PGN - Documento 201605012127071

Concepto 034 Bogotá D.C. 14 de febrero de 2003

H. CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

E. S. D.

Consejero Ponente doctor: GERMAN AYALA MANTILLA Referencia: 0500123310001996162701

Radicado: 13522

Asunto: Impuesto de Industria y Comercio

Actor: CERVECERIA UNION S.A.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 277, numeral 7, de la Constitución Política; 127, 210 y 212 del Código Contencioso Administrativo; en el Decreto 262 del 22 de febrero de 2000, y en la Resolución 204 de julio de 2001, obrando dentro de la oportunidad legal en el proceso de la referencia, esta agencia del Ministerio Público procede a emitir su correspondiente alegato de conclusión.

I. ANTECEDENTES

1. La Tesorería de Rentas Municipales de Itagüí profirió la Resolución 001 de fecha 22 de marzo de 1996, a través de la cual requirió a la sociedad Cervecería Unión S.A. para que pagara el valor del Impuesto de Industria y Expediente 13522 2

Comercio adeudado por el periodo comprendido entre septiembre de 1990 y marzo de 1996. La sociedad interpuso los recursos de reposición y apelación contra dicho acto y la Administración Municipal los decidió mediante las Resoluciones 003 del 29 de abril de 1996 y 1677 del 2 de agosto de 1996, respectivamente. En estos actos, hizo referencia a las liquidaciones oficiales proferidas por la administración municipal en relación con distintos periodos fiscales

comprendidos entre 1989 y 1996, en las que se fundamento el requerimiento de pago efectuado en la Resolución 001 anotada; respecto de las cuales el acto impugnado realizó modificaciones, en el sentido de reducir el monto cobrado con excepción del periodo correspondiente a 1993 y el valor establecido en la resolución 5540 de 1994, disponiendo además ordenar librar mandamiento de pago. Así mismo determinó que para el periodo de 1992 el impuesto de industria y comercio quedaba constituido por la factura expedida por la Tesorería Municipal.

2. La sociedad acudió a través de apoderado judicial ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del C.C.A., en cuya demanda solicitó la nulidad de las resoluciones 001, 003, 1677 y 5540 antes enunciadas y la declaración de que la sociedad no esta obligada a pagar suma alguna a título de restablecimiento del derecho.

En esa demanda la accionante señaló como concepto de violación que de conformidad con los acuerdos municipales 75 de 1992 y 61 de 1993, solamente pueden emanar obligaciones a cargo de los contribuyentes, de las liquidaciones privadas, de corrección, provisional, definitiva, de revisión y de aforo por cada período fiscal, y que las resoluciones acusados no pertenecen a ninguno de estos actos, por lo cual se vulneraron los artículos que de tales acuerdos se citan en la demanda. Teniendo en cuenta lo anterior también afirma que los actos acusados adolecen de falsa motivación porque la factura expedida respecto del año 1993, no constituye un acto administrativo

Expediente 13522 3 contentivo de una obligación tributaria y, en todo caso, no fue notificada conforme a los artículos 43 a 48 del C.C.A.

3. El Tribunal, en sentencia de fecha 2 de julio de 2002, se declaró inhibido para pronunciarse de fondo, por considerar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 835 del E.T. y a partir de la Ley 383 de 1997, la jurisdicción de lo contencioso administrativo tiene competencia para ejercer el control de legalidad respecto del acto definitivo proferido dentro del proceso administrativo coactivo, esto es el que decide las excepciones propuestas por el ejecutado, cuando se trata de impuestos municipales y los actos de tramite dictados dentro de dicho proceso, entre ellos el mandamiento de pago, tienen control mediante los recursos ante la misma administración. Señala que los actos demandados en el presente asunto, no son susceptibles del mencionado control de legalidad.

4. El apoderado judicial de la accionante apela indicando que debió darse curso al memorial de desistimiento de la demanda, presentado conjuntamente con la parte demandada, por lo cual no debió dictarse sentencia. Manifiesta que es discutible lo afirmado en el fallo sobre el dudoso carácter jurisdiccional de los actos acusados, puesto que el agotamiento de la vía gubernativa de los mismos, indica el reconocimiento por parte de las autoridades municipales, de la naturaleza administrativa de dicha actuación y por lo tanto correspondía fallar de fondo.

II. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

1. En relación con el planteamiento del apelante, atinente al memorial de desistimiento presentado conjuntamente con la parte demandada, este

Despacho observa que no es posible acceder a tal solicitud, entre otras razones, porque el representante legal de la sociedad actora no confirió expresamente la facultad de desistir, máxime si se tiene en cuenta que tal acto procesal conlleva la disposición de derechos de la accionante representados Expediente 13522 4 en las pretensiones de la demanda, conforme lo dispone el artículo 70 del C.P.C. aplicable por remisión del artículo 267 del C.C.A., Además, el desistimiento en materia tributaria tiene consecuencias que para la entidad pública implica, entre otras, la transacción de una deuda fiscal, la cual solo puede efectuarse con la respectiva autorización legal, según corresponda, ya sea a través de ley, ordenanza o acuerdo, lo que no sucede en este caso, respecto del Alcalde que suscribe dicho acto conjuntamente con el actor.

2. En relación con el fallo inhibitorio del Tribunal, (frente al cual manifiesta su desacuerdo el apelante) se observa que si bien el artículo 835 del E.T. establece la intervención de la jurisdicción contencioso administrativa respecto de las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución, esa restricción tiene aplicación exclusivamente dentro del proceso administrativo de cobro coactivo conforme lo prevé claramente dicho precepto.

En el presente caso, es evidente que los actos demandados no deciden sobre excepciones ni ordenan llevar adelante la ejecución, pero tampoco fueron proferidos dentro del trámite administrativo de cobro coactivo, conforme se desprende de los mismos y de las normas municipales que regulan dicho trámite y, por lo tanto, debe efectuarse un examen de fondo sobre las

Resoluciones 001, 003 y 1667 aquí demandadas. En efecto, en los considerandos de la Resolución 001 del 22 de marzo de 1996 puntualmente se expone que la sociedad adeuda al municipio por concepto del impuesto de industria y comercio la suma de $675’541.870, por el periodo comprendido entre septiembre de 1990 y marzo de 1996 y en la parte resolutiva dispone requerirla para que pague esa suma dentro del término de ejecutoria de dicha providencia. Dicha resolución se fundamentó en la ley 49 de 1987, en el acuerdo 061 de 1993, en el artículo 561 del C.P.C. y demás normas concordantes, en las cuales no se encuentra previsto que dentro del procedimiento para el cobro Expediente 13522 5 coactivo deba proferirse el requerimiento para el pago de una deuda, como el contenido en el acto demandado, con el agravante de que dicha resolución no indica con base en cuales actos de los previstos en las normas municipales o legales, -liquidaciones privadas u oficialesse expedía el mismo.

3. Al respecto se debe resaltar que la resolución 001 citada corresponde estrictamente a un requerimiento para el pago mencionado, no previsto en la ley -se repiteque no tiene el carácter de mandamiento ejecutivo, con cuya respectiva notificación se inicia el procedimiento administrativo coactivo, razón por la cual no puede indicarse que con su expedición se haya dado inicio a éste trámite.

Únicamente al decidirse el recurso de reposición y posteriormente el de apelación mediante las resoluciones 003 del 29 de abril de 1996 y 1677 del 2

de agosto del mismo año, respectivamente, se indicó que el fundamento de tal requerimiento lo constituyen las liquidaciones oficiales proferidas por la administración municipal en relación con distintos periodos fiscales comprendidos entre 1989 y 1996, de algunas de las cuales se indica su firmeza, identificadas así: Año gravable Clase de acto 1989 Resolución 2491 de 1990 1990 Resolución 2287 de 1991 1991 Resolución 2191 de 1992 1992 Factura de diciembre de 1993 1993 Resolución 5540 de 1994 1995 Resolución 3997 de 1995 En tal virtud es del caso anotar que solamente cuando esos actos se encuentren en firme o decidida su controversia jurisdiccional, puede darse inicio con fundamento en ellos, al proceso administrativo coactivo, sin Expediente 13522 6 necesidad de actos previos de requerimiento para tal fin, como el que aquí se acusa. Acorde con lo anterior se observa que en la resolución 1667 que decidió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución 001 aquí demandadas, se decidieron cuestiones que atañen a las resoluciones antes enumeradas a través de las cuales el municipio determinó el impuesto por el período 19891995 y se libró mandamiento de pago por una suma que corresponde definir en las mismas. Esa decisión de librar mandamiento de pago, no es procedente puesto que equivale a vulnerar los procedimientos bajo los cuales se llevó a cabo la actuación a que se refieren las resoluciones de determinación oficial del impuesto antes relacionadas, en las que se definió el monto a cargo del

contribuyente, el cual ya no puede ser nuevamente objeto de discusión con ocasión de las resoluciones 001, 003 y 1667 aquí controvertidas. Además, el Tribunal no puede asumir la competencia de la tesorería municipal o el juez de ejecuciones fiscales para expedir el respectivo mandamiento de pago, atribuida por ley, a estas dependencias. Lo anterior permite concluir que la actuación aquí demandada resulta innecesaria y violatoria de las normas municipales y legales que indican cuales son los actos oficiales de determinación del impuesto y el trámite a seguir para efectos del respectivo cobro coactivo, previsto en el Acuerdo 61 de 1993, el cual en este caso, remite a lo previsto en el artículo 561 del C.P.C. y el artículo 68 del C.C.A. Debe anotarse que en armonía con lo anterior, la resolución 5540 de 1995 también demandada en el presente asunto, no puede ser objeto de examen por cuanto es un acto de determinación oficial del impuesto en la cual se fundamentaron los actos aquí demandados, que por lo expuesto no corresponde juzgar en esta oportunidad. Además no se acompañó con la demanda. Expediente 13522 7 Por las anteriores razones, esta Delegada solicita a la H. Sala revocar la sentencia apelada y en su lugar, acceder a las súplicas de la demanda, anulando las resoluciones 001, 003 y 1667, sin incluir la resolución 5540 de 1994. Señores Consejeros,

LIDA BEATRIZ SALAZAR MORENO

Procuradora Sexta Delegada ante el Consejo de Estado

P: B.U. / R: L.B.S.M.