PGN - Documento 201603161656234

Dependencia : Procuraduría Regional del Cesar Radicación : 095-1928/05

Implicado : José Ramón Ruiz Estrada Cargo y Entidad : Director Hospital Camilo Villazón de Pueblo BelloCesar

Signatario : Anónimo.

Fecha Anónimo : Febrero 08 de 2005

Fecha Hechos : Agosto 27 de 2002

Asunto : Presuntas irregularidades doble contrato siendo servidor público.

Estado Procesal : Fallo de segunda instancia Bogotá, 29 de noviembre de 2005

Recibido el expediente de la Oficina de origen, procede el despacho a proferir el fallo de segundo grado que en derecho corresponda.

I. ANTECEDENTES PROCESALES: A través de escrito anónimo presentado el 8 de febrero de 2005, se informó sobre la comisión de presunta irregularidad por parte de José Ramón Ruiz Estrada, gerente del hospital Camilo Villazón Pumarejo del Municipio de Puerto bello Cesar, quien al parecer, ostentando dicha condición, suscribió contrato de prestación de servicio con el Instituto de Seguros Sociales, recibiendo por dicho concepto doble asignación proveniente del tesoro público. Hoja 1 del cuaderno principal.

Con base en la denuncia formulada, la Procuraduría Regional del Cesar, mediante auto calendado el 14 de febrero de la misma anualidad dispuso el adelanto de la indagación preliminar correspondiente y la práctica de unas pruebas, páginas 18 y 19 ídem. I.1. Surtida esa fase procesal, por auto del 30 de agosto de 2005 visible en las hojas 201 a 214, se dio aplicación a las normas que regulan el procedimiento verbal, procediendo a la citación a audiencia y la formulación del pliego de cargos

correspondiente, en los siguientes términos: “Al Doctor JOSE RAMON RUIZ ESTRADA, en su condición de Gerente de la ESE Hospital Camilo Villazón Pumarejo del municipio de Pueblo Bello (Cesar), se le atribuye (PRIMERA IMPUTACIÓN) -no obstante la aludida calidadhaber suscrito y ejecutado el Contrato de Prestación de Servicios No. 011 del 20 de mayo de 2002 con el Instituto del Seguro Social Seccional Cesar, pese a estar en circunstancia de inhabilidad para celebrar contratos con Entidades Estatales , precisamente porque para el momento de la suscripción ostentaba el carácter de Servidor Público al estar ocupando el cargo de Gerente del prenombrado centro hospitalario desde el 05 de junio de 2001 y hasta el 31 de marzo de 2003, y aún así contrató con el Instituto del Seguro Social el 20 de mayo de 2002, siendo Servidor (artículo 123 de la Constitución Política) y teniendo la prohibición inhabilitante de celebrar contratos con el Estado colombiano”. 095 1928 Fallo de segundo grado Irina Lopesierra Mendoza 2 “Por otro lado y en consecuencia de la anterior situación, se le endilga (SEGUNDA IMPUTACIÓN) al Doctor JOSE RAMON RUIZ ESTRADA, Gerente de la ESE Hospital Camilo Villazón Pumarejo, haber recibido dos (2) asignaciones provenientes del tesoro público entre los meses de mayo a agosto de 2002, una de parte del Hospital en mención y otra de parte del Instituto de Seguro Social, ambas como contraprestación de los respectivos servicios prestados como Gerente y Contratista. Y ello es así por cuanto obra constancia de que las dos Entidades le cancelaron los

emolumentos por los servicios prestados”. Las pruebas citadas como soporte de la acusación enrostrada son: - Copia auténtica del Contrato de Prestación de Servicios personales 011 del 20 de mayo de 2002, celebrado entre el Instituto del Seguro Social y el señor José Ramón Ruiz Estrada, por un término de seis (6) meses, folios 124 a 126. - Copia auténtica de la Certificación expedida por la Coordinadora de Gestión Humana de la Gobernación del Cesar donde consta que el implicado se desempeñó como Gerente del Hospital Camilo Villazón Pumarejo ESE del municipio de Pueblo Bello Cesar, durante el periodo comprendido entre el 05 de junio de 2001 y el 31 de marzo de 2003, folio 96. - Copia del Decreto 000170 del 04 de junio de 2001 mediante el cual se nombró al Doctor Ruiz Estrada en el cargo de Gerente del Hospital Camilo Villazón y copia del Acta de Posesión ante la Secretaría de Salud Departamental, hojas 135 y 136. - Copia auténtica de Oficios suscritos por el señor José Ramón Ruiz Estrada en su condición de Gerente del Centro Hospitalario en mención durante los meses de mayo a agosto de 2002 a diferentes Entidades y empleados del Hospital, en donde consta que desempeñaba funciones propias del cargo, hojas 64 a 71. - Copia auténtica de las nóminas del Hospital Camilo Villazón Pumarejo correspondientes a los meses de mayo a agosto de 2002, y la relación de abonos salariales a las cuentas bancarias de los empleados del precitado Hospital en donde

figura el Gerente Jove Ramón Ruiz Estrada, páginas 35 a 42. - Copia auténtica de la relación de pagos a Contratistas de la Clínica Ana María del Instituto de Seguro Social correspondientes a los meses de mayo a agosto de 2002, donde igualmente aparece el precitado Funcionario, folios 181 a 183, 196 y 197. Como normas vulneradas y aplicables al asunto se relacionaron las siguientes: Artículos 6, 123, 124, 127,128 y 209 de la Constitución Política; 8 de la ley 80 de 1993; 22, 23, 25, 26, 27, 34, 35 numerales 1 y 14, 41, 48 numeral 17 de Ley 734 de 2002, y artículo 2 de la Ley 269 de 1996. La falta relacionada con la posible inhabilidad para contratar, por estar descrita en el numeral 17 del artículo 48 ídem, se calificó como gravísima y, la relativa al recibo de 2 asignaciones del tesoro público se estimó grave, atendiendo las variables 095 1928 Fallo de segundo grado Irina Lopesierra Mendoza 3 establecidas en el artículo 43 de la Ley 734 de 2002. Atinente a la forma de culpabilidad se imputaron ambas conductas a título de dolo. I.2. De conformidad con los parámetros establecidos por el artículo 175 y siguientes de la Ley 734 de 2002, en audiencia celebrada el 7 de septiembre de 2005, se escuchó en versión libre al enjuiciado, y se ordenaron las pruebas peticionadas por el

encausado, hojas 221 a 227, las cuales se practicaron en el siguiente orden: El 12 de septiembre de 2005 se practicó visita a la Fiscalía para constatar la denuncia que por amenazas impetró por Ruiz Estrada, páginas 246 a 251. En la misma fecha se auscultó la Oficina de Gestión Humana de la Gobernación del Cesar a fin de verificar la existencia de la carta de renuncia presentada por el enjuiciado a su cargo de Gerente del Hospital, la cual no fue hallada, página 252. El 14 del mismo mes y año se recibieron los testimonios de Jesús Suárez Moscote, gobernador y secretario de salud departamental para la época; Jorge Bendek, jefe de recurso humano de la Secretaria de Salud para el mes de abril del año 2002; Navis Cueto e Imelda Gutiérrez miembros del Sindicato de Salud Departamental y funcionarias del Hospital de Pueblo Bello. El 20 de septiembre se escuchó a Alba Mendoza Jefe de Recursos humanos de la Clínica Ana Maria en el año 2002 y María José Solano funcionaria de la Clínica citada, folios 267 a 271. Por último, el 30 de septiembre testificó Rafael Bolaño Guerrero, entonces gobernador del Cesar, hojas 277 a 279. En anexo aparte, reposan copias de las historias clínicas donde el Director del Hospital José Ramón Ruiz a veces oficiaba como medico asistencial. Culminada la fase probatoria, se concedió el uso de la palabra a el inculpado y su apoderado para que alegaran de conclusión, actuación que reposa en las ho279 a

290, luego de cuya intervención se citó para fallo. I.3. En audiencia realizada el 7 de octubre de 2005, el Procurador de instancia dictó fallo contra José Ramón Ruiz Estrada, sancionándolo con destitución e inhabilidad general por 12 años para ejercer cargos públicos, folios 291 a 335. I.4. Contra la decisión dictada el procesado interpuso a través de su abogado recurso de apelación, sustentado en los términos que revela el escrito obrante en las hojas 338 a 369 del informativo, el cual fue concedido por el juzgador de conocimiento, folio 371. Así la situación precedente en el actual caso, procede la Delegada a desatar el recurso de alzada incoado, con apoyo en estas,

II. CONSIDERACIONES: Sea lo primero señalar que el trámite seguido en este radicado se ajustó en cuanto forma y términos a los lineamientos previstos en los artículos 175 y siguientes de la Ley 734 de 2002. Respecto al tema de competencia, así como a la garantía de los derechos al debido proceso y defensa, no se advierte anomalía ninguna, pues los estrados intervinientes son los autorizados para conocer de este caso, atendiendo la

095 1928 Fallo de segundo grado Irina Lopesierra Mendoza 4 naturaleza del Hospital Camilo Villazón Pumarejo y el cargo ostentado por el inculpado, amén que este tuvo la posibilidad de actuar en todas las fases procesales, solicitando pruebas e interviniendo en forma directa. Así las cosas, procede el despacho a ocuparse del asunto sometido a su valoración,

para lo cual considera oportuno verter en forma previa unas reflexiones alusivas a la responsabilidad del servidor público y las consecuencias de una actuar distinto a los parámetros legal y constitucionalmente establecidos y, con tal fin, copiará un extracto de una sentencia dictada por la Corte Constitucional, en la cual pincela trazos claros y precisos, orientados a establecer el alcance de la potestad sancionadora del Estado en el derecho disciplinario. “Ahora bien, en el terreno del derecho disciplinario, el derecho sancionador de la administración se concreta en la facultad que se le atribuye a los entes públicos de imponer sanciones a sus propios funcionarios. Con esta potestad disciplinaria se busca particularmente asegurar el cumplimiento de los principios que regulan el ejercicio de la función pública, como lo son los de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad (C.P., art. 209). “Desde esta perspectiva, la Corte ha establecido que el derecho disciplinario una rama esencial en el funcionamiento de la organización estatal, pues se encuentra orientado a regular el comportamiento disciplinario de su personal fijando los deberes y obligaciones de quienes lo integran, limitando el alcance de sus derechos y funciones, consagrando prohibiciones y previendo un estricto régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, que al ser desconocidos, involucran, si es del caso, la existencia de una falta disciplinaria, de sus correspondientes sanciones y de los procedimientos constituidos para aplicarlas. Haciendo énfasis en lo anterior, esta corporación en Sentencia C-417 de 1993,

agregó que el derecho disciplinario está “integrado por todas aquellas normas mediante las cuales se exige a los servidores públicos un determinado comportamiento en el ejercicio de sus funciones, independientemente de cuál sea el órgano o la rama a la que pertenezcan”(16). Lo anterior ocurre porque todos los servidores públicos deben propender por el logro del objetivo principal para el cual fueron nombrados, esto es, servir al Estado y a la comunidad en general con estricta sujeción a lo dispuesto en la Constitución, la ley y el reglamento (C.P., arts. 6° y 122). De donde resulta que cualquier funcionario del Estado, puede verse sometido a un proceso de responsabilidad pública de índole disciplinaria, no sólo cuando en su desempeño vulnera el ordenamiento superior y legal vigente, sino también cuando incurre en omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones (C.P., art. 6° y 123)(17). “En virtud de lo anterior, resulta indiscutible que la finalidad del derecho disciplinario es la de salvaguardar la obediencia, la disciplina, la rectitud y la eficiencia de los servidores públicos (18). Es precisamente allí, en la realización del citado fin, en donde se encuentra el fundamento para la responsabilidad disciplinaria, la cual supone la inobservancia de los deberes funcionales de los servidores públicos o de los particulares que ejercen funciones públicas, en los términos previstos en la 095 1928 Fallo de segundo grado Irina Lopesierra Mendoza 5 Constitución, las leyes y los reglamentos que resulten aplicables(19)”. Sentencia C818 de 2005, Sala Plena, expediente D-5521.

Sentado lo anterior, descenderá la Delegada a la valoración del caso bajo examen, reiterando en primer término que los dos comportamientos tildados de irregular y enrostrados como falta disciplinaria a José Ramón Ruiz Estrada fueron: una, contratar contra expresa prohibición constitucional y violando el régimen legal de inhabilidades y, la otra, recibir dos asignaciones del Estado, una como gerente de la ESE y la otra como contratista del ISS. De las pruebas relacionadas en el acápite de antecedentes de este fallo, se desprende con claridad palmaria la incursión por parte del enjuiciado en los dos comportamientos descritas, pues está demostrado que siendo gerente del Hospital, válidamente vinculado con el mismo, suscribió el contrato de prestación de servicios 011 con el Instituto de Seguros Sociales, para prestar servicios en la Clínica Ana María. Las fechas en que se desarrollaron estas dos situaciones y los trabajos convenidos evidencian el acaecimiento de las faltas reprochadas, veamos: En primer lugar, la calidad de servidor público que para la fecha de las conductas imputadas tenía el procesado, así como su vinculación a la ESE Hospital Camilo Villazón Pumarejo y, el vínculo contractual con el ISS sede Valledupar en modalidad de prestación de Servicios profesionales, situaciones que armonizadas dan lugar a la coexistencia de los dos vínculos con el Estado entre el 20 de mayo y agosto de 2002, y al recibo de dos asignaciones simultáneas de parte del Estado, se encuentran acreditadas con los documentos obrantes en las hojas 35 a 42, 64 a 71, 96, 124 a

126, 135 y 136, 181 a 183, 196 y 197 del informativo. Tales escritos atañen al contrato de prestación de servicios personales 011 suscrito el 20 de mayo de 2002, entre el Instituto del Seguro Social y José Ramón Ruiz Estrada, por un término de seis (6) meses, folios 124 a 126. Certificación expedida por la Coordinadora de Gestión Humana de la Gobernación del Cesar, donde consta que el implicado se desempeñó como Gerente del Hospital Camilo Villazón Pumarejo ESE del municipio de Pueblo Bello Cesar, durante el periodo comprendido entre el 05 de junio de 2001 y el 31 de marzo de 2003, folio 96. Decreto 000170 del 04 de junio de 2001 mediante el cual se nombró al Doctor Ruiz Estrada en el cargo de Gerente del Hospital Camilo Villazón, y acta de posesión ante la Secretaría de Salud Departamental, hojas 135 y 136. Asimismo, oficios suscritos por el acusado en su condición de Gerente del Centro Hospitalario durante los meses de mayo a agosto de 2002 a diferentes entidades y empleados del Hospital, en donde consta que desempeñaba funciones propias del cargo. Nóminas del Hospital Camilo Villazón Pumarejo correspondientes a los meses de mayo a agosto de 2002, y la relación de abonos salariales a las cuentas bancarias de los empleados del precitado Hospital, en donde figura el Gerente Ramón Ruiz Estrada, páginas 35 a 42 y, finalmente, la relación de pagos a Contratistas de la Clínica Ana María del Instituto de Seguro Social correspondientes a los meses de mayo a agosto de 2002, en la que sin duda figura Ruiz Estrada, folios 181 a 183,

196 y 197. 095 1928 Fallo de segundo grado Irina Lopesierra Mendoza 6 Pero además de la prueba documental, en la versión libre, durante la intervención en audiencia, y en el escrito contentivo de la apelación que se estudia, el enjuiciado y su apoderado admitieron los sucesos configurativos de las faltas endilgadas, hojas 221 a 226, 279 a 290 y 338 a 369. Así la situación probatoria, para el despacho es inevitable concluir que el inculpado incurrió en los dos comportamientos mencionados, actuar que de conformidad con las normas citadas en el auto de cargos, configuran falta disciplinaria. En efecto, desde el momento en que el inculpado asumió como gerente del Hospital Camilo Villazón Pumarejo en Pueblo Bello Cesar, quedó compelido, atendiendo su calidad de servidor público, a la observancia de disposiciones y parámetros de linaje legal y constitucional, entre las cuales se encuentran las consagradas en los artículos 127 y 128 de la Carta Política, relativas a la prohibición de contratar con el Estado y el de no recibir más de una asignación proveniente del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo las excepciones legales. En el sub examine no se configura salvedad ninguna, pues la posibilidad de recibir más de una asignación por concepto del desempeño de más de un empleo en entidades de derecho público en el área de la salud, solo está prevista para quien preste en forma directa el servicio asistencial, artículo 2 de la Ley 269 de 1996, eventualidad que no tuvo ocurrencia en el caso analizado, pues el cargo que

ostentaba el acusado en el Hospital era de naturaleza administrativo o gerencial de una ESE, y por ello no estaba cobijado por la exclusión citada. Así las cosas, al contratar, como ha quedado visto, el enjuiciado no solo incumplió el artículo 127 de la Constitución sino igualmente el 128 íbidem, y esa desatención se tradujo en incumplimiento del deber contemplado en el artículo 34 numeral 1 Ley 734 de 2002. Pero además, incurrió el inculpado en la prohibición de incumplir sus mandatos y de recibir más de una asignación de entidades del Estado, artículo 35 numeral 1 y 14 ídem, dando al traste también con la observancia del régimen de Inhabilidades establecido en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, que en desarrollo legal del mencionado artículo 127 constitucional, prohíbe a los servidores públicos contratar con el Estado, o lo que es igual, los inhabilita para tal fin. Establecida la situación legal del disciplinado a la luz de las normas analizadas, resta entonces analizar las circunstancias esgrimidas por aquél como sostén de su defensa, mismas que aluden a particulares sucesos ocurridos cuando se desempeñaba como gerente del hospital, específicamente a hechos de violencia y amenazas de las cuales fue víctima y sobre las cuales depuso entre otros el entonces Gobernador de la época Rafael Bolaños, que lo obligaron a permanecer en el cargo hasta que llegara su reemplazo, pero que entretanto, y a fin de asegurar su manutención y el de su familia optó por suscribir el acuerdo 011 mencionado, pues en caso que hubiese abandonado el cargo, hoy estaría enfrentando un proceso por

ese hecho. 095 1928 Fallo de segundo grado Irina Lopesierra Mendoza 7 Procesalmente ataca la formulación del segundo cargo y señala que se presenta una duplicidad de cargos, ante la identidad de sujeto, objeto y causa y, por último, solicito que se valorara su conducta bajo la óptica del numeral 9 del artículo 43 de la Ley 734 de 2002, atendiendo al hecho de que se encontraba en la circunstancia de no exigibilidad de otra conducta. Sobre los argumentos esbozados por el enjuiciado señala la Delegada: Los acontecimientos alusivos a la alteración del orden público en el sector para el año 2002, así como la violencia del sector que ocasionaron la muerte de algunos funcionarios del Hospital y, las amenazas padecidas por José Ramón Ruiz, se encuentran plenamente acreditados en el informativo con prueba documental y testimonial, que por no haber sido controvertida o tachada ofrece credibilidad para el despacho. Con este contexto de presente, procede el despacho a estimar la conducta reprochada, destacando antes que nada que es imposible desconocer que eventos como los señalados indudablemente tienen total incidencia en el comportamiento de las personas que de cerca tienen que sufrir actos de violencia como los que claramente depusieron tanto el inculpado como los testigos, acaecidos para la época en que aquél se desempeñaba como gerente del Hospital Camilo Villazón. La realidad Colombiana da muestras diarias de ese acontecer y sus nefastas consecuencias, las que se reflejan en una economía sumida en un estancamiento completo, con un porcentaje de desplazamiento sin referentes cercanos, un nivel de

desempleo altísimo y destrucciones de hogares y familias, para solo mencionar algunos de sus efectos. Por ello, para el despacho no es imposible asumir que el acusado hubiese sido influenciado por esa situación, por el contrario, y que en razón de la misma hubiese adoptado caminos varios entre los que indiscutiblemente es posible contemplar el abandono del cargo, el desplazamiento del lugar, o cualquier otro camino dirigido a la salvaguarda de su integridad personal o la de su familia, en caso que estuviera igualmente amenazada como ocurrió con el José Ramón. Lo que si no encuentra lógico la oficina, es que el investigado haya optado por suscribir otro contrato en las circunstancias ya citadas, que de entrada lo único que le proporcionaba era unos ingresos extras, y su vida, misma que estaba en vilo por virtud de las amenazas de los violentos, se mantenía en la misma situación, pues paradójicamente el cumplimiento de los dos trabajos le implicaba un despliegue físico por el sector para ir de Valledupar a Pueblo Bello, exponiéndose aún más frente a los actos de los desadaptados, eventualidad que se mantuvo por varios meses. Y, no obra en el informativo prueba ninguna que acreditara que el enjuiciado tuviese situación precaria ninguna que por sus nocivos efectos a los más elementales derechos fundamentales, lo obligara a obtener recursos; lo cual no era posible ante el hecho cierto que en forma sagrada y continua recibía su contraprestación como gerente del Hospital de Puerto Bello. 095 1928 Fallo de segundo grado

Irina Lopesierra Mendoza 8 Así las cosas, no encuentra el despacho ninguna relación entre la suscripción del contrato de prestación de servicios 011, con la real situación de orden público que se vivía en Puerto Bello, y, por otro lado, a diferencia de lo señalado por el enjuiciado y su apoderado, aquél si tuvo otra opción que era abandonar el cargo, aceptando como lo acepta el despacho, que el procesado renunció y no le fue aceptada su dimitisión, pues tales motivos si pueden resultar atendibles y valorados en el momento de determinar la justificación de la conducta, en el entendido que la sola presentación de la renuncia no lo desvinculaba del cargo, pues es sabido que se requiere de aceptación expresa y entrega del mismo. Empero, si lo decidido fue seguir ejerciendo el cargo hasta tanto se le aceptase la renuncia, percibiendo su respectivo sueldo, con lo cual no solo demostraba un actuar ajustado a derecho sino que de paso seguía recibiendo los recursos necesarios para solventar las necesidades propias y las de los suyos, es claro que la realización del convenio 011 en tales circunstancias devenía irregular, no solo por tratarse de un asunto ajeno por completo a la situación relacionada con su condición de Gerente del Hospital de Pueblo Bello y las amenazas que en su momento le generaran la inquietud de renunciar, sino porque su condición de servidor público le impedían realizar dicho acuerdo. Entonces, es claro que el actuar desplegado por el inculpado denota un marcado interés económico, pues al parecer lo pretendido fue asegurar el recibo de unos ingresos extras ante la posibilidad de que se le aceptase la renuncia formulada,

suceso que de manera ninguna puede anteponerse a los mandatos legales y constitucionales que le prohibían contratar y recibir doble remuneración del tesoro público, máxime porque tampoco se acreditó, sin que este argumento resultare determinante para exonerarlo de responsabilidad, que no tuviese claras posibilidades de volver a vincularse laboralmente. Contrariamente a ello, el que estando trabajando le hubiese surgido la negociación con el ISS, demuestra que aquellas no eran reducidas. Tampoco se acreditó actitud ninguna el inculpado orientado a no recibir los emolumentos que desprendían de alguna de las actividades desempeñadas, lo que independientemente de si se hubiese podido o no lograr en la práctica, ante la obligación que cada uno de los entes tenían de cancelar, si hubiese sido demostrativo de un propósito noble, ético, que a su denotaría el interés del acusado en asegurar un trabajo, y que tal vez, aun cuando no hubiese evitado la configuración de la primera falta, esto es, la de contratar con una entidad estatal siendo servidor público, a lo mejor hubiese incidido en la comisión del otro cuestionamiento, consistente en recibir dos remuneraciones. Ahora, frente al argumento de la duplicidad de cargos esgrimido por el apoderado de Ruiz Estrada, y el imposible jurídico de imputar las dos conductas descritas bajo el formato de un concurso, ante la consideración de estar la segunda subsumida en la primera, la Delegada, al igual que el juzgador de instancia se aparta de ese planteamiento, habida cuenta que se tratan de acontecimientos distintos, disciplinaria

095 1928 Fallo de segundo grado Irina Lopesierra Mendoza 9 y constitucionalmente aislados en su regulación y con autonomía suficiente que permite su delimitación. En efecto, el actuar referido a la inhabilidad de contratar está previsto en el artículo 127 de la Carta Política, cuyo tenor literal es el siguiente: “Los servidores públicos no podrán celebrar, por si o por interpuesta persona, o en representación de otro, contrato alguno con entidades públicas o con personas privadas que manejen o administren recursos públicos, salvo las excepciones legales.” Esta disposición está desarrollada en el artículo 8, numeral primero, literal f) de la Ley 80 de 1993 que preceptúa: 1. Son inhábiles para participar en licitaciones o concursos y celebrar contratos con las entidades estatales: ...f) Los servidores públicos” sin contar con que por mandato del artículo 36 de la Ley 734 de 2002, las inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses señalados en la Constitución y la Ley, se entienden incorporados al ordenamiento disciplinario Ahora, la configuración de esta conducta en falta se da por desatención del deber de cumplir la Ley y la Constitución como expresamente lo prevé el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, que manda: “Deberes. Son deberes de todo servidor público: 1.Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución,… las leyes, los decretos,...”. Entretanto, el comportamiento alusivo a la prohibición de recibir 2 remuneraciones del tesoro nacional, está ubicado en el normado 128 de la Constitución Política, que

reza: “Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. “Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas”. La conformación de este comportamiento en falta disciplinaria, está determinado por el artículo 35 numerales 1 y 14 de la ley 734 de 2002, que en su orden disponen: “Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido: “1.Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en la Constitución, (…) las leyes, los decretos... “14. Desempeñar simultáneamente más de un empleo público o recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndese por tesoro público el de la Nación, las entidades territoriales y las descentralizadas”. 095 1928 Fallo de segundo grado Irina Lopesierra Mendoza 10 Empero, además de lo anotado, el despacho vuelve su atención a los argumentos vertidos sobre el punto por el Procurador Regional, resaltando que el contenido material de las premisas contenidas en los reglados 127 y 128 son distintos y claramente diferenciables. La primera es una conducta instantánea en perspectiva de su consumación, mientras que la segunda es de aquellas denominadas de tracto

sucesivo o periódicas, y, aun cuando la segunda es consecuencia de la primera, en este caso particular, no se confunden entre sí, siendo posible que el primer suceso tenga ocurrencia sin que el segundo se configure per se, resultando válido y oportuno el ejemplo citado en el fallo, respecto del servidor público que en licencia no remunerada contrata con otra entidad estatal. En este caso, se incurre en la inhabilidad pero no en la prohibición de recibir doble remuneración. Lo expuesto permite concluir que aunque se está frente a una identidad de persona, no hay identidad de materia u objeto y en este contexto, no se da la duplicidad deprecada por el apoderado del enjuiciado, situación que de cualquier modo no hubiese variado la calificación de gravísima del primer hecho y su imputación dolosa como se verá renglones seguidos, que en principio son los aspectos determinantes de la sanción a imponer. Atañadero la calificación de la falta el despacho ratifica la estimación de gravísima hecha frente a la primera acusación, en atención al mandato legal del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 en su numeral 17, que señala: “Actuar u omitir a pesar de la existencia de causales de incompatibilidad, inhabilidad y conflictos de intereses de acuerdo con las previsiones constitucionales y legales”. Igualmente avala la oficina la calificación de grave efectuada frente al segundo cargo, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 43 de la Ley 734 de 2002 aplicables a este caso, a saber: el grado de culpabilidad que será explicado en el párrafo siguiente, la jerarquía y mando del servidor público en la ESE, la

trascendencia de la falta que se circunscribe al mal ejemplo dado a la comunidad, los motivos determinantes del comportamiento que se muestran simplemente lucrativos, y, el grado de participación en la misma como autor total de la conducta. En lo que toca con la forma de culpabilidad, de entrada descarta la posibilidad de endilgarlas a título de culpa grave, pues los comportamient