PGN - Documento 201605012126377

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PROCURADURÍA SEGUNDA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Alegato 084 Bogotá, 5 de mayo de 2006 Doctor

ALEJANDRO ORDÓÑEZ MALDONADO

CONSEJERO PONENTE

SECCIÓN SEGUNDA. SUBSECCIÓN “B”

H. CONSEJO DE ESTADO

E S. D.

REF: 25000232500020000394001

No. Interno 4063-2005

ACTOR: AMPARO VILLAMIL MENDIETA

DEMANDADO: INSTITUTO NACIONAL DE

ADECUACIÓN DE TIERRAS-INATACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO ASUNTO: APELACIÓN SENTENCIA ____________________________________ Procede esta Agencia del Ministerio Público, emitir concepto dentro del término legal, en el proceso que conoce el H. Consejo de Estado, en virtud de la demanda instaurada por AMPARO VILLAMIL MENDIETA

I. ANTECEDENTES

1. DEMANDA 1.1 PRETENSIONES La ciudadana AMPARO VILLAMIL MENDIETA, actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del 2 derecho consagrada en el artículo 85 del C. C. A. demandó la nulidad de la Resolución N°. 00037 del 31 de enero de 2000 del Director General del Instituto Nacional de Adecuación de Tierras –INAT, por medio de la cual se incorporaron unos funcionarios a la planta de personal del INAT, en virtud del Decreto N°. 2479 del 15 de diciembre de 1999, por cuanto se omitió su incorporación en la planta de personal

en el cargo de carrera administrativa profesional especializado código 3010 grado 18.

Así mismo, solicitó dejar sin efectos el oficio N°. 00668 del 31 de enero de 2000, por medio del cual se le comunicó que el cargo de profesional especializado código 3010 grado 18 del cual era titular fue suprimido. Como consecuencia de esa declaración, solicitó, a título de restablecimiento, ordenar al INAT reintegrarla como coordinadora del grupo interno de procesos y en el cargo de profesional especializado código 3010 grado 18 o en otro igual o de superior jerarquía o en uno que se cree con requisitos y funciones similares en la ciudad de SantaFé de Bogotá. De igual manera, se ordene el reconocimiento y pago de las sumas de dinero que por conceptos de sueldos, reconocimientos por coordinación, primas, bonificaciones, vacaciones, quinquenios, subsidios y demás emolumentos que dejó de percibir desde el 31 de diciembre de 2000 hasta la fecha en que sea reintegrada, y se declare que no ha existido solución de continuidad para todos los efectos prestacionales. Por último solicita que se efectúen los respectivos aportes al Instituto de Seguros Sociales o a la entidad correspondiente por concepto de pensión y salud y al Fondo Nacional del Ahorro; que se dé cumplimiento a la sentencia dentro de los artículos 176 y 177 del C. 3 C.A. con los correspondientes ajustes del valor adeudado conforme a la formula de indexación vigente para la fecha en que esta se produzca. 1.2 HECHOS 1.- La actora se vinculó al Instituto Colombiano de Hidrología Meteorología y Adecuación de Tierras HIMAT, el 16 de noviembre de 1993, como abogada de la Secretaría General, en el cargo de

profesional especializado código 3010 grado 14. 2°- Fue inscrita en la carrera administrativa mediante Resolución N°. 12694 del 13 de noviembre de 1994, proferida por la Comisión Nacional del Servicio Civil. Mediante Resolución N°. 7009 del 1° de agosto de 1995, dicha entidad actualizó la inscripción en el escalafón en el código 3010, grado 18 del cual fue titular hasta la fecha de supresión . 3°- Durante el tiempo de servicio al INAT obtuvo muy buenas calificaciones de servicios y jamás fue objeto de una investigación disciplinaria. 4°- La demandante por su constante dedicación fue ascendida permanentemente, ocupando el cargo de profesional especializado código 3010, grados 14, 18, coordinadora del grupo interno de procesos, en el que se desempeñaba al momento de la comunicación de la supresión del cargo. 5°- Durante los últimos años de servicios a la actora le fueron interrumpidas por necesidades del servicio el disfrute de sus vacaciones. 4 6°.- El Director General del INAT profirió la Resolución 00037 del 31 de enero de 2000, mediante la cual fueron incorporados unos funcionarios a la planta de personal. En la misma fecha simultáneamente fue expedido por el Coordinador del Grupo de Recursos Humanos de la mencionada entidad, el oficio 00668, mediante el cual le fue comunicado a la actora que en virtud del Decreto 2479 del 15 de diciembre de 1999, la planta de personal del INAT había sido modificada, y en consecuencia el cargo código 3010 grado 18 del cual era titular había sido suprimido.

7°.- El INAT desconoció el decreto 2013 de 1997 al no conformar el comité de adaptación laboral para las personas que fueron afectadas con la supresión de cargos. 8°.- La demandante el 28 de abril de 2000, solicitó al Director General del INAT, reconsiderar la decisión tomada mediante oficio del 31 de enero de 2000, teniendo en cuenta que, si bien, la supresión de algunos cargos de la entidad fue ordenada por el Decreto 2479/99, los criterios de selección para determinar que personas se quedarían y cuales deberían salir, fue tomado directamente por la entidad, concluyendo que en dicha selección no fueron tenidas en cuenta sus calidades académicas, profesionales y experiencia. 9°.- Durante los meses anteriores a la supresión de cargos, la demandante en su condición de coordinadora de los grupos de cobro coactivo y grupo interno de procesos cruzó correos con la jefe de la oficina jurídica y con el secretario general del INAT, destacando hechos que denotan la falsa motivación y desvío de poder por parte de la administración al suprimir el cargo código 3010 grado 18 del cual era la titular. 5 1.3 NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN La libelista señaló como causal de nulidad de los actos acusados las de:  Violación de la Constitución, en los artículos 1, 2, 53, 122-125 Indica que la carta fundamental es clara en otorgar derechos a los nacionales, los cuales deben ser defendidos y respetados por los funcionarios públicos. Manifiesta que con el ejercicio de la acción de nulidad y

restablecimiento del derecho pretende asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado, toda vez que la administración del INAT hizo todo lo posible por violentar principios constitucionales, al determinar que el cargo de carrera que ocupaba como titular fuera suprimido, pues si bien el decreto ordenó indebidamente la supresión de cargos, el INAT determinó que personas titulares de los mismos debían ser retiradas, aprovechando de esta manera la oportunidad para retirarla, dejando así una comprobada falsa motivación.  Violación de la ley, concretamente el Código Contencioso Administrativo, en los artículos 2, 83, 84, 85 y 206. Solicita que con la acción de nulidad impetrada se juzgue la omisión administrativa de no incluirla en la Resolución 00037 del 31 de enero de 2000, mediante la cual se incorporaron unos funcionarios en la planta de personal de la entidad demandada. Dicha resolución fue expedida en forma irregular porque no fue motivada, premeditando el INAT su acción, puesto que no fueron atendidos los criterios de 6 selección al momento de determinar que personas titulares de los cargos suprimidos deberían salir del servicio. Indica que hubo desviación de poder, porque no se ha demostrado ningún incumplimiento en sus labores, su hoja de vida no contiene ninguna sanción y sus calificaciones de servicio son excelentes. En los meses anteriores a su desvinculación las directivas del INAT hicieron todo lo posible por aburrirla como se narra en los hechos y se demuestra en los documentos solicitados en las pruebas de la demanda. De igual manera, señala que fue violada la Ley 27 /92 y sus decretos

reglamentarios, el Decreto 1223 de 1993; toda vez que los derechos que otorga la carrera administrativa fueron desconocidos por el INAT al retirarla del servicio, decisión que estuvo amparada por las medidas que fueron tomadas en los meses anteriores a la comunicación de la supresión de cargos como fueron el desmejoramiento, la persecución, omisión a la solicitud de capacitación, irregularidades en la calificación del examen para un concurso de ascenso que presentó, según la actora estaban dadas todas las condiciones para permanecer en el servicio como se desprende de su hoja de vida. Aduce que con la expedición del Decreto 2479/99, se violaron los artículos 4, 192 y 198 de la Constitución y los artículos 38, 39, 68, 70, 71, 72, 73, 76 y 115 de la Ley 489 de 1.998. Según la demandante el órgano que expidió el decreto en mención no era el competente, la trasgresión de normas superiores a las que debió sujetarse hace que deba ser declarado nulo, al igual que todos los actos administrativos a los que dio nacimiento. 7 Para la actora, el Presidente de la República en virtud de lo dispuesto en el artículo 189 numeral 14 de la Carta Política, tiene competencia para crear, fusionar y suprimir los empleos de la administración central, nunca de la administración descentralizada de la que hace parte el INAT. De acuerdo al Decreto N° 21 del 10 de enero de 1995, mediante el cual se creó el INAT, la Junta Directiva de dicha entidad, tiene entre sus funciones, entre otras, la de adoptar la estructura interna y la

planta de personal, así como sus modificaciones, y someterlo a la aprobación del gobierno nacional, procedimiento que no se llevó a cabo, anulando de esta manera la competencia de la junta directiva. El Decreto 2479/99 fue expedido irregularmente y con falta de competencia por parte de quienes lo suscribieron, por lo tanto la planta de personal allí establecida no puede tener vigencia y no puede producir los efectos legales del caso, e igualmente no tuvo el trámite correspondiente o debido proceso. Indica también, que se violó el Decreto 1572/88 reglamentario de la Ley 443/98, al no ser incluida dentro de la Resolución 00037 del 31 de enero de 2000, toda vez que la modificación de una planta de personal está fundada en necesidades del servicio o en razón de modernización de la administración, luego entonces si lo que se pretendía era la eficiencia y la eficacia de la entidad demandada, de acuerdo con el estudio técnico, no se logró este objetivo, puesto que su desempeño laboral, el déficit de abogados en el INAT, y por ser la labor que venía desempeñando necesaria e importante, la cual fue entregada en forma inmediata posterior a su retiro a otro funcionario demuestran claramente que se incurrió en un desvío de poder. 8

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La apoderada de la Caja Nacional de Previsión Social, contestó la demanda, oponiéndose a las pretensiones de la actora, por considerar que la supresión de cargos se efectúo de manera impersonal.

Manifiesta que el Decreto 2479/99 autorizó al Director General del INAT la distribución de los nuevos cargos de la planta de personal teniendo

en cuenta la estructura, los planes y programas de servicios. Señala que no hay falsa motivación ni desvío de poder, toda vez que el Decreto 2479/99 fue expedido en aras del buen servicio atendiendo las recomendaciones de los estudios previos. Así mismo, manifestó que los actos expedidos por el Director de la entidad no constituyen actos de mera liberalidad sino en cumplimiento a lo ordenado por el Decreto 2479, el cual ordenó la incorporación y distribución de los cargos. Según la profesional del derecho, con la expedición del Decreto mencionado, así como con la Resolución 0037 de 2000, no se violentó el artículo 189 de la Carta Política, ni la Ley 489/98, puesto que solo se suprimió unos cargos de la planta de personal del INAT, sin que con ello se modificara la estructura orgánica de la entidad, ni se adoptaran nuevos estatutos. Propuso las excepciones de caducidad de la acción, inepta demanda, pleito pendiente, pago e indebida acumulación de pretensiones. Puesto que desde la expedición de los actos demandados hasta la presentación de la demanda transcurrieron más de cuatro meses. De igual manera sostiene que hay inepta demanda, puesto que la actora no solicitó la 9 nulidad del Decreto 2479 del 15 de diciembre de 1999, mediante el cual fue suprimido el cargo de profesional especializado código 3010, grado 18. Aduce que hay pleito pendiente, puesto que cursa en el Tribunal un proceso presentado por la actora en el que solicita las mismas pretensiones de la demanda objeto de la litis. Para la apoderada de la entidad demandada hay inexistencia absoluta

de derecho y carencia de obligaciones por parte del INAT con la demandante, puesto que la Resolución 00936 de 2000 ordenó pagar la correspondiente indemnización por supresión del cargo, decisión que fue recibida a entera satisfacción por la actora. Manifiesta que con el reconocimiento y pago de la indemnización la entidad se encuentra a paz y salvo por todo concepto con la demandante y en consecuencia no da lugar a restablecimiento de derecho alguno. Por último, indica que hay indebida acumulación de pretensiones, por cuanto la demandante pretende el reconocimiento de los supuestos haberes con los aumentos legales aplicándoles el IPC, la indexación, de conformidad con los artículos 176 y 177 del C.C. A, las cuales son incompatibles entre si.

3. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró no probadas las excepciones propuestas por el apoderado del INAT.

10 Consideró que la demanda fue interpuesta dentro del término establecido. Para el A quo, no hubo inepta demanda, puesto que la accionante la dirigió de manera correcta, y si bien frente al oficio 00668 del 31 de enero de 2000, solicitarlo dejarlo sin efectos, para el fallador de primera instancia, lo que se pretende es su nulidad. Por otra parte, consideró que no hay pleito pendiente por que las pretensiones del otro proceso no son idénticas a este, toda vez que la actora demandó otros actos en el expediente radicado en la Sección Segunda Subsección “A” bajo el número 2000-6656, en dicho proceso solicita el reintegro a un cargo equivalente al que ocupaba al momento

del retiro, profesional especializado código 3010 grado 20, cargo distinto al que se pretende en el presente proceso. Clarificó el Tribunal que la figura del pleito pendiente supone una secuencia en el tiempo, de tal manera que si se propone como excepción debe hacerse dentro del segundo proceso instaurado; luego de existir uno pendiente, este proceso, según lo explica, resulta ser el pendiente por haberse instaurado primero. Respecto a la indebida acumulación de pretensiones, estima que no se da, pues comúnmente se profieren sentencias con condenas que deben actualizarse y, además con orden de pagar porcentaje en la medida de incumplimiento de las mismas luego de la ejecutoria de la sentencia, sin que se estimen incompatibles. En cuanto a la excepción de pago propuesta, considera el Tribunal que a pesar de que la actora haya recibido la indemnización, esto no le impide acceder a la jurisdicción para efectuar la reclamación que considere necesaria. 11 Para el A quo, no le asiste razón a la accionante al solicitar la inaplicación del decreto 2479/99 por falta de competencia del Presidente de la República en su expedición, toda vez que el mismo fue expedido con fundamento en el numeral 14 del artículo 189 de la Carta Política y el artículo 115 de la Ley 489 de 1998; el primero, señala que corresponde al Presidente, crear, fusionar o suprimir conforme a la ley, los empleos que demande la administración, señalar sus funciones especiales y fijar sus dotaciones. El segundo, consagra que el Gobierno Nacional aprobará las plantas de personal de las entidades del orden nacional de manera global.

Según el juez de instancia al aplicar en forma armónica los artículos 54, 76 y 115 de la Ley 489 de 1998, se infiere, que el primer mandatario sí tenía competencia para expedir el decreto mencionado, razón por la cual no es contrario a la Carta Política, ni a la ley, por lo tanto considera que no es procedente determinar su inaplicación. De igual manera señala el Tribunal que con base en el Decreto 2479/99 el Director General del INAT, profirió la Resolución 0037 de 2001, que no es procedente decretar su nulidad toda vez que aplicando en forma armónica los artículos 54, 76 y 115 de la Ley 489 de 1998, el Presidente de la República sí tenía las facultades para expedir el decreto citado, por lo tanto no es contrario a la Constitución ni a la ley, razón por la cual no accede a la inaplicación solicitada en la demanda. Por otra parte, respecto a la supresión de un cargo de carrera como era el que venía desempeñando la actora, el Tribunal precisó que en virtud del Decreto 2479/99 se modificó la planta de personal del INAT, que una vez retirada, en cumplimiento del deber impuesto en el artículo 44 del decreto 1568 de 1968, se le dio la opción de escoger entre ser incorporada o recibir indemnización, eligiendo la primera opción, a 12 pesar de ello, luego de transcurridos 6 meses sin que fuera posible su incorporación, la entidad profirió la Resolución 000036 del 1° de agosto de 2000, mediante la cual se ordenó y reconoció el pago de la indemnización respectiva, sin que con ello se quebrante el marco

constitucional y legal. Por último, considera el A quo que la demandante no logró demostrar la desviación de poder, ni existe dentro del sumario material probatorio que permita llegar a tal conclusión, toda vez que el no otorgarle permiso para una capacitación, o el cambio de oficina, son situaciones normales en el curso de la vinculación con una entidad, de las cuales se pueda inferir una persecución laboral, puesto que no prueban que a la demandante se le estuviera impidiendo prestar el servicio eficientemente, por lo cual no accedió a las pretensiones de la demanda.

4. RECURSO DE APELACIÓN A folios 378 y ss la actora interpuso recurso de alzada contra la decisión del A quo, además de reiterar lo dicho en la demanda, insiste en la configuración de la desviación de poder, pues el amplio acerbo probatorio allegado por ella al proceso permite establecer los motivos ocultos y ajenos al buen servicio que la administración tuvo para retirarla de su empleo y que determinaron la expedición de los actos acusados, lo que desvirtúa la presunción de legalidad que los ampara.

Situación que se corrobora con los documentos que no han sido aportados por la entidad demandada, entre ellos el memorando GICC214-043 del 22 de mayo de 2000 suscrito por la jefe de la Oficina Jurídica del INAT, en el que sugiere la vinculación de la demandante. 13 De igual manera solicitó declarar la nulidad de lo actuado a partir del auto del 29 de agosto de 2003, que ordenó allegar correspondencia, al considerar que la etapa probatoria no se ha surtido en su totalidad y

conlleva a la violación de las formas propias del juicio, afectando dicha irregularidad el debido proceso. Sin embargo, allegó fotocopia de los memorandos que indica no fueron aportados al proceso por la entidad demandada, y en su lugar solicitó al Consejero Ponente ordenar el traslado de unos documentos que obran en otro proceso por ella instaurado y que cursa en el H. Consejo de Estado, pruebas que no han sido tachadas de falsa y que fueron tenidas como tal, por lo cual son válidas para ser apreciadas dentro del presente proceso.

5. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Para esta Agencia Fiscal, el núcleo central de discrepancia, radica en determinar, si con la expedición de la Resolución 00037 del 31 de enero de 2000, mediante la cual se incorporaron unos funcionarios a la planta de personal del INAT, sin incluir a la actora en uno de los cargos que fueron establecidos en el Decreto 2479/99, se violó la ley y hubo falsa motivación, toda vez que no se suprimió el cargo del que era

titular, y tenía derechos de carrera. Para resolver el problema jurídico planteado, es necesario tener en cuenta que efectivamente en el caso sub judice, no se puede hablar de supresión de cargo, toda vez que no fue variada la denominación, el grado, ni los requisitos del cargo de profesional especializado código 3010 grado 18 que conformaron la nueva planta de personal del INAT. 14 El H. Consejo de Estado en sentencia del 11 de noviembre de 1999, C.P. Dra. Ana Margarita Olaya. N°. Radicación 17941, respecto al cambio de denominación de empleo sostuvo:

(…) Ciertamente, se observa que la entidad dio un giro en su organización, en la medida que se crearon unidades que sustituyeron las secciones, pero ello no es prueba de la desaparición del cargo del actor, que permaneció aun cuando su denominación hubiera variado; además, el hecho de que la comparación de las funciones se refiera al cargo de jefe de una dependencia permite examinar con mayor laxitud la atribución de tareas, pues en él converge la generalidad de la atribución dada a la dependencia, mientras que a los empleados bajo su orientación les es mucho más predicable la especificidad de las actividades encomendadas. Y si bien, la administración está facultada constitucional y legalmente para adelantar reestructuraciones que obviamente conllevan la supresión de muchos de los empleos, tal potestad no puede ser utilizada como excusa para adelantar retiros de personal so pretexto de la supresión de sus cargos amparada por el sólo hecho del cambio de nominación, sin que se haya producido realmente una alteración significativa de las funciones, de tal manera que lleve a concluir que el cargo desapareció de la esfera de la conformación de la entidad. (subrayado fuera de texto) Llama la atención de este Despacho que el Decreto 2479 de 1999, suprimió 13 cargos correspondientes a dicha denominación, y a su vez en el artículo 2° creo 19 cargos de la misma naturaleza, lo que demuestra una vez más que no existió supresión de cargos ( fls. 123126 c.p.) 15 Por otra parte no se debe perder de vista que la entidad demandada no atendió ni las condiciones profesionales de la actora ni su inscripción en

el escalafón de la carrera administrativa en el cargo de profesional especializado código 3010 grado 18, según consta el oficio 00668 del 31 de enero de 2000 (fl. 1) y la certificación expedida por el Coordinador del Grupo de Recursos Humanos del INAT ( fl. 2), La carrera administrativa le otorga al servidor el derecho a la estabilidad, y si bien esto no significa que sea inamovible, pues la ley faculta a los nominadores de las entidades públicas la supresión de cargos, la desvinculación de los funcionarios inscritos en el escalafón exige el cumplimiento de unos requisitos consagrados en la misma ley. Así las cosas, estos trabajadores con derecho de carrera gozan del derecho preferencial a ser escogidos para la incorporación en la planta de personal, cuando el número de cargos que permanecen con igual denominación es superior a los suprimidos, como aconteció en presente caso, y, por ende, es posible su reubicación. Planteamiento que ha sido expuesto por el H. Consejo de Estado, entre otras, en la sentencia del 11 de septiembre de 2003 proferida en el expediente 5241 de 2002 C.

P. Nicolás Pájaro, donde se consideró: (…) “Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en los casos de supresión de empleos, como es lógico siempre hay un número de servidores que deben ser retirados por esta causa.

Tratándose de empleados de libre nombramiento y remoción la situación no reviste discusión, pues la administración, está en la libertad para retirar sin ninguna consecuencia a quienes les haya suprimido el cargo; no ocurre lo mismo con los empleados inscritos en la carrera administrativa que tienen un

tratamiento preferencial. No hay duda que su condición les da la opción para ser reincorporados en forma preferente en la entidad a la que prestan sus 16 servicios, pero ello no constituye un imperativo absoluto, es así como el artículo 39 de la Ley 443 de 1998, bajo cuyo régimen se efectuó la supresión, prevé que en caso de no ser posible la revinculación dentro de los 6 meses siguientes a la supresión, el empleado tendrá derecho a una indemnización. De manera tal que, así queden cargos idénticos dentro de la nueva planta de personal, no por ello la administración se encuentra compelida a revincular la totalidad de los funcionarios que se desempeñaban en la antigua planta, porque el hecho de reducir el número de cargos significa, precisamente la imposibilidad material de incorporar a todos aquellos empleados amparados por fuero constitucional. Afirmar lo contrario, conllevaría al entorpecimiento del proceso de reorganización, circunstancia que riñe con los principios que informan la facultad de supresión…” Para el Despacho, en el proceso está ampliamente demostrado que el INAT desconoció el artículo 39 de la Ley 443 de 1998, que reza: “Los empleados públicos de carrera a quienes se les suprima los cargos de los cuales sean titulares, como consecuencia de la supresión o fusión de entidades, por organismos o dependencias, o del traslado de funciones de una entidad a otra, o de la modificación de planta, podrá optar por ser reincorporados a empleos equivalentes o recibir indemnización en los términos y condiciones que establezca el Gobierno Nacional” (subrayado fuera de texto).

Como ya se ha señalado, en el presente caso no hubo supresión de cargos, por lo tanto a la actora, en atención al privilegio otorgado por sus derechos de carrera, se le debía incluir en la Resolución 00037 del 31 de enero de 2001, por medio de la cual se incorporaron unos 17 funcionarios a la planta de personal de la entidad demandada. Al omitir su inclusión en el mencionado acto administrativo, se conculcaron sus derechos, y por ende fue violada la Ley 443 de 1998. Así mismo, al indicársele mediante oficio 00668 del 31 de enero de 2000 que su cargo fue suprimido, se incurrió en falsa motivación, pues los hechos demuestran que tal circunstancia no ocurrió. Por el contrario, del análisis de las pruebas que obran en el expediente, se puede afirmar que la no incorporación de la demandante en la nueva planta del INAT, correspondió al malestar generado al interior de la entidad por las constantes comunicaciones en las que indicaba su situación, y se aprovechó la supresión de algunos cargos para deshacerse del “problema” que significaba la actora, dándole al acto de no incorporación apariencia de legalidad, amparada en la mejora del servicio o modernización del Estado. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que el vicio de falsa motivación se estructura “….cuando la administración para sustentar la expresión de su voluntad, en forma errónea o intencional le da visos de una realidad a una explicación que no cabe dentro de la categoría de lo verídico, o bien abusa de las atribuciones que los ordenamientos legales o reglamentarios le han asignado o bien toma

un camino equivocado en el ejercicio de las mismas…” Lo anterior, lleva al Despacho a señalar que sí le asiste razón a la demandante en sus argumentos. CONCLUSIÓN Por las razones expuestas, la Procuraduría Segunda Delgada solicita respetuosamente a la Sección Segunda del Honorable Consejo de 18 Estado, revocar la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y en consecuencia despachar favorablemente las pretensiones de la demanda. Del señor Consejero Ponente. Atentamente,

FANNY ESTHER RAMÍREZ ARAQUE

Procuradora Segunda Delegada ante el Consejo de Estado

FERA.TMDM

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