PGN - Documento 201604171605310

Procurador General Bogotá, D.C., 22 de febrero de 2006 Señores

MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

E. S. D.

REF: Demanda de inconstitucionalidad contra la totalidad de la Ley 920 de 2004 “por la cual se autoriza a las cajas de compensación familiar adelantar actividad financiera y se dictan otras disposiciones” y subsidiariamente contra los artículos 1 (parcial), 3 (parcial) y 4 de la misma ley.

Demandante: ISMAEL ENRIQUE MÁRQUEZ CORREAL

Magistrado Sustanciador: Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO

Expediente No. D-6061 Concepto No. 4036 A De conformidad con lo previsto en los artículos 242, numeral 2, y 278, numeral 5, de la Constitución Política, procedo a rendir concepto en relación con la demanda que, en ejercicio de la acción pública consagrada en los artículos 40, numeral 6, y 242, numeral 1º, de la Carta, instauró el ciudadano ISMAEL ENRIQUE MÁRQUEZ CORREAL contra la totalidad de la Ley 920 de 2004 y subsidiariamente contra los artículos 1 (parcial), 3 (parcial) y 4 de la misma ley, la cual regula el ejercicio de la actividad financiera por parte de las Cajas de Compensación Familiar.

1. Planteamientos de la demanda 1.1. El ciudadano MÁRQUEZ CORREAL pretende la declaratoria de inconstitucionalidad de la totalidad de la Ley 920 de 2004 y subsidiariamente de los artículos 1 (parcial), 3 (parcial) y 4 de la misma ley por las siguientes

razones: Procurador General Concepto No. 4036 1.1.1. Dado que el objeto principal de la Ley 920 de 2004 es la regulación del ejercicio de la actividad financiera por parte de las cajas de compensación familiar, el proyecto que dio lugar a la citada ley debió ser tramitado y aprobado en primer debate por las comisiones constitucionales permanentes terceras tanto del senado como de la cámara de Representantes y no por las comisiones séptimas, lo cual desconoció lo dispuesto en los artículos 142, inciso segundo; 157, numerales 1 y 2; 158 y 160, inciso final, de la Carta Política, lo mismo que las Leyes 5 de 1992, artículos 144, 146 y 147, y 3 de 1992. 1.1.2. La ley demandada autoriza adelantar actividades financieras a las cajas de compensación familiar, por lo tanto es una ley marco que solo puede contener normas generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno para efectos de regular dicha actividad. En este orden, las disposiciones contenidas en el artículo 1º, numeral 14, ordinales 14.1, 14.2, 14.5, 14.6 y 14.7, riñen con el artículo 150, numeral 19, literal d), de la Carta Política, pues regulan asuntos propios de la competencia asignada al Presidente de la República por el artículo 189, numerales 24 y 25, de la Constitución, vulnerando, en consecuencia, el artículo 136, numeral 1, superior. 1.1.3. El ordinal 14.2.6 del artículo 1, numeral 14, de la ley demandada, al

permitir el traslado de cuentas de ahorro programado, de otros establecimientos financieros, a la respectiva caja de compensación familiar, desconoce los derechos adquiridos de dichos establecimientos financieros con vulneración de los artículos 58 y 333 de la Carta Política; éste último, cuando se trate de establecimientos pertenecientes al sector de la economía solidaria. 1.1.4. La frase final del numeral 14.7 del artículo 1º de la Ley 920 de 2004, según la cual el gobierno nacional podrá autorizar al Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas, Fogacoop, a otorgar el seguro de los depósitos de los afiliados a las cajas de compensación familiar quebranta el principio de igualdad, consagrado en el artículo 13 superior, frente a los fondos de empleados, organismos que no gozan de tal beneficio por carecer de la 2 Procurador General Concepto No. 4036 naturaleza jurídica de entidades cooperativas, calidad que tampoco ostentan las cajas de compensación familiar. 1.1.5. El parágrafo del artículo 1º y el artículo 4 de la Ley 920 de 2004, vulneran el artículo 158 superior que consagra el principio de la unidad de materia, por los siguientes motivos: a) El contenido del parágrafo del artículo 1º es totalmente ajeno al “régimen sancionatorio” aplicable a las secciones especializadas de las cajas de compensación familiar y a sus servidores, consagrado en el numeral 14.8 del artículo 1 de la Ley 920 de 2004. b) La obligación impuesta en el artículo 4 de la Ley 920 de 2004 a toda persona, empresa o entidad pública o privada de deducir y retener de cualquier

cantidad que haya de pagar a sus trabajadores o pensionados, las sumas que estos adeuden a la caja de compensación o fondos de empleados, cuya obligación conste en libranzas, títulos valores o cualquier otro documento suscrito por el deudor quien para el efecto debe dar su consentimiento previo, es ajena a la actividad financiera que adelantan las cajas de compensación familiar y que constituye el objeto de la citada ley. 1.1.6. La expresión demandada del artículo 3 de la Ley 920 de 2004, vulnera el artículo 39 superior, al permitir que la asamblea general reforme sus estatutos, mediante un número plural de afiliados asistentes, desconociendo así el principio democrático de rango constitucional que rige a las organizaciones sociales y gremiales, contenido en el citado precepto superior. 1.1.7. El artículo 1, numeral 14, inciso tercero, de la Ley 920 de 2004, desconoce el artículo 338 de la Carta Política, al no establecer el sistema y el método para definir las respectivas tasas por los servicios prestados y dejar que sea el gobierno nacional el que determine los criterios técnicos para su cálculo según los parámetros del artículo 337 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 3 Procurador General Concepto No. 4036

2. Problemas jurídicos Corresponde al Ministerio Público determinar: 2.1. Si por el trámite en primer debate del Proyecto No. 131 de 2003 Senado – 154 de 2003 Cámara que dio lugar a la Ley 920 de 2004, a través de las

comisiones séptimas de ambas cámaras, el legislador desconoció lo dispuesto en materia de competencia de esas células legislativas en los artículos 142, inciso segundo; 157, numerales 1 y 2; 158 y 160, inciso final, de la Carta Política, y en sus desarrollos legales mediante las Leyes 5 de 1992, artículos 144, 146 y 147, y 3 de 1992. 2.2. Si la ley demandada al autorizar a las cajas de compensación familiar a realizar actividad financiera formaría parte de aquellas que conforme al artículo 150, numeral 19, literal d), tienen reserva de “ley marco”. 2.3. Si el ordinal 14.2.6 del artículo 1, numeral 14, de la ley demandada, al permitir el traslado de cuentas de ahorro programado, de otros establecimientos financieros, a la respectiva caja de compensación familiar, desconoce los derechos adquiridos de dichos establecimientos financieros con vulneración de los artículos 58 y 333 de la Carta Política; éste último, por atentar contra el fortalecimiento de los establecimientos pertenecientes al sector de la economía solidaria. 2.4. Si el legislador al determinar en el numeral 14.7 del artículo 1º de la Ley 920 de 2004 que el gobierno nacional podrá autorizar al Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas, Fogacoop, a otorgar el seguro de los depósitos de los afiliados a las cajas de compensación familiar, vulnera el derecho a la igualdad frente a los fondos de empleados. 2.5. Si el Legislador vulneró el principio de unidad de materia consagrado en el artículo 158 superior por las siguientes razones:

4 Procurador General Concepto No. 4036 a) Por adicionar, a través del parágrafo del artículo 1º de la ley acusada un nuevo parágrafo al artículo 6º de la Ley 789 de 2002, relacionado con la destinación de los saldos no ejecutados durante la respectiva vigencia fiscal de todos los recursos del fondo para apoyar el empleo y la protección del desempleado al Fondo Obligatorio para el Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social, FOVIS. b) Al determinar en el artículo 4 Ibídem que los empleadores están obligados a deducir y retener a sus trabajadores o pensionados, las sumas que adeuden a la caja de compensación o cooperativa o fondos de empleados. 2.6. Si la posibilidad de que el quórum de la asamblea general de las cajas de compensación familiar se componga de cualquier número plural de afiliados asistentes, como lo señala el artículo 3 de la ley demandada, desconoce los principios democráticos contemplados en el artículo 39, inciso segundo, superior. 2.7. Si el artículo 1, numeral 14, inciso tercero, de la Ley 920 de 2004, desconoce la competencia legal para fijar el sistema y método mediante los cuales se determinan las tarifas de las tasas y contribuciones contenida en el inciso segundo del artículo 338 superior, al prescribir que las contribuciones “… consistirán en tarifas que se calcularán de acuerdo con los criterios técnicos que señale el Gobierno Nacional teniendo en cuenta, entre otros, los parámetros que al efecto establece el artículo 337 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.”

3. Consideración previa sobre la naturaleza jurídica de las cajas de compensación familiar 3.1. El régimen general de las cajas de compensación familiar, se encuentra previsto en las Leyes 21 de 1982 y 789 de 2002. Según éste, se trata de personas jurídicas de derecho privado, sin ánimo de lucro, organizadas como corporaciones en la forma señalada en el Código Civil, que cumplen funciones

5 Procurador General Concepto No. 4036 de seguridad social, mediante el recaudo, distribución y pago de los aportes destinados por los empleadores para el cubrimiento del subsidio familiar, bajo la vigilancia y control del Estado, concretamente de la Superintendencia de Subsidio Familiar (Ley 21 de 1982, artículo 39). 3.2. Las Cajas de Compensación Familiar, por un lado, desarrollan diferentes programas propios de la seguridad social y, por el otro, recaudan, distribuyen y pagan los aportes destinados al subsidio familiar en dinero (ley 21 de 1982, artículo 41). Los servicios que prestan tales organismos se desarrollan a través de obras y programas de salud, nutrición, vivienda, crédito de fomento, recreación y mercadeo (Ley 21 de 1982, artículo 41 y 62) 3.3. De conformidad con lo dispuesto por la Ley 789 de 2002, “por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y apoyar la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo, las citadas cajas pueden participar, asociarse e invertir en el sistema financiero a través de los bancos, cooperativas financieras, compañías de financiamiento comercial y

organizaciones no gubernamentales cuya actividad principal sea la operación de microcrédito, conforme a las normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y demás normas especiales según la clase de entidad (Ley 920 de 2002, artículo 16, numeral 3). Las Cajas, cuando se trate de préstamos para la adquisición de vivienda podrán invertir, participar o asociarse para la creación de sociedades diferentes de establecimientos de crédito, cuando quiera que tales entidades adquieran el permiso de la Superintendencia Bancaria para la realización de operaciones hipotecarias de mutuo (Ley 920 de 2002, artículo 16, numeral 3). Con el fin de estimular el ahorro y desarrollar sus objetivos sociales, las Cajas podrán constituir y participar en asociaciones mutualistas de ahorro y préstamo, instituciones financieras de naturaleza cooperativa, cooperativas financieras o cooperativas de ahorro y crédito con aportes voluntarios de los trabajadores 6 Procurador General Concepto No. 4036 afiliados y concederles préstamos para los mismos fines (Ley 920 de 2002, artículo 16, numeral 3). 3.4. Por su parte, la ley 920 de 2004, autorizó a las cajas de compensación familiar para adelantar, mediante secciones especializadas de ahorro y crédito, actividad financiera, para que como parte de la finalidad de la protección social, amplíen la oferta de esta clase de servicios a favor de las familias que por sus bajos ingresos en general no tienen acceso al crédito del sector financiero (exposición de motivos del proyecto que dio lugar a la ley demandada, publicada en la Gaceta del Congreso No. 565 de octubre 31 de 2003).

Sin embargo, dada su naturaleza corporativa, sus funciones, finalidades y el carácter parafiscal de sus recursos, las cajas de compensación familiar no pueden asimilarse a las entidades del sector financiero y, en especial, a otros establecimientos de crédito, motivo por el cual, el legislador no está obligado a regular de la misma manera que lo hace para las demás entidades de dicho sector, la actividad financiera que desarrollan estas cajas (sentencia C – 041 de 2006). Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, el Ministerio Público procederá a analizar los cargos presentados por el actor contra la disposición acusada.

4. Análisis de los cargos formulados 4.1. Competencia de las comisiones séptimas permanentes del Senado y la Cámara de Representantes para tramitar la Ley 920 de 2004.

La Ley 920 de 2004 fue demandada en su integridad por vicios de trámite en su formación. El actor considera que el proyecto de ley debió aprobarse en primer debate en las comisiones terceras de Senado y Cámara de Representantes y no en las comisiones séptimas de cada célula legislativa en consideración a que el objeto principal de la misma es la regulación del ejercicio de la actividad financiera por parte de las cajas de compensación familiar. 7 Procurador General Concepto No. 4036 Sobre este particular, es preciso recordar que según el artículo 157 de la Constitución, para que un proyecto se convierta en ley debe cumplir los siguientes requisitos: 1) haber sido publicado oficialmente por el Congreso, antes de dársele curso en la comisión respectiva; 2) haber sido aprobado en

primer debate en la correspondiente comisión permanente de cada cámara; 3) haber sido aprobado en cada cámara en segundo debate; y 4) haber obtenido la sanción del Gobierno. La Ley 3 de 1992, “por la cual se expiden normas sobre las comisiones del Congreso de Colombia y se dictan otras disposiciones”, establece que durante el período constitucional funcionarán en cada una de las cámaras las siguientes comisiones: comisiones constitucionales permanentes, comisiones legales, comisiones accidentales y otras comisiones (artículo 1º). En cada cámara existen siete (7) comisiones constitucionales permanentes, a las que les corresponde dar primer debate a los proyectos de acto legislativo o de ley según los asuntos de su competencia (artículo 2, modificado por la Ley 754 de 2002, artículo 1), la cual se establece para las comisiones mencionadas, así: Para la comisión tercera, frente a los siguientes asuntos: “hacienda y crédito público; impuesto y contribuciones; exenciones tributarias; régimen monetario; leyes sobre el Banco de la República; sistema de banca central; leyes sobre monopolios; autorización de empréstitos; mercado de valores; regulación económica; planeación nacional; régimen de cambios, actividad financiera, bursátil, aseguradora y de captación de ahorro.” Para la comisión séptima en relación con las siguientes materias: “estatuto del servidor público y trabajador particular; régimen salarial y prestacional del servidor público; organizaciones sindicales; sociedades de auxilio mutuo; seguridad social; cajas de previsión social; fondos de prestaciones; carrera 8 Procurador General

Concepto No. 4036 administrativa; servicio civil; recreación, deportes; salud; organizaciones comunitarias; vivienda; economía solidaria; asuntos de la mujer y de la familia. La variedad y la amplitud de los principios constitucionales que deben ser desarrollados por la ley y la dinámica y especificidad de cada materia exigen cierta flexibilidad al momento de distribuir los proyectos de ley para su estudio, trámite y aprobación en primer debate entre las distintas comisiones permanentes constitucionales. Según la jurisprudencia constitucional, para efectos de la distribución de los proyectos de ley en las comisiones, debe tenerse en cuenta la materia dominante en cada caso, permitiéndose que un mismo proyecto contenga temas directa o indirectamente asignados a otras comisiones pero que sean conexos entre sí (sentencia C – 540 de 2001). En el presente caso que se estudia, por tratarse el proyecto de ley sobre las cajas de compensación familiar, las cuales cumplen funciones de seguridad social, bajo la vigilancia y control del Estado, la materia dominante en el proyecto que dio lugar a la Ley 920 de 2004, era precisamente ése, el de la seguridad social, asunto de competencia de las comisiones séptimas constitucionales de una y otra cámara. Si bien es cierto que, la ley demandada autoriza a las cajas de compensación familiar a realizar actividad financiera y señala los términos y condiciones dentro de los cuales ésta debe desarrollarse, no puede perderse de vista que la actividad financiera se efectúa precisamente para poder cumplir a cabalidad su función de seguridad social, en un ámbito de la población compuesta por los trabajadores y empresarios afiliados y sus familias. En efecto, la actividad

financiera que adelantan tiene por fin favorecer a sus afiliados permitiéndoles, por ejemplo, el acceso a subsidios de vivienda, lo mismo que a programas formales de crédito para atender la educación propia y de su familia, necesidades de salud, adquisición de bienes productivos, recreación, compra de vivienda, etc. 9 Procurador General Concepto No. 4036 Adicionalmente, la naturaleza de las cajas de compensación familiar, en los términos analizados por la Corte Suprema de Justicia, demuestran esa finalidad desde el ámbito privado con alcances dentro de la seguridad social colombiana: “...no es una actividad privada la que cumplen, ni son los bienes que le pertenezcan en la forma de propiedad privada adquirida con justo título, lo que hace a las Cajas entes de derecho privado; todo lo contrario, son las actividades de interés general y los bienes que están destinados a lograr el bienestar de los trabajadores y sus familias lo que las configura como entes de origen legal, y de naturaleza especial que se organizan bajo las reglas del derecho privado...” (sentencia No. 32 de 1987, citada por la Corte Constitucional en la sentencia C – 1173 de 2001). Así las cosas, no le asiste razón al demandante cuando afirma que la ley acusada vulnera lo dispuesto en los artículos 142, inciso segundo; 157, numerales 1 y 2; 158 y 160, inciso final, de la Carta Política, lo mismo que las leyes 5 de 1992, artículos 144, 146 y 147, y 3 de 1992, razón por la cual se

solicitará a la Corte Constitucional declarar su exequibilidad. 4.2. Inexistencia de reserva de ley marco frente a la materia que regula la Ley 920 de 2004 A juicio del actor, la ley demandada es una “ley marco” y, por lo tanto, solo puede contener normas generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno para efectos de regular la actividad financiera autorizada a las cajas de compensación familiar. En consecuencia, las disposiciones contenidas en el artículo 1º, numeral 14, ordinales 14.1, 14.2, 14.5, 14.6 y 14.7 riñen con el artículo 150, numeral 19, literal d), de la Carta Política, pues regulan asuntos propios de la competencia asignada al Presidente de la República por el artículo 189, numerales 24 y 25, de la Constitución, vulnerando, en consecuencia, el artículo 136, numeral 1 superior. Cierto es que, según el artículo 150, numeral 19, literal d), de la Carta Política, corresponde al Congreso hacer las leyes y por medio de ellas dictar las normas 10 Procurador General Concepto No. 4036 generales así como señalar los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno para regular determinados asuntos, entre los cuales se encuentran las actividades financieras, bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. En concordancia con lo anterior, el artículo 335 superior señala que las actividades financieras son de interés público y solo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la ley, la cual debe regular la forma

de intervención del Gobierno en estas materias y promover la democratización del crédito. En este orden de ideas, la ley 920 de 2004 al autorizar a las cajas de compensación familiar adelantar actividad financiera circunscrita a la captación, manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de ahorro de sus empresas, trabajadores, pensionados, independientes y desempleados afiliados, no se erige en aquellas que tienen reserva de ley “marco” con los alcances del artículo 150, numeral 19, literal d), puesto que no define los criterios y objetivos generales a los que debe sujetarse el gobierno para intervenir las actividades financieras y de aprovechamiento y manejo de dineros captados del público. Todo lo contrario, lo que busca es impulsar las operaciones de crédito que ya venían desempeñando desde la Ley 789 de 2002, frente a la microempresa y la pequeña y mediana empresa, en favor de los trabajadores y demás personas afiliadas, en condiciones precisas. Es más, el artículo 1º numeral 14.4 remite a las normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en lo atinente a los establecimientos de crédito, con el fin de que se apliquen a las secciones especializadas de ahorro y crédito de las cajas de compensación familiar, en cuanto resulten compatibles con la naturaleza especial de tales secciones y no se opongan a las normas especiales de esta ley. En este caso, la normatividad que opera como ley general sería el mismo Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 11 Procurador General Concepto No. 4036 En consecuencia, carece de fundamento el cargo que presenta el actor contra

el artículo 1º, numeral 14, ordinales 14.1, 14.2, 14.5, 14.6 y 14.7 de la Ley 920 de 2004 por reñir con los con los preceptos consagrados en los artículos 150, numeral 19, literal d), 189, numerales 24 y 25, artículo 136, numeral 1, superiores, motivo por el cual se solicitará a la Corte Constitucional reconocer su improcedencia y, por consiguiente, declarar su exequibilidad frente al mismo. 4.3. Vigencia de derechos adquiridos frente al traslado de cuentas de ahorro programado El ordinal 14.2.6 del artículo 1, numeral 14, de la ley demandada, a efecto de facilitar la financiación de vivienda de interés social de las personas que devenguen hasta tres (3) salarios mínimos mensuales legales vigentes, autoriza a éstas a trasladar sus cuentas de ahorro programado de otros establecimientos financieros a la respectiva caja de compensación familiar, respetando los beneficios y derechos adquiridos de esas cuentas para tal fin. El actor estima que de esta manera se produce una vulneración del artículo 58 y 333 de la Constitución, que respectivamente se refieren a la protección de derechos adquiridos y que obliga al Estado a fortalecer las organizaciones solidarias y a estimular el desarrollo empresarial. El primer aspecto a resolver es si el concepto de derecho adquirido es aplicable a este fin frente a las cuentas de ahorro programado. En este orden de ideas, es preciso recordar que, según la jurisprudencia constitucional, los derechos adquiridos garantizados en el artículo 58 superior son aquellos que de manera definitiva han entrado a formar parte del patrimonio de una persona natural o

jurídica y, en consecuencia, gozan de protección jurídica. Al respecto, la Corte Constitucional manifestó lo siguiente: “De conformidad con la jurisprudencia constitucional, los derechos adquiridos son aquellos que han ingresado definitivamente en el patrimonio de la persona. Así, el derecho 12 Procurador General Concepto No. 4036 se ha adquirido cuando las hipótesis descritas en la ley se cumplen en cabeza de quien reclama el derecho, es decir, cuando las premisas legales se configuran plenamente” (sentencia C – 314 de 2004). Las denominadas cuentas de ahorro programado, tienen su origen en la Ley 3 de 1991 que creó el sistema nacional de vivienda de interés social, del cual forman parte las entidades públicas y privadas que cumplan funciones conducentes a la financiación de viviendas de este tipo. En virtud de la cita ley, el gobierno nacional expidió el Decreto 1851 de 1992, a través del cual autoriza a las corporaciones de ahorro y vivienda y a la sección de Ahorro y vivienda del Banco Central Hipotecario, (hoy en liquidación), a captar recursos a través de las cuentas de ahorro de valor constante, con el propósito de que los titulares de las mismas constituyan, mediante el sistema de ahorro programado, los aportes destinados a la adquisición, construcción, mejoramiento, habilitación o subdivisión de vivienda de interés social, señalando que los registros correspondientes a estos depósitos se mantendrán separados de los de las cuentas de ahorro de valor constante, para cuyo efecto se denominarán "Cuentas de Ahorro Programado" (artículo1).

Según el parágrafo del artículo 3º Ibídem, todo ahorrador que posea recursos depositados en una "Cuenta de Ahorro Programado" con la finalidad establecida en el citado decreto, puede solicitar su traslado a una cuenta de la misma naturaleza de otra corporación de ahorro y vivienda o de la sección de ahorro y vivienda del banco Central Hipotecario, (hoy en liquidación); es decir, lo que se busca con este tipo de normas es que efectivamente las personas utilicen el mecanismo del ahorro programado, con el fin de reunir los aportes necesarios para obtener la cuota inicial y recibir la asignación del subsidio familiar que les permita acceder a una vivienda, sin importar cual sea la institución donde se realice el ahorro. Así las cosas, no le asiste razón al actor cuando afirma que la disposición demandada al extender la posibilidad de solicitar el traslado de los recursos 13 Procurador General Concepto No. 4036 depositados en una cuenta de ahorro programado de otros establecimientos financieros a la respectiva caja de compensación familiar desconoce los derechos adquiridos de otros establecimientos financieros que manejan cuentas de ahorro programado, pues sencillamente tales recursos no forman parte del patrimonio de tales establecimientos, por cuanto no constituyen derechos subjetivos legalmente reconocidos sobre los cuales la legislación contemple los respectivos mecanismos jurídicos de protección. Por el contrario, lo que hace la disposición es facilitar a las personas que aspiren a reunir la cuota inicial para acceder a una vivienda de interés social, a establecer libremente donde quieren tener su ahorro, mediante la libre

selección del establecimiento financiero, de lo contrario, se coartaría su libertad. Es por ello que, adicionalmente, la misma ley demandada en el artículo 1, numeral 14.1.1 prohíbe obligar a los afiliados, de cualquier manera, a realizar el ahorro en la respectiva caja. En este orden, no le asiste razón al demandante cuando afirma que el ordinal 14.2.6. del artículo 1º, numeral 14, de la ley demandada vulnera el artículo 58 y mucho menos el 333 de la Carta Política, teniendo en cuenta que frente a éste último no presenta una argumentación sólida sobre la vulneración, motivo por el cual este Despacho solicitará a la Corte Constitucional declarar su exequibilidad. 4.4. El numeral 14.7 del artículo 1 de la Ley 920 de 2004 no vulnera el derecho a la igualdad de los fondos de empleados A juicio del ciudadano Márquez Correal, el legislador al determinar en el numeral 14.7 del artículo 1º de la Ley 920 de 2004 que el gobierno nacional podrá autorizar al Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas, Fogacoop, a otorgar el seguro de los depósitos de los afiliados a las Cajas de Compensación Familiar vulnera el derecho a la igualdad de los fondos de empleados. 14 Procurador General Concepto No. 4036 Al respecto cabe destacar que el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas, Fogacoop, creado mediante el Decreto Ley 2206 de 1998, tiene por objeto la protección de la confianza de los depositantes y ahorradores de las entidades cooperativas inscritas, preservando el equilibrio y la equidad

económica e impidiendo injustificados beneficios económicos o de cualquier naturaleza a los asociados y administradores causantes de perjuicios a las entidades cooperativas. En virtud de su objeto, Fogacoop administra las reservas correspondientes al seguro de depósitos, así como de los demás fondos y reservas que se constituyan con el fin de atender los distintos riesgos asociados a la actividad financiera cooperativa cuya administración se les asigne y no corresponda por ley a otra entidad (artículo 2). Así las cosas, de la simple lectura de la disposición acusada y teniendo en cuenta la naturaleza de Fogacoop hay que concluir que el objetivo perseguido por el legislador no fue otro que establecer un mecanismo que permitiera a las secciones especializadas de ahorro y crédito de las cajas de compensación familiar asegurar los depósitos de sus afiliados, sin que pueda afirmarse que tal disposición esté negando tal posibilidad a los fondos de empleados, sino que la misma no constituye materia ni tiene cabida en la ley demandada. En efecto, la actividad de los fondos de empleados, esto es, de las empresas asociativas de derecho privado, constituidas por trabajadores dependientes y subordinados tiene como finalidad prestar los servicios de ahorro y crédito a sus afiliados, al igual que de todos aquellos otros de previsión y seguridad social, bienestar social, etc. Dicha actividad no fue objeto de regulación a través de la ley demandada por la especificidad de la misma frente a las cajas de compensación familiar, como se ha reiterado en este escrito, por ello mal podría afirmarse que, sin justificación alguna, han sido destinatarias de un

tratamiento distinto y discriminatorio, desconociendo su derecho a la igualdad garantizado por el artículo 13 superior. 15 Procurador General Concepto No. 4036 En suma, la disposición acusada de manera alguna está excluyendo a los fondos de empleados de los beneficios que puede ofrecer Fogacoop, no se trata de una norma que discrimina a ese tipo de empresa,