PGN - Documento 201604160720107

DEPENDENCIA: Procuraduría Delegada para la Economía y la

Hacienda Pública

RADICACIÓN: 028103166/04

DISCIPLINADOS: Por establecer

CARGO Y ENTIDAD: Alcaldía Distrital de Santa Marta

QUEJOSO: Miledis Yanes Lanchez y Edith Gascón

Aragón FECHA DE LA QUEJA: 23 de Septiembre de 2003

FECHA DE LOS HECHOS: Por establecer ASUNTO: Conflicto de competencia

Bogotá. D. C., 8 de abril de 2005 ANTECEDENTES Mediante auto del 4 de noviembre de 2003, la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, inició indagación preliminar (folio 13 a 15), en la Alcaldía Distrital de Santa Marta, para que se investigara que había pasado con los dineros correspondientes al 50% de los aportes del Fondo de Inversión para la Paz “FIP” y el 28% restante de la contrapartida de la Empresa Social del Estado, para la terminación del Proyecto de Ampliación del Centro de Salud Bastidas de ese Distrito, que se encontraba paralizado por falta de recursos. La Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, mediante auto del 20 de abril de 2004, visible a folios 19 y 20 del informativo, remitió a esta Delegada el expediente 028-103166/04, por considerar que los hechos presuntamente irregulares, se relacionaban con el no giro por parte de la Alcaldía del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, de los recursos del Convenio del 7 de marzo de 2002, No FIP–110125/02, suscrito entre el Departamento Administrativo de

la Presidencia de la República – Fondo de Inversión para la Paz, el Proponente Distrito de Santa Marta y el O.G. Fundación SANAR-KINESIS, para la ejecución del Proyecto No 47-001-0002. Consecutivo No 1776, Ampliación del Centro de Salud Bastidas de ese Distrito. El objeto de dicho convenio era el desarrollo de actividades conjuntas para la financiación, administración y ejecución del proyecto Ampliación del Centro de Salud Bastidas en Santa Marta Magdalena, proyecto que se ejecutaría en desarrollo del subprograma “ Empleo en Acción – Proyectos Comunitarios” de la Red de Apoyo Social del DAPR-FIP. La Cláusula cuarta de dicho convenio manifestaba: “VALOR DEL PROYECTO. El valor del proyecto es de CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TREINTA Y NUEVE pesos m/cte ( $ 152.955.039) discriminados así: el DAPR-FIP se compromete a aportar hasta CINCUENTA MILLONES pesos m/cte ($ 50.000.000) para mano de obra no calificada, hasta TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA pesos m/cte ( $ 39.439.460), para materiales. EL PROPONENTE se compromete a hacer los siguientes aportes así: TRES MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS CINCO pesos m/cte ( $ 3.611.305) para mano de obra, CINCUENTA Y NUEVE MILLONES 1

NOVECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO pesos m/cte

( $ 59.904.274) para materiales” CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA El Procurador General de la Nación profirió la Resolución 0017 del 4 de marzo de 2000, a través de la cual distribuyó entre las dependencias, las funciones y competencia atribuidas al órgano de control, atendiendo criterios de especialidad, jerarquía y calidades de los servidores públicos investigados. En su artículo 19, inciso segundo y quinto la Resolución 0017/00 dispuso: INCISO SEGUNDO: “(...) Cuando se trata de conductas relacionadas con la contratación, desde los actos preparatorios, comprendiendo todos los requisitos y procedimientos presupuestales, hasta la liquidación del contrato y el pago de las obligaciones que de él surjan, la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública asume las funciones y competencias disciplinarias establecidas en los literales (..) a) (..) del numeral 1 del artículo 25 del Decreto 262 de 2000(..)”.

INCISO QUINTO: “(...) Cuando se trata de conductas relacionadas con la Hacienda Pública, planes de desarrollo y las demás formas de intervención del estado en la economía, lo cual comprende las siguientes materias: 1.- Preparación, presentación, aprobación, modificación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo económico y social. 2.- Preparación, presentación, discusión, aprobación, sanción, liquidación, ejecución, modificación y control del presupuesto. 3.- Manejo del tesoro público e inversiones de los recursos parafiscales. 4.- Administración y utilización de los recursos provenientes de monopolios, regalías y transferencias de la Nación a las entidades territoriales, de rentas de destinación

especifica y de los fondos cuentas. 5.- Crédito público y capacidad de pago. 6.- Contabilidad pública. 7.- Intervención en la economía nacional, y 8.- Régimen tributario. La Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública asume las funciones y competencias disciplinarias establecidas en los literales (..) a), (..) del numeral 1 del artículo 25 del Decreto 262 de 2000 (..)”. Se infiere entonces, que la competencia en materia disciplinaria, esta reglada y por consiguiente es taxativa, y debe ser analizada tanto por la especialidad o la materia como por la calidad de los implicados, en aras de preservación del principio de economía y del debido proceso, contemplados en la Constitución y la Ley. 2 Así las cosas, observa el Despacho que los argumentos esgrimidos por la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, no guardan concordancia con la Resolución No 0017 del 4 de marzo de 2000, con el artículo 25 del Decreto 262 de 2000 en cuanto se refieren a la génesis de los recursos y su pago, sin detenerse en análisis del hecho fundamental, como es el incumplimiento de la cláusula cuarta del convenio citado. En ese orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Resolución 017 de 2000, a través de la cual el señor Procurador General de la Nación distribuyó las funciones y competencias, a la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública le asignó todo el proceso contractual, desde los actos preparatorios comprendiendo todos los requisitos y procedimientos presupuéstales,

hasta la liquidación del contrato y el pago de las obligaciones que de él surjan. Al respecto la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación y en atención a preceptos absolutamente legales y a los frecuentes señalamientos de esta Delegada, en el sentido que dicha competencia extralegal generaría nulidades, se pronunció sobre la competencia disciplinaria de asuntos contractuales, independientemente de su denominación, entre convenios o contratos y emitió los fallos del 7 de diciembre de 2001 y del 5 de febrero de 2002, en los cuales determinó los criterios a tener en cuenta para dirimir los conflictos de competencia. así: “el factor que dirime los conflictos de competencia no es el medio o mecanismo jurídico utilizado por la administración para cumplir determinado objetivo, esto es el contrato estatal, o la fuente de los recursos comprometidos, sino la determinación de la naturaleza de la situación presuntamente irregular que sea objeto de reproche disciplinario. De modo que no se puede de manera general afirmar que cuando existan situaciones que se relacionen con la administración o utilización de recursos de regalías, por ejemplo, sea necesaria e indefectiblemente de la Delegada para la Economía y la Hacienda Pública (..) “La Sala se permite en esta oportunidad considerar y precisar, en cambio, que si en el proceso disciplinario encontramos que la posible conducta irregular se presenta en los actos preparatorios de la contratación, en el cumplimiento de los requisitos y procedimientos presupuestales que deben ser observados previa y coetáneamente en un proceso de contratación o en la liquidación y el pago de las obligaciones contractuales, de las que se pueda deducir la probable transgresión no sólo de normas reguladoras de la materia contractual

sino también presupuestal, en forma secundaria o consecuencial, prima aquella situación sobre el carácter del recurso que financió el contrato, siempre y cuando no se presente la conexidad regulada por el parágrafo del artículo 19 de la Resolución 017 de 2000. Es decir, en este tipo de eventos, para efecto de la definición de un conflicto de competencias, se debe tener en cuenta que se trata de una discusión de orden contractual” Es de destacar que ante la gran cantidad de conflictos de competencia entre las Delegadas de Contratación Estatal y Moralidad, frente a esta Delegada, la Sala Disciplinaria ha dirimido las disputas y fijado criterios que permitirían unificar a los conceptos de las delegadas a este respecto, además del citado, los contenidos en las decisiones de: 5 de febrero de 2002 Exp No 028-56931 3 15 de marzo de 2002 Exp No 028-56432 22 de marzo de 2002 Exp No 028-58402 22 de marzo de 2002 Exp No 161-1221 22 de marzo de 2002 Exp No 165-56365 26 de abril de 2002 Exp No 028-61534 En lo que ha corrido del año, la Sala Disciplinaria, se ha pronunciado en las mencionadas decisiones, reiterando el mismo criterio para la fijación de la competencia, y dirimido el conflicto aceptando los argumentos expuestos por esta Delegada. Así las cosas considera este Despacho que en el caso examinado, se esta cuestionando, como se dijo anteriormente el incumplimiento de la cláusula cuarta del convenio, en la que está determinado el valor que las partes debían aportar para el

cumplimiento del mismo, por lo que indiscutiblemente la competencia, para conocer disciplinariamente de los hechos, corresponde a la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto262 de 2000, en concordancia con el artículo 19 de la Resolución No 017 del mismo año. En consecuencia, el Procurador Delegado para la Economía y la Hacienda Pública, RESUELVE PRIMERO: Provocar conflicto de competencia de carácter negativo dentro del presente proceso disciplinario, con fundamento en lo señalado en la parte motiva de este proveído, y en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el artículo 22, numeral 2 del Decreto 262 de 2000, remitir las diligencias en el estado en se encuentran a la Sala Disciplinaria, a fin de que dirima el conflicto que se suscito, entre la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública y de Hacienda Pública.

CÚMPLASE

ANDRES VARELA ALGARRA

Procurador Delegado 028-103166/04 A.A. 65 4