PGN - Documento 201606261505340

Dependencia: Procuraduría Primera Delegada Contratación Estatal

Radicación N: 120-1803-04

Disciplinados: Efraín Moreno Buitrago Cargo y Entidad: Alcalde del municipio de Santa Sofía (Boyacá) Quejoso: Luis Albeiro Sáenz Pinzón Fecha Queja: 15 de septiembre de 2004

Fecha Hechos: 4 de septiembre de 2003

Asunto: Fallo de Segunda Instancia (Art. 171 Ley 734/02).

Bogotá, D.C., agosto 20 de 2008 Conforme a lo dispuesto en el artículo 171 de la ley 734 de 2002, y teniendo en cuenta que el Procurador General de la Nación mediante auto del 27 de junio de 2008, designó como funcionario especial a la Procuradora Primera Delegada para la Contratación Estatal, para el conocimiento de la segunda instancia dentro del proceso disciplinario No. 120-1803 de 2004, procede este Despacho a proferir fallo de segunda instancia, dentro de la investigación disciplinaria adelantada contra SANTOS JOSÉ GONZÁLEZ CASTRO, alcalde del municipio de Santa Sofía, Boyacá, quien fue sancionado mediante fallo del 30 de mayo de 2008, proferido por la Procuraduría Provincial de Tunja con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de seis (6) meses, los cuales fueron convertidos en salarios mensuales devengados por el disciplinado en la época de comisión de la falta, valor que ascendió a diez millones setecientos noventa y seis mil trescientos ochenta y ocho ($10.796.388) (folios 883-896).

1. ANTECEDENTES

El señor LUIS ALBEIRO SAENZ PINZÓN presentó queja ante la Contraloría General de la República en la que puso en conocimiento un presunto incremento patrimonial injustificado por parte del señor Santos José González Castro, en su condición de alcalde del municipio de Santa Sofía, Boyacá, durante el periodo 2000 a 2003, para lo cual habría hecho uso de sus funciones. Entre los hechos denunciados se contempló la contratación de la remodelación del parque principal sin la concertación ciudadana y desconociendo en general los requisitos de la ley 80 de 1993 (folios 13). Con base en la anterior queja, la Procuraduría Provincial de Tunja, mediante auto del 18 de febrero de 2005, ordenó la apertura de indagación preliminar, en contra del señor Santos José González Castro, en su condición de alcalde del municipio de Santa Sofía, Boyacá, con el objeto de determinar si los hechos denunciados existieron y si constituyen conducta constitutiva de falta disciplinaria (folios 5-9). Por auto del 30 de septiembre de 2005, la Procuraduría Provincial de Tunja ordenó la apertura de investigación disciplinaria en contra del señor Santos José González Castro, en su condición de alcalde del municipio de Santa Sofía, Boyacá, porque presuntamente omitió el requisito del certificado de disponibilidad presupuestal previo a la celebración del convenio del 4 de septiembre del 2003 con CONALDE, para el mejoramiento del parque principal del municipio de Santa Sofía. También ordena el EXPEDIENTE 120-1803-04 – MARTHA LUCÍA AGUILAR E. – 1

FALLO SEGUNDA INSTANCIA

archivo de las conductas relacionadas con el presunto incremento patrimonial injustificado y demás hechos denunciados atinentes a su patrimonio (folios 336-344).

2. LOS CARGOS Mediante auto del 28 de noviembre de 2006, la Procuraduría Provincial de Tunja formuló el pliego de cargos en contra del señor Santos José González Castro,

identificado con cédula de ciudadanía No. 1.140.030 de Santa Sofía, en su condición de alcalde del municipio de Santa Sofía, Boyacá, en los siguientes términos: (folios 468-493) CARGO ÚNICO Haber suscrito el Convenio Interadministrativo No. 003/03 de fecha 04 de Septiembre de 2003, con la Administración Cooperativa Nacional de Desarrollo de Entidades Territoriales “Conalde”, cuyo objeto era el “Mejoramiento Parque Principal Municipio de Santa Sofía” por valor de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS ($265.949.194) (fls.431-439), al parecer sin la imperiosa existencia de los requisitos legales previos a la suscripción, ello es, sin la existencia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal, conforme consta en la Visita Especial practicada por la Personería Municipal de Santa Sofía a las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Santa Sofía el día 28 de Noviembre de 2005 (fls. 356-364), desconociendo presuntamente con ello la Ley 80 de 1993, artículo 25, numeral 6 y Decreto

111 de 1996, en sus artículo 71 y 109. En el pliego de cargos se mencionaron, como normas vulneradas, las siguientes: artículos 4º, 6º, 123 inciso 2º y 315 numeral 1º de la Constitución Política; numeral 6 del artículo 25 de la ley 80 de 1993; artículos 71 y 109 del decreto 111 de 1996; el numeral 5º literal d) del artículo 91 de la ley 136 de 1994. Con la conducta reprochada se consideró que el señor Santos José González Castro estaba incurso en falta gravísima contemplada en el numeral 31 del artículo 48 de la ley 734 de 2002, por haber participado en la etapa precontractual y contractual con el desconocimiento del principio de economía de que trata la ley 80 de 1993. La falta atribuida al disciplinado se consideró dolosa.

3. DESCARGOS.

El apoderado del disciplinado presentó memorial de descargos el 18 de enero de 2007 (Folios 478-503), en los siguientes términos: Manifestó que de existir alguna falencia en la disponibilidad presupuestal era al ejecutor, el alcalde Wilson René Jiménez Lara, a quien le correspondía tomar las medidas necesarias para no afectar el patrimonio y poder cancelar el saldo pendiente al contratista. Señaló que en la cláusula quinta del convenio 003 de 2003, se dejó constancia de la existencia de la disponibilidad presupuestal en la vigencia de 2003, por valor de $270.000.000; en los términos de referencia en el numeral 1.4, se informó que el respectivo certificado fue expedido el 16 de julio de 2003, por valor de $267.000.000

y de igual forma en la resolución 0091 de agosto 2003, por la cual se ordena la EXPEDIENTE 120-1803-04 – MARTHA LUCÍA AGUILAR E. – 2 FALLO SEGUNDA INSTANCIA apertura de una convocatoria para la selección objetiva del contratista, se dejó constancia en el numeral 1º, que para la vigencia fiscal 2003, existía en el presupuesto municipal una apropiación por la suma de $267.000.000, destinados al mejoramiento del parque principal de Santa Sofía Boyacá, según certificado de disponibilidad presupuestal expedido por la Tesorería Municipal el 16 de julio de 2003. Indicó, que también se hacía referencia a la disponibilidad presupuestal para el convenio 003 de 2003 en el numeral 5.3.1. de los términos de referencia y en la resolución 148 del 1º de diciembre de 2003, en la que se autorizó y ordenó el pago del 50% del anticipo del mencionado convenio. Todas estas pruebas dan cuenta de la existencia física del certificado de disponibilidad presupuestal previo a la celebración del convenio 003 de 2003, expedido por la Tesorería Municipal el 16 de julio de 2003, que no fue hallado por los entes de Control, debido al desorden administrativo con que se manejan los archivos en la administración municipal, del cual se dejó constancia en la visita realizada por la Personería de Santa Sofía para la revisión de los documentos soportes del convenio 003 de 2003. Manifestó que de no haber existido el certificado de disponibilidad presupuestal no se hubiera podido iniciar el proceso de selección del contratista, ni celebrado el

convenio interadministrativo, ni pagar el anticipo y menos aún, haber creado la reserva presupuestal en el año 2003, para que se continuara con la ejecución del mejoramiento del parque principal de Santa Sofía en la vigencia 2004. Además, debe tenerse en cuenta, que hasta el año 2003, la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal se hacía en forma manual, situación que facilitaba la pérdida del documentos, ya que no se dejaba copia del mismo y no existía registro computarizado, lo cual no significa que no haya sido expedido, ni que la disponibilidad presupuestal no existiera, porque como se reporta en las diferentes pruebas, el valor fue apropiado con reserva No. 2código 724010105. Como pruebas solicitó, se aportaran al plenario todos los documentos soporte de la ejecución del convenio 003 de 2003, copia de los presupuestos de las vigencias 2003 y 2004 y testimonios de las personas que desempeñaban los cargos de Tesorero, Secretario de Planeación, auxiliar administrativo de Tesorería y Asesor jurídico del municipio de Santa Sofía, Boyacá, en la época de los hechos, así como la versión del alcalde que sucedió al disciplinado, Wilson René Jiménez Lara.

4. PRUEBAS DE DESCARGOS Por auto del 14 de febrero de 2007 la Procuraduría Provincial de Tunja ordenó la práctica de las pruebas requeridas por el apoderado del disciplinado en el memorial de descargos, con excepción del testimonio de los señores Luis Guillermo Galán Jiménez, Secretario de Planeación y de Julio Roberto Muñoz Melo, Asesor Jurídico,

por considerarlas impertinentes. En cuanto a la versión del alcalde Wilson René Jiménez Lara, dispuso que esta solo era procedente para los investigados y ordenó EXPEDIENTE 120-1803-04 – MARTHA LUCÍA AGUILAR E. – 3 FALLO SEGUNDA INSTANCIA en cambio, compulsar copias para que en radicado distinto se investigara la conducta de Jiménez Lara, por haber ordenado durante su administración el pago del saldo del contrato sin certificado de disponibilidad presupuestal (folios 487-493). El apoderado del disciplinado presentó recurso de reposición contra el auto del 14 de febrero de 2007 que negó la práctica de los testimonios del Secretario de Planeación y el Asesor Jurídico y la versión libre del alcalde Wilson René Jiménez, el 26 de febrero de 2007 (folios 498-503) Mediante auto del 16 de marzo de 2007, la Procuraduría Provincial de Tunja resolvió el recurso de reposición sobre el auto del 14 de febrero que negó la práctica de unos testimonios y versión libre solicitados por el apoderado de la defensa y decidió reponer el artículo tercero del mencionado auto, en consecuencia, ordenó la práctica de los testimonios inicialmente negados y el testimonio del alcalde Wilson René Jiménez Lara, por no proceder la versión, por no ser disciplinado en las presentes diligencias (folios 556-560)

5. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto del 4 de marzo de 2008, la Procuraduría Provincial de Tunja corrió traslado a los sujetos procesales para alegar de conclusión, antes del fallo (Folio

877).

El 8 de abril de 2008 se dejó constancia secretarial de que los sujetos procesales no presentaron alegatos de conclusión (folio 879).

6. DECISIÓN DE INSTANCIA Mediante Resolución 0019-08 del 30 de mayo de 2008, la Procuraduría Provincial de Tunja decidió el presente proceso en primera instancia, sancionando al señor SANTOS JOSÉ GONZÁLEZ CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.040.030 de Santa Sofía, Boyacá, en su condición de alcalde del municipio de Santa Sofía, Boyacá, con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de seis (6) meses; el término de la suspensión fue convertido en salarios devengados en la época de comisión de la falta, equivalentes a DIEZ MILLONES SETECIENTOS

NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($10.796.388)

(folios 883-896). Manifestó el a quo, que las pruebas allegadas confirman la realización de la conducta imputada al señor Santos José González Castro, ya que efectivamente el documento materia de reproche no obra en las diligencias, ni aparece relacionado dentro de las pruebas practicadas. Está demostrado que el disciplinado suscribió, en su condición de Alcalde del municipio de Santa Sofía, Boyacá, el convenio interadministrativo No. 003/03 el 4 de septiembre de 2003, con la Administración Cooperativa Nacional de Desarrollo de Entidades Territoriales –CONALDE-, cuyo objeto era el mejoramiento del parque principal del municipio de Santa Sofía.

EXPEDIENTE 120-1803-04 – MARTHA LUCÍA AGUILAR E. – 4

FALLO SEGUNDA INSTANCIA De las diferentes pruebas allegadas al expediente se desprende la inexistencia del certificado de disponibilidad presupuestal y del registro presupuestal, como es el caso de la visita practicada por la Personería Municipal de Santa Sofía, el 28 de noviembre de 2005; la certificación emanada de la Tesorera municipal de Santa Sofía, Boyacá, donde se establece que dentro de los archivos correspondientes a la contratación que se investiga, no se encontró el certificado de disponibilidad presupuestal, el cual se manejaba manualmente y solo hasta el año 2004 se encuentra sistematizado y que dicha disponibilidad aparece con reserva número 2, código 724010105. Por lo cual esa Provincial reafirmó la inexistencia del certificado de disponibilidad presupuestal previo a la celebración del convenio interadministrativo 003 de 2003. Indicó el a quo, que las pruebas allegadas con posterioridad a la formulación de los cargos, si bien suponen un análisis distinto, no desvirtúan el cargo. Las declaraciones recibidas a los señores Edgar Miguel Gamboa Castro, Fredy Fajardo Valderrama, Luis Guillermo Galán Jiménez y Julio Roberto Muñoz Melo, coinciden en establecer que el certificado de disponibilidad presupuestal que soportaba el convenio interadministrativo No. 003/03 de fecha 4 de septiembre de 2003, si existió; además, en visita realizada a las instalaciones de la alcaldía municipal de Santa Sofía se estableció que el archivo de la administración se encuentra totalmente “desarreglado”. Sin embargo, en visita realizada a la Tesorería del municipio, el titular de ese despacho anotó que durante el tiempo que llevaba laborando con la

administración municipal no había visto disponibilidad alguna del convenio investigado. El a quo, consideró que esta última manifestación tenía mayor valor probatorio que los demás indicios y por lo tanto, el documento que se echa de menos no existió y al parecer, fue desconocido para los funcionarios de la administración municipal del periodo 2004-2007. Respecto de los descargos presentados por la defensa, expuso el a quo que las presuntas conductas que involucran al representante legal del municipio de Santa Sofía para el periodo 2004-2007, Wilson René Jiménez Lara, no justifican la falta disciplinaria en que pudo haber incurrido el disciplinado, toda vez que a éste se le imputó la suscripción del convenio interadministrativo No. 003 del 4 de septiembre de 2003, sin la existencia previa del certificado de disponibilidad presupuestal. Frente a la culpabilidad el a quo replanteó la calificación imputada en el pliego de cargos, porque de las pruebas recaudadas con posterioridad a su formulación, evidencian que a pesar de que no se allegó a las diligencias el certificado de disponibilidad presupuestal materia de reproche, el implicado si se preocupó porque este documento se expidiera en forma previa a la contratación; efectivamente, obra copia de la Relación de Reservas y cuentas por pagar del año 2003, donde aparece la cuenta relacionada con el convenio materia del cargo, de la cual se desprende que si existió afectación de los rubros relacionados con la inversión, a pesar de que no se encontró el documento que soportaba la apropiación. Sin embargo, no modificó la decisión, ya que en últimas, el documento no aparece en

el cuerpo de las diligencias, pese a todas las gestiones probatorias que se realizaron para allegarlo al expediente; ello demuestra una inobservancia de cuidado necesario EXPEDIENTE 120-1803-04 – MARTHA LUCÍA AGUILAR E. – 5 FALLO SEGUNDA INSTANCIA que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones, porque el documento que se echa de menos permitía garantizar la afectación de los recursos con los cuales se comprometía el municipio frente a la suscripción del convenio cuestionado. Por lo tanto, graduó la culpa como culpa grave, conforme el parágrafo del artículo 44 de la ley 734 de 2002. Respecto de la calificación de la falta, dijo el a quo que en el pliego de cargos se calificó como falta gravísima tipificada en el numeral 31 del artículo 48 de la ley 734 de 2002. Al haberse graduado la culpabilidad como culpa grave, acorde con lo dispuesto en el numeral 9º del artículo 43 de la ley 734 de 2002, en concordancia con lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 50, la realización de una falta objetivamente gravísima cometida con culpa grave, será considerada falta grave. Que el disciplinado estaba incurso en el mencionado numeral, dado que desconoció lo establecido en el numeral 6º del artículo 25 de la ley 80 de 1993, el cual establece que las entidades estatales abrirán licitaciones o concurso e iniciarán procesos de suscripción de contratos, cuando existan las respectivas partidas o disponibilidades presupuestales, en concordancia con el artículo 71 del decreto 111 de 1996, porque no obra en el expediente el certificado de disponibilidad presupuestal que debió garantizar la existencia de la apropiación presupuestal necesaria para la asunción del

convenio interadministrativo No. 003 del 4 de septiembre de 2003.

7. APELACION El 23 de junio de 2008, el apoderado del señor SANTOS JOSÉ GONZÁLEZ CASTRO, presentó recurso de apelación contra la Resolución No. 0019-08 del 30 de mayo de 2008, por la cual se dictó fallo de primera instancia en su contra, en el expediente No. 120-1803-04 (folios 901-910). Los argumentos expuestos fueron los

siguientes:

1. Solicitó que se declare la nulidad de la actuación, porque existe un “error en la adecuación típica de la conducta” atribuida al disciplinado Santos José González Castro, dado que la norma que se citó como vulnerada, es decir el numeral 31 del artículo 48 de la ley 734 de 2002, la cual prescribe como falta gravísima, participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y la ley. Sin embargo, si se revisa cuidadosamente la conducta investigada y concretamente el verbo rector “haber suscrito el convenio (..) al parecer sin la imperiosa existencia de los requisitos legales, ello es sin la existencia del certificado de disponibilidad presupuestal”, se nota que éste no exterioriza la conducta del disciplinado, porque la disponibilidad presupuestal si existió y prueba de ello son las siguientes actuaciones, como señaló en sus descargos: - La cláusula quinta del convenio interadministrativo No. 003 del 4 de septiembre de 2003, “disponibilidad y rubro presupuestal”, indica que los pagos del contrato se

harían con recursos provenientes de la vigencia fiscal de 2003, que tenían disponibilidad presupuestal por $270.000.000.

EXPEDIENTE 120-1803-04 – MARTHA LUCÍA AGUILAR E. – 6

FALLO SEGUNDA INSTANCIA - Por otra parte, los términos de referencia definitivos, visibles a folios 367 y subsiguientes, en el numeral 1.4 establecen “Disponibilidad Presupuestal”, la obra a contratar se pagará con cargo al presupuesto del municipio de Santa Sofía, Boyacá, para la vigencia fiscal 2003, según disponibilidad de fecha 16 de julio de 2003, del rubro “mejoramiento parque principal” por la suma de $267.000.000. - En la resolución No. 091 del 8 de agosto de 2003, por medio de la cual se ordena la apertura de la convocatoria para la selección objetiva de un contratista (folio 365), en su parte motiva, establece que para la vigencia fiscal 2003, en el presupuesto municipal existe una apropiación por la suma de $267.000.000, destinados al mejoramiento del parque principal de este municipio, según certificado de disponibilidad presupuestal expedido por la Tesorería Municipal de fecha 16 de julio de 2003. - A folio 401 del expediente, dentro de los términos de referencia definitivos, en el numeral 5.3.1.denominado “documentos del convenio”, en el literal e) y f), se mencionan: el certificado de disponibilidad presupuestal expedido por la tesorería municipal y, si a ello hubiera lugar, los oficios que autoricen la asunción de

compromisos con cargo a vigencias futuras y, f) registro presupuestal expedido por la Tesorería municipal Manifestó la defensa que los pliegos de condiciones y términos de referencia del convenio para el mejoramiento del parque principal del municipio de Santa Sofía fueron fijados en cartelera y debidamente leídos en bando (folio 409). - Resolución No. 148 del 1 de diciembre de 2003 mediante la cual se reconoce y ordena el pago correspondiente al 50% del anticipo del convenio interadministrativo por valor de $132.974.597, en la que en su artículo segundo señala que dicha erogación se hace con cargo al decreto No. 011 vigencia 2003, códigos 0724011505, adicional decreto No. 020 del 14 de julio de 2003. Dijo el apoderado del señor Santos José González, que todos los soportes referidos dan cuenta de la existencia de la disponibilidad presupuestal solicitada por el disciplinado y expedida por la Tesorería Municipal. En el mismo convenio interadministrativo No. 003 de 2003, en las consideraciones iniciales en el literal b) se indica que existe la correspondiente disponibilidad presupuestal y se encuentra certificada. Por otra parte, señaló la defensa que de los testimonios del señor Fredy Fajardo Valderrama, miembro del Comité de Contratación; Edgar Miguel Gamboa, Tesorero de la Alcaldía municipal de Santa Sofía; Wilson René Jiménez Lara, alcalde del municipio de Santa Sofía quien recibió la administración del disciplinado; Luis Guillermo Galán Jiménez, Jefe de Planeación y Julio Roberto Muñoz Melo, Asesor

Jurídico del municipio afirmaron que el certificado de disponibilidad presupuestal del convenio 003 de 2003, fue solicitado por el alcalde de Santa Sofía y expedido por el Tesorero en forma manual el 16 de julio de 2003, que les consta haberlo tenido a la vista.

EXPEDIENTE 120-1803-04 – MARTHA LUCÍA AGUILAR E. – 7

FALLO SEGUNDA INSTANCIA Mencionó como otro de los documentos que demuestran la existencia de disponibilidad presupuestal el decreto 018 del 10 de julio de 2003, mediante el cual se adicionó el presupuesto de rentas y gastos para la vigencia fiscal del año 2003, con recursos provenientes de un crédito solicitado al Banco de Bogotá sucursal Tunja, en el que en forma clara se indica que la obtención de los recursos a través de dicho empréstito tenían por finalidad el mejoramiento del parque principal de Santa Sofía, por lo que existía una destinación específica y de allí se desprende la existencia de disponibilidad presupuestal para financiar el convenio interadministrativo 003 de 4 de septiembre de 2003. Manifestó el apoderado del disciplinado, que las pruebas allegadas legal y válidamente al proceso, las cuales no fueron tachadas de falsas, ni demeritadas en su valor probatorio, demuestran que existía disponibilidad presupuestal debidamente certificada para celebrar el convenio interadministrativo 003 de 4 septiembre de

2003. Algunas de las pruebas consistentes en actos administrativos que gozan de presunción de legalidad, por lo que no pueden ser desconocidos u omitida su valoración por la Procuraduría de segunda instancia al momento de proferir el fallo

recurrido, porque se vulnera el principio de la sana crítica de la valoración probatoria, el derecho de defensa, de contradicción y el debido proceso, así como el de legalidad, ya que a las pruebas se les debe dar el reconocimiento y valor que entrañan, so pena de subvertir los citados principios procesales y procedimentales. Que de esta forma se determina el error en la adecuación típica de la conducta, dado que el documento “certificado de disponibilidad presupuestal”, si existió, como lo indican los documentos, entre ellos, los términos de referencia, el contrato, las resoluciones expedidas, tanto en la etapa precontractual como contractual, por lo que no resulta lógico, coherente, legal, serio y objetivo que se omita tener en cuenta por simples caprichos interpretativos o puntos de vista personales del ente investigador, donde está proscrita toda forma de responsabilidad objetiva, que en estricto sentido, es lo que aquí ha ocurrido, dado que la conducta que debió ser reprochada es la pérdida del documento “certificado de disponibilidad presupuestal” y no su ausencia dentro del proceso precontractual y/o contractual, ya que su existencia está demostrada, a través de los documentos y la prueba testimonial, lo que ocurre es que se ha perdido, extraviado, debido al “desorden” que está demostrado existe en los archivos del municipio de Santa Sofía. Por lo tanto, no existió ninguna irregularidad en la suscripción del convenio cuestionado, ya que todos los requisitos se encontraban surtidos, porque la existencia de la disponibilidad fue certificada y el mismo convenio así lo indica. Insistió en que la tipificación de la conducta debió enmarcarse en la vulneración de

otra norma donde indique posible negligencia en la custodia y salvaguarda de los documentos que se encontraban bajo su cuidado, siempre y cuando estuviere como obligación o deber o función custodiar dichos documentos.

2. Como existe prueba de la existencia del certificado de disponibilidad presupuestal del convenio interadministrativo 003 de 2003, se debió haber establecido en qué momento se extravió y que persona o personas fueron responsables del hecho, dado que el investigado hizo entrega formal de estos documentos al momento de dejar el EXPEDIENTE 120-1803-04 – MARTHA LUCÍA AGUILAR E. – 8

FALLO SEGUNDA INSTANCIA cargo de alcalde a quien lo sucedió el 1º de enero de 2004, y el convenio quedó en plena ejecución, de donde se desprende que el convenio y todos los documentos que lo soportaban no quedaron bajo la custodia del disciplinado, por lo que si la pérdida sucedió después de su administración éste no tendría responsabilidad alguna y el desorden del archivo en la nueva administración, es un indicio de que el documento echado de menos, pudo haberse extraviado durante la administración del señor Wilson René Jiménez Lara; por otra parte, le correspondía a la nueva administración revisar los documentos que recibía y dejar constancia de cualquier ausencia, lo cual no se hizo con el documento que se reclama en la presente investigación.

3. Indicó la defensa que no se determinó la cadena de custodia que se ejerció sobre el convenio interadministrativo 003 de 2003, para establecer si estuvo bien manejada o no.

4. Que existe falsa motivación en el fallo recurrido, ya que al existir un error en la adecuación típica de la conducta, la motivación resulta incongruente con la conducta

que realmente tuvo ocurrencia, cual fue la pérdida del documento y no su inexistencia.

5. Se debió establecer si dentro del manual de funciones, vigente en la época de los hechos, el disciplinado en su condición de alcalde tenía dentro de sus deberes y obligaciones cuidar y custodiar los documentos, por ser esta la conducta que se debió investigar.

6. Indicó, que con ocasión de la pérdida del certificado de disponibilidad presupuestal del convenio 003 de 2003, no se causó ningún detrimento patrimonial, ni daño al municipio de Santa Sofía, porque los recursos fueron utilizados para los fines establecidos en el presupuesto, estuvieron debidamente apropiados, fueron obtenidos a través de un empréstito con un fin específico y a este objetivo fueron aplicados, es decir, al mejoramiento del parque principal de la localidad, se llevó a cabo en forma transparente el proceso licitatorio y sobre el mismo no se presentó ninguna queja.

7. Requirió que se tuviera en cuenta por parte del ad quem la totalidad de las pruebas documentales obrantes en el plenario, la totalidad de los testimonios y que a éstas se les de su verdadero valor probatorio en aplicación de los principios de la sana crítica, porque las pruebas fueron total y absolutamente ignoradas, desconocidas, omitidas por la primera instancia.

8. Solicitó que se aplique a favor del disciplinado el principio de la duda de que trata el artículo 9 de la ley 734 de 2002, dado que no existe certeza de la comisión de la conducta y al existir pruebas contundentes que demuestran que sí existió la

disponibilidad presupuestal, por lo tanto la duda de su inexistencia es razonable.

9. Se debe tener en cuenta que conforme a las pruebas relacionadas, el certificado de disponibilidad presupuestal fue expedido el 16 de julio de 2003 antes de la celebración del contrato, dado que los recursos debían tener ena claramente EXPEDIENTE 120-1803-04 – MARTHA LUCÍA AGUILAR E. – 9

FALLO SEGUNDA INSTANCIA justificada su existencia en forma previa a iniciar el proceso licitatorio, es decir, antes de la invitación pública, debía haber certeza de la existencia y del compromiso de los recursos. Con fundamento en lo expuesto en el numeral 1º, solicitó el disciplinado declarar la nulidad de la actuación, con fundamento en el artículo 143 de la ley 734 de 2002, por violación del derecho de defensa y la existencia de irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso, debido a una inadecuada tipificación de la conducta. También requirió que se revocara en su integridad la resolución recurrida y absolver al disciplinado.

8. CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA El señor SANTOS JOSÉ GONZÁLEZ CASTRO, identificado con cédula de

ciudadanía No.1.140.030 de Santa Sofía fue elegido alcalde del municipio de Santa Sofía. Boyacá, el 31 de octubre de 2000, para el periodo 2001-2003, cargo en el cual se posesionó el 18 de diciembre de 2000, para asumirlo el 1º de enero del 2001, ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Santa Sofía, Boyacá y lo desempeñó hasta el 31

de diciembre de 2003 (folios 461-466). Para el año 2004 devengaba una asignación mensual de $1.799.398 (folio 466). Se determinó que en el presupuesto de inversión del municipio de Santa Sofía para la vigencia 2003, se tenía proyectado invertir en el mejoramiento del parque principal (rubro 0724011505) un valor de $431.509 (folio 620), liquidación realizada mediante decreto No. 011 del 21 de abril de 2003 (folio 638). Por decreto 018 del 10 de julio de 2003 se adicionó el presupuesto de rentas y gastos del municipio de Santa Sofía, Boyacá, con recursos obtenidos del crédito otorgado por el Banco de Bogotá sucursal Tunja, d