PGN - Documento 201607091242038

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por privación injusta de la libertad CADUCIDAD DE LA ACCIÓN-Al vencimiento del plazo de los dos años/CADUCIDAD DE LA ACCIÓN-Jurisprudencia del Consejo de Estado El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el 44 de la ley 446 de 1998, en su numeral 8, determinó el término de caducidad de la acción de reparación directa en dos años contados a partir del “día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa (…)”. Así las cosas, para el Ministerio Público es claro que la acción de reparación directa debió impetrarse a más tardar el 26 de marzo de 2000, pero la demanda fue presentada el 25 de mayo de 2000, momento para el cual se encontraba caducada la acción. NOTIFICACIÓN-La providencia que desata la consulta queda ejecutoriada desde el momento de su suscripción El actor argumenta en el recurso de apelación que la decisión que resolvió el grado de consulta no fue notificada y tampoco fue comunicada como ella misma lo dispuso. Para Ministerio Público el argumento del apelante no se encuentra llamado a prosperar, pues es claro que por mandato legal la providencia que desata la consulta queda ejecutoriada desde el momento de su suscripción, sin que para ello se requiera de su previa notificación.

PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Ext:12056

Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094

Expediente No. 28.108 (500012331000200001167 01)

PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No. 334 / 2012

Bogotá, D.C., 21 de Noviembre de 2012.

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente Doctor JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA,

E. S. D.

EXPEDIENTE: 28.108 (500012331000200001167 01)

Acción de Reparación Directa ACTOR: Jorge Arturo Céspedes Rojas y Otros DEMANDADO: Ministerio de Justicia y otros El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES 1.1. Demanda.- El 25 de mayo de 2000 (fls. 3 al 11 c. ppal) Jorge Arturo Céspedes Rojas (víctima), María Nubia Mora Arango (compañera permanente) y Miller Arturo Céspedes Rojas (hijo), obrando en nombre propio y en representación de sus menores hijos Julián Andrés, Oscar Hernán, Jorge Armando y Yesid Camilo Céspedes Mora demandaron a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, Ministerio de Justicia – Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se les declare administrativamente responsables y se les condene a pagar perjuicios materiales y morales como consecuencia de los de la detención injusta del señor JORGE ARTURO

CÉSPEDES ROJAS y la inmovilización del camión de placa WNJ-387 por el supuesto punible de transporte de sustancias prohibidas (Ley 30/86). Indicaron que el 9 de mayo de 1997 Jorge Arturo Céspedes Rojas fue privado de la libertad por miembros de la Policía Nacional de carreteras al considerar que los elementos que transportaba (gasolina corriente, queroceno y cemento gris) tenía restricciones y no eran suficientes los documentos que se le extendieron para probar que estaban habilitados por autoridad competente

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 PACG Expediente No. 28.108 (500012331000200001167 01) para su transporte. Que al señor Céspedes Rojas se le resolvió situación jurídica el 16 de mayo de 1997 absteniéndose de imponer medida de aseguramiento, precluyéndosele la investigación el 4 de agosto de 1997, decisión que fue confirmada en grado de consulta por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional, providencia que el demandante conoció el 10 de junio de 1999. 1.2. Contestación de la demanda. - Consejo Superior de la Judicatura: (fls. 76 al 86 del c.ppal) indicó que la Fiscalía Regional de Oriente no es responsable, pues sus actuaciones se enmarcaron en la Constitución y en la ley.

Propuso como excepciones: Falta de Causa para demandar y la Innominada o genérica. - Policía Nacional: (fls. 122 al 124 del c. ppal) se opuso a la demanda

indicando que la orden de retención fue legítima y que se limitó a cumplir con la inmovilización del vehículo poniéndolos inmediatamente a ordenes de la autoridad judicial competente, obrando con plena aplicación de las normas jurídicas. - La Fiscalía General de la Nación: (fls. 147 al 156 del c.1) indicó que se abstuvo de decretar medida de aseguramiento a favor de Jorge Arturo Céspedes Rojas cuando encontró que no existía prueba mínima que condujera a la producción de una detención preventiva. Que dada la captura que produjo la Policía, la Fiscalía estaba en la obligación de investigar tanto lo favorable como lo desfavorable al sindicado, por lo que el señor Céspedes Rojas debía esperar los resultados de la etapa de instrucción. 1.3. Fallo de primera instancia: (fls. 119 al 123 c. del C.E) El Tribunal Contencioso Administrativo del Meta1 indicó que en el caso operó el fenómeno de caducidad, teniendo en cuenta que el 4 de agosto de 1997 la Dirección Seccional de Fiscalías de Oriente – Unidad Especializada – Ley 30 de 1986 declaró la extinción de la acción penal por preclusión de la investigación y el 25 de marzo de 1998 la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional desató el 1 Sentencia del 20 de abril de 2004 (fls. 321 al 335 c. C.E).

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grado jurisdiccional de consulta, confirmando la resolución del 4 de agosto de

1997. A partir del día siguiente de la fecha en que se desató la consulta comenzó a correr el término de dos años para instaurar válidamente la acción de reparación directa, lapso que precluía el 26 de marzo de 2000, fecha anterior a la presentación de la demanda (25 de mayo de 2000). 1.4. Apelación. – La parte actora presentó recurso de apelación (fls. 337 al 339 del c.ppal). indicando que la decisión que resolvió el grado de consulta no fue notificada y tampoco fue comunicada como ella misma lo dispuso.

Que el hecho verificable es que el señor Céspedes Rojas se vino a enterar de la existencia y contenido del fallo del 25 de marzo de 1998 solo hasta el 10 de junio de 1999 y en esa misma fecha solicitó copias (documento adjunto a la demanda). Por lo tanto, el término de dos años empezaba a transcurrir a partir del 11 de junio de 1999 hasta el 11 de junio de 2001, razón por la cual la demanda fue presentada en término. 1.5. CONCILIACION.- Por auto del 26 de marzo de 2012 el Consejero ponente dispuso citar a las partes para el 22 de Noviembre de 2012 a las 3:30 PM, a fin de llevar a cabo audiencia de conciliación. Lo anterior de conformidad con la facultad oficiosa que otorga el artículo 43 de la Ley 640 de 20012

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problema Jurídico. El problema jurídico consiste en determinar si en el

caso que nos ocupa operó la caducidad de la acción de reparación directa. 2.2 Precedente. Las acciones que proceden ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa deben ejercerse dentro del término legal establecido, pues de no hacerlo dentro de ese plazo las partes pierden la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Así lo explica la jurisprudencia del Consejo de Estado3 2 Folio 373 C. C.E. 3 Sentencia de 5 de diciembre de 2006, expediente 13750.

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 PACG Expediente No. 28.108 (500012331000200001167 01) “para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador colombiano instituyó la figura de la caducidad, en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico, esquema que ha utilizado dentro del régimen del derecho público particularmente para las acciones que se tramitan ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa (artículo 136 del C.C.A.). Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro de este plazo fijado por la ley, y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. El fenómeno de la caducidad busca atacar la acción por haber sido impetrada tardíamente, impidiendo el surgimiento del proceso. Por esta razón, la efectividad del derecho que se persigue con su ejercicio puede verse afectada. La caducidad es

una figura procesal que extingue la acción por el no ejercicio de la misma en el término perentorio establecido por el legislador, y está consagrada por la necesidad que tiene el Estado de estabilizar las situaciones jurídicas.4 En el contencioso administrativo, el señalamiento de un plazo de carácter preclusivo, evita la incertidumbre que representa para la administración la revocación o anulación de sus actos, y se encuentra establecido en interés general de la colectividad que debe prevalecer sobre el individual de la persona afectada”.5 (Resalto y Subrayo). El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el 44 de la ley 446 de 1998, en su numeral 8, determinó el término de caducidad de la acción de reparación directa en dos años contados a partir del “día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa (…)”. En cuanto al término de caducidad de la acción de reparación directa con fundamento en falla de la administración de justicia ha indicado el Consejo de Estado lo siguiente:6 “Dicha acción cuando se fundamente en la privación de la libertad o en el error judicial puede promoverse sólo dentro del término de dos (2) años (salvo que se haya acudido previamente a la conciliación prejudicial que resultó frustrada) contados a partir del acaecimiento del hecho que causó o que evidenció el daño, es decir a partir de la eficacia de la providencia judicial que determinó la inexistencia del fundamento jurídico que justificaba la detención preventiva o la decisión judicial, pues sólo a partir de este

momento se hace antijurídica la situación del privado de la libertad o se concreta la ocurrencia del error judicial. (Subrayado fuera del texto) Para la Sala no hay lugar a plantear ningún cuestionamiento en relación con el momento a partir del cual se debe empezar a contar el término de caducidad de la acción de reparación directa, cuando lo que se persigue es la reparación del perjuicio causado con la privación injusta de la libertad. En este evento, tal como lo señala el apelante, el conteo de ese término sólo puede empezar cuando 4 (pie de pagina de la cita) BETANCUR JARAMILLO, Carlos, Derecho Procesal Administrativo, 4 edición, Señal Editora, 1996, pág.134. 5 (pie de pagina de la cita) BETANCUR JARAMILLO, Carlos, Ob cit. pág.134. 6 Consejo de Estado, Sala de lo contencioso Administrativo, Sentencia del 19 de julio de 2010 exp. 37.410

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 PACG Expediente No. 28.108 (500012331000200001167 01) está en firme la providencia de la justicia penal…”7 Con fundamento en lo anterior es dable concluir que la caducidad de la acción de reparación directa en los casos en los cuales se invoca la privación injusta de la libertad, se cuenta a partir de la ejecutoria de la providencia en la cual se determina que no existieron fundamentos jurídicos para ordenar la detención. Respecto de la ejecutoria de las providencias, el Código de Procedimiento Civil dispone:

“ARTÍCULO 331. Las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos. No obstante en caso de que se pida aclaración o complementación de una providencia, su firmeza sólo se producirá una vez ejecutoriada la que la resuelva. Las sentencias sujetas a consulta no quedarán firmes sino luego de surtida ésta.” (Resaltado por fuera del texto original). El Código de Procedimiento Penal aplicable al caso, también contiene una disposición a través de la cual se regula la ejecutoria de las providencias: “ARTÍCULO 187. EJECUTORIA DE LAS PROVIDENCIAS. Las providencias quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas si no se han interpuesto los recursos legalmente procedentes. La que decide los recursos de apelación o de queja contra las providencias interlocutorias8, la consulta, la casación, salvo cuando se sustituya la sentencia materia de la misma y la acción de revisión quedan ejecutoriadas el día en que sean suscritas por el funcionario correspondiente. Las providencias interlocutorias proferidas en audiencia o diligencia quedan ejecutoriadas al finalizar ésta, salvo que se hayan interpuesto recursos. Si la audiencia o diligencia se realizare en varias sesiones, la ejecutoria se producirá al término de la última sesión”. Con fundamento en las anteriores disposiciones legales es dable concluir que un proceso sólo termina cuando queda ejecutoriada la sentencia, esto es, cuando queda en firme,

bien porque no se hubieren interpuesto recursos contra ella o se hubieren decidido aquellos que hubieren sido interpuestos”. (Subrayo y resalto) Por su parte el artículo 197 del Decreto Ley 2700 de 1991 Código de Procedimiento Penal vigente para la época de los hechos en el presente caso indica lo siguiente: Art. 197.- Ejecutoria de las providencias. Las providencias quedan ejecutoriadas tres días después de notificadas si no se han interpuesto los recursos y no deban ser consultadas. La que decide el recurso de casación, salvo cuando se sustituya la sentencia materia del mismo, la que lo declara desierto, y las que deciden la acción de revisión, los recursos de 7 (pie de pagina de la cita) Sentencia del 14 de febrero de 2002. Exp: 13.622. Consejera Ponente: Dra. María Elena Giraldo Gómez. 8 (pie de pagina de la cita) El artículo 169 del C. de P. Penal diferencia las diferentes clases de providencias que se profieren en el proceso penal: Sentencias, autos interlocutorios, autos de sustanciación y resoluciones, las cuales pueden ser interlocutorias o de sustanciación.

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 PACG Expediente No. 28.108 (500012331000200001167 01) hecho, o de apelación contra las providencias interlocutorias, quedan ejecutoriadas el día en que sean suscritas por el funcionario correspondiente. Cuando se decrete en segunda instancia la prescripción de la acción o de la pena, o se

dicte o sustituya una medida de aseguramiento, se notificará la providencia respectiva. Con excepción de la sentencia de segunda instancia, las providencias proferidas en audiencia o diligencia quedan ejecutoriadas al finalizar ésta, salvo que admitan recursos. Si la audiencia o diligencia se realizare en varias sesiones, la ejecutoria se producirá al término de la última sesión 2.3. CASO CONCRETO Se aportaron al expediente copia de las siguientes providencias: - Providencia del 16 de mayo de 1997 mediante la cual la Fiscalía General de la Nación Fiscalía Tercera de Oriente Delegada ante los Jueces Regionales de Villavicencio – Meta resuelve abstenerse de imponer medida de aseguramiento al señor Jorge Arturo Céspedes entre otros. (fls. 13 al 21 y 254 al 263 del c.ppal). - Providencia del 4 de agosto de 1997 mediante la cual la Dirección Regional de Fiscalías de Oriente – Unidad Especializada Ley 30 de 1986 declara la extinción de la acción penal por preclusión de la instrucción a favor de Jorge Arturo Céspedes Rojas entre otros.(fls. 29 al 42 y 275 al 288 del c. ppal). - Providencia del 25 de marzo de 1998 mediante la cual la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional, confirma la resolución del 4 de agosto de 1997 mediante la cual se precluyó la investigación por presunta infracción la ley 30 de 1986 adelantada en contra de JORGE ARTURO CÉSPEDES ROJAS entre otros. (fls. 43 al 47 y 285 al 299 del c.ppal). La providencia que puso fin a la investigación penal fue la proferida por la

Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional en grado de consulta de fecha 25 de marzo de 1998, mediante la cual confirmo la decisión interlocutoria que declaró la extinción de la acción penal por preclusión de la instrucción a favor de Jorge Arturo Céspedes Rojas. Esta providencia quedó ejecutoriada en la misma fecha en que fue suscrita de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 del decreto ley 2700 de 1991 vigente para la época de los hechos. Por

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 PACG Expediente No. 28.108 (500012331000200001167 01) consiguiente es desde el día siguiente de la ejecutoria de dicha providencia, esto es desde el 26 de marzo de 1998, que debe iniciarse el conteo del término de caducidad de la acción. Así las cosas, para el Ministerio Público es claro que la acción de reparación directa debió impetrarse a más tardar el 26 de marzo de 2000, pero la demanda fue presentada el 25 de mayo de 2000 (fls. 3 al 11 del c.ppal), momento para el cual se encontraba caducada la acción. El actor argumenta en el recurso de apelación que la decisión que resolvió el grado de consulta no fue notificada y tampoco fue comunicada como ella misma lo dispuso. Para Ministerio Público el argumento del apelante no se encuentra llamado a prosperar, pues es claro que por mandato legal la providencia que desata la consulta queda ejecutoriada desde el momento de su suscripción, sin que para

ello se requiera de su previa notificación.

III. CONCLUSION Consecuente con lo anterior, el Ministerio Público estima que no es viable un acuerdo conciliatorio en el que se reconozca indemnización a favor de los demandantes.

Del Honorable Consejo de Estado, respetuosamente,

FRANCISCO MANUEL SALAZAR GÓMEZ

Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado.

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