PGN - Documento 201606261548530

Dependencia : Procuraduría Delegada Economía y Hacienda Pública Radicación : 028 - 94958/03

Investigados : JUAN TULIO CÓRDOBA LEMUS, RECTOR, SUSANA JULIA SANTOS

CÓRDOBA, Responsable de Presupuesto, ELKIN MOISÉS CHAVERRA DURAN, Jefe Oficina Financiera, HORACIO LEDESMA LLOREDA, Rector (E), y ELEANA CÓRDOBA, Pagadora.

Cargo y entidad: Rector y otros funcionarios de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba” Quejoso : De oficio. Informe de la Contraloría General de la República Fecha Queja : 13 de junio de 2003

Fecha Hechos : 1999 a 2003

Asunto : Fallo de Primera Instancia

Bogotá, D.C., 28 de febrero de 2007 Al Despacho las presentes diligencias con el fin de entrar a proferir Fallo de Primera Instancia, en aplicación del artículo 170 de la Ley 734 de 2002, y con fundamento en la competencia establecida en los artículos 25 del Decreto Ley 262 de 2000 y 19 de la Resolución 17 de 2000, proferida por la Procuraduría General de la Nación.

1. HECHOS La presunta irregularidad reportada por la Contraloría General de la República, consistió en la cancelación de gastos por el rubro pago de pasivos exigibles vigencias anteriores, rubro que según la queja, no hace parte de la clasificación del presupuesto, advirtiendo que a través del mismo se deben imputar gastos que se

deben realizar en forma excepcional y con el único fin de cancelar compromisos adquiridos en vigencias anteriores con cargo al presupuesto de la vigencia siguiente, siempre y cuando:  Se haya adquirido el gasto con las formalidades legales y con el respectivo soporte presupuestal.  Que el gasto, por razones ajenas a la entidad pública, no se hubiere podido ejecutar.  Que se haya modificado el presupuesto de la vigencia en curso. Finalmente, la Contraloría sobre las presuntas irregularidades, consistentes en la realización de pagos sin el lleno de los requisitos legales y sin acto administrativo de autorización del gasto, considera que constituyen hechos cumplidos, atribuyendo la responsabilidad del hecho al doctor JUAN TULIO CÓRDOBA LEMUS, Rector, ELEANA CÓRDOBA CÓDOBA, Pagadora y ELKIN CHAVERRA DURÁN, Jefe Financiero. Folio 49. Según la Contraloría General de la República, las cuentas canceladas no estaban incluidas en la resolución de cuentas por pagar o de reserva presupuestal. Los hechos se habrían dado entre el 1° y el 3 de marzo/03, violando los artículos 10 y 40 de la Ley 714 del 20 de diciembre de 2001, por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2002. Folios 58 y ss. Folios 46 y 48. Procuraduría Delegada para la Economía y Hacienda Pública - extensiones 11224 – 1121411215 - 11217 1

Carrera 5 No. 15-80 piso 12 Pbx: 3360011 – 3520066 www.procuraduria.gov.co 2 “ARTÍCULO 10. Los compromisos y las obligaciones de los órganos que sean una sección del Presupuesto General de la Nación correspondientes a las apropiaciones financiadas con rentas provenientes de contratos o convenios, solo podrán ser asumidos cuando éstos se hayan perfeccionado.” “ARTÍCULO 40. El Gobierno Nacional en el decreto de liquidación clasificará y definirá los ingresos y gastos. Así mismo, cuando las partidas se incorporen en numerales rentísticos, secciones, programas y subprogramas que no correspondan a su objeto o naturaleza, las ubicará en el sitio que corresponda. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General del Presupuesto Público Nacionalhará mediante resolución, las operaciones que en igual sentido se requieran durante el transcurso de la vigencia. Cuando se trate del presupuesto de gastos de inversión requerirá del concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación.”

2. INDAGACION PRELIMINAR Por auto del 9 de junio de 2004,la Procuraduría Regional del Chocó ordenó iniciar Indagación Preliminar, con el fin de allegar las pruebas necesarias para determinar la responsabilidad de los presuntos implicados en los hechos denunciados por la Contraloría (fls. 58 a 65 – C2.).

3. INVESTIGACION DISCIPLINARIA Mediante auto de fecha 26 de enero de 2005, la Procuraduría Delegada para la

Economía y Hacienda Pública decidió abrir Investigación Disciplinaria en contra de JUAN TULIO CÓRDOBA LEMUS, Rector, SUSANA JULIA SANTOS CÓRDOBA, Responsable del Presupuesto, ELKIN MOISES CHAVERRA DURAN, Jefe Oficina Financiera, HORACIO LEDESMA LLOREDA, Rector ( e), y ELEANA CÓRDOBA, Pagadora (fls. 213 a 218 c.2).

4. AUTO DE CARGOS Según auto que obra a folios 310 a 337 C.2, la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública, profirió auto de cargos en contra de: 4.1 HECTOR LEDESMA LLOREDA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.745.372, en su calidad de Rector (e) de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba” para la época de los hechos: Suscribió la Resolución 0340 del 28 de febrero de 2002, a través de la cual autorizó efectuar el pago por la suma de $23623.993, a favor del señor FELIX ROMAÑA ROMAÑA, por concepto de la adecuación, ampliación y reparación de la sala de sistemas, internet (biblioteca) y ayudas educativas de la Universidad, llevada a cabo en el mes de diciembre de 1999. Dicho compromiso, de una parte, se habría adquirido sin el lleno de los requisitos legales y su pago, más de dos años después, conllevó el trámite de una obligación que afectó irregularmente el presupuesto de gastos de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis

Córdoba”, de la vigencia fiscal de 2002, constituyéndose, además, en el trámite de un hecho cumplido. 2 4.2 A JUAN TULIO CÓRDOBA LEMUS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.799.045 en su condición de Rector de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba para la época de los hechos: Suscribió las Resoluciones 0185 del 12 de febrero de 2003 y 0258 del 13 de febrero de 2003, a través de las cuales autorizó efectuar el pago por la suma de $1101.512, a favor del señor RAMÓN ANTONIO VALLADARES, y por la suma de $300.000, a favor de la señora GABRIELA E. GUEHENNEC P., respectivamente, por concepto de sendos compromisos adquiridos al parecer irregularmente por la Universidad Tecnológica del Chocó “DIEGO LUIS CÓRDOBA”, durante la vigencia fiscal de 2002. Los compromisos, de una parte, se habrían adquirido sin el lleno de los requisitos legales y su pago, conllevó el trámite de una obligación que afectó irregularmente el presupuesto de gastos de la Universidad Tecnológica del Chocó “DIEGO LUIS CÓRDOBA”, de la vigencia fiscal de 2003, constituyéndose, además, en el trámite de hechos cumplidos. 4.3 A SUSANA JULIA SANTOS CÓRDOBA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 54.252.929, en su condición de responsable de Presupuesto o Jefe de Presupuesto, de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis

Córdoba”, para la época de los hechos: Suscribió el certificado de disponibilidad presupuestal de fecha 27 de febrero de 2002, con el cual se amparó el pago por la suma de $23623.993, a favor del señor FELIZ ROMAÑA ROMAÑA, por concepto de un compromiso adquirido al parecer irregularmente por la Universidad Tecnológica del Chocó “DIEGO LUIS CÓRDOBA”, durante la vigencia fiscal de 1999. El compromiso, de una parte, se habría adquirido sin el lleno de los requisitos legales y su pago, conllevó el trámite de una obligación que afectó irregularmente el presupuesto de gastos de la Universidad Tecnológica del Chocó “DIEGO LUIS CÓRDOBA”, de la vigencia fiscal de 2002, constituyéndose, además, en el trámite de un hecho cumplido. Suscribió los certificados de disponibilidad presupuestal de fecha 10 de febrero de 2003, y 12 de febrero de 2003, con los cuales se ampararon los pagos por la suma de $1101.512, a favor del señor RAMÓN ANTONIO VALLADARES y $300.000, a favor de la señora GABRIELA E. GUEHENNEC P., por concepto de sendos compromisos adquiridos al parecer irregularmente por la Universidad Tecnológica del Chocó “DIEGO LUIS CÓRDOBA”, durante la vigencia fiscal de 2002. Los compromisos, de una parte, se habrían adquirido sin el lleno de los requisitos legales y su pago, conllevó el trámite de obligaciones que afectaron irregularmente el presupuesto de gastos de la Universidad Tecnológica del Chocó

“DIEGO LUIS CÓRDOBA”, de la vigencia fiscal de 2003, constituyéndose, además, en el trámite de hechos cumplidos. 4.4 A al señor ELKIN MOISÉS CHAVERRA DURÁN, identificado con cédula de ciudadanía 11787.648, en su condición de JEFE OFICINA FINANCIERA ó JEFE FINANCIERO, de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba” para la época de los hechos: Suscribió el certificado de disponibilidad presupuestal de fecha 27 de febrero de 2002, con el cual se amparó el pago por la suma de $23623.993, a favor del señor FELIZ ROMAÑA ROMAÑA, por concepto de un compromiso adquirido al parecer irregularmente por la Universidad Tecnológica del Chocó “DIEGO LUIS Procuraduría Delegada para la Economía y Hacienda Pública - extensiones 11224 – 1121411215 - 11217 3 Carrera 5 No. 15-80 piso 12 Pbx: 3360011 – 3520066 www.procuraduria.gov.co 4 CÓRDOBA”, durante la vigencia fiscal de 1999. El compromiso, de una parte, se habría adquirido sin el lleno de los requisitos legales y su pago, conllevó el trámite de una obligación que afectó irregularmente el presupuesto de gastos de la Universidad Tecnológica del Chocó “DIEGO LUIS CÓRDOBA”, de la vigencia fiscal de 2002, constituyéndose, además, en el trámite de un hecho cumplido.

Suscribió los certificados de disponibilidad presupuestal de fecha 10 de febrero de 2003, y 12 de febrero de 2003, con los cuales se ampararon los pagos por la suma de $1101.512, a favor del señor RAMÓN ANTONIO VALLADARES y $300.000, a favor de la señora GABRIELA E. GUEHENNEC P., por concepto de sendos compromisos adquiridos al parecer irregularmente por la Universidad Tecnológica del Chocó “DIEGO LUIS CÓRDOBA”, durante la vigencia fiscal de 2002. Los compromisos, de una parte, se habrían adquirido sin el lleno de los requisitos legales y su pago, conllevó el trámite de obligaciones que afectaron irregularmente el presupuesto de gastos de la Universidad Tecnológica del Chocó “DIEGO LUIS CÓRDOBA”, de la vigencia fiscal de 2003, constituyéndose, además, en el trámite de hechos cumplidos. 4.5 A la señora ANA ELEANA CÓDOBA CÓRDOBA, identificada con cédula de ciudadanía 26271.998, en su condición de PAGADORA, de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”, cargo que declaró haber desempeñado (folio 206), entre el 15 de enero de 1999 al 2 de marzo de 2004: Suscribió el comprobante de egreso 0666 del 1º de marzo de 2002, con el cual se soportó el pagó de la suma de $23623.993, a favor del señor FELIZ ROMAÑA

ROMAÑA, por concepto de un compromiso adquirido al parecer irregularmente por la Universidad Tecnológica del Chocó “DIEGO LUIS CÓRDOBA”, durante la vigencia fiscal de 1999. El compromiso, de una parte, se habría adquirido sin el lleno de los requisitos legales y su pago, conllevó el trámite de una obligación que afectó irregularmente el presupuesto de gastos de la Universidad Tecnológica del Chocó “DIEGO LUIS CÓRDOBA”, de la vigencia fiscal de 2002, constituyéndose, además, en el trámite de un hecho cumplido. Suscribió los comprobantes de egreso 02550 del 18 de febrero de 2003, y 02607 del 24 de febrero de 2003, con los cuales se soportó el pagó de la suma de $1 101.512, a favor del señor RAMÓN ANTONIO VALLADARES y $300.000, a favor de la señora GABRIELA E. GUEHENNEC P., respectivamente, por concepto de sendos compromisos adquiridos al parecer irregularmente por la Universidad Tecnológica del Chocó “DIEGO LUIS CÓRDOBA”, durante la vigencia fiscal de 2002. Los compromisos, de una parte, se habrían adquirido sin el lleno de los requisitos legales y su pago, conllevó el trámite de una obligación que afectó irregularmente el presupuesto de gastos de la Universidad Tecnológica del Chocó “DIEGO LUIS CÓRDOBA”, de la vigencia fiscal de 2003, constituyéndose, además, en el trámite de hechos cumplidos.

5. DESCARGOS 5.1 A Folios 21 a 26 del cuaderno 3, aparece los descargos del implicado

HORACIO LEDEZMA LLOREDA, estima que los trabajos realizados por el señor FELIX ROMAÑA ROMAÑA, y recibidos por personal adscrito a la oficina de Planeación de la Universidad y el señor ELKIN MOISÉS CHAVERRA DURAN, certifica la existencia de disponibilidad presupuestal para cancelar el 4 compromiso adquirido por la universidad, por tanto al expedir la Resolución No. 0340 de febrero 28 de 2002, ordenando el pago de los trabajos ejecutados, se dio cumplimiento a los principios de celeridad y economía consagrados en el artículo 209 de la C.P. y de buena fe, pues no era justo ni ético que la Universidad se enriqueciera con el patrimonio del señor FELIX ROMAÑA ROMAÑA, quien realmente ejecutó los trabajos sin recibir el pago correspondiente, de lo contrario, la Universidad se estaría enriqueciendo con el trabajo de un Tercero. Aduce que los cargos que se le endilgan, están soportados en el artículo 7º del Acuerdo 0036 del 12 de diciembre de 2001, el cual prohibía tramitar actos administrativos u obligaciones QUE AFECTEN EL PRESUPUESTO DE GASTOS CUANDO NO SE REUNAN LOS REQUISITOS LEGALES O SE CONFIGUREN COMO HECHOS CUMPLIDOS, pero en este caso, la disponibilidad presupuestal fue certificada por el doctor ELKIN CHAVERRA DURAN, Jefe Financiero de la institución, luego es equivocado afirmar que al ordenar dicho pago afectaba el presupuesto de la Universidad. Sostiene que de estar vigente la norma que soporta el cargo de la ley 200 de

1995, sería inconstitucional, toda vez que del artículo 124 y 150 numeral 23 de la Constitución, se desprende la existencia de una reserva de ley en materia disciplinaria, frente a la cual no es posible argumentar que al amparo de la autonomía universitaria puede el Consejo Superior de la Universidad del Chocó establecer disposiciones de carácter disciplinario. De otra parte, considera que por sentencia C220 del 97,la Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada del artículo 4º del Decreto 111 de 1996, en el entendido que las disposiciones del estatuto orgánico de presupuesto no le son aplicables a los entes universitarios autónomos, pues se les aplica lo señalado en la Ley 30 de 1992. 5.2 ELKIN MOISES CHAVERRA DURAN, presenta sus descargos a folios 27 a 31 c.1 y 40 a 44 c.1, argumentando que los certificados de disponibilidad presupuestal, son solicitados en forma escrita por algunas dependencias como la Oficina Jurídica, Personal y Servicios Administrativos y por la Vicerectoría Administrativa y Financiera, solicitudes que se dirigen indistintamente al responsable del manejo del presupuesto, indicando el rubro al cual se va a imputar y el valor. Con dicha información el Responsable del Manejo del Presupuesto lo elabora, lo firma y lo remite al Jefe de la Oficina Financiera para la correspondiente firma, este lo devuelve al funcionario anterior, quien una vez realizados sus asientos lo remite al solicitante. Quien expide el certificado de disponibilidad no cuenta con información adicional que permita conocer la transacción que se va a realizar con el

certificado solicitado, pues el CDP se expide previo a un compromiso, documento que se expide en razón de las funciones y de que en el momento de su elaboración existen recursos. En la actuación de la Universidad Pública se debe mediar con la Ley 30 de 1992 y no con las normas generales que se aplican para los establecimientos públicos, pues el artículo 7º, hace referencia al trámite de actos administrativos u obligaciones y dentro de la óptica de la ley 30, un Procuraduría Delegada para la Economía y Hacienda Pública - extensiones 11224 – 1121411215 - 11217 5 Carrera 5 No. 15-80 piso 12 Pbx: 3360011 – 3520066 www.procuraduria.gov.co 6 compromiso no necesariamente debe tener un contrato u orden por escrito, la contratación de la universidad se rige por el derecho privado, también se consagra la autonomía presupuestal. De otra parte, estima que se debe analizar la utilidad y conveniencia de los compromisos adquiridos en el año 2002 y pagados en el año 2003 a través de las resoluciones 0185 y 0258, de conformidad con el régimen de contratación y determinar si el actuar de los servidores se realizó con dolo, es decir con el ánimo de causar detrimento patrimonial a la Universidad Tecnológica del Choco, o si por el contrario se justificaba adquirir esos compromisos y desde luego cancelarlos. 5.3 JUAN TULIO CORDOBA LEMUS, presenta sus descargos a folios 45 a 75 c.1, arguyendo que si bien por resoluciones 185 y 258 fueron suscritas por el

rector, no es cierto que los compromisos satisfechos por dichos actos, hayan sido irregulares “sin el lleno de los requisitos legales” y mucho menos que el pago haya afectado “irregularmente” el presupuesto de la Universidad en la vigencia 2003, ya que los compromisos fueron asumidos de conformidad con la autonomía universitaria establecida en el artículo 69 de la Ley 30 de 1992, es decir la “autonomía universitaria”, pues las universidades pueden darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos de acuerdo con la ley. Sostiene que la solemnidad de los contratos estatales, no se puede predicar de todos los contratos que celebra la universidad, máxime en las cuantías de los contratos de marras, que en su sentir se rigen por el derecho privado en donde prima la regla general de consensualidad y la Procuraduría no puede exigir las formalidades de los contratos estatales en el caso de las universidades y mucho menos calificar la conducta como posible falta disciplinaria, toda vez que el actuar estuvo respaldado por la norma, ya que considera que, ni para contraer la obligación ni para pagarla, se requerían los documentos a que alude el pliego de cargos, pues solo bastaba demostrar que se adquirieron los compromisos por parte de la Universidad, no necesariamente a través de contrato (factura y certificación de la prestación de los servicios), documentos que considera válidos para el reconocimiento y pago de la obligación. En segundo lugar sostiene que el haber ordenado pagar una obligación que afectó “irregularmente” el presupuesto de gastos de la universidad en la

vigencia 2003, acuerdo 30 del 13 de diciembre de 2002, acto administrativo que goza de presunción de legalidad, y por tanto, el rector en su calidad de tal, debía ejecutar el presupuesto, pues el mismo no había sido anulado, ni suspendido por autoridad competente, en consecuencia debía cumplir lo establecido en el presupuesto, ya que si la Contraloría o la Procuraduría, estimaban que el mismo, tenía partidas ilegales, debieron demandarlo ante las autoridades competentes, pues desde su punto de vista (sociólogo) el acuerdo es legal. No se puede desconocer que en el presupuesto de 2003, existe una partida “PAGO DE PASIVOS EXIGIBLES DE VIGENCIAS ANTERIORES”, el pago fue autorizado por el rector y el origen del recurso, corresponde a recursos propios de la Universidad, además que la entidad recibió los bienes y servicios a satisfacción antes del 31 de diciembre de 2002 y que por la proximidad de la 6 ejecución de los contratos con la finalización del año fiscal, no se pudo pagar las obligaciones en el año 2002, por lo que al final de la gestión del citado años quedaron en cuentas por pagar, pues las cuentas por pagar producto de obligaciones que a 31 de diciembre de la vigencia fiscal se hayan formalizado y solo falte el pago, son los que de acuerdo con el presupuesto aprobado por la universidad se pagaban con cargo al rubro PAGO DE PASIVOS EXIGIBLES DE VIGENCIAS ANTERIORES, por lo anterior, no se puede afirmar que el presupuesto de 2003 se haya afectado irregularmente con el pago de “hechos cumplidos”, pues la afectación estaba permitida por el

Acuerdo citado. Igualmente, sostiene que no se le puede investigar cuando los responsables de la parte técnica del presupuesto son los señores SUSANA JULIA SANTOS CORDOBA Y ELKIN MOISES CHAVERRA DURAN y dado que en la función pública no puede haber duplicidad de funciones, mal podría sancionarse a todos por lo que es competencia solo de unos, además que en el caso de autos no hubo detrimento patrimonial, pues se trato de la prestación de un servicio y la cancelación del mismo. 5.4 SUSANA JULIOA SANTOS CORDOBA, manifiesta que fue contratada desde 1999 como supernumeraria y verbalmente le asignaron la función de digitalización del presupuesto y no tenía autonomía en la toma de decisiones, pues el presupuesto era elaborado por un funcionario de la oficina de planeación, manejado por la Vicerectoría administrativa y la oficina financiera; la orden de elaboración de certificados de disponibilidad presupuestal, era emitida por la Vicerectoría administrativa. Fue desvinculada el 31 de marzo de 2003 (fl. 76 y 77). 5.5ANA ELEANA CORDOBA CORDOBA, folios 78 a 89, a través de apoderado aduce que su actuación estuvo reglada en atención al Manual de Procedimientos de la universidad Tecnológica del Chocó, que le establece que una vez recibida las resoluciones con todos sus soportes, las revisa y elabora el cheque y lo entrega al beneficiario, archiva la copia de la resolución con sus soportes y envía copia de la resolución de pago a contabilidad y entrega copia de la misma al beneficiario. En cumplimiento de lo anterior, la señora Ana Elena Córdoba Córdoba era el

último eslabón en el procedimiento, pues le correspondía realizar los pagos debidamente autorizados previamente revisados y auditados por otras instancias, para lo cual reviso los documentos recibidos, elaboro la cuenta, verificó la disponibilidad de efectivo, expidió el cheque e hizo entrega del mismo. Al tener en cuenta la época de los hechos, la conducta para la señora Córdoba estaría prescrita

6. ALEGATOS DE CONCLUSION Mediante auto del 19 de octubre de 2006, se dio traslado para alegar de conclusión (fl. 177).

Procuraduría Delegada para la Economía y Hacienda Pública - extensiones 11224 – 1121411215 - 11217 7 Carrera 5 No. 15-80 piso 12 Pbx: 3360011 – 3520066 www.procuraduria.gov.co 8 El doctor RAYMUNDO MORENO LEON, presentó en oportunidad alegatos de conclusión a favor de su representado JUAN TULIO CORDOBA LEMUS (fls. 185 a 189 c.3), argumentando que para la época de los hechos, el doctor JUAN TULIO CORDOBA no se desempeñaba como Rector de la Universidad, en consecuencia no tenía facultad para ordenar gasto alguno y solamente en su condición de Rector se limitó a ordenar pagar unos hechos cumplidos. Este hecho fue corroborado por Susana Julia Santos Córdoba, responsable del Presupuesto de la Universidad y Elkin Moisés Chaverra Duran, docente ocasional de tiempo completo (versión folios 50 al 62 c.3), por lo que solicita se

analice la prueba conjuntamente, bajo las reglas de la sana crítica. A pesar de haberse enviado comunicación a los implicados: SUSANA JULIA SANTOS CORDOBA (fls. 191 y 192 c.3); ELKIN CHAVERRA DURAN (fls. 194 y 199 c.3); HORACIO LEDESMA LLOREDA (fls. 201 a 2004) y JHONNY DEMARCHY SANCHEZ, apoderado de la señora ANA ELEANA CORDOBA CORDOBA (fls. 206 a 211), no presentaron alegatos de conclusión.

7. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO Los documentos en que se apoya la decisión, son los siguientes: Compromiso adquirido con Ramón Antonio Valladares. folios 16-20, Certificado de Disponibilidad Presupuestal del 10 de feb/03, suscrito por SUSANA JULIA SANTOS CÓRDOBA, Responsable de Presupuesto y ELKIN MOISÉS CHAVERRA DURÁN, Jefe de la Oficina Financiera. El CDP dice, al parecer erróneamente, que son recursos del presupuesto de 2002. El Jefe de la oficina Financiera, certificó que se canceló con cargo al presupuesto de 2003. Folios 20 y 99.

Factura de venta sin número del 14 de diciembre de 2002. Folio 19. Comprobante de Ingreso al Almacén del 31 de diciembre/02. Folio 18. Resolución 0185 del 12 de febrero de 2003 mediante la cual se efectúa el reconocimiento y se ordena el pago del compromiso anterior. Aparece suscrita por el Rector, señor JUAN TULIO CÓRDOBA LEMUS. Folio 17.

Comprobante de egreso 02550 del 18 de febrero de 2003 mediante el cual se cancela un compromiso a favor del señor RAMÓN ANTONIO VALLADARES por la suma de $1101.512,00. Aparece suscrito por la Pagadora, que al parecer se trata

de ELEANA CÓRDOBA.

El pago tiene como Imputación presupuestal: Cuenta 2,subcuenta 0, objeto del gasto 2, ordinal 11, subordinal 2, recurso 90. Fls 16, 17, 20. - Compromiso adquirido con Félix Romaña Romaña. fls 21 al 28, Oficio suscrito el 18 de enero/02 por FELIX ROMAÑA ROMAÑA solicitando reconocimiento y pago de un trabajo realizado en diciembre/99. Anexa igualmente cuenta de cobro por la suma de $23623.992,99. Fl 22 y 23. Acta de peritazgo del 18 de febrero de 2002, suscrita por el Interventor, Contratista y Jefe de Planeación. Folios 24 al 26. 8 Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido el 27 de febrero de 2002, para imputar el compromiso anterior al rubro: Cuenta 2, Subcuenta 0, Objeto el Gasto 1, Ordinal 5, Recurso 90. Folio 27. Resolución 0340 del 28 de febrero de 2002, suscrita por el señor HORACIO LEDESMA LLOREDA, Rector (E), a través de la cual se autoriza el pago anterior. El gasto según el artículo primero de la Resolución, fue imputado al rubro: de

otros pasivos de vigencia anterior, Cuenta 2, Subcuenta 0, Objeto el Gasto 1, Ordinal 5, Recurso 90. Folio 28. Comprobante de egreso 0666 del 1° de marzo de 2002, por la suma de $23 623.993,00 suscrito al parecer por ELIANA CÓRDOBA, Pagadora. Fl 21 - Compromiso adquirido con Gabriela F. Guehennec P. Folios 29 al 34, Oficio de la señora SOL ESNEDA GAMBOA H., del 5 de diciembre/02, encargada de seleccionar el personal que asistió al taller sobre “ESTRÉS Y DESARROLLO HUMANO”. Folio 33. Constancia de servicios prestados el día 23 de noviembre/02, expedida el 4 de febrero de 2003, suscrita por SOL ESNEDA GAMBOA CHAVERRA, Jefe de la Oficina Psicoorientación y Consejería de la Universidad Tecnológica del Chocó. Folio 31. Cuenta de cobro, suscrita por la beneficiaria. Folio 32. Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido el 12 de febrero/03 por SUSANA JULIA SANTOS CÓRDOBA y ELKIN MOISÉS CHAVERRA DURÁN, Responsable de Presupuesto y Jefe de la Oficina Financiera, respectivamente. Afecta el presupuesto de la vigencia de 2003, Fl 34.

Imputación presupuestal: Cuenta 2, subcuenta 0, objeto del gasto 2, ordinal 11, subordinal 2, recurso 90.

Resolución 0258 del 13 de febrero/03, suscrita por JUAN TULIO CÓRDOBA LEMUS,

Rector, a través de la cual se hace el reconocimiento y se autoriza el pago en cuestión, Folio 30. Comprobante de egreso 02607 del 24 de febrero/03, suscrito al parecer por ELEANA CÓRDOBA, Pagadora, por la suma de $300.000,00, a favor de la señora

GABRIELA F. GUEHENNEC P. Folio 29.

Escrito del Rector de la Universidad Tecnológica del Chocó, Fls. 37 al 39, relacionados con los pasivos exigibles de vigencias anteriores, el Rector se refiere al concepto 7199 del 24 de febrero/97 de la Oficina Jurídica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del cual anexa copia, que entre otros aspectos dice: “Sólo sería posible cancelar aquéllos compromisos originados en vigencias fiscales anteriores con cargo al presupuesto vigente, que en su oportunidad se adquirieron con las formalidades legales y contaron con apropiación presupuestal disponible y sin comprometer, que las amparaba.” Fl 38 y 42. A folios 40 al 43, obra copia del concepto N° 7199/97, sosteniendo que por tratarse de un ente autónomo, y no de un establecimiento público, de conformidad Procuraduría Delegada para la Economía y Hacienda Pública - extensiones 11224 – 1121411215 - 11217 9 Carrera 5 No. 15-80 piso 12 Pbx: 3360011 – 3520066 www.procuraduria.gov.co 10 con lo dispuesto en los artículos 28 y 29 de la Ley 30 de 1992, a la Universidad le

es permitido arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional, razón por la cual no está obligada a emitir la resolución sobre constitución de cuentas por pagar y las reservas presupuestales a la Dirección General del Presupuesto Nacional, por lo tanto no aplica para el caso de las universidades, lo estipulado en el artículo 24 de la Ley 714 de 2001. Folio 38. “ARTÍCULO 24. Los órganos de que trata el artículo 4º de la presente ley deberán remitir al Departamento Nacional de Planeación, antes del 30 de marzo de 2002, el presupuesto de inversión debidamente regionalizado. Cuando se realicen modificaciones al Presupuesto que afecten la regionalización, los diferentes órganos deberán remitir esta información al Departamento Nacional de Planeación, dentro del mes siguiente al perfeccionamiento de dicha operación.” Esta disposición, advierte este Despacho, no encaja con los hechos presuntamente irregulares. Advierte el Rector que, “…es muy cierto que mediante Acuerdo N° 0036 del 12 de diciembre de 2001, los artículos 15, 16 y 17 tratan todo lo relacionado sobre la constitución de las reservas presupuestales y cuentas por pagar, más sin embargo, la Universidad dio aplicabilidad a la norma superior, es decir, la Ley 30 de 1992.” Folio 38. Desde la indagación preliminar y de investigación disciplinaria, se sintetizaron los hechos en los siguientes términos: Los compromisos relacionados con RAMÓN ANTONIO VALLADARES y GABRIELA GUEHENNEC P., habrían sido adquiridos durante la vigencia fiscal de 2002. Fl 99;

se pagaron con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal de 2003. Fl 99, por cuanto, presuntamente se habría omitido incluirlos en la relación de reserva presupuestal o de cuentas por pagar, según el caso, conforme lo dispuso el artículo 29 de la Ley 780 del 18 de diciembre/02 y Decreto 3200 del 27 de diciembre/02, a través de los cuales se decretó y liquidó el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2003. Fl 99. Los dos compromisos se imputaron al mismo rubro del presupuesto de la vigencia fiscal de 2003: Funcionamiento Otros pasivos (Adq. Servicios) Cuenta 2, subcta 0, objeto del gasto 2, ordinal 11, subordinal 2, recurso 90. No obstante, el certificado de disponibilidad presupuestal expedid