PGN - Documento 201604160720114

Dependencia: Procuraduría Primera Delegada Contratación Estatal

Radicación No: 097-00826/02

Disciplinado y/o Investigado: Jorge Luis Canchala Cárdenas y Otro

Cargo y Entidad: Director Regional CORPOAMAZONIA Quejoso: Jorge Oswaldo Silva Carvajal Fecha Queja: Abril 8 de 2002

Fecha Hechos: Febrero 12 de 2002

Asunto: Fallo de Segunda Instancia (Artículo 171 ley 734/02)

Bogotá, D.C., 17 de febrero de 2005 Sería el momento procesal oportuno para que el Despacho se pronunciara sobre la apelación interpuesta por el profesional del Derecho doctor José Haxel de la Pava Marulanda, apoderado de los implicados JORGE LUIS CANCHALA CARDENAS y LILIANA BEATRIZ MARTINEZ GUERRA, contra el fallo de primera instancia de fecha 13 de junio de 2003, mediante la cual la Procuraduría Regional del amazonas los sancionó con multa equivalente a sesenta (60) días de sueldo devengado para la época de los hechos, folios 572 a 590 del cuaderno No. 2, pero observa que se dan las causales descritas en los numerales 2° y 3° del artículo 143 de la Ley 734 de 2002, para decretar la Nulidad de lo actuado a partir del auto de cargos inclusive. La Procuraduría Regional del Amazonas, inició actuación disciplinaria en contra de los señores JORGE LUIS CANCHALA CÁRDENAS, en su calidad de Director Regional de Corpoamazonía, y LILIANA BEATRIZ MARTÍNEZ GUERRA,

Coordinadora Administrativa de la misma entidad, por presuntas irregularidades en el proceso de selección de las convocatorias del 12 de febrero del año 2002, para contratar la prestación de servicios, puesto que al parecer no se realizó una selección objetiva. Mediante auto de Abril 2 de 2002, se ordenó adelantar la correspondiente indagación preliminar a fin de esclarecer los hechos motivo de la queja y la practica de algunas pruebas – folios 16 y 17 Cuaderno No.1. Posteriormente con providencia calendada Noviembre 18 de 2002, se dispuso la apertura de investigación disciplinaria en contra de los servidores JORGE LUIS CANCHALA y LILIANA BEATRIZ MARTINEZ, folios 244 a 256 del cuaderno No.1. Con auto de abril 28 de 2003, folios 528 a 541 del cuaderno No. 2, se profirió auto de cargos en contra de los implicados, dentro del cual se puede establecer que no se cumplieron los requisitos del artículo 163 de la Ley 734 de 2000, la cual ya había entrado en vigencia, puesto que los cargos formulados son vagos e imprecisos toda vez que no determinó con claridad la conducta imputada a cada uno de los encartados, registrándose por ejemplo en relación a la conducta de la señora Liliana Beatriz Martínez que se le imputó “Tener a su servicio en forma estable o transitoria para las labores propias de su Despacho personas ajenas a la entidad.”, es decir, la Procuraduría Regional se limitó a transcribir como cargo el contenido del numeral 2° artículo 41 de la Ley 200/95, sin señalar cuales son los hechos irregulares en que

incurrió el servidor disciplinado. En primer término es del caso recordar al funcionario de primera instancia, que el 1 auto de cargos es la columna vertebral del proceso disciplinario, puesto que de su claridad y precisión con que se expresen las conductas endilgadas, depende la eficacia de la acción, por ello, en él se deben determinar en forma precisa las circunstancias de tiempo, modo y lugar, requisitos que no se encuentran dentro de la citada providencia de cargos de fecha abril 28 de 2003, es decir, no se les señaló en forma concreta cual es la falta disciplinaria que se les imputa, para que puedan ejercer debidamente su derecho a al defensa. Igualmente observa el Despacho, como segunda falencia que no se les citaron las normas sustantivas que infringieron los encartados y que les imponían el deber y obligación de respetar el proceso de selección objetiva, en el caso sub-judice la Ley 80/93 y sus Decretos reglamentarios, pues en forma genérica les señalaron como normas presuntamente violadas, los artículos 6° y 123 de la Constitución, al igual que las normas disciplinarias, pero no le fueron indicadas las normas sustantivas. Sostuvo el Consejo de Estado en Sentencia del 15 de febrero de 1991, que “...el pliego de cargos cumple una función vital dentro del proceso disciplinario, pues con base en él la administración de una parte, circunscribe la imputación específica de los hechos constitutivos de la falta disciplinaria, y de otra parte, el inculpado puede ejercer adecuadamente su derecho de defensa, respecto de cargos específicos y concreto, se trata de un acto que delimita la atribución de la administración y

concreta las bases de responsabilidad del funcionario...” Como tercera inconsistencia encuentra el Despacho, que se vulneró a los implicados el derecho de defensa, no solo en la formulación de los cargos, sino que además el funcionario de primera instancia no cumplió con el ritual del proceso ordenado el la Ley 734 de 2002, en especial su artículo 92 numeral 8°, pues éste indica que los encartados tienen derecho a presentar alegatos de conclusión previo al fallo de primera o única instancia, es decir, es otra etapa de la actuación disciplinaria, fase y exigencia que fue obviada por la Regional del Amazonas, en total desconocimiento del derecho a la defensa y por ende el debido proceso. Por lo tanto se dan las causales descritas en los numerales 2° y 3° del artículo 143 del Código Disciplinario Único, para decretar la nulidad de la actuación disciplinaria a partir del auto de cargos de fecha 28 de abril de 2003, inclusive, dejando eso sí, con plena validez las pruebas que oportunamente fueron allegadas al proceso, ordenando reponer la actuación nulitada por parte de la Regional del Amazonas. En mérito de lo anteriormente expuesto, el Procurador Primero Delegado para la Contratación Estatal (E), DISPONE: PRIMERO: Decretar la NULIDAD de la actuación disciplinaria a partir inclusive del auto de cargos de fecha 28 de abril de 2003, dejando con plena validez las pruebas oportunamente allegadas al plenario.

SEGUNDO: Por parte de la Procuraduría Regional del Amazonas, reponer la actuación disciplinara afectada con nulidad, a donde se devolverán las presentes diligencias.

TERCERO: Por secretaría de la Procuraduría Regional del Amazonas, notificar en legal forma a los implicados o su apoderado, esta decisión informándoles que contra 2 la misma no procede recurso alguno.

CUARTO: Por la Unidad Coordinadora de las Procuradurías delegadas para la Contratación Estatal, dejar las constancias y anotaciones de rigor.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

El Delegado,

MARIO ROBERTO MOLANO LOPEZ (E)

097-0862/02 Leliva 3