PGN - Documento 201606261505346

SALA DISCIPLINARIA

Bogotá D.C., marzo seis (6) de dos mil ocho (2008). Aprobada en Acta de Sala No.10

Radicación No: 161-3453 (165-0109388/2004)

Disciplinados: ANA MILENA CORREDOR CARVAJAL, JOHANNA

GÁLVIS GALINDO y MARÍA VIRGINIA BERNAL

MÉNDEZ Entidad y Cargo: Secretaria General y Subdirectora de Patrimonio Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de

Cundinamarca CAR, y Alcaldesa de Cajicá Quejoso: Informe Contraloría General de la República Fecha queja: 7 de septiembre de 2004

Fecha hechos: Desde 21 de marzo de 2003

Asunto: Apelación fallo de primera instancia P.D. PONENTE: Dr. SILVANO GÓMEZ STRAUCH Con fundamento en las atribuciones conferidas por el numeral 1 del artículo 22 del Decreto 262 de 2000 y en virtud del recurso de apelación interpuesto por las disciplinadas ANA MILENA CORREDOR CARVAJAL y MARÍA VIRGINIA BERNAL MÉNDEZ, la Sala Disciplinaria revisa el fallo de primera instancia proferido el 15 de diciembre de 2006 por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, por medio del cual se les declaró disciplinariamente responsables e impuso sanción de suspensión por el término de cuatro (4) y tres (3) meses, en sus condiciones de Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de

Cundinamarca y Alcaldesa de Cajicá, respectivamente. ANTECEDENTES PROCESALES Con fundamento en el informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República – Contraloría Delegada para el Medio Ambiente (fls. 3-C.O.1), el 13 de octubre de 2004 la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal abrió investigación disciplinaria a las señoras ANA MILENA CORREDOR CARVAJAL, Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, JOHANNA GÁLVIS GALINDO, Subdirectora de Patrimonio Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca e Interventora del Radicación No. 161-3453 Convenio Interadministrativo No. 040 del 21 de marzo de 2003, y MARÍA VIRGINIA BERNAL MÉNDEZ, Alcaldesa del Municipio de Cajicá (fls. 35-38 C.O.1), decisión que les fue notificada por edicto a las disciplinadas (fls. 96-115 C.O.1). El 27 de julio de 2005, se les formuló auto de cargos a las mencionadas señoras (fls. 183-204 C.O.1), el cual se notificó personalmente y por edicto a las disciplinadas (fls. 210, 221, 225 C.O.1), quienes directamente y por intermedio de apoderado presentaron sus respectivos descargos (fls. 211-216; 226-233 C.O.1; 235-364 C.O.2). Decretadas y practicadas las pruebas de descargos (fls. 367-457 C.O.2) y previo

traslado para presentar alegatos de conclusión (fls. 529-550 C.O.3), el 15 de diciembre de 2006 se profirió fallo de primera instancia, por medio del cual se declaró disciplinariamente responsables a las señoras ANA MILENA CORREDOR CARVAJAL, Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, JOHANNA GÁLVIS GALINDO, Subdirectora de Patrimonio Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca e Interventora del Convenio Interadministrativo No. 040 del 21 de marzo de 2003, y MARÍA VIRGINIA BERNAL MÉNDEZ, Alcaldesa del Municipio de Cajicá, en los siguientes términos: la primera, por las conductas imputadas en los literales A y E del primer cargo, por el segundo y por el tercer cargo, imponiéndosele sanción de suspensión por el término de cuatro (4) meses, y fue absuelta por las conductas en los literales B, C y D del primer cargo; a la segunda, por el segundo cargo, se le impuso sanción de suspensión por el término de un (1) mes, y fue absuelta por el primer cargo; y a la tercera disciplinada, por el cargo único que le fue formulado, imponiéndosele sanción de suspensión por el término de tres (3) meses (fls. 551-580 C.O.3). La anterior decisión fue notificada personalmente a las disciplinadas ANA MILENA CORREDOR CARVAJAL y MARÍA VIRGINIA BERNAL MÉNDEZ (fls. 587, 688, C.O.3), quienes interpusieron recurso de apelación (fls. 589-682; 689-697C.O.3), el

cual fue concedido por la instancia (fls. 704 C.O.3). En cuanto a la disciplinada JOHANNA GÁLVIS GALINDO, se le notificó el fallo mediante edicto (fls. 698-702 C.O.3), sin que aparezca en el expediente que se hubiere interpuesto recurso de apelación.

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

2 Radicación No. 161-3453 La parte considerativa del fallo de primera instancia podemos resumirlo en los siguientes términos, en relación con las conductas por las cuales fueron sancionadas las disciplinadas (fls. 551-580 C.O.3): ANA MILENA CORREDOR CARVAJAL. Primer cargo: Con relación con el inicio del contrato, el Convenio No. 040 se celebró el 21 de marzo de 2003, por lo que el término de ejecución sería de tres (3) meses, a partir de su perfeccionamiento, condición que se cumplió el 30 de marzo de 2003, cuando se otorgó el registro presupuestal; sin embargo, el 21 y 22 de marzo de 2003 se efectuó por parte del Municipio de Cajicá y la CAR, el foro ambiental denominado “Sostenibilidad y oferta del recurso hídrico”. Lo que tiene que ver con esta conducta, por estar contenida en el cargo tercero, consistente en haber permitido la ejecución del contrato antes de otorgarse el registro presupuestal, el Despacho hará de manera conjunta el estudio de estas dos conductas, cuando se aborde el análisis de la última imputación. Respecto a la conducta de haber justificado solamente la suma de $8.653.880 de los

$12.000.000 girados por la Corporación, el despacho encuentra que, de acuerdo con el soporte contable allegado por la Alcaldesa y que corre a folios 261-364, el municipio de Cajicá suscribió una serie de órdenes, que incluso superaron los $12.000.000, sin embargo, no todos los gastos referidos tienen relación directa o indirecta con el objeto del acto consensual, como es la premiación del festival de duetos y los jurados que allí participaron; prueba de ello es que ni aún en el reporte de las actividades ejecutadas por el ente territorial para dar cumplimiento al convenio no se registró nada sobre premiación del festival de duetos, ni de los jurados que allí participaron. No desconoce el Despacho que parte de las actividades tendientes a desarrollar el objeto del convenio se ejecutaron en el marco de Expocajicá, y que en la misma se efectuó la instalación de un stand para la divulgación de programas y proyectos ejecutados por la Corporación en la zona, así como la realización del foro para el fortalecimiento de la gestión ambiental, pero ello por sí solo no quiere decir que con los dineros del convenio, el municipio estuviese facultado para sufragar todos los gastos o compromisos adquiridos con ocasión a ese certamen. Así las cosas, no le cabe duda al Despacho que la falta imputada por esta conducta sí prospera, por cuanto está plenamente probado que no se justificó la inversión de $12.000.000 que giró la CAR al municipio; y por lo tanto, es procedente endilgarle responsabilidad disciplinaria a la señora Ana Milena Carvajal Corredor, si se tiene en cuenta que en su condición de Secretaria General y como responsable de la

actividad contractual desconoció los numerales 1, 2 y 5 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993. 3 Radicación No. 161-3453 Segundo cargo. Está demostrado que el mismo día de la firma del convenio el mismo comenzó a ejecutarse, con lo que se desconoció el artículo 71 del Decreto 111 de 1996, que de manera clara establece como requisito de perfeccionamiento de los actos administrativos que afecten apropiaciones presupuestales, el del registro presupuestal. En este orden de ideas, la disciplinada como responsable de la actividad contractual de la CAR estaba en el deber funcional de verificar que los requisitos presupuestales, particularmente el que asegura la ejecución financiera del contrato, estuviera cumplido a efecto de su perfeccionamiento y tránsito a la vida jurídica. El Despacho desestima los argumentos de la disciplinada, en el sentido que no se le indicó cuál fue el deber que violó con el cargo, toda vez que se encuentra nítidamente expuesto que el deber por ella inobservado es haber permitido la ejecución del contrato, antes de que se cumpliera los requisitos necesarios para su ejecución, exigencia contenida en el artículo 71 del Decreto 111 de 1996 y en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993. Además de ello, se debe tener en cuenta que la actividad administrativa se encuentra reglada, y por lo tanto, la misma debe desarrollarse conforme a las disposiciones legales que la regulan. Las faltas hasta aquí examinadas se atribuyeron de manera definitiva a título de culpa grave y se calificaron como gravísimas, pero por disposición del numeral 9 del

artículo 43 de la Ley 734 de 2002 se determinaron como faltas graves. Tercer cargo. En la tercera conducta se cuestionó no haber tomado medida alguna para impedir que la interventora autorizara por memorando del 20 de octubre de 2003 la entrega de 7.500 alevinos de trucha y entrega del material vegetal, cuando el plazo del convenio se encontraba vencido. El término dentro del cual la entidad debía cumplir con las obligaciones adquiridas con ocasión del convenio interadministrativo era dentro del período comprendido entre el 30 de marzo y el 29 de junio de 2003, de lo contrario, se configura un incumplimiento de los compromisos adquiridos por parte de la CAR. Incumplimiento que se dio en este caso en concreto, si se tiene en cuenta que la supervisora del convenio, mediante memorando del 20 de octubre de 2003, autorizó la entrega de 7.500 alevinos de trucha y entrega del material vegetal. De lo anterior se puede concluir que la CAR, a través de la Subdirectora de Patrimonio Ambiental, ejecutó obligaciones por fuera del término de ejecución del contrato, es decir, incumplió las obligaciones contraídas. 4 Radicación No. 161-3453 Si bien es cierto que el plazo previsto en un contrato, una vez agotado el mismo, no extingue la obligación de cumplir los compromisos adquiridos, el no cumplirlas dentro del plazo configura un incumplimiento del contrato; evento que es objeto de reproche disciplinario si se tiene en cuenta que la disciplinada se encontraba al frente de la actividad contractual de la entidad y por lo tanto, debía observar que la misma se

cumpliera y ejecutara dentro de los términos que se habían previsto para ello. Así las cosas, la inculpada incurrió en falta disciplinaria por desconocimiento de los numerales 1 y 5 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con lo previsto en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002. Las faltas se atribuyeron de manera definitiva a título de culpa grave y se calificaron como gravísima, pero por disposición del numeral 9 del artículo 43 de la Ley 734 de 2002 se determinaron como faltas graves. MARÍA VIRGINIA BERNAL MÉNDEZ. A la disciplinada se le reprochó el no haber dado cumplimiento pleno a las obligaciones a cargo del municipio y no justificar el gasto por la suma de $12.000.000 girados por la CAR. De conformidad con las pruebas que obran en el cartulario, se advierte que el municipio cumplió con las obligaciones a su cargo, pues, de los informes de ejecución se establece que el municipio realizó las siguientes actividades: en la feria de Expocajicá 2003 contó con el stand, en el cual desarrolló actividades para la divulgación de programas y proyectos a cargo de la Corporación; entre el 21 y 22 de marzo de 2003, desarrolló el foro denominado sostenibilidad y oferta de recursos hídricos, en el Salón de Cultura del municipio; colocó a disposición las instalaciones, vehículos y materiales necesarios para la ejecución del proyecto; se realizaron informes de ejecución y seguimiento; y recibió el material vegetal y truchas arco iris entregadas por la CAR. Así las cosas, no es posible afirmar categóricamente que el municipio incumplió con

sus obligaciones, como quiera que la administración municipal sí desarrolló las labores encaminadas a ejecutar lo convenido. Sin embargo, advierte el Despacho que el municipio no justificó los gastos por el monto de $12.000.000 girados por la CAR, por cuanto algunos de los gastos no guardan relación directa con el objeto del contrato, como ocurre con las sumas invertidas para la premiación del festival de duetos y el pago de los jurados por ese mismo evento. Por tanto, prospera el cargo endilgado, como quiera que la disciplinada como responsable de la actividad contractual estaba en el deber de vigilar que los recursos girados con ocasión del convenio fuesen invertidos en el desarrollo del convenio o en 5 Radicación No. 161-3453 actividades afines, desconociendo así el numeral 1 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993. RECURSO DE APELACIÓN El recurso de apelación interpuesto por la disciplinada ANA MILENA CORREDOR CARVAJAL, podemos resumirlo en los siguientes puntos (fls. 689-697 C.O.3):

1. A la fecha han transcurrido más de 28 meses en que se inició la investigación disciplinaria, y por tanto, de conformidad con el artículo 156 de la ley 734 de 2002, los términos para adelantar la misma están vencidos, respecto a lo previsto por la ley para adelantar la investigación disciplinaria.

Por tanto, se está quebrantando el artículo 29 de la Constitución Política, toda vez que, como bien lo indica el artículo 12 de la Ley 734 de 2002, es obligación del funcionario competente cumplir los términos que rigen la actuación disciplinaria; de manera que en estas condiciones del deber a cargo del funcionario, es obvio que al

investigado le asiste el derecho fundamental al debido proceso que desarrolla el artículo 6 de la Ley 734 de 2002. En estas circunstancias, la actuación del ente disciplinario se cumple por fuera de la competencia temporal, la que se agotó en el momento en que vencido el término legal, no se profirió decisión, pues, los sujetos disciplinarios no pueden estar sometidos a una condición de incertidumbre a espera de un decisión tardía. Por ello, se presenta la nulidad de la investigación por la presencia de una serie de irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso y el derecho a la defensa, de conformidad con el artículo 143 de la Ley 734 de 2002.

2. En cuanto a las conductas de los literales A) y E) del primer cargo, el objeto del convenio interadministrativo “es el evento ambiental liderado por el municipio de Cajicá con el fin de aplicar mecanismos de gestión ambienta (SIC) compartida”; y el programa se realizó en el evento Feria Expocajicá 2003, realizado entre los días 21 y 22 de marzo de 2003.

No hay prohibición legal que precise que el contrato no se pueda ejecutar una vez firmado; podría afirmarse que no se podía ejecutar el contrato porque no contaba con el registro presupuestal, objeción que no es oponible a la suscrita, pues, dentro de las funciones de mi cargo no estaba la de la ejecución contractual. 6 Radicación No. 161-3453 El convenio interadministrativo no era del área jurídica a mi cargo, sino de la Subdirección de Gestión Ambiental Compartida, que hacía la supervisión del contrato a través de la profesional especializada vinculada a la investigación; y por tanto, mi

función como ordenadora del gasto iba exclusivamente hasta la firma del contrato. Para firmar el contrato, tal como lo dispone el artículo 71 del Decreto 111 de 1996, se contaba con la reserva presupuestal No. 224 de 2003. En consecuencia, nos encontramos ante una responsabilidad ajena a mi área, que no puede acarrear sanción alguna.

3. El literal D) se refiere a que el contrato se pagó en exceso, sin embargo, el contrato se liquidó a entera satisfacción por las partes, de manera que si se procedió a ello, es porque el objeto contractual se cumplió a satisfacción. En la investigación nada se dijo respecto a dicho acto de liquidación, ni se tacha, ni se repudia el mismo, todo lo contrario se aporta como plena prueba, por lo que el acervo probatorio fue pasado por alto.

Por tanto, lo que se pagó está debidamente demostrado. Adicionalmente, conforme al documento que acredita los pagos en especie (alevinos de trucha y material vegetal), yo no era la ordenadora del pago de las obligaciones de la cláusula sexta del convenio, así que mal podría ser responsable de una actividad que estaba por fuera de mi control y que no hacía parte de las responsabilidades asignadas a mi cargo. Ahora bien, dice la Procuraduría que la CAR pagó $12.000.000, no obstante, esa era su obligación y el pago se podía realizar dentro de los tres meses siguientes al evento; si la CAR no hubiese pagado sería sancionado por incumplimiento. Si el municipio cumplió o no con sus obligaciones es otro asunto, en cuanto que el convenio no puede ser confundido como un acuerdo de cofinanciación; es un convenio de apoyo pero la erogación de la partida monetaria era no sólo única, sino

que no estaba sometida a condición, razón por la cual no puede decirse que hubo pago en exceso. Sin embargo, todo hace suponer que las dos partes cumplieron con las obligaciones a su cargo, pues, así lo demuestra el acta de liquidación. No era yo la ordenadora del pago, ni la supervisora del contrato, de manera que a quien se le puede exigir la acreditación del cumplimiento es al área y funcionaria que supervisó el contrato y autorizó los pagos, que es la que firma el acta de liquidación del contrato. 7 Radicación No. 161-3453

4. El segundo cargo tiene identidad de materia con el del literal A) del primer cargo, lo que contradice el non bis in idem, y por tanto, no siendo tema diferente ni conducta reprochable distinta a la que ya se respondió en el primer cargo, solicito que por sustracción de materia se excluya este segundo cargo.

5. En cuanto al tercer cargo, es claro que el área ejecutora e interventora no es una dependencia a mi cargo, así que no tiene fundamento legal que hubiese podido impedir la entrega de los alevinos de trucha y del material vegetal.

Fue la Subdirectora de Patrimonio Ambiental la que entregó los alevinos de trucha y el material vegetal el 20 de octubre de 2003, sin que yo tuviese conocimiento o debiese haber tenido conocimiento de tal hecho. Ahora bien, la jurisprudencia ha distinguido entre la terminación del contrato y su finalización, pudiéndose en la etapa de liquidación ejecutar obligaciones pendientes, según el artículo 60 de la Ley 80 de 1993; el mismo artículo reconoce la posibilidad de que las partes acuerden ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, así que no se prohíbe conducta como la observada por la CAR, que lejos de causar

un traumatismo a la gestión administrativa, la facilitó. La ex Alcaldesa de Cajicá aportó las pruebas documentales que demuestran hasta la saciedad y con absoluta certeza que el convenio interadministrativo se invirtió y ejecutó íntegramente. Por lo expuesto, considero que mi actuación en el caso materia de investigación no puede considerarse como un incumplimiento de las normas contractuales y legales citadas en el fallo. De otra parte, no existe ninguna prueba que acredite que mi comportamiento desvió la función administrativa a cargo de la CAR. Por su parte, el recurso de apelación interpuesto por la disciplinada MARÍA VIRGINIA BERNAL MÉNDEZ, podemos resumirlo en los siguientes puntos (fls. 590597 C.O.3):

1. Existen suficientes elementos y razones de juicio, hecho y derecho, que demuestran que la investigación ha estado viciada de nulidad desde sus primeros instantes, por existencia de irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso y el derecho de defensa, a la luz de lo estipulado en los numerales 2 y 3 del artículo 143 de la Ley 734 de 2002: - El término que se ha empleado para el desarrollo de la presente investigación disciplinaria ha sido mucho más amplio que el conferido por el artículo 156 de la Ley 734 de 2002, es decir, el término de duración de la etapa de investigación al momento de proferir auto de cargos se encontraba vencido, con mayor razón a la fecha de adopción de la decisión de primera instancia; incluso, es imperioso destacar que las pruebas que se practicaron estuvieron por fuera del término de investigación,

8 Radicación No. 161-3453

con lo que estarían en riesgo los principios de celeridad, defensa, presunción de inocencia, entre otros, como componentes esenciales e integrales del debido proceso, además de quebrantarse disposiciones de rango constitucional, como es el artículo 228 de la Constitución Política, los artículos 6, 13 y demás pertinentes de la Ley 734 de 2002 y la sentencia T-190 de 1995. - De manera constante y permanente estuve atenta al curso, trámite y suerte del proceso, no obstante no fui notificada del auto que ordenó pruebas, no se me corrió traslado de las mismas, por lo que no tuve la oportunidad de expresar pronunciamiento alguno respecto de las mismas; situación aún más angustiante, por cuanto muchas de ellas fueron solicitadas por mi al momento de presentar los descargos, no obstante, no supe cuáles fueron las decisiones adoptadas respecto a mi solicitud de pruebas.

2. Respecto a la falta que se endilga, está probado que el convenio se liquidó a entera satisfacción por las partes que en él intervenían, es decir, que si se procedió a ello es porque el objeto contractual se cumplió a satisfacción, de no haber sido así jamás se habría liquidado. No obstante, en la presente investigación nada se dijo respecto a dicho acto de liquidación, ni se tacha, ni se repudia, todo lo contrario está aportado como plena prueba; y justo es reconocer que para llegar a la etapa de liquidación es porque se rindieron los correspondientes informes de ejecución, se recibió el aval y aprobación del interventor y supervisor, y se pudo constatar que todo

se cumplió a satisfacción, de lo contrario no se habría procedido a la liquidación del convenio, prueba que se aportó en debida forma y que da absoluta cuenta de mi correcto y cabal proceder, las demás no solo son inconducentes, sino por sobre todo extemporáneas y fueron practicadas desconociendo los postulados del derecho a la defensa y el debido proceso.

3. Con los documentos y soporte probatorio inicialmente aportados más el solicitado al momento de los descargos, se demostró con toda certeza que el convenio en cuestión se ejecutó a entera satisfacción, no obstante, para efectos de ratificar este aspecto y soportar el absoluto convencimiento de la ejecución integral del convenio, se aportan una serie de pruebas, en particular en consideración a que en el fallo se consagra que no todos los gastos relacionados correspondían a la ejecución del convenio; puede haber sucedido que por un error involuntario se hubiesen aportado algunos que corresponden y otros no, lo cual tiene razón en el hecho que los documentos se solicitaron al municipio para que fueron facilitados de sus archivos y sólo a último momento se logró el acceso a ellos.

4. Se impone una sanción de suspensión en el ejercicio del cargo y en la actualidad no es alcaldesa del municipio de Cajicá, pues, desde el 10 de abril de 2004 terminó el período constitucional y legal para el cual fue elegida, por cuanto de qué se le suspende?, si no debe preocuparse por cuanto se le suspende un cargo

9 Radicación No. 161-3453 que no ocupa y no se dice absolutamente nada al respecto, luego entonces debe entender que no tiene sanción alguna?.

Por tanto, se solicita se revoque el fallo de primera instancia y en consecuencia se absuelva de los cargos formulados, además porque en el hipotético caso de que la misma persista, la sanción impuesta es de imposible cumplimiento y la misma ya no puede ser modificada.

CONSIDERACIONES DE LA SALA DISCIPLINARIA

I. ANA MILENA CORREDOR CARVAJAL, Secretaria General de la

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR.

1. Solicitud de nulidad.

La disciplinada en el recurso de apelación sostiene que han transcurrido más de 28 meses en que se inició la investigación disciplinaria, y por tanto, de conformidad con el artículo 156 de la Ley 734 de 2002, los términos para adelantar la misma están vencidos. Sobre el particular, debe señalarse que el artículo 156 de la Ley 734 de 2002 dispone que el término de la investigación disciplinaria será de seis (6) meses contados a partir de la decisión de apertura. En el presente caso, la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal abrió investigación disciplinaria el 13 de octubre de 2004 (fls. 35-38 C.O.1), etapa procesal que se extendió hasta el 13 de abril de 2005, y agotada la misma, correspondía, según el artículo 161 del Código Único Disciplinario, evaluar la investigación dentro de los quince (15) días siguientes a su vencimiento, sin embargo, el vencimiento de este término no conlleva, según doctrina reiterada de la Procuraduría General de la Nación la pérdida de competencia, y por tanto, el

operador disciplinario podrá adoptar la decisión que corresponda, claro está, con base en las pruebas practicadas e incorporadas a la investigación de manera oportuna; situación distinta es la responsabilidad disciplinaria a que pueden verse afrontados los funcionarios investigadores, pero ello no afecta con nulidad la actuación. En ese mismo sentido se pronunció de manera clara la Corte Constitucional en sentencia SU-901 del 1 de septiembre de 2005, con ponencia del Magistrado Jaime

Córdoba Triviño: 10

Radicación No. 161-3453 “De lo expuesto se infiere que el incumplimiento del término de indagación previa no conduce a que el órgano de control disciplinario incurra automáticamente en una grave afectación de garantías constitucionales y a que como consecuencia de ésta toda la actuación cumplida carezca de validez. Esto es así en cuanto, frente a cada caso, debe determinarse el motivo por el cual ese término legal se desconoció, si tras el vencimiento de ese término hubo lugar o no a actuación investigativa y si ésta resultó relevante en el curso del proceso. Es decir, del sólo hecho que un término procesal se inobserve, no se sigue, fatalmente, la conculcación de los derechos fundamentales de los administrados pues tal punto de vista conduciría al archivo inexorable de las investigaciones por vencimiento de términos y esto implicaría un sacrificio irrazonable de la justicia como valor superior y como principio constitucional. De allí que la afirmación que se hace en el sentido que se violaron derechos fundamentales por la inobservancia de un término procesal no deba ser consecuencia de una inferencia inmediata y mecánica, sino fruto de un esfuerzo en

el que se valoren múltiples circunstancias relacionadas con el caso de que se trate, tales como la índole de los hechos investigados, las personas involucradas, la naturaleza de las pruebas, la actuación cumplida tras el vencimiento del término y la incidencia de tal actuación en lo que es materia de investigación. De este modo, aparte de la eventual falta disciplinaria en que pueda incurrir el servidor que incumplió ese término, él se halla en el deber de tomar una decisión con base en la actuación cumplida hasta el momento en que el vencimiento de ese término operó. Si en tal momento existen dudas, éstas se tornen insalvables y surge la obligación de archivar la actuación; pero si tales dudas no existen, esto es, si aparecen cumplidos los objetivos pretendidos con la indagación preliminar, nada se opone a que se abra investigación disciplinaria pues precisamente esta es una de las decisiones que se pueden tomar en tal momento”. Ahora bien, las pruebas decretadas durante la etapa de investigación disciplinaria se practicaron y aportaron durante el término de los seis (6) meses, pues, las pruebas decretadas en el auto de apertura con el fin de solicitar a la CAR y a la Alcaldía de Cajicá la remisión de una serie de documentos, fueron aportadas a la investigación durante el citado término (los seis meses de la investigación disciplinaria vencían 13 de abril de 2005): los primeros documentos de la CAR se remitieron el 12 de noviembre de 2004 (fls. 49-66 C.O.1) y los últimos por parte de la Alcaldía de Cajicá el 7 de enero de 2005 (fls. 129-178 C.O.1). Entre la fecha en que venció la etapa de

investigación disciplinaria y la evaluación de la misma el 27 de julio de 2007, al proferirse auto de cargos, únicamente se solicitó a la CAR una constancia de los cargos desempeñados por una de las disciplinadas Claudia Johanna Gálvis Galindo (fls. 179-182 C.O.1), es decir, no se practicó ninguna prueba, que implicara la afectación del derecho de contradicción o defensa de la disciplinada. 11 Radicación No. 161-3453 Así las cosas, la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal al vencerse el término de la investigación disciplinaria no perdió su competencia para seguir a la siguiente etapa procesal, como fue proferir el auto de cargos, fundamentado en pruebas decretadas y practicadas dentro del término legal; situación con la cual no se vulnera los derechos de la disciplinada al debido proceso, defensa y contradicción, pues, se le han garantizado plenamente los mismos, no solo en la etapa de investigación disciplinaria, sino durante todo el curso del proceso disciplinario, solicitando y aportando pruebas, presentando sus descargos, interponiendo recursos, etc. En consecuencia, por las razones expuestas no se accede a la solicitud planteada por la disciplinada.

2. Cargo formulado.

A la disciplinada ANA MILENA CORREDOR CARVAJAL, en su condición de Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (del 1 de febrero de 2002 al 20 de noviembre de 2003, fls. 86 C.O.1), se le sancionó disciplinariamente por los literales A y E del primer cargo (se le absolvió por los

literales B, C, D) y por los cargos segundo y tercero: 2.1. PRIMER CARGO: “Usted en la calidad antes anotada omitió el deber de ejercer la vigilancia y el control del convenio interadministrativo No. 40 de 21 de marzo de 2003 celebrado con MARIA VIRGINIA GUZMÁN MÉNDEZ Alcaldesa del municipio de Cajicá (folios 10 a 12: 52 a 54 C.O.), donde que: “A) Según los listados de los participantes al Foro organizado por la CAR, la UMATA y el Municipio de Cajicá, (folios 22 a 24, 64 a 66 C.O.) el convenio se ejecutó en parte el 21 y 22 de marzo de 2003, es decir desde el mismo día en que se suscribió”. En el auto de cargos se se