PGN - Documento 201605012126599

Concepto No. 147 Bogotá D.C., 7 de julio de 2003

H. CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

E. S. D.

Consejero Ponente Dr. GERMÁN AYALA MANTILLA Referencia: 76001232500019990253301

Radicado: 13825

Asunto: Bonos de Seguridad

Actor: Premolda Ltda.

De conformidad con lo establecido en los artículos 277 numeral 7 de la Constitución Política, 127, 210 y 212 del Código Contencioso Administrativo, en el Decreto 262 de 22 de febrero de 2000, y en la Resolución 204 de julio de 2001, obrando dentro de la oportunidad legal en el proceso de la referencia, está Delegada del Ministerio Público procede a emitir su correspondiente alegato de conclusión.

I. ANTECEDENTES La apoderada judicial de la NaciónUnidad Administrativa Especial, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionalesapela la sentencia del 22 de abril de 2002, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y solicita se revoque, por cuanto dicho pronunciamiento accedió a las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que la firma PREMOLDA Ltda., instauró por conducto de apoderado para impugnar los actos administrativos contenidos en las Resoluciones 003 del 28 de mayo, 01 del 15 de julio, 07 del 30 de abril y 002 del 28 de septiembre, todas del año 1999, proferidas por el Administrador Local de Impuestos Nacionales de

Palmira y por la División de Recaudación de esa misma Administración, por cuanto la primera de esas actuaciones declaró sin vigencia la Facilidad de Expediente 13825 2 Pago de las obligaciones fiscales otorgada a la actora mediante Resolución 000073 del 31 de marzo de 1999 y ordenó continuar el proceso administrativo de cobro y hacer efectiva la garantía aprobada, constituída sobre un bien inmueble; la segunda, decidió el recurso de reposición interpuesto contra Resolución primeramente citada y la confirmó; la tercera, rechazó definitivamente la solicitud que presentó el respresentante legal de la sociedad contribuyente, de compensación con el Bono de Desarrollo Social y Seguridad Interna, Preimpreso 0187745, suscrito el 13 de agosto de 1999, de la Fiduciaria Cafetera S.A., por valor de Noventa y seis millones ciento un mil pesos ($96101.000), y la cuarta, confirmó el rechazo definitivo de la compensación pedida. La sociedad demandante solicitó a título de restablecimiento del derecho, declarar vigente la Resolución 00073 del 31 de marzo de 1999, a través de la cual la Administración le otorgó un plazo de nueve meses y señaló las fechas periódicas y las cuantías de pago para que cancelara al Fisco Nacional la deuda por concepto de Impuesto a las Ventas, con intereses moratorios, por valor de Ciento noventa y cuatro millones doscientos sesenta y cuatro mil seiscientos setenta pesos ($ 194264.670). El Tribunal analizó en primer término la procedibilidad de la excepción de indebida acumulación de pretensiones que la entidad demandada propuso y declaró infundado ese planteamiento, porque aunque las decisiones

administrativas acusadas surgieron por causa de trámites diferentes, guardan entre sí extrecha relación y en consecuencia, el pronunciamiento que la jurisdicción contenciosa profiera, tiene repercusión directa en los efectos de la Resolución 073 del 31 de marzo de 1999, que otorgó a la contribuyente la facilidad de pagos. Luego de un recuento preciso de los hechos el a quo sostiene, que le asiste razón al demandante al acusar de ser nula la Resolución 03 del 28 de mayo de 1999, por la cual fue declarado sin vigencia el plazo previsto en la Resolución 0073 de marzo del mismo año, porque la Resolución 07 del 30 de abril de 1999, que rechazó definitivamente la solicitud de compensación de Expediente 13825 3 la deuda fiscal, no se encontraba debidamente ejecutoriada el 28 de mayo de 1999, ya que la Administración aún no había resuelto el recurso de reconsideración interpuesto en su contra y, por tanto, el mencionado rechazo - como única razón en la cual se amparó la autoridad tributaria -, no podía constituír el fundamento legal para la expedición de la Resolución 03, por no estar en firme en el campo jurídico, el acto administrativo que lo declara. Destaca la inobservancia del procedimiento administrativo por parte del ente fiscal, al adoptar una decisión contraria a los intereses del contribuyente con base en un acto de rechazo definitivo no ejecutoriado y sin esclarecer debidamente la circunstancia de la compensación del Bono de Desarrollo Social y Seguridad Interna, Preimpreso 0187745, suscrito el 13 de agosto de

1999, de la Fiduciaria Cafetera S.A., por valor de Noventa y seis millones ciento un mil pesos ($96101.000), como tampoco la existencia de la certificación que al respecto expidió la citada Fiducuaria, ni el incumplimiento por parte de la contribuyente de los términos y plazos estipulados para la cancelación de su deuda.

El Tribunal concluye: “Por todo lo expuesto esta Sala de Decisión habrá de acceder a las pretensiones de la demanda, declarando la nulidad de los actos administrativos demandados y declarando vigente la resolución que le concedió a la sociedad demandante la facilidad para el pago de las obligaciones fiscales”.

La apoderada de la entidad demandada en la sustentación del recurso de apelación expresa, que el Tribunal debió analizar la conexidad existente entre el rechazo definitivo de la solicitud de compensación, indicativa de incumplimiento por parte del contribuyente de lo pactado en el numeral 4 de la Resolución 073 del 31 de marzo de 1999, y la declaración de expiración de la vigencia de esta última, teniendo en cuenta que, justamente este acto en su Parágrafo 2º, condicionó el otorgamiento del Acuerdo de Pagos al cumplimiento oportuno de la cancelación de las cuotas y que la sociedad PREMOLDA Ltda., no atendió el compromiso, como quiera que no cubrió Expediente 13825 4 dentro del plazo adicional de quince días las sumas cuyo pago había respaldado con el Bono y que no pudo efectuar por ese medio, por resultar improcedente la aplicación del título. Respecto de la falta de pruebas la recurrente alega, que el Tribunal invierte

esa carga, “... puesto que debe ser el demandante el que tiene que demostrar que la no compensación del Bono presentado no era causal para que se le revocase la facilidad de pago. Los actos proferidos por la Administración de Palmira y que obran en el cuaderno de antecedentes constituyen prueba tanto del incumplimiento en el pago como consecuencia de la no compensación del bono en lo referente a la cancelación de la cuota inicial, requisito para el otorgamiento de la facilidad y de conocimiento de la demandante. ( numeral 4º de la resolución 0073 de 1999)”. Agrega, que la compensación del Bono tuvo lugar en la Administración de Grandes contribuyentes de Bogotá, al sustituírse por TES, según consta en certificación expedida por la Fiduciaria Cafetera S.A., que, dice, hace parte de los antecedentes administrativos del proceso.

II. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO El debate que el presente proceso plantea tiene como punto de partida la solicitud que la actora formuló el 26 de febrero de 1999, a la Administración Local de Impuestos Nacionales de Palmira para que le otorgara facilidades y aceptara la garantía ofrecida, a fin de permitirle efectuar el pago de su deuda fiscal. Este pedimento se aceptó y formalizó mediante la Resolución 073 del 31 de marzo del citado año, en la cual se establecieron las cuotas fijas y las fechas para la cancelación; se aceptó el pago de una cuota inicial por valor de $20000.000 de pesos y la compensación con Bonos de Desarrollo y Seguridad Interna por un valor de $96000.000 y se definió en

los Parágrafos 2 y 5 lo siguiente:

“Parágrafo Segundo -. El incumplimiento en el pago de alguna cuota y/o de cualquier otra obligación tributaria, aduanera o cambiaria, surgida con Expediente 13825 5 posterioridad a la notificación de la presente Resolución, será causal para que se declare sin vigencia el plazo concedido, ordenando hacer efectiva la garantía hasta la concurrencia del saldo insoluto de la deuda conforme al artículo 814 del Estatuto Tributario, sin perjuicio de la acción contra el deudor”. “Parágrafo Quinto.- De dictarse Resolución de Rechazo Definitivo u otro Acto Administrativo que declare improcedente la aplicación de los Bonos de Desarrollo de Seguridad Interna - BDSI, de que trata el numeral cuarto de los considerandos, el contribuyente sociedad PREMOLDA LTDA., deberá cancelar las obligaciones a las cuales realiza la imputación la presente resolución, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación de dicho Acto Administrativo, junto con los intereses que a tales periodos se hayan causado hasta la fecha de pago”. La Administración mediante Resolución 07 del 30 de abril de 1999, rechazó definitivamente la solicitud de compensación con el Bono de Desarrollo Social y Seguridad Interna, Preimpreso 0187745, suscrito el 13 de agosto de 1999, de la Fiduciaria Cafetera S.A., por valor de Noventa y seis millones ciento un mil pesos ($96101.000), con el argumento de que dicho título valor “...fue objeto de compensación en la Administración Especial de Grandes Contribuyentes de Santafé de Bogotá, D.C. mediante Resolución No. 20289

del 29 de septiembre de 1993, a favor del mismo suscriptor Siemens Sociedad Anónima” y que sobre este hecho particular, la Fiduciaria Cafetera S.A., expidió certificación No. VOPIV 01055 del 21 de abril de 1999, en la que señaló que el título fue sustituído por TES. La contribuyente impugnó el mencionado acto por medio del recurso de reconsideración que interpuso oportunamente el 30 de junio de 1999, aunque ya la Aministración había expedido el 28 de mayo anterior la Resolución 03, en la que adujo incumplimiento de los pagos por parte de la sociedad y dispuso dejar sin vigencia el plazo concedido mediante la Resolución 00073, con orden de continuar el proceso administrativo de cobro y de hacer efectiva Expediente 13825 6 la garantía aprobada, pasando por alto que existía una relación procesal clara con la actora, por la cual estaba obligaba en observancia de preceptos concretos, a atender el recurso y a pronunciarse sobre las argumentaciones del mismo en garantía de los derechos de aquella, examinando nuevamente la decisión y resolviendo en otra forma, si a ello la conducía la interpretación de las normas atinentes al trámite y la valoración del material probatorio que invocó en la Resolución 07, para fundamentar el rechazo definitivo de la solicitud de compensación. Este Despacho considera en acuerdo con el Tribunal, que la Resolución 03 del 28 de mayo de 1999, dejó inoperante el principio que consagra el artículo 683 del Estatuto Tributario, en el sentido de que la recta aplicación de las leyes debe estar presidida de un relevante espíritu de justicia, y contradice el

artículo 29 de la Carta Fundamental, porque sin esperar la autoridad tributaria a resolver el recurso a que tenía derecho la sociedad, por el cual solicitó la enmienda de la Resolución 07, ni a aclarar probatoriamente la realidad sobre la compensación anterior del Bono, declaró sin vigencia el plazo concedido y ordenó hacer efectiva la garantía otorgada, lo que indudablemente permite afirmar a esta Procuraduría Delegada, que el derecho de defensa como garantía vinculada al debido proceso, se vulneró, sin que esto tenga justificación, porque ese derecho fundamental no lo modifica ni altera los errores en que incurra la Administración. Pasando al aspecto de debate acerca de la carga de la prueba sobre la compensación de deudas tributarias con utilización del Bono citado, como quiera que ésta situación fue la que la Administración invocó, alegando que el título “...fue objeto de compensación en la Administración Especial de Grandes Contribuyentes de Santafé de Bogotá, D.C. mediante Resolución No. 20289 del 29 de septiembre de 1993, a favor del mismo suscriptor Siemens Sociedad Anónima” y que, sobre este hecho particular, la Fiduciaria Cafetera S.A., expidió certificación No. VOPIV 01055 del 21 de abril de 1999, señalándo que fue sustituido por TES, esta Procuraduría Delegada se remite a los escasos elementos que obran dentro de los antecedentes Expediente 13825 7 administrativos del proceso, a los cuales alude la apoderada de la DIAN al sustentar el recurso de apelación, para señalar, que en este caso la

obligación probatoria corría a cargo de la Administración, puesto que nada la eximía de allegar al informativo la Resolución No. 20289 del 29 de septiembre de 1993, para dar sustento a su decisión y de paso, despejar las dudas que sobre la autenticidad del Bono surgieron a raíz de la denuncia penal que cursa con carácter averiguatorio ante la Fiscalía 148 de Palmira y desvirtuar la afirmación del contribuyente en el sentido de que el título no fue compensado ni pagado antes y, que, su entrega a la Administración se hizo en razón de la negociabilidad que la ley mercantil le reconoce, ya que el original de éste no presenta sellos de endosos anteriores. La razón anterior se fundamenta en el hecho de que si bien hay constancia dentro del expediente en cuanto a que la Administración conocía pruebas que le permitían demostrar la compensación anterior del Bono, para lograr el efecto jurídico de rechazar definitivamente la solicitud de compensación que la contribuyente formuló ante la Administración con base en ese mismo título, tales piezas no obran en el informativo y por tanto, se infiere que el mencionado supuesto de hecho no se probó, a pesar de que procesalmente era necesario hacerlo para poder señalar a la sociedad la causa real por la cual fue acusada de incumplimiento de los término y plazos acordados para el pago de las cuotas pactadas. Significa lo anterior, que la Administración no podía a través de la Resolución 03 del 28 de mayo de 1999, declarar sin vigencia el plazo concedido mediante la Resolución 0073 del 31 de marzo de 1999 y en consecuencia, a juicio de esta agencia del Ministerio Público, debe continuar el Acuerdo de

Pagos, tal y como lo decidió el Tribunal de primera instancia, previa declaratoria de los actos administrativos acusados. En mérito de lo expuesto, el Despacho solicita respetuosamente a la Honorable Sala, se sirva confirmar la sentencia apelada. Señores Consejeros, Expediente 13825 8

MARTHA CLEMENCIA MENDOZA ARDILA

Procuradora Primera Delegada ante el Consejo de Estado

Proyectó: N. G. de G. / Revisó: M.C.M.A.