PGN - Documento 201606261505325

DELEGADA PARA LA ECONOMÍA Y LA HACIENDA PÚBLICA

Radicación Nº: 79-2677-07

Disciplinado: DIEGO HERRERA CORREDOR

Cargo y Entidad: Gerente Hospital Felipe Suárez Salamina (Caldas) Quejoso: Contraloría General de Caldas Fecha de Queja: 08 septiembre de 2006

Fecha hechos: 2005

Asunto: Fallo de segunda instancia

Bogotá DC., 13 de mayo de 2009. Mediante recurso de apelación interpuesto y sustentado en legal forma por el doctor Ariel Valencia Mejía, apoderado del disciplinado, en su calidad de Gerente del Hospital “Felipe Suárez”, de Salamina (Caldas), revisa esta Delegada la Resolución No. 027 del 24 de febrero de 2009, por medio de la cual la Procuraduría Regional de Caldas lo sancionó con suspensión en el ejercicio del cargo por tres meses, convertida en multa por la suma de $13.418.178. ANTECEDENTES PROCESALES Esta investigación fue iniciada por la Procuraduría Regional de Caldas, con fundamento en la información que enviara la Contraloría General de Caldas por presuntas irregularidades en la suscripción y ejecución de unos contratos (Fls. 172 y 173). Teniendo en cuenta la comunicación presentada por la Contraloría General de Caldas (Fl. 6 a 171), la Procuradora Regional, mediante auto del 28 de junio de 2007, abrió investigación disciplinaria contra DIEGO HERRERA CORREDOR, Gerente de la ESE Hospital “Felipe Suárez”, de Salamina Caldas (Fls. 233 a 235), por presuntas irregularidades en la suscripción y ejecución de los siguientes

contratos:  De suministro No. 050 del 01 de agosto de 2005  De suministro NO. 031 del 1 de junio de 2005  De prestación de Servicios No. 001 del 30 de diciembre de 2004  De prestación de servicios No. 081 del 05 de noviembre de 2005  De prestación de servicios No. 004 del 01 de enero de 2005  De prestación de servicios No. 023 del 01 de abril de 2005 y  De prestación de servicios No. 027 del 01 de mayo de 2005. Mediante providencia del 3 de octubre de 2007 (Fls. 265 a 271), el investigador formuló pliego de cargos a DIEGO HERRERA CORREDOR, decisión que fue notificada personalmente al disciplinado, quien presentó los respectivos descargos (Fls. 279 a 286). PU.14 1 Exp. 079-02677-07 Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública PBX: 5878750 Ext. 11215-FAX: 11298 Carrera 5 No. 15-80 piso 12 www.procuraduria.gov.co; economiayhacienda@procuraduria.gov.co El 21 de agosto de 2008, la Procuraduría Regional de Caldas, ordenó la práctica de la prueba solicitada en descargos (Fl. 296). El 24 de noviembre de 2008, se corrió traslado al disciplinado, para que presentara alegatos de conclusión (Fl. 301) El 24 de febrero de 2009, la Procuraduría Regional de Caldas, dictó fallo de

primera instancia mediante el cual sancionó con suspensión del cargo por tres meses, a DIEGO HERRERA CORREDOR, convirtiendo a multa por valor de $13.418.178.oo (Fls. 305 a 316). DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA Los argumentos expuestos por el A-quo, en el fallo de primera instancia, fueron los siguientes: El disciplinado fue objeto de las siguientes acusaciones: 1. “En su condición de Gerente del Hospital “Felipe Suárez” de Salamina Caldas, haber suscrito los siguientes contratos, sin el lleno de los requisitos y observancia de las normas que así l0o consagran: - Contrato de suministro de servicios para las áreas de medicina general No. 050 de agosto 01 de 2005 celebrado con la Cooperativa de Servicios Profesionales para la atención en salud por $20.988.000. El certificado de disponibilidad presupuestal No. 693 es del 26 de agosto del mismo año (Fls. 182 y ss), es decir, 26 días después de sus suscripción, además se estableció que las pólizas de garantía fueron expedidas el 19 de septiembre del mismo año, es decir cuando el contrato se encontraba en ejecución (Fls. 20 a 40). - Contrato de suministro de servicios para el área de ginecobstetricia No. 031 de junio 1 de 2005, suscrito con la Cooperativa de Servicios Profesionales para la Atención en Salud, por valor de $16.560.000, carece de pólizas de garantía (Fls. 59 a 74). - Contrato de prestación de servicios celebrado con Ariel Valencia Mejía, No. 01 de diciembre 30 de 2004, por valor de $8.400.000. El certificado de disponibilidad

presupuestal tiene fecha enero 3 de 2005, cuando su ejecución comenzó el 1 del mismo mes (Fls. 75 a 81). - Contrato de prestación de servicios No. 004 de 2005, suscrito con Juan Pablo Flores Muñoz, por valor de $2.996.000. El certificado de disponibilidad presupuestal tiene fecha de enero 3 de 2005, cuando su ejecución comenzó el 1 del mismo mes (Fls. 96 a 113) - Contrato de prestación de servicios NO. 023 de 2005, suscrito con Julián Osorio Galindo, por valor de $8.988.800. El certificado de disponibilidad tiene fecha abril PU.14 2 Exp. 079-02677-07 Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública PBX: 5878750 Ext. 11215-FAX: 11298 Carrera 5 No. 15-80 piso 12 www.procuraduria.gov.co; economiayhacienda@procuraduria.gov.co 19 de 2005, cuando su ejecución comenzó el 1 del mismo mes y año (Fls. 114 a 131). - Contrato de prestación de servicios celebrado con Clara Eugenia Gómez, el 1 de enero de 2004, por valor de $3.480.000. El certificado tiene fecha 8 de octubre del mismo año (Fls. 157 a 161). Con esta conducta, omitió la obligación consagrada en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en cuanto dispone que para le ejecución de los contratos celebrados por el Estado se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de disponibilidades presupuestales.

Como consecuencia de lo anterior, incumplió el numeral 1 del artículo 26 del mismo estatuto contractual, que impone a los servidores públicos la obligación de buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad. En consecuencia pudo haber enmarcado su proceder en la falta gravísima descrita en el artículo 48, numeral 31 del Código Único Disciplinario, del siguiente tenor: “Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la Ley. (El rayado es del A-quo). 2. ““En su condición de Gerente del Hospital “Felipe Suárez” de Salamina Caldas, haber expedido las siguientes órdenes de trabajo, sin que previamente se expidiera el certificado de disponibilidad presupuestal. - A Uberney vargas el 1 de enero de 2004, por valor de $358, por servicios de celaduría, El CDP tiene fecha marzo 10 del mismo año (Fls. 143 a 145). - A Rubén Cuellar López el 26 de agosto de 2004, por valor de $1.030.000 para la prestación de servicios de optometría. El CDP tiene fecha noviembre 17 del mismo año (Fls. 146 a 149) - Cesar Augusto Quintero el 19 de mayo de 2004 por valor de $165.000, para el traslado de personal. El CDP tiene fecha 16 de julio de 2004 (Fls. 150 a 153). - A favor de Juan Carlos Vasco, el 26 de junio de 2006, por valor de $285.000,

para la prestación de servicios de ortopedia. El CDP tiene fecha 16 de julio siguiente (Fls. 154 a 156). - A Mario Cesar Restrepo, por servicios contables, el 1 de julio de 2004, por valor de $3.600.000, para la cancelación de este valor, fueron expedidos 3 CDPs de fechas 30 de noviembre de 2004, 2 de febrero de 2005 y 11 de marzo del mismo año (Fls. 162 a 171). PU.14 3 Exp. 079-02677-07 Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública PBX: 5878750 Ext. 11215-FAX: 11298 Carrera 5 No. 15-80 piso 12 www.procuraduria.gov.co; economiayhacienda@procuraduria.gov.co Con esta conducta, el implicado pudo haber encuadrado su proceder en la falta gravísima descrita en el numeral 22 del artículo 48 del Código único Disciplinario. “Asumir compromisos sobre apropiaciones presupuestales inexistentes o en exceso del saldo disponible de apropiación o que afecten vigencias futuras, sin contar con las autorizaciones pertinentes”. Así mismo, pudo haber desatendido lo dispuesto en el artículo 71 del Decreto 111 de 1996, en cuanto dispone que todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender dichos gastos. Como consecuencia, el señor HERRERA CORREDOR incumplió el deber consagrado en el numeral 1 del artículo 34 de la ley 734 de 2002, el cual impone a los

servidores públicos la observancia de la Constitución y la Ley. Se colige de lo anterior, que el servidor público investigado burló abiertamente las normas presupuestales y contractuales que le imponían el deber de verificar que los actos contractuales que se dejaron relacionados, contaran previamente a su ejecución con un certificado de disponibilidad que le permitiera a las partes asegurar el pago de las acreencias que se estaban contrayendo. Así mismo debemos anotar que puso en grave riesgo el patrimonio del estado, al no exigir las pólizas de garantía debidamente aprobadas, las que servirán para blindar a la entidad de un eventual Incumplimiento del contrato. Por ende, el implicado ha faltado al deber funcional de vigilar y cumplir la ley. RECURSO DE APELACIÓN Notificado de la decisión de primera instancia, el disciplinado, por intermedio de su apoderado, presentó en tiempo el recurso de apelación (Fls. 320 a 322), exponiendo los siguientes argumentos: Solicita que sea revocada la decisión adoptada en primera instancia y subsidiariamente que sea modificada a calificación de la conducta y como consecuencia la sanción a imponer, con base en las siguientes razones: Afirma en su memorial, que la señora Procuradora Regional no tiene e cuenta el artículo 195, numeral 6 de la Ley 100 de 1993, que anuncia que las empresas sociales del Estado en materia de contratación se rigen por las reglas del derecho privado, al manifestar que las empresas sociales del Estado si bien tienen un régimen especial para su organización, las normas de la Ley 80 y sus reglamentarios no le son ajenas. Que es necesario tener en cuenta el artículo 195 numeral 6º de la Ley 100 de

1993, así como las sentencias del H. Consejo de Estado, al respecto, en el sentido PU.14 4 Exp. 079-02677-07 Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública PBX: 5878750 Ext. 11215-FAX: 11298 Carrera 5 No. 15-80 piso 12 www.procuraduria.gov.co; economiayhacienda@procuraduria.gov.co que tal categoría de empresas se rigen en materia contractual, por las reglas del derecho privado. En cuanto a la presunta vulneración del artículo 71 del Decreto 111 de 1996, manifiesta que tampoco le es aplicable a las Empresas Sociales del Estado, en atención del artículo 5 del Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico del Presupuesto, que en el inciso segundo dispone que: “Para los mismos efectos, las empresas sociales del estado del orden nacional que constituyan una categoría especial de entidad pública descentralizada, se sujetarán al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado. Que siendo así, las empresas sociales del Estado, como la E.S.E. Hospital Departamental Felipe Suárez de Salamina, se rigen por el estatuto de las empresas industriales y comerciales del Estado, que no es el Decreto 111 de 1996, sino el decreto 115 de 1996 y que por ello no se puede sancionar a su asistido, por la inobservancia de un estatuto que no estaba en la obligación de acatar. CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA Aparece Probado en el expediente, que el señor DIEGO HERRERA CORREDOR, identificado con la CC. No. 10.226.778, fue nombrado como Gerente del Hospital

Departamental Felipe Suárez de Salamina Caldas, empresa social del Estado. (Fl. 251). Igualmente, probado esta dentro del expediente, las siguientes irregularidades, cometidas por el disciplinado, relacionadas con la suscripción y expedición de los siguientes contratos y ordenes de prestación de servicios: Acto No. F. Suscripción. CDP No. Fecha CDP Folios

C. Suministro 050-05 10 agosto 05 693 26 agosto 05 20-28

C. P. Servicios 027-05 10 mayo 05 281 19 abril 05 41-44

C. Suministro 031-05 01 junio 05 437 01 junio 05 59-66

C.P. Servicios 01-05 30 diciembre 04 01 03 enero 05 75-78 C.P. Servicios 081-05 5 noviembre 05 973 01 noviembre 05 82-85 C.P. Servicios 04-05 01 enero 05 04 03 enero 05 96-99 C.P. Servicios 032-05 01 abril 05 279 19 abril 05 114-119 Orden d trabajo 26 agosto 04 1846 17 noviembre 04 147-149 Orden d trabajo 19 mayo 04 1611 16 julio 04 151-152 Orden d trabajo 26 junio 04 1610 16 julio 04 155156 Orden d trabajo 01 julio 04 98 02 febrero 05 163-164 Orden d trabajo 01 julio 04 174 11 marzo 05 166-167 Orden d trabajo 01 julio 04 1868 30 noviembre 04 170-171 Igualmente, dentro de las funciones que el Acuerdo No. 056 del 31 de octubre de

2005, estableció para el cargo de Gerente del hospital, señala, entre otras las siguientes:  “Presentar para aprobación de la Junta Directiva, el Plan trianual, los programas anuales de desarrollo de la entidad y el presupuesto prospectivo, PU.14 5 Exp. 079-02677-07 Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública PBX: 5878750 Ext. 11215-FAX: 11298 Carrera 5 No. 15-80 piso 12 www.procuraduria.gov.co; economiayhacienda@procuraduria.gov.co de acuerdo con la Ley orgánica del Presupuesto y las normas reglamentarias”  “Ser ordenador del gasto” Ahora bien, frente a la aplicación de la Ley 80 de 1993, Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, El Consejo de Estado – Sala de Consulta y Servicio Civil-, con ponencia del doctor JAVIER HENAO HIDRON, en pronunciamiento del 20 de agosto de 1998, aclaró la incertidumbre que existía hasta ese momento, al señalar lo siguiente: “Por regla general en materia de contratación las Empresas Sociales del Estado se rigen por las normas ordinarias de derecho comercial o civil. En el caso de que discrecionalmente, dichas empresas hayan incluido en el contrato cláusulas excepcionales, éstas se regirán por las disposiciones de la Ley 80 de 1993. Salvo en este aspecto, los contratos seguirán regulados por el derecho privado. En el evento de que en la contratación que realicen las Empresas Sociales del Estado se pacten las cláusulas excepcionales previstas en la Ley 80 de 1993, las entidades

respectivas deberán dirimir sus controversias ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y, en general, cuando la finalidad de los contratos que celebren esté vinculada directamente a la prestación del servicio. Cuando las Empresas Sociales del Estado necesiten celebrar contratos relacionados con la construcción de obras, consultorías, prestación de servicios para desarrollar actividades concernientes a la administración o funcionamiento de la entidad, concesión de obras o de servicios públicos, encargos fiduciarios y fiducia pública, deberán aplicar las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993, por tratarse de contratos de derecho público que disponen de regulación especial (…)”. La negrilla del inciso anterior, es para resaltar por parte de esta instancia, teniendo en cuenta que los contratos que se cuestionan en esta investigación, son todos de prestación de servicios. Así las cosas y al preveer de igual manera el artículo 194 de la Ley 100 de 1993, que las ESE constituyen una categoría especial de entidad pública, atribuye también, el carácter de empleados públicos, a las personas vinculadas a ellas. En consecuencia, al tomar posesión como Gerente de la ESE Hospital Felipe Suárez de Salamina Caldas, el doctor DIEGO HERRERA CORREDOR, no solo surgió una relación legal y reglamentaria, sino una sujeción especial con el Estado y principalmente frente a los deberes funcionales que el cargo le imponía. Con base en lo anterior, el hecho de la naturaleza especial de las ESE, que legalmente en forma general le permite regirse por normas civiles y comerciales, que regulan la actividad contractual del sector privado, no por ello puede validamente afirmarse como argumento de absolución del encartado, que las

disposiciones del Estatuto Contractual eran inaplicables al caso actual, si se tiene en cuenta el pronunciamiento del Consejo de Estado, transcrito anteriormente. PU.14 6 Exp. 079-02677-07 Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública PBX: 5878750 Ext. 11215-FAX: 11298 Carrera 5 No. 15-80 piso 12 www.procuraduria.gov.co; economiayhacienda@procuraduria.gov.co Como consecuencia de lo anterior, al ostentar la calidad de servidor público, el señor Diego Herrera Corredor, por desempeñar el cargo de Gerente de la ESE Hospital “Felipe Suárez” de Salamina, Caldas, conlleva implícitamente ser destinatario de la Ley disciplinaria de conformidad con el artículo 25 de la Ley 734 de 2002, cuando quiera hubiere afectado el deber funcional sin justa causa. Lo anterior, porque el hecho de ser funcionario público lo obligaba al respeto por la Constitución, la Ley, los reglamentos y demás normas que sustantivamente lo conminan a actuar conforme a derecho. Ahora bien, no es lógico para este Despacho, que el legislador, por el hecho de haber autorizado la aplicabilidad del régimen privado en materia de contratación estatal, a las Empresas Sociales del Estado, haya desconocido la condición de servidor público de los funcionarios, quienes deben observar y respetar el orden jurídico vigente. En consecuencia, cuando el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, establece que para la ejecución de los contratos del Estado, se requerirá la aprobación de la garantía y

de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, es un mandato legal irrenunciable, para todos los servidores públicos. Por lo tanto, sí le es aplicable esta norma a los funcionarios de la ESE Felipe Suárez de Salamina Caldas, que participaron en el proceso contractual y principalmente para el Gerente, quien fungió como ordenador del gasto. De otra parte, lo que busca proteger el artículo 209 de la Constitución Pública, es precisamente la función pública ejercida por los funcionarios a su servicio, en razón o con ocasión del servicio que prestan en cualquiera de las entidades que conforman o hacen parte de la estructura del Estado. En cuanto a la no aplicación del Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico del Presupuesto, alegado por la defensa, el Despacho considera: El Decreto 111 de 1996, compiló las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995, por mandato de esta última, sin cambiar su redacción ni contenido. Sobre la cobertura para su aplicación, el artículo 3 del Estatuto, establece dos niveles, a saber: Un primer nivel que corresponde al Presupuesto General de la Nación, compuesto por el presupuesto para los establecimientos públicos del orden nacional y el presupuestos nacional, el cual comprende “las Ramas Legislativa y Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, la Organización Electoral y la Rama Ejecutiva del nivel nacional, con Excepción de establecimientos públicos, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta”. (la subraya no es del texto). PU.14 7

Exp. 079-02677-07 Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública PBX: 5878750 Ext. 11215-FAX: 11298 Carrera 5 No. 15-80 piso 12 www.procuraduria.gov.co; economiayhacienda@procuraduria.gov.co De otra parte, la Ley 489 de 1998, establece en sus artículos 38 y 68, lo siguiente: “Art. 38. Integración de la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional. la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional está integrada por los siguientes organismos y entidades:

1. Del sector central

(…)

2. Del sector descentralizado por servicios (…) d) Las Empresas Sociales del Estado y las Empresas Oficiales de Servicios Públicos

Domiciliarios. Art. 68. Entidades descentralizadas. Son entidades descentralizadas del Orden Nacional, (…), las Empresas Sociales del Estado (…)”. Del análisis integral de los artículos transcritos del Decreto 111 de 1996 y la Ley 489 de 1998, esta instancia encuentra que, evidentemente, el Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico del Presupuesto le es aplicable a la ESE Hospital “Felipe Suárez”, de Salamina Caldas. Así las cosas, el ordenamiento presupuestal, en au artículo 71 señala: “Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficientes para atender estos gastos. Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que

los recursos con él financiados, no sean desviados a ningún otro fin. En este registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos. En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes o en exceso del saldo disponible, o sin la autorización previa del CONFIS o por quien éste delegue, para comprometer vigencias futuras y la adquisición de compromisos con cargo a los recursos del crédito autorizados. (…) Cualquier compromiso que se adquiera con violación a estos preceptos creará responsabilidad personal y pecuniaria a cargo de quien asuma estas obligaciones”. (Las subrayas son para resaltar por parte de este Despacho) Del análisis anterior, se colige que, el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, previo a la ordenación de cualquier gasto que afecte las apropiaciones establecidas PU.14 8 Exp. 079-02677-07 Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública PBX: 5878750 Ext. 11215-FAX: 11298 Carrera 5 No. 15-80 piso 12 www.procuraduria.gov.co; economiayhacienda@procuraduria.gov.co en el presupuesto de una entidad del estado, para el caso en particular, Hospital Felipe Suárez, es un requisito necesario, para poder ordenar dicho gasto. Por lo tanto, el compromiso que se adquiera con violación a este precepto, creará responsabilidad personal a cargo de quien asuma estas obligaciones. Con todo, este Despacho comparte los argumentos del fallador de primera instancia, en el sentido de que la imputación que se le hace al implicado, es por no

haber dispuesto o corroborado que se expidiera el Certificado de Disponibilidad previamente a la suscripción de los contratos mencionados, agregando que, él como ordenador del gasto, era quien tenía que solicitar dicho certificado, para cada uno de los contratos suscritos y ordenes de trabajo expedida, a la dependencia pertinente, pues si bien es cierto que, según sus funciones como Gerente no le corresponde expedir dichos actos, sí es su obligación solicitarlo, antes de ordenar cualquier acto que afecte las apropiaciones presupuestales. Igualmente, comparte el análisis que el A-quo hizo del artículo 71 del Decreto 111 de 1996, para su aplicación al caso en particular, apoyado en el argumento anterior expresado por esta instancia, en cuanto a la aplicación de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 111 de 1996.. CALIFICACIÓN DE LA FALTA En cuanto a la calificación de la falta, esta instancia considera, que si bien es cierto, el doctor DIEGO HERRERA CORREDOR, es responsable disciplinariamente, por omitir el mandato de los artículos 41 de la Ley 80 de 1993 y 71 del Decreto 111 de 1996, al suscribir los contratos y expedir las Ordenes de trabajo, señaladas en el auto de cargos, sin los requisitos exigidos en estas normas, esta falta no esta calificada como gravísima, teniendo en cuenta que el numeral 22 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, señala, entre otras, como falta gravísima la siguiente: “20 Asumir compromisos sobre apropiaciones presupuestales inexistentes o en exceso del saldo disponible de apropiación (…)” Así las cosas y teniendo en cuenta que en esta investigación no se probó si al

momento de la suscripción de los contratos y la expedición de las Ordenes de trabajo señalados, por parte del doctor DIEGO HERRERA CORREDOR, existía o no disponibilidad presupuestal, pues una cosa es la disponibilidad existente, que es el saldo de apropiación que registra el presupuesto de la entidad, en un momento determinado y otra muy diferente, es la expedición y existencia del certificado de disponibilidad presupuestal, como requisito que se requiere para poder ordenar un gasto. Sin embargo, advierte el Despacho, que en el Auto de Cargos, no solamente se cito la normatividad precedente como infringida, sino que se le imputó además el incumplimiento del deber contenido en el numeral 1 del artículo 34 de la ley 734 de 2002, con lo cual se le indica al disciplinado que en calidad de servidor público, PU.14 9 Exp. 079-02677-07 Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública PBX: 5878750 Ext. 11215-FAX: 11298 Carrera 5 No. 15-80 piso 12 www.procuraduria.gov.co; economiayhacienda@procuraduria.gov.co transgredió abiertamente las normas presupuestales y contractuales, que le imponían el deber de verificar que los actos contractuales que se relacionaron, contaran previamente a su ejecución con un certificado de disponibilidad presupuestal, conducta que esta instancia califica como GRAVE, por el incumplimiento de un deber legal, a título de CULPA GRAVE, con base en el artículo 43 del CDU, derivado de la falta del cuidado necesario que debe imprimir a sus actuaciones, teniendo en cuenta que como Gerente del Hospital, debió guardar

un comportamiento ejemplar y un celo riguroso, más aun en tratándose del manejo de recursos públicos y principalmente ceñirse a lo mandado en el artículo 6 de la Constitución Política de Colombia. Consecuente con lo anterior, el Despacho considera que el señor DIEGO HERRERA CORREDOR, de acuerdo a su responsabilidad en los hechos investigados, debe ser sancionado con la mínima establecida en el artículo 46 de la Ley 734 de 2002, valga decir, SUSPENSIÓN en el ejercicio de su cargo, por el término de UN MES, en consideración a que no registra antecedentes disciplinarios ni tampoco ocasionó con su conducta, detrimento patrimonial al Estado. En mérito de lo expuesto, el Procurador Delegado para la Economía y la Hacienda Pública, en ejercicio de facultades legales.

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR el artículo primero de la Resolución No. 027 del 24 de febrero de 2009, proferida por la Procuraduría Regional de Caldas, mediante la cual, en fallo de primera instancia, declaró responsable de los cargos formulados, al señor DIEGO HERRERA CORREDOR, identificado con la CC. No. 10.226.778, en su condición de Gerente del Hospital Felipe Suárez de Salamina (Caldas), por los hechos investigados y lo sancionó con suspensión en el ejercicio del cargo por tres meses, convertidos en $13.418.178 de multa y en su lugar, SANCINARLO con SUSPENSIÓN en el ejercicio del cargo, POR UN (1) MES, convertida en un salario mensual devengado por el sancionado, equivalente a $4.472.726, monto

que deberá depositar el implicado en la cuenta bancaria del Hospital Felipe Suárez de Salamina, destinado a programas de bienestar social de sus empleados.

SEGUNDO: Por la Procuraduría Regional de Caldas, NOTIFICAR este fallo modificatorio al doctor ARIEL VALENCIA MEJÍA, apoderado del investigado, a la

Carrera 24 No. 22-02, Edificio Plaza Centro, oficina 1105 de Manizales, y al implicado, a la calle 31 No. 25 – 18 de Manizales, advirtiéndole que contra la misma no procede recurso alguno por vía gubernativa.

TERCERO: Por la Unidad Coordinadora, remitir copia d los fallos de primera y segunda instancia a la Oficina de Registro y Control de la Procuraduría General, para lo pertinente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PU.14 10 Exp. 079-02677-07 Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública PBX: 5878750 Ext. 11215-FAX: 11298 Carrera 5 No. 15-80 piso 12 www.procuraduria.gov.co; economiayhacienda@procuraduria.gov.co

RAFAEL GUZMAN NAVARRO

Procurador Delegado. PU.14 11 Exp. 079-02677-07 Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública PBX: 5878750 Ext. 11215-FAX: 11298 Carrera 5 No. 15-80 piso 12 www.procuraduria.gov.co; economiayhacienda@procuraduria.gov.co