PGN - Documento 201607091242044

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por privación injusta de la libertad COPIAS SIMPLES-Tienen valor probatorio sino son objetadas por la contraparte/COPIAS SIMPLES-Jurisprudencia del Consejo de Estado Previo a cualquier consideración, esta Agencia del Ministerio Público se permite precisar su criterio respecto al valor probatorio de las copias simples, pues si venía aplicando con rigor la previsión contenida en el artículo 254 del C.P.C. sobre la autenticidad de las copias. Algunos soportes documentales fueron aportados en copia simple por la parte actora, los cuales serán estimados como prueba, pues fueron allegados junto con la demanda, de los que no cuestionó la parte demandada su veracidad ni autenticad, obraron como prueba a lo largo del proceso y respecto de los cuales la Fiscalía General de la Nación los tomó como referente para justificar la medida de aseguramiento y la acusación dictada en contra del actor. CAPTURA-Debe existir previa orden escrita de autoridad competente De conformidad con las normas antes trascritas; sólo pueden ser legítimamente detenidas o privadas de la libertad las personas en contra de las cuales haya previa orden escrita de autoridad competente, o sin ella en el caso de flagrancia o cuasiflagrancia de infracción penal o de policía. Lo descrito es suficiente para concluir que los detectives del DAS actuaron de manera irregular al incurrir en una detención ilegal, pues sin mediar orden de captura de autoridad competente y sin que se encontrase en estado de flagrancia procedieron a retener al sindicado, lo cual constituye una falla del servicio imputable al DAS.

TÍTULO DE IMPUTACIÓN-Falla probada/TÍTULO DE IMPUTACIÓN-Falla del servicio/TÍTULO DE IMPUTACIÓN-Jurisprudencia del Consejo de Estado Tratándose de privación de la libertad por la simple captura o retención, en concepto del Ministerio Público, el régimen de responsabilidad no es el objetivo sino el de la falla probada, por lo que el actor deberá acreditar tanto la afectación de la libertad como que no se cumplieron los requisitos y/o términos para detenerlo y/o mantenerlo privado de la libertad. Si bien la captura tuvo como fundamento el estado de flagrancia en que se encontró al sindicado, lo cierto es, que ello fue desvirtuado por los mismos agentes que en su momento lo indicaron en el informe respectivo. Así consta en la sentencia absolutoria Frente a esta interpretación se ha postulado que, con fundamento en una lectura estricta y desde la dogmática penal de la norma, las hipótesis que comprende el artículo 414 del C.P.P. de 1991 corresponden a eventos en los cuales se concluye que no se configura en el caso ni siquiera el elemento de tipicidad. En consecuencia, en los casos en los que se absuelva al procesado o se precluya la investigación a su favor porque operó una causal eximente de antijuricidad o de culpabilidad, corresponde resolver la disputa bajo el título de imputación ordinario: La falla en el servicio.

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2 Exp 28.392 (2001-03255) PERJUICIOS MORALES-Se infieren en la víctima directamente El perjuicio moral, según las reglas de la experiencia acogidas por la jurisprudencia, se presume sufrido por la víctima directa y sus parientes cercanos, presunción que no fue desvirtuada en el proceso, por tanto procede reconocer perjuicios por este concepto a favor de la victima directa, como de aquellos que acuden al proceso invocando la condición de progenitora, cónyuge, hijos y hermanos, condición que con los respectivos registros civiles de nacimiento del demandante, en el cual consta el nombre de su madre, el registro civil de matrimonio con su esposa, los registro civiles de nacimiento de sus hijos y los registros civiles de nacimiento de sus hermanos, cuya indemnización deberá ser tasada, considerando que se presenta evento perjudicial de mayor magnitud. Para la tasación de la indemnización se requiere de referentes objetivos puesto que se trata de asunto que no puede quedar sometido a una simple consideración subjetiva del juez. En el proceso obran los estudios médicos realizados por el médico psiquiatra, tanto al sindicado, a su cónyuge e hijos que permiten determinar la afectación, el sufrimiento y las consecuencias que dejó en cada uno de ellos la privación de la libertad del sindicado, razón por la cual el Ministerio Público insiste en solicitar que la indemnización debería tasarse considerando el hecho dañoso como un evento de mayor magnitud teniendo en cuenta que estuvo privado de la libertad por casi tres años. PERJUICIOS MATERIALES-Daño emergente y lucro cesante

Sobre el monto de sus ingresos la única prueba que indica una suma cierta es la declaración de renta del año inmediatamente anterior al de la afectación de la libertad, que según el precedente puede tomarse como referencia para tasar la indemnización En el caso concreto se allegó la declaración de renta del sindicado correspondiente al año gravable de 1995, esto es la del año anterior a la medida restrictiva de la libertad, en donde consta la suma de $16.995.000 por concepto de “renta liquida gravable”, la que dividida por 12 meses, arroja como resultado un monto de $1416.250. Suma ésta sobre la cual deberá tasarse la indemnización por concepto de lucro cesante de acuerdo a los lineamientos jurisprudenciales establecidos para tal efecto.

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PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No 328 de 2012

Bogotá, D.C. 20 de noviembre de 2012 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA – Subsección C Consejero Ponente Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Ref: Proceso No 28.392 (68001231500020010325501)

Acción de Reparación Directa

Actor: LUIS JESUS CARVAJAL FIGUEROA y otros

Demandado: NaciónMinisterio de Defensa Nacional – Ejército

Nacional, Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1 DEMANDA.- LUIS JESUS CARVAJAL FIGUEROA (víctima directa),

TRINIDAD FIGUEROA DE CARVAJAL (progenitora), ALBA SOCORRO

ALBARRACIN DE CARVAJAL (esposa), JUAN CARLOS, ALBA LUCIA, y

JOSE MANUEL CARVAJAL ALBARRACIN ( hijos), REINALDO, MATILDE, GRACIELA , BERTHA, RAFAEL, CECILIA, ESPERANZA y LUIS ANTONIO CARVAJAL FIGUEROA (hermanos), en ejercicio de la acción de reparación directa, instauraron demanda1 en contra de la Nación – Ministerio de Defensa 1 7 de diciembre de 2001 (fl 115 c. ppal)

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calabozos del DAS (Seccional Bucaramanga) y luego internado en la Cárcel Distrital de Bucaramanga . 1.2 CONTESTACION DE LA DEMANDA  El Ministerio de Defensa (fls 123 a 130 c. ppa) alega que no ejerció ninguna acción tendiente a dar captura al demandante, pues su actividad se limitó a prestar asistencia en seguridad a los miembros del DAS responsables de la captura, ante petición que elevaran éstos.

Propuso las excepciones de: - Ejercicio legitimo de las facultades constitucionales por parte de las autoridades que participaron en el operativo de captura, - Falta de legitimación en la causa por pasiva e, - Inexistencia del elemento antijurídico del daño ante la imposición constitucional y legal de la carga o deber de soportar.  La Fiscalía General de la Nación (fls 137 a 147, 199 a 209 c. ppal) aduce que no incurrió en falla del servicio pues se cumplieron los requisitos para imponer medida de aseguramiento y dictar resolución de acusación en contra del demandante.  Departamento Administrativo de Seguridad – DAS (fls 166 a 177 c. ppal) Advierte que su actuar estuvo conforme a derecho, pues la diligencia de allanamiento y registro de la residencia del actor fue ordenada por la

Dirección Regional de Fiscalías – Unidad Especializada de Terrorismo. Que la medida de aseguramiento y demás actuaciones resultan ajenas a la competencia del DAS.

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co 5 Exp 28.392 (2001-03255) Propuso las excepciones de: - Ausencia de requisitos para reclamar responsabilidad del DAS, - Falta de legitimación por pasiva, y - Ausencia de imputabilidad del DAS, por no tener funciones jurisdiccionales.  La Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (fls 182 a 190 c. ppal), alega que no procede responsabilidad alguna contra la Rama Judicial, pues todas las actuaciones fueron tramitadas y soportadas conforme a la ley y los actos jurisdiccionales fueron normales y legales, lo cual impide predicar que hubo un daño antijurídico. 1.3. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA.- El Tribunal Administrativo de Santander2, negó las pretensiones de la demanda. Para el a-quo, surge imposible otorgar valor probatorio a los documentos aportados al proceso, en tanto obran en copia simple, situación que impide estudiar la existencia de la falla del servicio por privación injusta de la libertad. Que si bien se allegó en copia autentica la copia del informe de captura rendido por los detectives del Das ante la Fiscalía Delegada y el CTI de Bucaramanga y el formato de derechos del capturado, lo cierto es que de su contenido no es posible establecer la existencia de la falla del servicio alegada por los actores. 1.4. APELACION.- La apoderada de la parte demandante (fls 394 a 357 c. 17) solicitó la revocatoria del fallo y adjuntó fotocopias auténticas de la causa que se

adelantó contra el señor Luis Jesús Figueroa y otros. Que correspondía al a-quo ejercer el respectivo control de legalidad no recibiendo las fotocopias informales y ordenar su corrección para que fueran allegas en copia autentica.

Solicita: - Que se decrete y ordene de oficio tener como pruebas las fotocopias autenticas de la causa No 199-0022 - Que se decrete y ordene de oficio recepcionar la ratificación de todos y cada uno de los testimonios vertidos ante las Notarias Públicas y, - Que se decrete y ordene nombrar peritos para que rindan experticio sobre el monto de las indemnizaciones. 2 En sentencia de 15 de abril de 2004 (fls 351 a 392 c. 17)

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CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

Previo a cualquier consideración, esta Agencia del Ministerio Público se permite precisar su criterio respecto al valor probatorio de las copias simples, pues si venía aplicando con rigor la previsión contenida en el artículo 254 del C.P.C. sobre la autenticidad de las copias, lo cierto es que considerando la evolución de la jurisprudencia a la luz de principios constitucionales, ha modificado su tesis para considerar viable que las copias sean valoradas, acogiendo reciente posición jurisprudencial del Consejo de Estado4: “2.1. La entidad demandada allegó en copia simple varios de los documentos que integraron el expediente administrativo de protección a favor del menor Sebastián Rojo Jiménez, medios de convicción que serán valorados en esta instancia por las siguientes razones: i) porque son documentos cuyos originales se encuentran en poder del ICBF – concretamente en sus archivos–, ii) fueron aportados por el propio instituto, razón adicional para reconocerles valor probatorio, y iii) en los términos de esta Subsección, es procedente apreciar las copias simples siempre y cuando hayan obrado a lo largo del plenario, conforme al principio constitucional de buena fe, puesto que han estado sometidas al principio de contradicción, por las partes. Sobre el particular, en reciente providencia se discurrió así: “Lo primero que advierte la Sala es que el proceso penal fue aportado en copia simple por la parte actora desde la presentación de la demanda, circunstancia que, prima facie, haría invalorable los medios de convicción que allí reposan. No obstante, de conformidad con los lineamientos jurisprudenciales recientes, se reconocerá valor probatorio a la prueba documental que si bien se encuentra en

fotocopia, ha obrado en el proceso desde el mismo instante de presentación del libelo demandatorio y que, por consiguiente, ha surtido el principio de contradicción. 3 Folio 483 c. 17 4SECCIÓN TERCERA. SUBSECCIÓN C. 9 de mayo de 2011. Radicación número: 05001-23-31-000-200101546-02(36912)

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“Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor probatorio a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas. “El anterior paradigma fue recogido de manera reciente en el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –que entra a regir el 2 de julio de 2012– en el artículo 215 determina que se presumirá, salvo prueba en contrario, que las copias tienen el mismo valor del original cuando no hayan sido tachadas de falsas; entonces, si bien la mencionada disposición no se aplica al caso concreto, lo cierto es que con la anterior o la nueva regulación, no es posible que el juez desconozca el principio de buena fe y la regla de lealtad que se desprende del mismo, máxime si, se insiste, las partes no han cuestionado la veracidad y autenticidad de los documentos que fueron allegados al proceso.”5 “ (resalto y subrayo) Algunos soportes documentales fueron aportados en copia simple por la parte actora, los cuales serán estimados como prueba, pues fueron allegados junto con la demanda, de los que no cuestionó la parte demandada su veracidad ni autenticad, obraron como prueba a lo largo del proceso y respecto de los cuales la Fiscalía General de la Nación los tomó como referente para justificar la medida 5 (pie de página de la cita) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de marzo de 2011, exp.

20171, M.P. Enrique Gil Botero.

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1355 de 1970 (Código Nacional de Policía): Art. 56. Nadie puede ser privado de la libertad sino: a. Previo mandamiento escrito de autoridad competente; y b. En el caso de flagrancia o cuasiflagrancia de infracción penal o de policía. De conformidad con las normas antes trascritas; sólo pueden ser legítimamente detenidas o privadas de la libertad las personas en contra de las cuales haya previa orden escrita de autoridad competente, o sin ella en el caso de flagrancia o cuasiflagrancia de infracción penal o de policía.

2.1.2 DEL DAÑO Y SU IMPUTACION

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formato de derechos del capturado, en donde consta que el 19 de agosto de 1996, se capturó al señor Carvajal en flagrancia (presunta rebelión) (fl 236 c. ppal). Si bien la captura tuvo como fundamento el estado de flagrancia en que se encontró al señor Carvajal, lo cierto es, que ello fue desvirtuado por los mismos agentes que en su momento lo indicaron en el informe respectivo. Así consta en la sentencia absolutoria (fls 64 a 65 c. anexo 11) “Pero son los mismos detectives que suscriben ese comunicado, identificados en su orden como Oscar Arturo López Quezada y Jairo Cruces Caballero quienes desvirtúan completamente tal información, como pasa a verse. (…) Forzoso resulta en consecuencia concluir que los condenados son veraces al referir que fueron capturados en San Andrés, cuando transitaban en el campero Mitsubishi de placas BUJ-813 y no en el momento en que se encontraban reunidos con Lucina Acosta Burbano, responsable del frente de guerra nor-oriental del ELN. No existe de otra parte elemento de juicio que respalde la afirmación hecha por los detectives López Quezada y Cruces Caballero, en el sentido de que la reunión de García Abril y la Acosta Burbano tenía (…)” Lo descrito es suficiente para concluir que los detectives del DAS actuaron de manera irregular al incurrir en una detención ilegal, pues sin mediar orden de

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10 Exp 28.392 (2001-03255) captura de autoridad competente y sin que se encontrase en estado de flagrancia procedieron a retener al señor Luis Jesús Carvajal, lo cual constituye una falla del servicio imputable al DAS. Respecto al Ejercito Nacional, no existe prueba que lo vincule con la captura del señor Carvajal, por tanto cualquier consideración tendiente a demostrar alguna responsabilidad resulta improcedente. 2.2 DE LA ACTUACION DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y DE LA RAMA JUDICIAL 2.2.1 DAÑO.- La privación efectiva de la libertad del señor Luis Jesús Carvajal se acreditó con la certificación expedida por el Asesor Jurídico de la Cárcel del Distrito Judicial de Bucaramanga en la cual consta que estuvo detenido en dicho centro carcelario “desde el 22 de agosto de 1996 por el delito de rebelión y salió en libertad el 19 de agosto de 1999 por el Juzgado Noveno Penal del Circuito “(fl 53 c. 11) 2.2.2 Titulo de imputación: 2.2.2.1 La jurisprudencia del Consejo de Estado ha predicado la imputación de responsabilidad objetiva a la administración por casos de privación injusta de la libertad en los eventos previstos en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 y cuando se absuelve aplicando el principio de in dubio pro reo (strictu sensu). En sentencia de 20 de febrero de 2008, expediente 15980, se expresó: “En estos eventos, la Sección Tercera ha explicado en varias ocasiones ocasiones6, al interpretar el artículo 414 del Decreto 2700 de 19917 (C. de P. P.), que la responsabilidad

del Estado es de carácter objetivo y que, por lo tanto, no hay lugar a valorar la conducta de la autoridad que ordenó la detención. En otras providencias8, se concluyó además, que la 6 (pie de página de la cita) Sentencias que dictó la Sección Tercera: 30 de junio de 1994. Exp: 9734. Actor: Nerio José Martínez Ditta. Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández; 12 de diciembre de 1996. Exp: 10.299. Actor: José Ángel Zabala Méndez.; 27 de septiembre de 2001. Exp: 11.601. Actor: Ana Ethel Moncayo. Consejero Ponente: Dr. Alier Hernández Enríquez; 4 de abril de 2002. Exp: 13.606. Actor: Jorge Elkin Mejía Figueroa. Consejera Ponente: Dra. María Elena Giraldo Gómez; 27 de noviembre de 2003. Exp: 14.530; Actor: José María Gerardo Chávez López y otros.

Consejera Ponente: Dra. María Elena Giraldo Gómez.

7 (pie de página de la cita)Publicado en el Diario Oficial 40.190 el 30 de noviembre de 1991 8 (pie de página de la cita) Sentencia que dictó la Sección Tercera el 18 septiembre de 1997. Exp: 11.754. Actor: Jairo Hernán Martínez Nieves. Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández, reiterada en sentencia del 4 de diciembre de

2003. Exp: 13.168. Actor: Audy Hernando Forigua y otros. Consejero Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez. Sentencias

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PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co 11 Exp 28.392 (2001-03255) responsabilidad del Estado se configura cuando se demuestra que la absolución del sindicado se debió a que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no estaba tipificada como punible. La posición actual de la Sala, plasmada en providencia del 18 de septiembre de 19979 y reiterada recientemente10, amplió la responsabilidad objetiva en los casos de privación injusta de la libertad, por cuanto ahora el daño se configura no solo ante la ocurrencia de los 3 supuestos previstos en el artículo 414 del C. de P. P., sino también cuando la absolución del sindicado se produce por la aplicación del principio del “in dubio pro reo” , pues en los casos de duda sobre la responsabilidad penal de un sindicado, que conlleven a su absolución, debe entenderse que la privación de la libertad fue injusta, en aplicación de los principios de buena fe y de presunción de inocencia11 y que, esa situación - que la privación sea injusta - constituye uno de los elementos de la responsabilidad como es el daño, que resulta, por tanto, imputable al Estado.” (resalto y subrayo) 2.2.2.2 Existen precedentes jurisprudenciales de la Sección Tercera que han adoptado como criterio general que se imputa responsabilidad objetiva cuando el daño proviene de la privación de la libertad que se considera injusta siempre que

el investigado termina absuelto. Frente a esta interpretación se ha postulado que, con fundamento en una lectura estricta y desde la dogmática penal de la norma, las hipótesis que comprende el artículo 414 del C.P.P. de 1991 corresponden a eventos en los cuales se concluye que no se configura en el caso ni siquiera el elemento de tipicidad. En consecuencia, en los casos en los que se absuelva al procesado o se precluya la investigación a su favor porque operó una causal eximente de antijuricidad o de culpabilidad, corresponde resolver la disputa bajo el título de imputación ordinario: La falla en el servicio. que dictó la Sección Tercera el 5 de diciembre de 2007: Exp: 15.431. Actor: Ismael Enrique Peña Galvis. Demandado: Nación, Ministerio de Justicia. Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra. Exp: 16.195. Actor: Henry Marín Garzón y otros. Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación. Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra. Exp: 16.591. Actor: Alberto Mesías Chávez y otros. Demandado: Nación, Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación.

Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra. Exp: 16.629. Actor: Melquisedec López Poveda y otra. Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra.

9 (pie de página de la cita) Sentencia que dictó la Sección Tercera el 18 septiembre de 1997. Exp: 11.754. Actor: Jairo

Hernán Martínez Nieves. Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández. 10 (pie de página de la cita) Sentencias que dictó la Sección Tercera: 4 de diciembre de 2003. Exp: 13.168. Actor: Audy Hernando Forigua y otros. Consejero Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez; 5 de diciembre de 2007. Exp: 16.629. Actor: Melquisedec López Poveda y otra. Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Consejero

Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra.

11 (pie de página de la cita) “ARTICULO 445. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente responsable. En las actuaciones penales toda duda debe resolverse a favor del sindicado”.

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PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co 12 Exp 28.392 (2001-03255) “(…) las causales eximentes de responsabilidad penal que desvirtúan la antijuricidad o la culpabilidad, no están contenidas en ninguno de los tres eventos regulados en el artículo 414 del C.P.P. de 1991, esto es: i) que el hecho no existió, ii) que el sindicado no lo cometió, o iii) que no constituía hecho punible. (…) (…) las tres circunstancias definidas por el legislador hacen referencia al tipo penal, mas

no a los restantes elementos de la conducta punible. Y, si bien el último acontecimiento menciona el “hecho punible”, lo cual podría dar a entender que cualquier causal eximente de responsabilidad generaría el derecho a ser indemnizado sin ninguna consideración subjetiva, lo cierto es que la interpretación sistemática, histórica y teleológica de la norma permite concluir que el legislador determinó circunscribir esas tres hipótesis a sucesos en los que el funcionario judicial encuentra que el tipo penal no está configurado, esto es, que la conducta no es típica. En efecto, si el hecho no existió no es posible predicar la materialización de la acción contenida en el tipo; de otra parte, si el sindicado no lo cometió, a él no le es imputable objetivamente razón por la que tampoco se configura la tipicidad respecto del sindicado y, finalmente, si la conducta no constituía hecho punible, es porque no se encontraba así tipificada en el ordenamiento jurídico. En consecuencia, cuando se precluye un proceso penal por el hecho de haber operado una de las causales de exoneración de la responsabilidad penal que desvirtúan la antijuricidad del comportamiento (v.gr. legítima defensa o el estado de necesidad, etc.) o la culpabilidad del mismo (v.gr. error de prohibición o de tipo, fuerza mayor o caso fortuito, etc.), no resulta admisible enmarcar la absolución en cualquiera de los tres supuestos establecidos en la segunda parte del artículo 414 del C.P.P. de 1991; a contrario sensu , cuando se absuelve a una persona porque su conducta no fue antijurídica o culpable, lo procedente es reclamar la responsabilidad patrimonial

del Estado por la privación de la libertad, pero con fundamento en la primera parte del precepto en comento, razón por la que será necesario acreditar que la limitación de la libertad ostentó el carácter de injusta, es decir, habrá que imputar el daño en cabeza de la administración pública con fundamento en la prueba de una falla del servicio. (…) (…) cuando la absolución se genera por la verificación de que la conducta sí existió y era típica, pero no antijurídica o culpable, lo cierto es q