PGN - Documento 201606261100073

CELEBRACION INDEBIDA DE CONTRATOS-No se configura la inobservancia de los principios de transparencia y selección objetiva No resulta razonable asignar en cabeza del implicado la inobservancia de los principios de transparencia y selección objetiva –primera imputación fáctica de la Fiscalíaen la medida en que se encuentra demostrado probatoriamente que su actuación estuvo limitada al análisis de las evaluaciones y recomendaciones que le hicieron los funcionarios que adelantaron el trámite previo a la suscripción de los convenios quienes fueron los encargados de escoger a los contratistas. Nótese que en ninguna parte aparece siquiera mencionado el hecho de que el Gobernador hubiera decidido al respecto o emitido opinión o al menos haber insinuado el nombre de quienes resultaron elegidos para dar cumplimiento al objeto contractual. CALIFICACION DEL MERITO SUMARIALPreclusión de la investigación Teniendo como base lo anteriormente expuesto, la Procuraduría Primera Delegada para la Investigación y el Juzgamiento Penal de manera respetuosa solicita al señor Fiscal General de la Nación (E) que profiera resolución de PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN favoreciendo con ella al señor GILBERTO PULIDO PERDOMO en su calidad de ex Gobernador del Departamento del Vichada, dentro de la investigación que contra él se adelantó por los delitos de Contrato sin cumplimiento de requisitos legales, Falsedad ideológica en documento público y Peculado por apropiación. Bogotá D. C., 09 de diciembre de 2010. Concepto No. 038 - 1IJP Doctor GUILLERMO I. MENDOZA DIAGO Fiscal General de la Nación (E)

E. S. D.

REF.: Radicación No. 10658-01

GILBERTO PULIDO PERDOMO

Ex Gobernador de Vichada Señor Fiscal General (E): JORGE ALBERTO GONZÁLEZ VÁSQUEZ, Procurador Primero Delegado para la Investigación y el Juzgamiento Penal, debidamente notificado de la resolución fechada el 26 de octubre del año en curso mediante la cual se dispuso el cierre de la investigación, con mi acostumbrado respeto concurro ante su despacho, dentro de los términos y para los efectos de que trata el artículo 393 del Código de Procedimiento Penal, con el fin de hacer conocer la opinión del Ministerio Público sobre la forma de calificación del mérito sumarial, en los siguientes términos: 2 HECHOS El 31 de agosto de 2006, La Fiscalía 31 Seccional de Puerto Carreño – Vichada dictó resolución dentro del expediente radicado bajo el número 478 seguido contra los señores CRISANTO GALINDO y RAMÓN MURILLO CEDEÑO. En el numeral tercero de la parte resolutiva ordenó compulsar copias de la actuación a efecto de que se investigara al señor GILBERTO PULIDO PERDOMO, ex Gobernador del Departamento de Vichada “por la presunta conducta de Celebración Indebida de Contratos en que pudiera incurrir al suscribir los contratos No 036 y 037 siendo contratistas RAMÓN MURILLO CEDEÑO y CRISANTO GALINDO MARÍN respectivamente” (fl 5). “El cuestionamiento formulado en torno a los anteriores contratos se refiere a

que MURILLO CEDEÑO y GALINDO MARÍN carecían de experiencia e idoneidad para ejecutar las obras contratadas y simplemente prestaron su firma para figurar como tales, dado que los dos contratos pertenecían al diputado MANUEL RIVERA PARRA a quien le entregaron el dinero girado por concepto de anticipo. Se indica además que los mencionados contratos no se cumplieron. “En efecto, MURILLO CEDEÑO tenía como oficio expendedor de carne y GALINDO MARÍN laboraba como vendedor en un negocio en Puerto Carreño. “RAMÓN MURILLO CEDEÑO manifiesta haberle entregado el dinero recibido de la Gobernación del Vichada por concepto de anticipo del Contrato 036/98 ($4.546.972) al ex diputado MANUEL RIVERA PARRA y al señor PEDRO ALEJANDRO ESTRADA. Agrega que ese dinero fue repartido también con la señora BETTY CALDERÓN. “Por su parte CRISANTO GALINDO MARÍN manifiesta haberle entregado el dinero recibido de la Gobernación del Departamento del Vichada por concepto de anticipo del Contrato 037/98 ($9.522.458) al ex diputado MANUEL RIVERA PARRA para atender obligaciones personales de este último, contraídas con LUIS ANTONIO ROBLEDO, PEDRO MIGUEL CORREAL y JAIRO DÍAZ PARDO” (folio 261). Además debe agregarse que, comoquiera que las obras contratadas no se ejecutaron, la Gobernación de Vichada declaró la caducidad administrativa de los convenios mediante las Resoluciones 616 del 9 de octubre de 1998 y

614 del 7 de octubre de 1998. 3 SITUACIÓN JURÍDICA El 26 de septiembre de 2008 el despacho del señor Fiscal General se pronunció mediante resolución en la cual dispuso abstenerse de resolver la situación jurídica del ex Gobernador del Vichada, GILBERTO PULIDO PERDOMO, por los presuntos delitos de Contrato sin Cumplimiento de Requisitos Legales y Falsedad Ideológica en Documento Público, por tratarse de punibles frente a los cuales no resultaba procedente dicha medida toda vez que tenían establecido un mínimo de pena inferior a cuatro años de prisión; y definir la situación jurídica del indagado PULIDO PERDOMO “absteniéndose de imponer en su contra medida de aseguramiento por el presunto delito de Peculado por Apropiación que se le imputa, de conformidad con lo señalado en las consideraciones… ” (folio 270). Es importante la mencionada resolución por cuanto precisa los tipos penales que se consideran lesionados con la conducta del ex mandatario regional, a la vez que indica el comportamiento que se le censura y que se estima adecuado a aquellos, así: “Evaluadas las pruebas aportadas durante la investigación previa, consideró el despacho que existía mérito para abrir instrucción contra el señor GILBERTO PULIDO PERDOMO por los presuntos delitos de: - Contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por haber celebrado en su calidad de Gobernador del Vichada los referidos contratos con presunta inobservancia de los principios de transparencia y selección objetiva que rigen la contratación estatal

(Ley 80 de 1993). - Falsedad Ideológica en Documento Público, porque en los documentos que conforman los trámites contractuales 036 y 037 de 1998 se consignaron informaciones falsas al incluir como proponentes y luego como contratistas a quienes simplemente habrían prestado su firma para figurar como tales. Peculado por Apropiación, por haber dado lugar mediante los referidos contratos a la apropiación indebida en provecho de terceros de recursos pertenecientes a la entidad territorial” (folio 261). CONSIDERACIONES Para sustentar la medida que se ha de solicitar, el Ministerio Público estima metodológicamente procedente dividir este título en dos capítulos: el primero tratando el fenómeno de la prescripción que no solamente es alegado por la 4 defensa, sino que aparece a primera vista como una posibilidad en la medida en que los contratos 036 y 037 de la Gobernación de Vichada fueron suscritos por el titular de ese despacho el 30 de junio de 1998; y el segundo que analice la responsabilidad del señor GILBERTO PULIDO PERDOMO frente a los punibles que se le endilgan.

De la prescripción: 1.- FALSEDAD Art. 219 Ley 100 de 1980: Falsedad ideológica en documento público.- El servidor público que el ejercicio de sus funciones, al extender documento

público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de tres (3) a diez (10) años. Art. 286 Ley 599 de 2000: Falsedad ideológica en documento público.- El servidor público que en ejercicio de sus funciones, al extender documento

público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho años e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a diez (10) años. Art. 14 Ley 890 de 2004: Las penas previstas en el artículo anterior “se aumentarán en la tercera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo”, a partir del momento en que entre a operar el sistema acusatorio de la Ley 906 de 2004. En consecuencia el máximo de la pena para este delito queda en doce (12) años. 2.- CONTRATO SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Art. 146 Ley 100 de 1980, modificado por el artículo 1° del decreto 141 de 1981; el artículo 57 de la Ley 80 de 1993; y los artículos 18 y 32 de la Ley 190 de 1995.- Contrato sin cumplimiento de requisitos legales.- El servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones y con el propósito de obtener un provecho ilícito para sí, para el contratista o para un tercero, tramite contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales, o lo celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años y en multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes e interdicción de derechos y funciones públicas de uno (1) a cinco (5) años. 5 Art. 410 Ley 599 de 2000: Contrato sin cumplimiento de requisitos legales.- El servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones

tramite contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años, multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a doce (12) años. Art. 14 Ley 890 de 2004: Las penas previstas en el artículo anterior “se aumentarán en la tercera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo”, a partir del momento en que entre a operar el sistema acusatorio de la Ley 906 de 2004.

3.- PECULADO POR APROPIACIÓN.

Art. 133 Ley 100 de 1980, modificado por el artículo 19 de la Ley 190 de

1995. Peculado por apropiación.- El servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o de bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, incurrirá en prisión de seis (6) a quince (15) años, multa equivalente al valor de lo apropiado e interdicción de derechos y funciones públicas de seis (6) a quince (15) años.

Si lo apropiado no supera un valor de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes, dicha pena se disminuirá de la mitad (1/2) a las tres cuartas (3/4) partes.

Si lo apropiado supera un valor de doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales vigentes, dicha pena se aumentará hasta en la mitad (1/2). Art. 397 Ley 599 de 2000: Peculado por apropiación.- El servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado o de empresas de empresas o instituciones en que éste tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o de bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, incurrirá en prisión de seis (6) a quince (15) años, multa equivalente al valor de lo apropiado sin que supere el equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término. 6 Si lo apropiado supera el valor de doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales vigentes, dicha pena se aumentará hasta en la mitad. La pena de multa no superará los cincuenta mil (50.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Si lo apropiado no supera un valor de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes la pena será de cuatro (4) a diez (10) años e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término y multa equivalente al valor de lo apropiado. Art. 14 Ley 890 de 2004: Las penas previstas en el artículo anterior “se aumentarán en la tercera parte en el mínimo y en la mitad en el

máximo”, a partir del momento en que entre a operar el sistema acusatorio de la Ley 906 de 2004.

Conclusión de la prescripción: 1.- Como se puede observar, ni los tres artículos transcritos de la Ley 100 de 1980, vigente para al momento de ocurrencia de los hechos materia de investigación, ni los correspondientes de la Ley 599 de 2000 – Código Penal vigente, tienen establecido como máximo de la pena un término inferior a DIEZ (10) años. 2.- El artículo 83 del Código Penal establece a la letra: “Término de prescripción de la acción penal.- La acción penal prescribirá en el tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, si fuere privativa de la libertad, pero en ningún caso será inferior a cinco (5) años, ni excederá los veinte (20), salvo lo dispuesto en el inciso siguiente de este artículo.

INC. 2° Modificado por el artículo 1° de la Ley 1309 de 2009: El término de prescripción para las conductas punibles de genocidio, desaparición forzada, tortura, homicidio de miembro de organización sindical legalmente reconocida y desplazamiento forzado, será de treinta (30) años. INC. 3° Modificado por el artículo 1° de la Ley 1154 de 2007: Cuando se trate de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o el delito consagrado en el artículo 237, cometidos en menores de edad, la acción penal prescribirá en veinte (20) años contados a partir del momento en que la víctima alcance la mayoría de edad. 7 En las conductas punibles que tengan señalada pena no privativa de la

libertad, la acción penal prescribirá en cinco (5) años. Para este efecto se tendrán en cuenta las causales sustanciales modificadoras de la punibilidad. Al servidor público que en ejercicio de sus funciones, de su cargo o con ocasión de ellos realice una conducta punible o participe en ella, el término de prescripción se aumentará en una tercera parte. También se aumentará el término de prescripción, en la mitad, cuando la conducta punible se hubiere iniciado o consumado en el exterior. En todo caso, cuando se aumente el término de prescripción, no se excederá el límite fijado”. 3.- En todos los casos, tal como dijimos, la pena máxima es superior a los diez (10) años, y si a ese término debe incrementarse una tercera parte, según lo dispone el inciso sexto del artículo 83 del Código Penal por ostentar el actor la calidad de servidor público, tenemos que ninguno de los delitos por los que se procede se encuentra prescrito. Como ejemplo digamos que si a los diez años (120 meses) le sumamos una tercera parte (36 meses) nos resulta que para que opere el fenómeno mencionado hace falta que transcurra un tiempo superior a los 156 meses es decir 13 años, período que no ha pasado contando desde la fecha de los contratos que es el 30 de junio de 1998. Así pues, y solamente considerando el máximo de la pena impuesta por la Ley 100 de 1980 para el delito de falsedad ideológica en documento público (10 años) mas el incremento de la tercera parte por tratarse de delito cometido por servidor público se tiene que para este punible no está prescrita la acción penal. Con mayor razón se puede afirmar la misma

situación en tratándose de los otros dos -contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiacióntoda vez que el máximo de la pena privativa de la libertad prevista es respectivamente de 12 y 15 años, a los cuales, obviamente habría que sumarse una tercera parte según lo ordenado por el inciso sexto del artículo 83 transcrito arriba.

De la responsabilidad: 8

Comoquiera que los delitos endilgados al señor PULIDO PERDOMO tienen en común la exigencia de sujeto activo calificado y que esa condición es factor determinante de la competencia, debe decirse en este momento que la calidad de funcionario o servidor público del señor GILBERTO PULIDO PERDOMO se estableció a través de Certificado de Tiempo de Servicio expedido por la Oficina de Talento Humano de la Gobernación del Vichada, Acta de Posesión y Credencial expedida por el Consejo Nacional Electoral obrantes a folios 16 y siguientes del cuaderno 1, mediante los cuales se acredita su desempeño como Gobernador del Departamento de Vichada en calidad de titular, durante el período comprendido entre el 2 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2000. La imputación fáctica la presenta la Fiscalía así: a) inobservancia de los principios de transparencia y selección objetiva que rigen la contratación estatal (Ley 80 de 1993); b) en los documentos que conforman los trámites contractuales 036 y 037 de 1998 se consignaron informaciones falsas al incluir como proponentes y luego como contratistas a quienes simplemente habrían prestado su firma para figurar como tales; y c) por haber dado lugar

mediante los referidos contratos a la apropiación indebida en provecho de terceros de recursos pertenecientes a la entidad territorial, que corresponde respectivamente a los punibles de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación. Para el cabal entendimiento de los hechos que nos ocupan debe precisarse que al ex mandatario regional investigado se le endilga haber suscrito, el 30 de junio de 1998, los contratos 036 y 037 con los señores RAMÓN MURILLO CEDEÑO y CRISANTO GALINDO MARÍN, cuyos objetos eran la construcción del puesto de salud en la localidad El Progreso del Departamento del Vichada, y la ampliación y remodelación del puesto de salud de la Inspección de Palmarito, conducta que derivó en varias irregularidades por diferentes razones como pasamos a ver: Lo primero que dice el ente acusador es que MURILLO y GALINDO carecían de la idoneidad y experiencia requeridas para dar cumplimiento al objeto de los contratos en la medida en que el primero se desempeñaba como expendedor de carne en el mercado y el segundo era vendedor en un negocio. El oficio que ejercían es reconocido por ellos mismos en sus diferentes versiones e indagatorias rendidas dentro de los procesos que en su contra se adelantaron por estos hechos, que fueron anexados a este expediente, y además corroborado mediante otras declaraciones, de manera que se puede considerar cierto y probado. Surge en seguida otra circunstancia y es que los señores MURILLO Y GALINDO aparecen aportando y suscribiendo documentos que fueron 9 presentados ante la administración departamental para constituir soporte a la

contratación que con ellos habría de celebrarse. Una vez elaborada la minuta del contrato procedieron a firmarla y posteriormente recibieron el cheque expedido por concepto del anticipo pactado, el que procedieron a cambiar por dinero en efectivo en el banco correspondiente, del cual dispusieron. El plazo pactado para la ejecución del objeto de los contratos concluyó sin que se hubiera dado cumplimiento al mismo, obviamente generando detrimento al tesoro del ente regional que pagó (como anticipo) dineros pactados contractualmente sin obtener la contraprestación que se había acordado. Los contratistas MURILLO CEDEÑO y GALINDO MARÍN denunciaron a MANUEL RIVERA PARRA, ex diputado de la Asamblea Departamental de Vichada, acusándolo de haberlos ‘utilizado’ para contratar a través de ellos, pidiéndoles ‘el favor’ de firmar los contratos ya que no podía hacerlo personalmente por dos razones: de un lado, estaba inhabilitado por haber desempeñado el cargo público ya mencionado y, de otro, al pertenecer a un movimiento político contrario al del mandatario de ese momento, le resultaba muy difícil que su administración le colaborara o beneficiara permitiéndole ejecutar algún contrato. Comportamientos posteriores al cobro de los cheques de anticipo permiten concluir que, en efecto, RIVERA PARRA tenía relación directa con los contratos y que él dispuso del numerario. MURILLO dijo haberle entregado el dinero a MANUEL RIVERA que fue repartido con PEDRO ALEJANDRO ESTRADA y BETTY CALDERÓN. Por su parte GALINDO aseguró que una vez cambiado el cheque hizo consignaciones a LUIS ANTONIO ROBLEDO,

PEDRO MIGUEL CORREAL y JAIRO DÍAZ PARDO por los valores determinados por MANUEL RIVERA, para cumplir obligaciones por él contraídas. Vale la pena destacar que RIVERA dentro de su proceso aceptó haber recibido estos dineros, como lo hace notar la Fiscalía (folio 266). El 3 de julio de 2001, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Villavicencio dictó sentencia dentro del proceso contentivo de las tres causas acumuladas “que por los delitos de peculado por extensión, en modalidad de apropiación y culposo, se adelantan en contra de JOSÉ MANUEL RIVERA PARRA, RAMÓN MURILLO CEDEÑO y CRISANTO GALINDO MARÍN, respectivamente”, disponiendo respecto de MURILLO y GALINDO decretar la nulidad de lo actuado a partir del calificatorio del mérito del sumario en la medida en que se alegó pero no se demostró que actuaron bajo la circunstancia descrita en el numeral 2°, artículo 40 de la Ley 100 de 1980. 10

Dice el proveído: “… o sea no está demostrado que hubieran ‘obrado bajo insuperable coacción ajena’, pretendiendo se subsane esa irregularidad sustancial que afecta el debido proceso, se decretará la nulidad parcial de ambas causas desde sus respectivos autos calificatorios, inclusive, y sólo frente a los procesados MURILLO CEDEÑO y GALINDO MARÍN, respectivamente” (folio 287).

Tal sentencia condena a JOSE MANUEL RIVERA PARRA a seis (6) años de prisión, interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término y multa de $10.466.119, como autor responsable del delito de Peculado por

extensión en modalidad de apropiación. En la resolución del 26 de septiembre de 2008 a través de la cual el señor Fiscal General de la Nación definió la situación jurídica de GILBERTO PULIDO PERDOMO, se consignan argumentos que por su validez y actualidad merecen ser resaltados: Todas las personas relacionadas con este asunto han obtenido pronunciamiento judicial: MURILLO CEDEÑO y GALINDO MARÍN fueron investigados, al momento de la calificación se decretó nulidad y posteriormente la prescripción de la acción penal. JOSE MANUEL RIVERA PARRA fue cobijado con sentencia condenatoria. PEDRO ALEJANDRO ESTRADA y BETTY CALDERÓN también fueron investigados. La Fiscalía 31 Seccional de Puerto Carreño precluyó en favor del primero y revocó la orden de vincular mediante indagatoria a la segunda, en relación con el Contrato 037. En cuanto al 036 también fueron investigados pero no se les vinculó mediante indagatoria. “… que hayan sido seleccionadas como contratistas dos personas carentes de idoneidad y experiencia para la ejecución de las obras… constituye un indicio que apunta a comprometer la responsabilidad del ex Gobernador del Vichada porque en esas circunstancias era previsible que los contratistas no cumplieran con el objeto de los contratos…”. “Sin embargo, frente al hecho antes señalado obra como contraindicio favorable al sindicado el relacionado con la actitud asumida por la administración una vez se verificó el incumplimiento de los contratos… En efecto, la administración a cargo del señor PULIDO PERDOMO decretó la

caducidad administrativa de los aludidos contratos y declaró ocurridos los riesgos de incumplimiento, correcta inversión y buen manejo de los anticipos (Resoluciones 616 de octubre 9 y 614 de octubre 7 de 1998), una vez se estableció la inejecución de las obras por parte de los contratistas, circunstancia que al menos en principio permite afirmar, sin perjuicio de la responsabilidad que a título culposo pudiera derivarse en su contra por el detrimento patrimonial generado al departamento, que no hubo de parte del entonces Gobernador del Vichada el propósito de apropiarse de recursos de 11 la entidad territorial en provecho de terceros, pues de lo contrario no habría iniciado trámite administrativo alguno encaminado a declarar el siniestro por la inejecución de las obras y recuperar los dineros girados por concepto de anticipos…” “… no aparece que existiera vínculo alguno de carácter político, de amistad o de otra naturaleza entre el ex Gobernador…., y el ex diputado MANUEL RIVERA PARRA, a quien se señala como dueño de los contratos… y beneficiario de los anticipos… que pudiera explicar la apropiación indebida de recursos públicos en provecho de éste por parte del entonces mandatario departamental. Por el contrario, se tiene que PULIDO PERDOMO y RIVERA PARRA eran contradictores políticos, como se desprende de lo expresado por éstos en las correspondientes diligencias de indagatoria, lo cual conduce a descartar un supuesto interés del Gobernador en favorecerlo”.

Aunque MURILLO CEDEÑO afirma que PEDRO ALEJANDRO ESTRADA y

BETTY CALDERÓN al igual que MANUEL RIVERA eran beneficiarios de los contratos, y que del proceso se puede deducir que los dos primeros tenían algún vínculo con el mandatario PULIDO PERDOMO en la medida en que pertenecían al mismo grupo político y le colaboraron en su campaña a la gobernación, es el mismo RIVERA PARRA quien se encarga de desvirtuar tal hecho cuando en su indagatoria aseguró que ellos no tuvieron injerencia alguna en relación con los contratos. “No aparece demostrada entonces la hipótesis que en el presente asunto pudiera plantearse en el sentido que el Gobernador PULIDO PERDOMO habría desviado recursos del departamento en provecho de PEDRO ALEJANDRO ESTRADA y BETTY CALDERÓN MOLINA en atención a su afinidad o vinculación política, para cumplir algún compromiso de campaña o por simple gratitud por el apoyo que ofrecieron a su candidatura a la Gobernación”. “En estas condiciones probatorias, considera el despacho que lo procedente es abstenerse de imponer en contra del sindicado medida de aseguramiento por el presunto delito de peculado por apropiación, pues no concurren los requisitos sustanciales exigidos para el efecto en el artículo 356 de la Ley 600 de 2000” (folios 268 y 269). Hacíamos notar anticipadamente la importancia de estos argumentos, y ahora la confirmamos cuando observamos que entre ese momento procesal y el actual, contrario al recaudo de pruebas en contra de ellos aparece principalmente uno que confirma ampliamente no solo los sustentos mencionados, sino las afirmaciones hechas por PULIDO PERDOMO en su

injurada. Veamos: 12 El 8 de mayo de 2009 fue recibido el testimonio del señor DIDIER FARFÁN GUZMÁN, quien se desempeñó como Jefe de la Oficina de Compras y Suministros en el período de PULIDO PERDOMO. Dice este declarante en cuanto a los procedimientos contractuales establecidos como pauta para esa administración por orden de su titular: “Una vez realizadas las invitaciones a presentar propuestas teniendo como base los requerimientos… o términos de referencia… si son para ejecución de obras civiles, los cuales eran presentados por los ingenieros de obras de infraestructura…, una vez recibidas esas propuestas eran llevadas a comité de evaluación para ser estudiadas, analizadas y aprobadas por parte de dicho comité con la participación de los ingenieros que eran los que conocían el tema y sobre precios unitarios presentados por los proponentes. Una vez aprobada la propuesta con que se haría la contratación esta era enviada con sus respectivas actas a la Oficina Jurídica quien era la encargada de la elaboración de los contratos y de la recepción de los documentos de ley que se requerían. Posteriormente ya elaborada la minuta era enviada al despacho del señor Gobernador para la correspondiente firma y legalización del contrato. Con respecto al conocimiento por parte del señor Gobernador con antelación sobre los proponentes no era requisito” (folios 304 y 305). Agrega que en esa oficina “se llevaba un registro de proponentes donde ellos previamente se inscribían y allegaban los documentos que los acreditaban para ofrecer servicios a la entidad, los cuales se consultaban

posteriormente, siendo requeridos por la Oficina Jurídica… (folio 305). “…los contratos se elaboraban era en la Oficina Jurídica y dicha dependencia era la encargada de la custodia de los mismos… En cuanto a la presentación de los proponentes inicialmente se presentaban en la Oficina de Compras y Licitaciones a entregar o depositar las propuestas y posteriormente se presentaban en la Oficina Jurídica cuando se llevaba a cabo el proceso de legalización del contrato de acuerdo a la propuesta que había sido seleccionada” (folio 306). Y decimos que se traduce en elemento de confirmación en la medida en que el ex mandatario aquí implicado en su indagatoria recaudada el 14 de julio de 2008 afirmó lo siguiente: Desde el inicio de su gobierno en enero de 1998, dio una instrucción genérica a todas las oficinas estableciendo responsabilidades en cuanto a contratos. La directriz era el estricto cumplimiento de toda la ley de contratación y reglamentación de esos procesos. En 1998 Puerto Carreño era un municipio de 15.000 habitantes, pocos de ellos profesionales, de condiciones precarias, en donde la gente en general es ‘todera’ y no tiene una ocupación específica. Puede ser, según la cuantía, 13 que para alguna contratación de parte de la administración se haga invitación para prestar un servicio o suministrar algún bien, lo cual se comunica o hace saber mediante un aviso colgado en la pared. Aunque el estatuto que regula la materia exigía para contratar con la administración la condición de estar previamente inscritos, adjuntó escrito de la Cámara de Comercio en el cual se certifica que para esas fechas no

existía oficina de la Cámara de Comercio en Vichada donde las personas pudieran registrarse como proveedores o hacer llegar sus propuestas. Para el caso específico del contrato celebrado con RAMÓN MURILLO, dice que le llegó a su oficina documentación compuesta de: la invitación que le hizo la Oficina de Compras y Suministros de la Gobernación, la propuesta de RAMÓN MURILLO y un cuadro comparativo de esa misma oficina. La propuesta estaba bien presentada, en computador, señalando los ítems específicos y después totalizando, y además venía refrendada por la Oficina mencionada que era la encargada de iniciar el proceso de contratación. Con el cuadro comparativo y con el visto bueno, no se podía dar cuenta de que se trataba de un carnicero quien la había hecho. Con ese revisado pasa a la Oficina Jurídica donde se elabora el contrato y se le fijan los requisitos legal