PGN - Documento 201605012125443

CONFLICTO DE COMPETENCIAS-Corresponde dirimirlo a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para dirimir el presente conflicto de competencias, en virtud de lo previsto en el artículo 215 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 53 del Decreto 2304 de 1989, en concordancia con el parágrafo del artículo 37 de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 12 de la Ley 1285 de 2009 COMPETENCIA TERRITORIAL-Marco normativo COMPETENCIA-Por el factor territorial La competencia para conocer del mismo radica en cabeza del Juzgado Quinto Administrativo de esta ciudad, conforme a lo dispuesto por el literal b) del numeral 2º del artículo 134D del Código Contencioso Administrativo y así se solicita a esa Honorable Corporación, se disponga

PROCURADURIA PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá D.C., 20 de agosto de 2010. Alegato No. 086/10

HONORABLES CONSEJEROS DE ESTADO

Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera

Consejero Ponente Doctor: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta

Referencia: Expediente:

11001032400020100019300

Actor: Transportes Puerto Santander S.A. -

TRASAN S.A.

Asunto: Conflicto de Competencias

Demandado: Superintendencia de Puertos y Transporte Procede esta Agencia del Ministerio Público a emitir alegato en el proceso de la referencia, de conformidad con las facultades constitucionales y legales.

Antecedentes.- Se plantea por parte del Juzgado Sexto Administrativo de Cúcuta, Norte de Santander, la falta de competencia territorial, en el asunto de la referencia, por considerar que el objeto de la presente acción pretende la nulidad y el consecuente restablecimiento del derecho del acto administrativo mediante el cual el Superintendente Delegado de Tránsito y Transporte Automotor de la Superintendencia de Puertos y Transporte, por medio del cual se sometió a control a la Sociedad Transportes Puerto Santander S.A. -TRASAN S.A., así como de los actos en virtud de los cuales se resolvieron los recursos de reposición y apelación y que confirmaron el primero. Según el Juez Sexto Administrativo de Cúcuta, para determinar quien es el competente para conocer de la controversia, es preciso tener en cuenta la regla establecida en el literal b) numeral 2 del artículo 134D del Código Contencioso Administrativo, según el cual la competencia por razón del territorio: “en los (procesos) de nulidad y restablecimiento del derecho se determinará por el lugar donde se expidió el acto, o en el domicilio del demandante, siempre y cuando que la entidad demandada tenga oficina en dicho lugar”, lo que significa que en el presente caso la competencia por razón del factor territorial corresponde al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Bogotá. El Juez Quinto Administrativo del Circuito de Bogotá, declaró su falta de competencia para conocer del conflicto, con apoyo en la regla prevista en el artículo 134D numeral 2 literal h), según la cual “en los casos de imposición de sanciones, la competencia se determinará por el lugar donde se realizó el acto o

el hecho que dio origen a la sanción”. Al respecto considera el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Cúcuta, que la regla legal aplicable para determinar la competencia territorial es la prevista en el literal b) del artículo 134D, ya que los actos demandados no contienen la imposición de sanción alguna a la parte accionante, por lo cual no resulta procedente considerar que en el presente caso, la competencia se determine por el lugar donde se realizó el acto o el hecho que dio origen a la sanción. La decisión de someter a control a la sociedad TRASAN, agrega, no es una sanción pues no impone de manera concreta una condena económica por infracción al ordenamiento legal. La Resolución No. 012599 de 4 de agosto de 1999indica que la empresa mostraba una situación crítica de orden contable, administrativo, económico y jurídico que hacía necesario someter a control a la Empresa y disponer unas medidas con el fin de subsanar las situaciones presentadas lo que permite concluir que se trata de una medida de carácter administrativa transitoria, sin que se trate de una sanción que conlleve imposición de una pena. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Se plantea por parte del juez administrativo del circuito de Cúcuta, un conflicto negativo de competencias para conocer de la demanda promovida por Transportes Puerto Santander S.A. TRASAN S.A., en contra de las Resoluciones números 12599 de 4 de agosto de 2008, 16545 de 2008 y 1072 de 9 de enero de 2009, expedidas por el Superintendente Delegado de Tránsito y Transporte

Terrestre Automotor de la Superintendencia de Puertos y Transporte. 1.- Competencia: La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para dirimir el presente conflicto de competencias, en virtud de lo previsto en el artículo 215 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 53 del Decreto 2304 de 1989, en concordancia con el parágrafo del artículo 37 de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 12 de la Ley 1285 de

2009. 2.- Marco Normativo: Sea lo primero destacar que el inciso final del artículo 1º de la Ley 954 de 2005 dispone: "(...)Las competencias por razón del territorio y por razón de la cuantía, previstas en el artículo 43 de la Ley 446 de 1998, regirán a partir de la vigencia de la presente ley."(Se resalta).

Establece el artículo 43 de la Ley 446 de 1998 que adicionó el Título 14 del Libro 3º del Código Contencioso Administrativo, lo siguiente: "Art. 134D. Competencia por razón del territorio. La competencia por razón del territorio se fijará con sujeción a las siguientes reglas: (...)

2. En los asuntos del orden nacional se observarán las siguientes reglas: ... b). En los de nulidad y restablecimiento se determinará por el lugar donde se expidió el acto, o en el del domicilio del demandante, siempre y cuando que la entidad demandada tenga oficina en dicho lugar. (...)". (Resalta la Sala). (…). h) En los casos de imposición de sanciones, la competencia se determinará

por el lugar donde se realizó el acto o el hecho que dio origen a la sanción. Ahora bien, cabe resaltar que el acto acusado, esto es, la Resolución 12599 de 4 de agosto de 2008, expedida por el Superintendente Delegado de Tránsito y Transporte Automotor de la Superintendencia de Puertos y Transporte, “por medio de la cual se somete a control a la sociedad TRANSPORTES PUERTO SANTANDER S.A. TRASAN S.A. NIT. 890.502.669-0”, en la parte considerativa señala: “El control consiste en la atribución de la Superintendencia para ordenar los correctivos necesarios para subsanar una situación crítica de orden jurídico, contable, económico o administrativo. En el caso de la sociedad TRANSPORTES PUERTO SANTANDER S.A. TRASAN S.A., según lo anteriormente expuesto se presenta hechos o situaciones críticas de orden jurídico, económico, administrativo y contable, como son: De orden económico y contable. (…) Se considera que la práctica de créditos concedidos a sus accionistas representa un riesgo financiero para la empresa operadora que lo realiza, que puede llegar a comprometer la liquidez y solvencia patrimonial de la organización y que en consecuencia pone en riesgo la prestación del servicio público de transporte. (…) Del orden jurídico y administrativo  No se aportó el proyecto de distribución de utilidades desde el año de 1986 a la fecha.  No se aportó reglamento de emisión y colocación de acciones  No se aportaron los títulos de las acciones de todos los socios y ex socios de la empresa.  No se aportaron los dos libros de accionistas Nos. 00871710 de fecha 20 de

noviembre de 1987 y No. 01068628 de fecha 20 de agosto de 2002 registrados en la Cámara de Comercio, ya que únicamente reposa en la empresa el No. 0921036 de fecha 25 de junio de 1992.  No se aportaron las escrituras públicas de reforma del contrato social desde el año 1986, a la fecha de la visita.  No se aportaron los libros de Junta directiva registrados en la Cámara de Comercio Nos. 861079 de fecha 19 de agosto de 1986, No. 921035 del 25 de junio de 1992, solamente se aportó el libro registrado bajo el número 990563 de fecha 19 de abril de 1999.  Se evidencia que se adelantó la emisión, colocación y adquisición de acciones de Aminta Liévano de Acevedo, Nelly Yamir Acevedo Liévano, y Luz Marina Acevedo sin dar cumplimiento a los requisitos legales y estatutarios para el efecto.  Se evidencia, que no reposan los documentos soporte con respecto de los derechos de preferencia, que demuestran el trámite adelantado para la cesión, endoso o traspaso de acciones en la sociedad TRASAN S.A., respecto de Hernando Acevedo Liévano, Aminta Liévano de Acevedo, Luz marina Acevedo Liévano y Nelly Yamir Acevedo Liévano, según el único libro de accionistas que reposa en la empresa. De acuerdo con la situación arriba expresada, ello constituye una situación crítica de orden contable, administrativo, económico y jurídico. Es por ello que se hace necesario someter a control la sociedad TRANSPORTES PUERTO SANTANDER S.A. TRASAN S.A. y disponer unas medidas con el fin de

subsanar las referenciadas situaciones críticas. Que los documentos que reposan en el expediente, serán tenidos en cuenta por esta Superintendencia como material probatorio dentro de la investigación administrativa. Por las razones anotadas y en mérito de lo expuesto este despacho,

RESUELVE.

ARTICULO PRIMERO: Someter a CONTROL a la sociedad TRANSPORTES PUERTO SANTANDER S.A. TRASAN S.A. con Nit. 890.502.669-0, con domicilio principal en San José de Cúcuta, Norte de Santander de acuerdo con lo señalado en esta Resolución”.

De otro lado, los artículos segundo a octavo de la Resolución 12599, se limitan a ordenar al Gerente que convoque a una asamblea general de accionistas, para subsanar las situaciones críticas de orden jurídico, económico y contable y allegar los documentos soporte de los estados financieros; a que presenten los informes financieros, contables y económicos, y a que la empresa TRASAN S.A. solicite a la Superintendencia de Puertos y Transporte autorización para solemnizar toda reforma estatutaria, para la colocación de acciones y demás operaciones previstas en el artículo 85 de la Ley 222 de 1995. Como puede apreciarse, el acto demandado ordena someter a control a la sociedad Transportes Puerto Santander S.A. TRASAN S.A., por lo que no puede afirmarse que de su contenido se desprenda sanción alguna Téngase en cuenta que de conformidad con lo establecido por el artículo 85 de la Ley 222 de 1995: “El control consiste en la atribución de la Superintendencia de Sociedades para ordenar los correctivos necesarios para subsanar una situación crítica de orden

jurídico, contable económico o administrativo (…) cuando así lo determine el Superintendente de Sociedades mediante acto administrativo de carácter particular (…)” De allí que de la lectura de la Resolución 12599 no es dable afirmar que contenga sanciones a la empresa TRASAN S.A., pues el acto se limita a dar unas órdenes para restablecer la situación de la empresa, como desarrollo del ejercicio de las facultades de inspección, control y vigilancia otorgadas a la Superintendencia de Puertos y Transporte Automotor. En consecuencia, como quiera que en el presente caso, el demandante interpuso la acción ante los jueces administrativos de Bogotá y teniendo en cuenta que los actos acusados no contienen imposición de sanción alguna, resulta improcedente aplicar la regla según la cual la competencia se determina por el lugar donde se realizó el acto o hecho que dio origen a la sanción, consagrada en el artículo 134D numeral 2º literal b). Así las cosas, es evidente que la competencia para conocer del mismo radica en cabeza del Juzgado Quinto Administrativo de esta ciudad, conforme a lo dispuesto por el literal b) del numeral 2º del artículo 134D del Código Contencioso Administrativo y así se solicita a esa Honorable Corporación, se disponga. De los Honorables Consejeros,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado

RASV/CVB.-