PGN - Documento 201606261058163

FALTA DISCIPLINARIA GRAVÍSIMA-Obstaculizar en forma grave las investigaciones que realicen las autoridades CAUSAL DE EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD-Debe estar demostrada Si bien, el servidor público tiene la obligación de conocer y cumplir sus deberes funcionales en debida forma con la capacidad de valorar, en su momento cuáles son de mayor importancia para el efectivo cumplimiento de los fines estatales, también lo es que se deben presentar y demostrar los hechos y las situaciones que en un momento dado lo han llevado a preferir uno u otro deber, si no se hace, la causal invocada carece de toda fuerza y validez, como ocurre en este caso, donde la colisión de deberes que se plantea, no se encuentra demostrada. PRINCIPIO IN DUBIO PRO DISCIPLINARIO-Toda duda debe resolverse a favor del disciplinado En cuanto al principio del indubio pro disciplinario, alega la defensa su aplicación, atendiendo a que no esta demostrado que el disciplinado en su condición de gerente de la ESE, hubiese recibido los oficios citados. Considera el despacho, que si bien, éste principio obliga al operador disciplinario a que toda duda que se presente en el proceso debe resolverse a favor del disciplinado, también lo es que la duda debe ser razonable, esto es, concordante con la prueba existente en el proceso, pues mal haría la procuraduría en aducir la duda como fundamento de una decisión favorable al disciplinado, cuando del acervo probatorio recaudado se concluye que si es responsable de los hechos que se le imputan.

Dependencia: Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia

Administrativa Radicación: 091-4872-2008

Investigado: LUIS GONZAGA SALAZAR OLIVEROS.

Cargo: Gerente de la ESE Hospital San José Puebloviejo Quejoso: Informe de funcionario

F. Queja: 27-07-2007

Fecha hechos: 30 de mayo de 2007

Providencia: Fallo de Segunda Instancia (Art. 180 de la ley 734 de 2.002)

Bogotá D.C., ABRIL 27 DE 2011

1. ANTECEDENTES Agotado el respectivo trámite procesal, la Procuraduría Regional Magdalena, en audiencia pública del 8 de marzo de 2011, sancionó al señor LUIS GONZAGA SALAZAR OLIVEROS, en su condición de Gerente de la ESE Hospital San José Puebloviejo, Magdalena, con DESTITUCIÓN e INHABILIDAD GENERAL por el término de diez (10) años, por encontrarlo disciplinariamente responsable de la conducta señalada en el numeral 2 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 (fls. 214 a 221).

Contra la decisión anterior, la apoderada del sancionado interpuso recurso de apelación, solicitando la revocatoria de la sanción y en su lugar la absolución del funcionario. (fls. 222 a 225)

1. Información preliminar: La presente investigación se originó en oficio del Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena, donde solicita investigar la presunta omisión en dar respuesta a los oficios Nos 2058, 3773 y 1382 que fueron dirigidos al Gerente de

la ESE Hospital San José de Puebloviejo. Con fundamento en ello, el 23 de julio de 2008, la Procuraduría Regional del Magdalena abrió indagación preliminar, y recaudo pruebas. El 30 de julio de 2009 adecuó el procedimiento disciplinario al verbal y citó a audiencia al investigado, la que se surtió el 8 de febrero de 2010, decretó pruebas, profiriendo fallo sancionatorio el 19 de agosto de 2010. La decisión fue apelada, correspondiendo por reparto a esta delegada el conocimiento del asunto, que por auto del 22 de octubre de 2010 declaró la nulidad de todo lo actuado, a partir de la providencia del 14 de julio de 2010, que corrió traslado a las partes para alegar de conclusión, con fundamento en la causal 2 del artículo 143 de la Ley 734 de 2.002. La primera instancia rehízo la actuación anulada, y profirió fallo el 8 de marzo de 2011.

2. Decisión de primera instancia: La Procuraduría Regional Magdalena, en audiencia pública del 8 de marzo de 2011, sancionó al señor LUIS GONZAGA SALAZAR OLIVEROS, en su condición de Gerente de la ESE Hospital San José Puebloviejo, Magdalena, con DESTITUCIÓN e INHABILIDAD GENERAL por el término de diez (10) años, por encontrarlo disciplinariamente responsable de la conducta señalada en el numeral 2 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. La falta atribuida al investigado fue

gravísima, de conformidad con el artículo 48 numeral 2 de la Ley 734 de 2002, y se le atribuyo cometida con culpa gravísima. Los argumentos de la decisión fueron: “Se le hicieron tres (3) imputaciones atendiendo cada uno de los oficios motivo de cuestionamiento y que podría estar en presencia de una posible obstaculización a la investigación adelantada por el Consejo Seccional de la Judicatura, Sala Disciplinaria. Al investigado se le imputa haber obstaculizado en forma grave la investigación disciplinaria […] al omitir dar respuesta a los oficios 2058 del 21 de septiembre de 2006, 3773 de 17 de noviembre (sic) de 2006 y 1382 de 16 de mayo de 2007 emanados del secretario del Consejo Seccional de la Judicatura […]. A su turno se practicó visita especial en la ESE Hospital Local de Puebloviejo a fin de establecer el trámite dado a los oficios materia de investigación y ello no fue posible debido al desorden del archivo de la entidad, no se encontraron libros radicadores de oficios enviados ni recibidos por lo que no se logró el cometido de la visita. Por último se esperó la respuesta de la empresa 472 Red Postal de Colombia para determinar quien había recibido los plurimencionados (sic) oficios. Es así como mediante oficio del 24 de febrero de 2010 de la empresa […], se informa que el oficio 3773 fue recibido por la señora Rocío Caballero el 27 de diciembre de 2007, […] en cuanto al oficio No. 2058 del 21 de septiembre de 2006 certificó que fue recibido

Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa 2 Carrera 5 N° 15-80 piso 8° PBX 5878750 Ext. 10838 por ISABEL de apellido ilegible el 18 de octubre de 2006 y por el último el oficio 1382 de 16 de mayo de 2007, fue entregado a la ESE el 24 de mayo de 2007 se dice recibido por firma ilegible con C.C No. 3714657 (sic), sin embargo en la columna de observaciones “nombre de la persona que recibe” se lee “gerente” y de vistazo hecho a la firma del investigado, guardan estrecha similitud, permitiendo corroborar que su numero de cédula es 3.714.637, lo cual permite afirmar sin lugar a dudas que el investigado muy a pesar de haber recibido personalmente el último oficio motivo de cuestionamiento […], y de haber estados en el cargo hasta el 22 de junio de 2007 […]. De lo anterior, se advierte que los diferentes oficios llegaron y fueron recibidos en la ESE y que el investigado en concreto recibió el último pero con su comportamiento negligente obstaculizó en forma gravísima la investigación disciplinaria que en su momento adelantaba el Consejo Seccional de la Judicatura contra la abogada, Lucia Galindo Cumplido, muy a pesar de que como servidor público que era debía cumplir la norma que es de obligatorio cumplimiento. Los medios de prueba arrimados al proceso aportan la certeza de la existencia de la falta y que el investigado, señor LUIS GONZAGA SALAZAR OLIVEROS es el responsable de todos y cada uno de los cargos que se le imputaron, por lo que los cargos

imputados no fueron desvirtuados. En consecuencia, atendiendo la falta cometida imputada a título de culpa gravísima, la cual se mantiene en este fallo, la sanción que le corresponde según las voces del numeral 1 del artículo 44 de la ley 734 de 2002 será de destitución e inhabilidad general por lo que atendiendo que no registra antecedentes disciplinarios se le impondrá la mínima de diez (10) años.”.

3. Recurso de apelación: La apoderada del disciplinado interpuso recurso de apelación contra la decisión sancionatoria, argumentando su inconformidad, así (fls. 222 a 225): Dentro de las pruebas recaudadas se encontraron dos de los oficios emitidos por el Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena, donde se le solicitó al disciplinado remitir una documentación con destino a esa entidad. Esas dos comunicaciones, como se puede observar no fueron recibidas por el encartado, sino por alguno de sus dependientes, por lo que podría ser de su desconocimiento tal requerimiento. Además, se observó que solo una de las comunicaciones fue recibida por LUIS GONZAGA. Hecho que no tuvo en cuenta la primera instancia, si se tiene en cuenta que enfiló una responsabilidad disciplinaria, calificándola como falta gravísima.

La conducta debió ser calificada con menor envergadura, pues como se evidenció en la visita realizada al archivo de la entidad, éste no se encuentra organizado, por lo que mal podría imputársele el conocimiento del oficio de 2006 y del primer trimestre de 2007. Ahora, hay que tener en cuenta que la ola invernal para esas

fechas atacó a los pobladores, por lo que el hospital no daba abasto en la atención requerida, cubriendo las emergencias, por ser el único hospital de la zona. Así las cosas, al no estar probado que el señor Gerente hubiese recibido los oficios citados, se debe dar aplicación al principio universal del indubio pro reo, o dar aplicación a la causal eximente de responsabilidad denominada “cuando el funcionario se encuentra en estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia que el sacrificado”, por haber tenido ocupaciones de urgencia. Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa 3 Carrera 5 N° 15-80 piso 8° PBX 5878750 Ext. 10838 ii. CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA Se avoca el conocimiento del asunto y se procede en concordancia con el artículo 180 de la Ley 734 de 2002, a desatar el recurso de apelación, precisando que no se observan vicios de nulidad que invaliden la actuación. Asimismo, se precisa que el marco de la competencia para desatar el recurso de apelación será el señalado en el parágrafo del artículo 171 ibídem, que autoriza a revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación. Sea lo primero indicar que la condición de servidor público implica una serie de obligaciones, deberes, prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses, que se deben hacer valer en todo momento, para poder lograr los propósitos fundamentales del Estado, plasmados en especial en el artículo 2º de

la Constitución Política, aun cuando se pueden encontrar estatuidos a lo largo de todo su articulado, cuales son servir a la comunidad, velar por el logro de los altos cometidos del Estado, y hacer prevalecer los intereses generales por encima de los particulares o los de determinados sectores o grupos. No se debe olvidar que el derecho disciplinario no se inclina especialmente por valorar el resultado que deriva de la irregularidad disciplinaria, sino que tiende a establecer la afectación que ha sufrido el servicio o la función encomendada, en tanto es deber, obligación y responsabilidad del Estado garantizar que las funciones y los servicios públicos se presten de manera adecuada, eficiente, imparcial, objetiva, bajo parámetros de igualdad, sin favoritismos, con apego a la Constitución y a la ley. Lo anterior se encuentra unido de manera indisoluble al comportamiento que deben observar los servidores públicos. De allí nace el vínculo que los une a la administración pública, por el cual se crea una relación especial de sujeción, que permite como contrapartida, exigirles un buen comportamiento, y en caso de no observarlo, pueden ser materia de reproche y de sanción por tales situaciones, vínculo del cual están advertidos y cuyo compromiso sellan formalmente al momento de tomar posesión del cargo. Además, por corresponder la función o el servicio público a una actividad esencialmente reglada, con el objeto de garantizar el adecuado desempeño de las funciones o la prestación de los servicios, los servidores o quienes cumplen determinadas funciones o servicios, están obligados en todo momento a observar dichas reglas y procedimientos. Solo de esa manera se puede garantizar que se

cumplan los cometidos estatales. Por tanto, para excusarse del cumplimiento de sus deberes, obligaciones y responsabilidades, cuando no las han atendido, los servidores del Estado deben demostrar de manera fehaciente que estaba fuera de su control o escapaba a sus posibilidades observarlas. Su nivel de responsabilidad es mayor, y deben rendir cuenta de sus actos como funcionarios, porque no de otra manera se pueden lograr los fines del Estado. Aún cuando el simple quebranto de la norma no permite endilgar responsabilidad, porque ello la tornaría en una forma de responsabilidad objetiva, lo cierto es que el incumplimiento de los deberes o el quebranto de las prohibiciones, exige explicaciones que sirvan para desvirtuar la responsabilidad que les está atribuida, porque se parte de la base de que los servidores públicos están debida y Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa 4 Carrera 5 N° 15-80 piso 8° PBX 5878750 Ext. 10838 suficientemente enterados de las limitaciones, condiciones y obligaciones que tienen que atender, dada su condición personal y el compromiso que adquieren. Por eso, en casos como el que aquí se examina, se hace indispensable poner sobre la balanza todas la pruebas y elementos de juicio allegados, y llevar a cabo la más rigurosa y extrema valoración, conforme a los principios de la sana crítica, para hacer prevalecer los intereses de la sociedad, razón por la cual comprobada la ocurrencia de la conducta y la responsabilidad atribuible al funcionario, debe imponerse la sanción que prevea el ordenamiento; pero en sentido contrario, si no

hay certeza de su acaecimiento o de la incursión por parte del disciplinado en los hechos censurados, debe imponerse la absolución, todo ello bajo el marco de la alzada, pues sólo es posible revisar los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación. iii. DEL ANALISIS DEL CASO CONCRETO Tomando como base el marco conceptual y normativo descrito, se hace indispensable decidir si, el señor LUIS GONZAGA SALAZAR OLIVEROS, en su condición de Director de la ESE Hospital San José Puebloviejo, Magdalena, incurrió en la falta descrita en el numeral 2 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, por “obstaculizar en forma grave la o las investigaciones que realicen las autoridades administrativas”, al no haber dado respuesta a las solicitudes 2058 del 21 de septiembre de 2006, 3773 de 17 de noviembre de 2006 y 1382 de 16 de mayo de 2007, presentadas por el Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, con lo que obstaculizó la investigación que allí se adelantaba. La primera instancia consideró que había incurrido en la conducta en mención, bajo el entendido que los diferentes oficios fueron recibidos en la ESE Hospital San José Puebloviejo. Obra constancia de que fue el investigado quien recibió el último de los remitidos, del cual no dio respuesta, comportamiento negligente con el cual obstaculizó en forma gravísima la investigación disciplinaria que adelantaba el Consejo Seccional de la Judicatura contra la abogada Lucia Galindo Cumplido.

Se le reprochó, el deber que le asistía de dar respuesta, por ser de obligatorio cumplimiento, y de conocida exigencia por su calidad de servidor público. La defensa de oficio, manifestó no estar de acuerdo con la decisión, porque las pruebas recaudadas evidencian que dos de los oficios que emitió el Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena, en los que solicitó al disciplinado remitir una documentación con destino a esa entidad, no fueron recibidos por el encartado, sino por otros funcionarios, por lo que no fueron de su conocimiento. Además, observa que otra de las comunicaciones, aparte de las dos mencionadas, al parecer fue recibida por LUIS GONZAGA, hecho que no tuvo en cuenta la primera instancia, pues enfiló una responsabilidad disciplinaria, calificándola como falta gravísima. Según su criterio, la conducta debió ser calificada con menor envergadura. Igualmente estima que hay que tener en cuenta que la ola invernal, para la época de los hechos, era de gran impacto, lo que afectó a los pobladores, y el hospital no daba abasto en la atención requerida, pues debía cubrir la emergencia, por ser el único hospital de la zona. Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa 5 Carrera 5 N° 15-80 piso 8° PBX 5878750 Ext. 10838 Anota también que no esta probado que el disciplinado en su condición de gerente de la ESE, hubiese recibido los oficios citados, por lo que se debe considerar la posibilidad de dar aplicación al principio universal del indubio pro reo, o la causal eximente de responsabilidad que determina que no hay responsabilidad “cuando

el funcionario se encuentra en estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia que el sacrificado”, por haber tenido ocupaciones de urgencia. Para el despacho, ni la causal invocada ni el principio aludido, tienen vocación de prosperidad. La causal prevista en el numeral 2.º de la ley 734 de 2002, “EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE UN DEBER CONSTITUCIONAL O LEGAL DE MAYOR IMPORTANCIA QUE EL SACRIFICADO”, la sustenta, aduciendo la urgencia que debió atender el hospital que gerenciaba el disciplinado, a causa de la ola invernal que se dio para la época de los hechos. A juicio de esta Delegada, tal planteamiento no se encuentra probado en el expediente, no obrando prueba alguna de que el señor LUIS GONZAGA afrontara el dilema de tener que atender la situación invernal bajo una condición tal que le impidiera o no le permitiera dar respuesta a las solicitudes formuladas por el Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena; es más, no hay evidencia ni prueba de ninguna naturaleza que sirva para demostrar que la situación de emergencia referida se hubiese presentado. Por consiguiente, si no está probado el deber constitucional o legal que supuestamente debía atender, mal podría hablarse que debió sacrificar el deber de dar respuesta a las peticiones aludidas, por ser de menor importancia. Si bien, el servidor público tiene la obligación de conocer y cumplir sus deberes funcionales en debida forma con la capacidad de valorar, en su momento cuáles son de mayor importancia para el efectivo cumplimiento de los fines estatales1,

también lo es que se deben presentar y demostrar los hechos y las situaciones que en un momento dado lo han llevado a preferir uno u otro deber, si no se hace, la causal invocada carece de toda fuerza y validez, como ocurre en este caso, donde la colisión de deberes que se plantea, no se encuentra demostrada. Ante tales consideraciones, la causal eximente planteada carece de sustento. Ahora, las peticiones fueron formuladas en distintos meses, datando la primera del mes de septiembre de 2006, y otra de noviembre de ese mismo año, y la otra de mayo de 2007, lo cual evidencia, más una negligencia en cumplimiento del deber, con el que se obstaculizó la investigación disciplinaria que se adelantaba en el Consejo Seccional de la Judicatura, que una situación de colisión de deberes. En cuanto al principio del indubio pro disciplinario, alega la defensa su aplicación, atendiendo a que no esta demostrado que el disciplinado en su condición de gerente de la ESE, hubiese recibido los oficios citados. Considera el despacho, que si bien, éste principio obliga al operador disciplinario a que toda duda que se presente en el proceso debe resolverse a favor del disciplinado, también lo es que la duda debe ser razonable, esto es, concordante con la prueba existente en el proceso, pues mal haría la procuraduría en aducir la duda como fundamento de una decisión favorable al disciplinado, cuando del acervo probatorio recaudado se concluye que si es responsable de los hechos que se le imputan. Para el caso, no hay lugar a la aplicación del referido principio a favor del

encartado, pues está demostrado con la planilla de recibido que conserva la 1 Sentencia C-948/02 Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa 6 Carrera 5 N° 15-80 piso 8° PBX 5878750 Ext. 10838 empresa 472 red apostal, que el señor LUIS GONZAGA, recibió el 24 de mayo de 2007, el oficio 1382 de 16 de mayo de 2007, emitido por el Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, en la cual le solicitaba “copia del poder otorgado por la señora Marcela Liliana Peñaloza Linero a la doctora Lucia Catalina Galiano Cumplido, para celebrar el acta de conciliación de 7 de abril de 2003”. Este documento reiteraba el oficio 3773 de 17 de noviembre de 2006, y advertía la necesidad de dicha información como prueba para la investigación disciplinaria, que allí se adelantaba. Así entonces, la duda que se plantea no es razonable, al existir prueba que evidencia la conducta atribuida al encartado, consistente en no atender y no dar respuesta a unas solicitudes que le fueron formuladas. No se debe perder de vista en este caso, además que en su condición de gerente tenía el deber y la responsabilidad de garantizar que se atendieran adecuadamente los asuntos relativos al hospital, entre los que estaba la debida atención de los derechos de petición. Hay evidencia cierta de que se enteró de dicha solicitud y de la reiteración del Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, en el recaudo de la prueba, teniendo el deber de

adelantar las cuestiones propias de la entidad que representaba, así como de atender las solicitudes que otras instituciones presentaran, correspondiendo en este caso a una exigencia constitucional, que no podía ser desatendida. De allí surge que al no remitir la información pedida, dio lugar a la obstaculización en forma grave de la investigación que realizaba la autoridad jurisdiccional disciplinaria, pues debió esperar varios meses para la obtención de la prueba, con lo cual se concreta el hecho irregular sancionado que ésta tipificado en la ley disciplinaria como falta gravísima. No se le hace exigible al disciplinado, ni se atribuye el conocimiento de las solicitudes 2058 del 21 de septiembre de 2006 y 3773 de 17 de noviembre de 2006, pues, sobre ellas se demostró que fueron otros funcionarios de la ESE Hospital San José Puebloviejo, quienes las recibieron, los que no fueron vinculados a la investigación. Es claro entonces, que al señor LUIS GONZAGA, le asistía el deber de dar la información y hacerlo dentro de los términos exigidos por la autoridad jurisdiccional, más cuando las solicitudes estaban dirigidas a él, y recibió el oficio 1382 de 16 de mayo de 2007. Concluye el despacho, que ni la causal invocada ni el principio aludido, prosperan, por lo que se mantiene la falta atribuida por el a quo al señor LUIS GONZAGA, esto es, numeral 2 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, por “obstaculizar en forma grave la o las investigaciones que realicen las autoridades administrativas”,

al no haber dado respuesta a las solicitudes 3773 de 17 de noviembre de 2006 y 1382 de 16 de mayo de 2007, presentadas por el Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, con lo que obstaculizó la investigación que allí se adelantaba. Como otro punto, alega la apoderada de oficio que la conducta debió ser calificada con menor envergadura. Entiende el despacho, que a lo que se refiere es que la falta atribuida al disciplinado no debió ser calificada con culpa gravísima. Al respecto, a juicio de la delegada, tal planteamiento es válido, y se acepta, en la medida que no esta probado que el señor LUIS GONZAGA, en su condición de gerente de la ESE Hospital San José Puebloviejo, quiso obstaculizar el trámite del proceso disciplinario que adelantaba el Consejo Seccional de la Judicatura, o que ese era su interés, o que su propósito era el de no atender la solicitud o de obstaculizar la investigación que se adelantaba. Si tal era la situación, ella debe Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa 7 Carrera 5 N° 15-80 piso 8° PBX 5878750 Ext. 10838 estar plenamente demostrada, no figurando prueba alguna que sirva para asegurar que esa era la finalidad perseguida por el sancionado. A cambio de ello aparece comprobado que no entregó la información solicitada, lo cual puede atribuirse a su falta de diligencia y de cuidado, pues estando enterado de la solicitud, tenía el deber de responderla adecuada y oportunamente, o de

velar para que fuera atendida por algún otro funcionario de su dependencia nada de lo cual hizo, lo que permite asegurar que no actuó con la diligencia requerida de donde surge su responsabilidad, pero en este caso hay lugar a variar la calificación de CULPA GRAVÍSIMA, a CULPA GRAVE. Lo anterior, en razón a que en el curso de la actuación no se recaudó prueba que sirviera para mantener la culpa gravísima endilgada, no estando demostrado por parte alguna que la intención del Doctor GONZAGA fuera la de desconocer abiertamente el ordenamiento, ni hay evidencia de que hubiera sido advertido previamente de la situación. Ahora, la permanencia del citado funcionario en el cargo de gerente, lo fue desde el 2004 hasta el 22 de junio de 2007 y la solicitud la recibió el 24 de mayo de esa anualidad, por lo cual si le correspondía atenderla. Para ello se toma en cuenta la definición que al respecto consagra el parágrafo del artículo 44 del C.D.U., que cataloga la culpa como grave, “… cuando se incurra en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones”, siendo dado afirmar por este Despacho que el cuidado necesario en un caso como el presente, llevaba necesariamente a dar trámite a la solicitud, por los medios que estuvieran al alcance, que es lo que precisamente no hizo el disciplinado. Respecto a la prueba de tal hecho, está demostrado que el investigado no adelantó ninguna clase de gestión, al respecto el funcionario que lo reemplazó solo dio respuesta a la solicitud en el mes de agosto de 2007.

Bajo los presupuestos anteriores, este Despacho concluye que el doctor LUIS GONZAGA SALAZAR OLIVEROS incurrió en falta GRAVÍSIMA cometida con CULPA GRAVE, lo cual, atendiendo el numeral 9 del artículo 43 de la ley disciplinaria lleva a redefinir su calificación, para estimarla finalmente como falta GRAVE cometida con CULPA GRAVE, lo que de acuerdo al numeral 4 del artículo 44 de dicha ley se sanciona con suspensión en el ejercicio del cargo, la cual según el artículo 46 siguiente oscila entre uno y doce meses. Para tasar el tiempo en cuestión se toma en cuenta que al investigado no le figuran sanciones, lo mismo que su buena conducta anterior, el hecho de que la conducta atribuida no hubiera afectado los intereses jurídicos de la entidad que representaba. De otro lado se toma en cuenta la trascendencia social de la falta, lo que dio lugar a la queja justificada en su contra, cuestión que naturalmente afecta la buena imagen de la administración pública y crea desconfianza en los administrados, así como porque se trataba del cargo de mayor jerarquía administrativa en la ESE, Hospital San José Puebloviejo lo cual da mal ejemplo, y porque todo ello se pudo evitar si hubiera actuado con la diligencia y el cuidado que un cargo de esas condiciones exigía, lo que estaba a su alcance realizar, pero que desatendió de manera injustificada, para concluir que se le debe imponer la sanción mínima legal, doblada en otro tanto, por existir causales de agravación, conforme se han Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa 8 Carrera 5 N° 15-80 piso 8° PBX 5878750 Ext. 10838

expresado, lo que finalmente conduce a una sanción de SUSPENSIÓN por el término de dos meses. En mérito de lo expuesto, el Procurador Segundo Delegado para la Vigilancia Administrativa, RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la sanción impuesta por la Procuraduría Regional del Magdalena, y en su lugar se impone la sanción de SUSPENSIÓN para ejercer el cargo por el término de dos (2) meses, al señor LUIS GONZAGA SALAZAR OLIVEROS, identificado con la C.C. 3714657, en su condición de gerente de la ESE Hospital San José Puebloviejo, para la época de los hechos, por haber incurrido en la falta descrita en el numeral 2.º del artículo 48 de la Ley 734 de

2002. Falta que finalmente se califica de GRAVE, cometida con CULPA GRAVE En caso de que el funcionario sancionado se encuentre retirado del servicio, atendiendo lo que dispone el artículo 46 del C.D.U., la sanción se convertirá en salarios, de acuerdo al monto de lo devengado al momento de comisión de la falta.

SEGUNDO: Por la Procuradoría Regional del Magdalena NOTIFICAR personalmente a los sujetos procesales la presente determinación, advirtiendo que contra ella no procede recurso legal alguno, quedando agotada la vía gubernativa.

De no poderse lograr la notificación personal, notifíquese por edicto en los términos del artículo 107 del Código Único Disciplinario.

TERCERO: Devolver el expediente a la oficina de origen para que se ocupe de la

notificación a los sujetos procesales, los registros en el SIRI, el envió de las copias de los fallos al nominador para que haga efectiva la sanción y proceda al archivo del expediente, y, en caso de ser necesario, para que haga la conversión correspondiente de la sanción.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FERNANDO BRITO RUIZ

Procurador Segundo Delegado para la Vigilancia Administrativa Py: AMG Exp. 091-4872-2008 fallo 2ª. Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa 9 Carrera 5 N° 15-80 piso 8° PBX 5878750 Ext. 10838