fueron reclamados en el escrito que presentó el Dr. ALMEIDA GARCIA, quien alude al tema, refiriéndose a los suministros comprados, la forma como se recibieron, las adquisiciones con firmas comerciales no inscritas en la Cámara de Comercio, sobrefacturaciones, falta de planificación, constituyéndose una práctica reiterada por el gerente el desacatar los lineamientos de la Junta Directiva, y su ineficiente desempeño, siendo que el estatuto contractual, aprobado luego de los hechos, no era el mecanismo para la solución de lo indebidamente ejecutado sino que es la vigencia de los principios de honestidad y transparencia en cabeza de los funcionarios, deben aplicar estas disposiciones. 3 Expediente No. 085-10839

Proyectó: Iriana Aponte Díaz A continuación, se refiere al informe de la Revisora Fiscal, el cual fue objeto de críticas por parte de los apoderados de los investigados, sin embargo retoma del mismo, la información relacionada con el proceso de adquisición de los medicamentos y las irregularidades detectadas en el mismo, como la ausencia de

facturas y que los productos llegaron empacados en tres cajas pequeñas que tenían los logos de minijet, gel hada y trianon, así mismo, que con base en lo expuesto en el informe de la revisora se estableció, en que cuenta fueron cancelados los dineros, además que no era muy claro como se agilizaba una compra en Pasto cunado el proveedor, tiene su sede en Barraquilla. De otra parte, dentro del citado informe, señala el fallo, se estableció que los medicamentos contaban con precios distintos, pues entre el periodo del 2 de mayo al 13 de junio, el medicamento había bajado de precio en el mercado intermediario y el laboratorio que lo producía lo mantenía más alto. Así mismo, fue el informe de la Revisora Fiscal, el que estableció que por parte del Hospital, se contrataba con empresas que carecían de registro en la Cámara de Comercio, o que no indicaban en sus facturas información sobre las mismas, arribándose a la conclusión que en el año 2000, se gestionaron negocios que ascendieron a la suma de $480.000.000,oo, lo que a juicio de la revisora, evidencia falta de control en la selección de proveedores, llevando a riesgos innecesarios para los usuarios, así como falta de planeación en las actividades. De otra parte, el Despacho retomando el contendido de la sentencia C656 de 1.997, manifiesta que en guarda de los principios orientadores de la actividad administrativa y teniendo en cuenta que el Derecho Disciplinario está integrado por un conjunto de normas, que exigen a los funcionarios públicos un determinado comportamiento, tanto en la ley 200 de 1995, como en la ley 734 de 2002, se impone a los servidores

públicos la obligación de cumplir a cabalidad con los deberes propios así como de respetar las prohibiciones expresamente determinadas. En consecuencia, señala el fallo de primera instancia, que el obrar funcional es un imperativo ineludible por parte de los servidores públicos, quienes en tal virtud, no solamente pueden hacer aquello que se les permite en la norma, sino que deben estar en plena capacidad de expresar su disentimiento frente los superiores, cuando se trata de ejercer actividades que contraríen la legalidad del deber funcional, resultando como doloso el comportamiento de quienes resulten investigados. Se refiere puntualmente a los alegatos del Dr. Polo, contestando que cuando las órdenes implican al funcionario subordinado, vulneración de los deberes, cuyo acatamiento es imprescindible en guarda de la legalidad, siempre se ha de rodear el funcionamiento del Estado, pues de lo contrario, obrar como se hizo, según el fallo de primera instancia, hace nugatorios los fines superiores del art. 2 de la Constitución Política. Considera el Despacho de primera instancia que analizados los medios de prueba en conjunto y señala específicamente las declaraciones de Germán Villacís, Edgar 4 Expediente No. 085-10839

Proyectó: Iriana Aponte Díaz Alvarado, y Ana Belén Arteaga, aunado al informe de la Revisora Fiscal, se otorga credibilidad a lo incriminatorio que surge del informe, además que no existe razón para que se ponga en tela de juicio el papel desempeñado por la revisora fiscal, quien solamente ejerce una actividad de control, sino que también los mandatos internos y reguladores de la actividad de cada uno de los investigados no podrán

quedarse en el simple texto escrito, sin una real y absoluta vigencia que a la postre lleva a una honrada, legal y eficiente administración del hospital. Señala que la imputación disciplinaria descansa en el doloso incumplimiento de los deberes contendidos en el manual de funciones de la entidad y que teniendo en cuenta la no modificada situación probatoria, el acatamiento a los manuales de funciones, es una obligación que si no se cumple conlleva a la infracción de los preceptos legales y constitucionales. Al respecto, retoma el fallo de primera instancia cuales son las funciones correspondientes a cada uno de los investigados, así: “….el Gerente (EN ESTE CASO EL Dr. Benavides Villarreal) debía cumplir eficientemente los deberes propios de su alta investidura y ejercer la correspondiente vigilancia para el cabal y estricto acatamiento de la normatividad que regía la empresa; …………..el Jefe de Recursos Físicos (en este caso el dr. Polo Villacrés) estaba obligado a planear, coordinar, supervisar y controlar los recursos para el normal funcionamiento del organismo de salud, presentar un plan anual de compras (con todas las implicaciones que ello conlleva) y ajustarlo a la disponibilidad presupuestal, cumplir y hacer que se cumplan las normas de seguridad y manejo de materiales, participar en la definición y aplicación de estrategias de compras y al Jefe de la Sección de recursos Financieros (en este caso Dr. Narváez Cujar), debía analizar y controlar los ingresos y gastos del Hospital y conceptuar sobre las providencias relativas a las autorizaciones de gastos y contratos de acuerdo con los aspectos técnico presupuestales”

De lo anterior, colige el despacho de primera instancia el incumplimiento de tales deberes, y por ende la configuración incuestionable del comportamiento que debe ser reprochado. Continua el fallo exponiendo que lo censurado y no desvirtuado fue: a) La manera como adquirieron – desde la emisión del avance a nombre del Jefe de Recursos Físicos, la entrega del dinero al jefe de recursos financieros, y la posterior consignación por parte del conductor Rojas Delgado. b) Cancelaron y entregaron los medicamentos así como la firma comercial con la cual se hizo la transacción, a la que Abott no los había despachado. La disminución del precio en el mercado intermediario, y la falta de registro de varias firmas con las cuales el Hospital contrató en el año 2000. 5 Expediente No. 085-10839

Proyectó: Iriana Aponte Díaz Con relación a la no aplicabilidad de las normas de la Ley 80 de 1.993, expresada por el Dr. Benavides, el fallo retoma lo planteado por la Corte Constitucional en Sentencia C949 de 2001, en donde se indica que si bien es cierto las normas aplicables no son las de la Ley 80 de 1993, deben observarse a cabalidad los principios rectores previstos en los estatutos y los principios rectores entre los cuales está el deber de selección objetiva y constituyen la columna vertebral sobre la manera en que se deben administrar tales recursos, de igual forma resalta la importancia de dar cumplimiento a los demás principios, teniendo en cuenta que el cumplimiento de las metas del Estado, requiere del aprovisionamiento de bienes y servicios por parte de los órganos públicos y en ese orden, es innegable el carácter

instrumental del contrato estatal porque este no sería un fin sino un medio para la consecución de los fines del estado. Concluye el Despacho en que a 3 de los disciplinados si les asiste responsabilidad disciplinaria, porque no se ha demeritado la prueba que sirvió de fundamento para la formulación de los cargos y excluye de responsabilidad al Dr. HECTOR ALMEIDA.

III. ARGUMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACION INTERPUESTOS II.1. Argumentos expuestos por la Dra. Teresa Caiza Soliz, apoderada del Dr.

Eduardo Polo Villacrés: Dentro del recurso de apelación, la apoderada solicita que se le revoque la sanción impuesta a su defendido y que se le absuelva de todo cargo, para el efecto, presenta un breve resumen de los fundamentos legales del fallo, apoyado en la calificación de falta dada por la Procuraduría Regional, señalando que en el primer auto de cargos, la falta fue calificada como gravísima y a título de dolo, en tanto que en el segundo evento, posterior a la declaratoria de nulidad, nuevamente se le formularon cargos, pero la falta se calificó como grave, también a título de dolo.

A continuación, se refiere al supuesto fáctico de las normas y las pruebas recaudadas para tipificar la conducta en la que se fundamenta el fallo final, haciendo un recuento del valor constitucional de la Buena fe y retomando algunos pronunciamientos efectuados sobre el particular por parte de la Corte Constitucional concluyendo que en el actuar de su defendido, estuvo presente la buena fe, y que él actuó en cumplimiento de las solicitudes de sus superiores quienes actuaron

motivados por la necesidad de provisión de los anestécisos Sevorane e Isorane, y en ese orden de ideas, no es procedente calificar la conducta del señor POLO VILLACRES, menos su responsabilidad y en consecuencia sancionarlo, cuando él ni siquiera tuvo la oportunidad de verificar los aspectos relacionados con el negocio de compraventa realizado para la adquisición de los insumos. Con relación al supuesto fáctico de las normas y las pruebas recaudadas para tipificar la conducta en las que se basa el fallo final, la apoderada retoma la naturaleza sancionatoria del derecho disciplinario, para enfatizar en la importancia de la tipicidad dentro del mismo, señala que en el artículo 14 de la Ley 200 de 1.995, se encuentra proscrita toda forma de responsabilidad objetiva, que en su opinión, es la 6 Expediente No. 085-10839

Proyectó: Iriana Aponte Díaz forma como se concibió el fallo de primera instancia, y que dentro del proceso, no está demostrado el dolo con el que se dice actuó su defendido.

Continua diciendo que es deber presumir la buena fe del investigado POLO VILLACRES, pues tal como se demostró en el proceso, él estaba cumpliendo con la solicitud de sus superiores, el gerente y el jefe de recursos financieros, ante la necesidad de provisión de anestésicos, en aras de no paralizar el área de cirugía del hospital y que después de haber realizado las gestiones de rigor con varios proveedores, se hizo el avance. Por ende teniendo en cuenta que en el negocio de compraventa, debe imperar la buena fe tanto del proveedor como del comprador, no es atribuible a él la calidad de

los medicamentos y tampoco predicarle alguna responsabilidad, pues él en momento alguno tuvo la oportunidad de verificar la calidad de los mismos. Respecto al análisis y valoración de las pruebas, retoma el contenido de la versión libre rendida por el gerente, Dr. Benavides, quien acepta el hecho de haber dado la instrucción de compra de los medicamentos, que eran necesarios para la prestación de los servicios, para lo cual retoma “fui categórico en decirle que de cualquier forma y con cualquier proveedor se consiguiera esos anestésico a que eran de vital importancia para el funcionamiento del hospital,..” Afirma que como consecuencia de lo anterior, el gerente ordena hace el avance y el desembolso es efectuado por el jefe de tesorería. En apoyo de su dicho, retoma lo manifestado por el señor Oscar Daniel Suárez, con relación a la situación financiera de la entidad, la cual desde 1995, venía presentando dificultades lo cual llevó a un aumento de cartera e intereses a cargo del hospital y que por ello los proveedores ya no querían conceder más crédito, posteriormente, se sigue citando al declarante, cuando refiere al tema de los avances, su procedencia y procedimiento y señala que para el caso objeto de análisis se hizo el procedimiento acostumbrado. Continúa su exposición la apoderada, indicando que su defendido, cumplió a cabalidad cuando el Dr. Narváez Cujar certificó la disponibilidad presupuestal, y que el Dr. Polo contaba con una póliza de manejo que le permitía recibir y cobrar el cheque para luego entregarlo a su jefe Dr. Narváez Cujar. Así mismo manifiesta que él Dr. Polo cumplió con sus funciones, toda vez que él

junto con la señora Doris Hernández ejercía las funciones de vigilancia y control y que para el efecto, entró en contacto con varios proveedores, a quienes les solicitó el envío de los insumos, entre otros a Laboratorios ABOTT, con quien se suscribió un acta de compromiso en donde consta que a este laboratorio por parte del Hospital se le adeudaban aproximadamente $143.000.000,oo. Con relación a las funciones de recepción, ubicación, custodia y distribución de los insumos del hospital, frente a los medicamentos del caso que nos ocupa, refiere la apoderada que tal labor no se pudo cumplir debido a la intervención arbitraria de la 7 Expediente No. 085-10839

Proyectó: Iriana Aponte Díaz revisora Fiscal, pues ella decomisó los mismos, sin que estos hubieren sido revisados, señala que la verificación de los 13 frascos se hizo “a sus espaldas” Frente a las afirmaciones de la nueva gerente, relacionadas con que el Dr. Polo era representante de la firma Cantillo, que el ordenó el ingreso, cobró el cheque, consignó el dinero y transportó los insumos, manifiesta que ello carece de sustento probatorio, y para apoyar sus afirmaciones retoma las declaraciones de Álvaro Revelo, almacenista del Hospital, Guillermo Coral, conductor, y con relación a la consignación del dinero, desmiente la afirmación retomando la manifestación del señor Fabio Alberto Rojas, quien dice haber recibido el dinero del Dr. Eduardo

Narváez Cujar. Seguidamente manifiesta la apoderada que “…Las funciones de mi representado son precisamente las de establecer y mantener contacto con lo (sic) proveedores, y quien

este caso tenía ese contacto directo y se tomó mis atribuciones fue el doctor Eduardo Narváez, quien se comprometió con el señor Gerente a realizarla gestión de la compra de esos insumos, se puso al frente de todo el procedimiento, recibió el dinero, solicitó que el señor Fabio Rojas lo consignara y desconozco el procedimiento que se realizó para que estos insumos llegaran a su destino en la forma anticipada y con las irregularidades que se dice presentaban los 13 frascos decomisados por la Revisoría Fiscal”. Considera la apoderada que se ha presentado una ilegalidad manifiesta del funcionario de primera instancia, en la aplicación del régimen de contratación de las empresas sociales de salud y a sus funcionarios en materia de contratación; señalando que en el fallo de primera instancia se afirma que no fueron tenidas en cuenta por el investigado las normas sobre contratación estatal. Señala al respecto que de conformidad con el art. 194 de la Ley 100 de 1993, el Decreto Reglamentario 1876 de 1.994, las empresas Sociales del Estado, están regidas en materia contractual por el derecho privado, comercial o civil sometiéndose los mismos a la jurisdicción ordinaria y en casos excepcionales se rigen por las disposiciones de la Ley 80 de 1.993. Y posteriormente refiere algunos pronunciamientos jurisprudenciales que el Consejo de Estado ha efectuado sobre la forma de contratación de las Empresas Sociales del Estado. Concluyendo con base en lo expuesto que en el caso en estudio, el investigado POLO VILLACRES, en momento alguno ha violado las normas del Estatuto de

Contratación, por lo que considera contrario a derecho la interpretación que hace la funcionaria de primera instancia al respecto. Frente a la adquisición de bienes a empresas no registradas en la Cámara de Comercio, considera que dado el régimen especial de las empresas sociales del estado, estas pueden contratar con empresas o personas naturales o jurídicas que no estén registradas en la Cámara de Comercio. Señala que esta es una obligación de los comerciantes pero no es un requisito para ejercer el comercio. En consecuencia, el Hospital Civil de Ipiales, está facultado para contratar con personas 8 Expediente No. 085-10839

Proyectó: Iriana Aponte Díaz que ejerzan el comercio de manera habitual, así estas no estén inscritas en la

Cámara de Comercio. Sobre el punto refiere y allega con el escrito de apelación, el pronunciamiento de la Fiscalía, en donde considera que no es posible hacer un juicio de reproche por las omisiones de los proveedores como tal. De otra parte considera que no es acertada la evaluación de la situación financiera del Hospital efectuada por la primera instancia, pues justamente fueron las deudas del Hospital lo que obligaba a aprovechar cualquier oferta en aras de que la institución no se paralizara y que por ello fue necesaria la adopción de varias medidas al interior de la entidad. Así mismo considera la apoderada que con el fallo de primera instancia le fue violado el derecho de defensa a su representado, pues en su opinión, la funcionaria investigadora solamente tuvo en cuenta las circunstancias desfavorables y no realizó un análisis completo de las pruebas y por ello se dictó un fallo contradictorio que perjudicó a su defendido.

Insiste en que las actuaciones de su poderdante, fue en cumplimiento de las órdenes de sus superiores, tanto el gerente como el jefe de recursos financieros y que la selección del proveedor la hizo el doctor NARVAEZ CUJAR, en su calidad de jefe de recursos financieros, quien recibió el dinero, y se encargó de la gestión. Afirma que el investigado Carlos Polo Villacrés, cumplió con su servicio, dio la información de falta del insumo, actuó de manera eficiente e inmediata teniendo en cuenta los principios de celeridad, eficiencia e inmediatez, para la prestación del servicio de salud, orientada dentro de los parámetros legales que lo rigen, que se hayan presentado contratiempos en la consecución de estos insumos estos fueron ajenos a su voluntad y finalmente retoma lo expresado por el tratadista Gómez Pavajeau cuando refiere que “…el ilícito disciplinario comporta un quebrantamiento del deber. Empero es el mero quebrantamiento formal el que origina el ilícito disciplinario, sino que se requiere un quebrantamiento sustancial...” Considera que dentro de la presente actuación, dadas las circunstancias de tiempo modo y lugar en que ocurrieron los hechos, es necesario que se dé aplicación a las causales de exclusión de responsabilidad consagradas en los numerales 2, 3 y 4 del artículo 23 de la Ley 200 de 1995, teniendo en cuenta que el investigado POLO VILLACRES, jampas incumplió sus deberes como funcionario de acuerdo con el manual de funciones. Finalmente al referirse al principio de proporcionalidad de la sanción, considera que no se tomó en cuenta al momento de fijar la sanción, si las medidas adoptadas son

proporcionales a la defensa que dio origen a la sanción, por lo que en su opinión, la multa es desproporcionada frente a la conducta. 9 Expediente No. 085-10839

Proyectó: Iriana Aponte Díaz II.2. Argumentos expuestos por el Dr. Armando Benavides Cárdenas, apoderado de los Dres. Miguel Armando Benavides Villarreal y Eduardo Efraín Narváez Cujar: Dentro del escrito con el cual sustenta el recurso de apelación, el apoderado de quienes para la época de los hechos ocupaban los cargos de Gerente y Jefe de Recursos Financieros del Hospital Civil de Ipiales, solicita que se revoque el contendido del fallo de primera instancia y que en su lugar se les absuelva de todo cargo, para lo cual, inicialmente hace un recuento procesal de lo sucedido dentro de la actuación que nos ocupa, concluyendo que dada la época de los hechos, así como la fecha de entrada en vigencia de la Ley 734 de 2002, la norma aplicable es la Ley 200 de 1995.

Presenta un recuento tanto del auto de cargos como de las conclusiones a las que arribó el Despacho de primera instancia en donde se decidió imponer sanción disciplinaria a los Dres. Miguel Armando Benavides Villarreal y Eduardo Efraín Narváez Cujar. Señala que dentro del proceso disciplinario, se ha presentado una flagrante violación a los principios rectores de la ley disciplinaria; hecho que considera como tal por varias razones, la primera de ellas, amparada en la calificación de la conducta de los investigados como dolosa dentro del fallo atacado, manifestando sobre el particular

que dentro del expediente no obra prueba respecto a que la conducta de los investigados hubiese sido desarrollada con Dolo, al contrario, considera que dentro del proceso se ha demostrado que el actuar de sus poderdantes en ejercicio de sus cargos o de sus funciones, fue de acuerdo con los postulados de la Buena fe; haciendo alusión, a la trayectoria de los doctores BENAVIDES VILLAREAL, y NARVAEZ CUJAR, como funcionarios públicos al servicio de la entidad. Con relación a los cargos formulados, el apoderado se pronuncia, fundando su posición en varios medios de prueba así: Con base en las pruebas testimoniales, considera que estas desvirtúan los cargos, toda vez que clarifican al Despacho, la realidad de los hechos, pues los declarantes informan que el gerente ordenó la compra de unos anestésicos, a través de la figura de avance y para el efecto autorizó al jefe de finanzas para que realizara la compra, operación que él considera absolutamente normal y regular al amparo de las normas civiles y comerciales. También señala que no es cierto que se hayan adquirido, drogas, material quirúrgico y demás elementos con sobrecosto, a personas no registradas en la Cámara de Comercio, o con extralimitación de las funciones. Apoya su dicho, en las declaraciones de los señores EDGAR ARIOSTO ALVARADO GONZALES, VICTOR HUGO ORTEGA CALDERON, GUIDO AREVALO LUNA, quienes en sus declaraciones señalan las dificultades financieras por las cuales ha atravesado el Hospital Civil de Ipiales, así como la manera como por parte de sus directivas se han implementado estrategias para conjurar la crisis y con relación a los

hechos del día 13 de julio de 2001, relatan que en efecto tal situación se presentó 10 Expediente No. 085-10839

Proyectó: Iriana Aponte Díaz pero que las deficiencias procedimentales que habían, fueron solucionadas; en igual sentido se alude a la declaración del señor LUIS HORACIO CORAL DEL CASTILLO.

Retoma lo expresado por la señora CARMEN ALICIA MONTENEGRO TULCANAZA, quien en su condición de jefe de contabilidad del Hospital señala que en efecto, esa institución, presentó problemas de iliquidez y que por ese motivo en varias ocasiones se acudía a la figura de avance, el cual era con base en una orden dada por el gerente del Hospital, luego se expedía el certificado e disponibilidad presupuestal y registro presupuestal, con esos elementos teso