PGN - Documento 201604171146459

Dependencia : Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa Radicación No : 014-125712-05

Investigado : Nelson Ricardo Marino Velandia Cargo y entidad : Alcalde Municipal de Yopal (Casanare) Quejoso : Jaime Orlando Morales Fecha queja : Mayo 31 de 2005

Fecha hechos : Marzo 15 de 2005

Fecha prescripción: Marzo 15 de 2010

Asunto : Auto de archivo

Bogotá DC, 22 de noviembre de 2005 Procede el Despacho a definir lo que en derecho corresponde, dando aplicación a lo dispuesto por el artículo 150 de la Ley 734 de 2002. ANTECEDENTES El Señor JAIME ORLANDO MORALES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.814.579, informó a la Procuraduría General de la Nación sobre la supuesta inhabilidad de la Señora YAMILE PÉREZ VEGA, al haberse posesionado como empleada de la Oficina de la Tesorería Municipal de Yopal, pese a que la Señora YOLANDA PÉREZ, madre de la funcionaria, era Edil del Corregimiento de Santafé de Morichal, jurisdicción de ese municipio (fl. 1). Mediante auto del 2 de agosto de 2005, el Despacho dispuso indagación preliminar para lograr el esclarecimiento de los hechos denunciados (fls. 22 a 25). CONSIDERACIONES DEL DESPACHO Conforme al formulario E-27 de la Registraduría Nacional del Estado Civil que obra en el folio 10 del expediente de la referencia, la Señora MARÍA YOLANDA PÉREZ DE VEGA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.675.726 fue

elegida Edil por el Corregimiento de El Morichal Municipio de Yopal Departamento de Casanare. Sin embargo, el 3 de agosto de 2004, la Señora PÉREZ DE VEGA presentó renuncia irrevocable a la curul que venía ejerciendo, razón por la cual, por Decreto No. 100-02-0133 del 1 de septiembre de 2004, el Alcalde Municipal de Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Carrera 5ª 15-80 piso 8º . PBX 3360011 – 3520066 EXT. 10823 Página 1 de 4 Yopal, Doctor NELSON RICARDO MARIÑO VELANDIA, aceptó la renuncia presentada, ordenando remitir copia de ese acto administrativo a la Secretaría de Gobierno y Participación Ciudadana Municipal para los efectos legales consiguientes (fl. 44). Transcurridos seis (6) meses y quince (15) días de la renuncia de la edil, el Doctor MARIÑO VELANDIA profirió el Decreto No. 100-24-0031 del 15 de marzo de 2005, nombrando a la señora DARY JAMILE VEGA PÉREZ, hija de la Señora YOLANDA PÉREZ DE VEGA, como Técnico, código 401, grado 13. Tomó posesión del aludido cargo el 16 de ese mes y año (fls. 45). Conforme a esta cronología, el cuestionamiento que se hizo por el nombramiento de la Señora DARY JAIME VEGA PÉREZ, se refiere a la posible inhabilidad en que se encontraba incursa, al ser nombrada en el cargo descrito,

pese a ser hija de la edil, Señora MARÍA YOLANDA PÉREZ DE VEGA, contrario, según el quejoso, al artículo 126 de la Ley 136 de 1994. Sea lo primero decir, que en el texto del artículo señalado en la queja, no aparece ninguna incompatibilidad, inhabilidad o prohibición de los miembros de las Juntas Administradoras Locales, pero en el inciso 2 del artículo 49 de la Ley 617 de 2000, modificado por el artículo 1 de la Ley 821 de 2003, aparece dicha prohibición: “ (…) Los cónyuges o compañeros permanentes de los Gobernadores, Diputados, Alcaldes Municipales y Distritales y Concejales Municipales y Distritales y miembros de Juntas Administradoras Locales Municipales y Distritales y sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad o primero civil, no podrán ser designados funcionarios del respectivo departamento, distrito o municipio, o de sus entidades descentralizadas (…)”. La Constitución Política y la ley han fijado un régimen de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones. Con las primeras, se busca que quienes vayan a ingresar, estén o hayan ocupado cargo o cargos en la administración pública, posean ciertas cualidades que garanticen la gestión y antepongan sus intereses personales a los generales. Con las incompatibilidades se pretende que no se acumulen funciones y cargos y con las prohibiciones se colocan límites a los posibles abusos de quienes se encuentran en la administración pública y en ocasiones a los particulares. Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Carrera 5ª 15-80 piso 8º . PBX 3360011 – 3520066

EXT. 10823 Página 2 de 4 El legislador, tiene autorización constitucional para establecer causales de inhabilidad, inhabilidades y prohibiciones, respecto al ejercicio de cargos públicos, las cuales deben ser razonadas y proporcionales. Para los miembros de las Juntas Administradoras Locales Municipales y Distritales, no existe disposición constitucional que regule el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de sus miembros y de sus parientes, pero los artículos 293, 318 y 322 de la Constitución Política, asignan a la ley de manera general la regulación del régimen aplicable a dichas Juntas Administradoras Locales. Por esas razones, el Legislador puede expedir leyes, con el fin de asegurar la convivencia dentro del respectivo ámbito territorial. De esta manera, se expidieron, entre otras, las leyes 136 de 1994, 617 de 2003 y 821 del mismo año. La Señora MARÍA YOLANDA PÉREZ DE VEGA, fue elegida Edil por el Corregimiento de Morichal del Municipio de Yopal, para el período de 2004 a 2007 (fl. 10). Si se tiene en cuenta que la renuncia de la mencionada Edil, fue aceptada el 1 de septiembre de 2004 y el nombramiento de su hija DARY JAMILE VEGA PÉREZ, se produjo el 15 de marzo de 200, transcurrieron más de seis (6) meses, lo cual es válido, según lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley 617 de 2000, que señala: “Las incompatibilidades de los miembros de las Juntas Administradoras Locales y Distritales tendrán vigencia hasta la terminación del período constitucional respectivo. En caso de renuncia se mantendrán durante

los seis (6) meses siguientes a su aceptación, si el lapso que faltare para el vencimiento del período fuere superior (…)”. En estas condiciones, no existe falta disciplinaria, resultando procedente el archivo del diligenciamiento. En mérito a lo expuesto, LA PROCURADORA SEGUNDA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 25 del Decreto 262 de 2000,

RESUELVE:

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PRIMERO: Ordenar la terminación de la actuación y en consecuencia, disponer el archivo definitivo del proceso No 014-125712/2005, adelantado contra los servidores públicos del Municipio de Yopal, señores NELSON RICARDO

MARIÑO VELANDIA (Alcalde), GABRIEL FRANCISCO BARRETO MENÉNDEZ

(Secretario General), DARY JAMILE VEGA PÉREZ (técnico, 401, grado 13) y MARÍA YOLANDA PÉREZ DE VEGA (Edil del Corregimiento Morichal).

SEGUNDO: Por Centro de Notificaciones de la Procuraduría General de la Nación, notificar la presente decisión a los investigados, indicándoles que contra la misma no procede recurso alguno. Para tal efecto, líbrense las correspondientes comunicaciones, indicando la fecha de la providencia y la decisión tomada. En caso de no ser posible notificar personalmente, notifíquese

por estado.

TERCERO: Por la Secretaría del Despacho, comunicar esta determinación al quejoso, Señor JAIME ORLANDO MORALES, informándole que contra la misma procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, que deberá interponer y sustentar por escrito en el término de tres (3) días, contados a partir de los cinco (5) días siguientes a la fecha de entrega de la referida comunicación en la oficina de correo. Para tal efecto, líbrese la respectiva comunicación, indicándole la decisión tomada, la fecha de la providencia y que si lo desea podrá consultar el expediente en la Secretaría de este Despacho.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

FLOR ALBA TORRES RODRÍGUEZ

Procuradora Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa Expediente No. 014-125712-2005

FATR-CAZC

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