PGN - Documento 201607091242474

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Lesiones por tortura de la Policía Nacional INDICIO-Recuento jurisprudencial sobre responsabilidad del Estado en caso de violación de los derechos humanos por agentes de la fuerza pública PRINCIPIO IN DUBIO PRO DISCIPLINADO-En materia probatoria las dudas llevan a la aplicación de esta figura/FALLA EN EL SERVICIO-En el presente caso no está plenamente probado el nexo causal entre el daño y el actuar de los agentes de la SIJIN De otra parte, en favor del dicho del demandante, tenemos que efectivamente éste fue capturado el día 20 de marzo de 1999, que fue trasladado a la Estación de la Policía Departamental de Sucre y que de allí fue llevado al Hospital Regional, donde fue atendido por trauma severo en la región abdominal. De otra parte tenemos la queja disciplinaria y las declaraciones del demandante en las que afirma haber sido golpeado y torturado por agentes de la Policía. Afirmación que también manifestó ante la médica que lo atendió en el Hospital Regional, a pesar de haber manifestado inicialmente que se había caído de un bus a las dos de la tarde. También se encuentra la afirmación de uno de los médicos que señaló que los golpes no parecían corresponder a la caída de un bus. Por estas razones, en la parte la investigación disciplinaria adelantada por la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos contra los agentes de la SIJIN, Jefe de Policía Judicial e investigación de Sincelejo, SIJIN y subtenientes de la Estación Departamental de Policía de Sucre, Grupo de Policía Judicial, respectivamente, concluye que las dudas en materia probatoria llevan a

aplicar el principio del in dubio pro disciplinado con respecto a los agentes de la SIJIN, involucrados en dicha investigación En concepto de esta Agencia del Ministerio Público, visto el acervo probatorio puede concluirse que persiste la duda sobre el origen de las lesiones sufridas por el demandante, debilidad probatoria que es señalada tanto en el salvamento de voto como en el fallo de la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos y en el concepto del Comité de Conciliación de la Policía Nacional. Expediente No. 41282 (700012331000199901762 01) PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO A pesar de lo anterior, si bien no está plenamente probado el nexo causal entre el daño y el actuar de los agentes de la SIJIN, es decir, la falla en el servicio, consistente en el maltrato al detenido, considera esta Procuraduría Delegada que sigue siendo pertinente la declaratoria de responsabilidad que profiriera el Tribunal Administrativo de Sucre, pues, en el proceso queda in columne la atribución de responsabilidad de la entidad pública NACION-MINISTERIO DE DEFENSAPOLICÍA NACIONAL derivada del papel de garante que corresponde al Estado cuando se trata de una persona bajo su cuidado y vigilancia, en particular, para el caso, de las personas privadas de la libertad bajo recluidas en instalaciones de la Policía Nacional y bajo la responsabilidad de los miembros de esta institución. Al respecto, se observa que la entidad demandada no desvirtuó el hecho de que el demandante haya ingresado a las instalaciones de la Policía Departamental de Sucre en buen estado de salud, tampoco probó otra causal de exoneración de

responsabilidad. CAPTURA-No se cumplieron los protocolos obligatorios por parte de los agentes de la Estación del Departamento de Policía PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No. 175 / 2011 Bogotá, D.C.,

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejera Ponente Doctora GLADYS AGUDELO ORDOÑEZ

E. S. D.

Expediente No. 41282 (700012331000199901762 01)

Acción: Reparación Directa

Demandante: HÉCTOR DANIEL MONTERROZA ANGULO Y OTROS.

Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL.

Sentido del concepto: Confirmar y aclarar la Sentencia del Tribunal

2 PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 41282 (700012331000199901762 01) PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Administrativo de Sucre del 24 de febrero de 2011. Responsabilidad del Estado por su papel de garante de la integridad de las personas que se encuentran bajo su custodia, en particular, con la persona capturada. La entidad demandada no desvirtuó el hecho de que las lesiones sufridas por el demandante hayan sido ocasionadas antes de la captura. In dubio pro

damnato o damnificado.

I. ANTECEDENTES. 1.1. La demanda El señor HÉCTOR DANIEL MONTERROZA ANGULO y otros mediante apoderado judicial en ejercicio de la acción de reparación directa – art. 86

C.C.A. – solicitó declarar administrativa y patrimonialmente responsable a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL por las lesiones físicas y psicológicas sufridas por el mencionado ciudadano. Los hechos relatados en la demanda son los siguientes: 1.1.1. El 20 de marzo de 1999 HÉCTOR DANIEL MONTERROZA ANGULO, en compañía del señor Fredy Alberto Lombana Angulo, viajaba en una de las camionetas que prestan servicio de transporte intermunicipal entre el Municipio de Ovejas y Sincelejo, cuando, a la 1:30 p.m., fue detenido por Agentes de la Policía que prestaban servicio en la Estación ubicada en el Bongo o Puerta de Hierro, como consecuencia de la denuncia penal que en su contra presentara el señor Luis Emelkin Arenas Garay, quien los acusó de ser autores del robo del detergente que transportaba en el camión Chevrolet 600, de placas UUA-140, cuyo destino era Sincelejo y Magangué. 1.1.2. Luego, fueron trasladados a las instalaciones de la Policía ubicadas en la Carrera 17 de Sincelejo, sector de la Cruz de Mayo. Afirma el hoy 3 PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co

Expediente No. 41282 (700012331000199901762 01) PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO demandante que, en las horas de la noche fue sometido a interrogatorio por agentes de la SIJIN, durante el cual fue objeto de golpes y torturas que afectaron de tal modo su salud, que tuvo que ser trasladado al Hospital Regional de Sincelejo, donde fue intervenido quirúrgicamente y recluido por espacio de 16 días. 1.1.3. Por estos hechos, la Procuraduría General de la Nación inició investigación disciplinaria, a solicitud del Fiscal Décimo Delegado ante los Juzgados Promiscuos del Circuito de Corozal, quien atendió la indagatoria en el mencionado el centro de salud. 1.1.4. En virtud de lo anterior solicitó condenar a la accionada al pago de los daños y perjuicios materiales y morales generados a la víctima directa y a su núcleo familiar. 1.2. Contestación de la demanda En la contestación la apoderada judicial de la demandada, MINISTERIO DE DEFENSA –POLICÍA NACIONALmanifestó que se atenía a lo que resultara probado en el proceso. Se opuso a las pretensiones de la demanda señalando que el daño, de probarse, habría sido ocasionado por actos ajenos al servicio de algunos agentes, los cuales no comprometen la responsabilidad de la POLICÍA NACIONAL. 1.3. La sentencia de primera instancia 4 PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co

Expediente No. 41282 (700012331000199901762 01) PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO El Tribunal Contencioso Administrativo de SucreSala Cuarta-, con sentencia del 24 de febrero de 2011, declaró responsable administrativa y patrimonialmente responsable a la NACIÓNMINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL de los perjuicios causados a los actores por la lesión sufrida por el señor HÉCTOR DANIEL MONTERROZA ANGULO, al señalar: “ Así las cosas, en el presente caso por lo ya expuesto, se concluye que los Agentes de la SIJIN que hacían parte de la Policía Nacional, Departamento de Policía de Sucre son responsables de las lesiones causadas al señor HÉCTOR DANIEL MONTERROZA ANGULO, con su obrar irregular en los hechos ocurridos el 20 de marzo de 1999. A esta conclusión se llega porque tampoco la entidad accionada demostró que obró bajo las causales de exoneración de responsabilidad, en esta alternativa de responsabilidad objetiva…” Con fundamento en lo anterior, condenó a la NACIÓNMINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL, apagar, por concepto de perjuicios morales, a favor del directamente afectado y de otros demandantes las sumas señaladas en la parte resolutiva de la sentencia, y negó las demás súplicas de la demanda (fls. 162 a 181, C. Consejo de Estado). I.4. Apelación Dentro de los términos legales la entidad demandada apeló, argumentando que no está probada ninguna falla en el servicio, particularmente, el nexo

causal entre el actuar de los Agentes de la Policía y el daño físico sufrido por el demandante. De otra parte, señala que en caso de que los hechos alegados por éste hubiesen resultado probados, se trataría de una falla personal de los agentes que cometieron la agresión, de la cual no es responsable la Policía Nacional por cuanto no puede afirmarse que estos sean actos propios del servicio. (fls. 205 a 207. c. Consejo de Estado). 5 PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 41282 (700012331000199901762 01)

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II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problema jurídico.

El problema jurídico a resolver en la segunda instancia, a partir del escrito de apelación, puede presentarse en los siguientes términos: ¿Debe ser declarada administrativamente responsable la Policía Nacional, en calidad de garante, por las lesiones físicas que presentó una persona privada de la libertad, por no haber cumplido con la carga de la prueba consistente en demostrar la preexistencia de la alteración de la salud del demandante al momento de su captura y reclusión en las instalaciones de la Institución? 2.2. Marco teórico. Régimen de responsabilidad aplicable. Falla presunta. 2.2.1. Marco normativo Se toman como marco normativo para el análisis del presente caso, los

siguientes preceptos: 2.2.2.1. De la Constitución Política: ARTICULO 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución;(…) y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 6 PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 41282 (700012331000199901762 01) PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. “ARTICULO 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste. 2.2.1.2. Decreto 2700 de 1991, Código de procedimiento Penal, derogado por la Ley 600 de 2000, el cual se encontraba vigente en el momento de

ocurrencia de los hechos, y cuyo artículo 314, señala: “Artículo 314.- Intangibilidad de las garantías constitucionales. Las pruebas y actuaciones que realice la Policía Judicial, por iniciativa propia o mediante comisión, deberán ser efectuadas con acatamiento estricto de las garantías constitucionales y legales. Los sujetos procesales tendrán las mismas facultades y derechos que les otorga la ley ante los funcionarios judiciales”. ARTICULO 316. Informes de Policía Judicial. Quienes ejerzan funciones de policía judicial rendirán sus informes, mediante certificación jurada, a la unidad de fiscalía. Estos se suscribirán con sus nombres y apellidos y el número del documento que los identifique como policía judicial. Deberán precisar si quien los suscribe participó o no en los hechos materia del informe. (Nota: La expresión señalada con negrilla en este artículo fue declarada exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-616 de 1997.). Articulo 318. Colaboración de organismos oficiales y particulares. Los organismos oficiales y particulares que presten servicios útiles para atender los requerimientos de policía judicial, están obligados a prestar la colaboración que soliciten las unidades investigativas. 2.2.1.3. Del Reglamento para la Vigilancia Urbana y Rural para la Policía Nacional, (Resolución No. 9960 del 13 de noviembre de 1992), el cual consagra como deber de los Agentes de Policía: “Artículo 21.- Código de Conducta. Conlleva el concepto de dignidad personal, decoro y respeto a sí mismo y a los demás, protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, como lo contempla el Código de Conducta para funcionarios

7 PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 41282 (700012331000199901762 01) PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO encargados de hacer cumplir la ley, aprobado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) (…) ARTICULO 88. INFORME POLICIAL. Es un documento escrito que elabora el funcionario de policía, mediante el cual da cuenta a su superior o a una autoridad competente, sobre hechos conocidos durante la prestación del servicio. El informe básicamente debe responder a los siguientes interrogantes: QUE? Narración amplia y detallada del hecho ocurrido. QUIEN? Registro del presunto autor de los hechos, o testigos. COMO? Manera o circunstancias en que ocurrieron los hechos. CUANDO? Fecha de ocurrencia del caso, hora, día, mes y año. DONDE? En que lugar ocurrió, departamento, ciudad, barrio, calle, carrera, número, si fue en sector rural, municipio, corregimiento, inspección departamental o municipal, vereda, sitio o paraje. PORQUE? Móviles de los hechos en caso de ser testigo de lo ocurrido; de lo contrario, narrar como le hayan contado el caso. El informe debe relacionar en detalle los elementos que hacen parte del hecho, su estado, cantidad, forma, tamaño y medidas adoptadas.

El informe policial debe ser: 1. Claro 2. Preciso 3. Detallado 4. Oportuno 5. Veraz.

PARAGRAFO. Estos informes serán elaborados en tinta de color negro ya sea en manuscrito, en letra de imprenta o a máquina. ARTICULO 118. Todos los miembros de la Policía Nacional tienen la obligación de dar máximo respeto a los derechos fundamentales contemplados en el Título II de la Constitución Política, a fin que sus procedimientos y actuaciones se ajusten estrictamente a la ley y a los reglamentos, (…) ARTICULO 141. TRASLADO DE DETENIDOS. La Policía al efectuar el traslado de detenidos tendrá en cuenta las siguientes normas: (…)

3. El detenido está bajo la exclusiva responsabilidad de quien tiene el encargo de su custodia o traslado.

ARTICULO 176. Policía Judicial Definición. Es el conjunto de principios y procedimientos prácticos encaminados a lograr la reconstrucción del delito, sus móviles y sus contingencias y la captura e identificación de los delincuentes implicados en su ejecución, a fin ponerlos al alcance de los tribunales de justicia para que puedan imponer la sanción que sea del caso sobre la base de los hechos reconstruidos. ARTICULO 187. El personal que compone las Secciones de Policía Judicial en los departamentos de policía, dependerán administrativamente de la Dirección de Policía Judicial e Inteligencia (DIJIN) y operativamente del respectivo comando de departamento. Se subraya fuera de texto. 8 PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co

Expediente No. 41282 (700012331000199901762 01) PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO 2.2.2. Marco jurisprudencial 2.2.2.1. Posición de garante de la Policía Nacional, en relación con las conductas de sus agentes y con la integridad de las personas bajo su cuidado. Sentencia nº 76001-23-25-000-1996-04058-01(16996) de Sección Tecera, 20 de Febrero de 2008 Magistrado Ponente: Dr. Enrique Gil Botero. En la cual, buscando superar la discusión sobre las obligaciones de medio o de resultado con respecto a la integridad de los detenidos, señala: “Es así como desde la perspectiva de análisis que ocupa, en el presente caso, a la Sala, la relaciones de especial sujeción respecto de las personas privadas de la libertad, encuentran su ratio y fundamento, simple y llanamente en la Constitución y la ley. Y es esa la razón que justifica la existencia de las autoridades, tal como lo dispone el inciso segundo del artículo segundo de la Constitución Política. En este entendimiento, se recoge el criterio de argumentación que atrás se señaló, para por el contrario, relievar la importancia de los deberes y contenidos de la Constitución y la ley frente al ciudadano en el campo al que se contrae la situación fáctica sub examine. Debe anotarse que, tanto en las relaciones de especial sujeción respecto de reclusos, como en los deberes de seguridad y protección de las personas que dimanan de la Constitución y la ley, la Corte Constitucional y la Sección Tercera del Consejo de Estado, han determinado que el Estado se encuentra en posición de

garante”. Así mismo, la sentencia del Consejo de Estado del 27 de abril de 2006, Exp. 20.125, la cual señala: “En efecto, el carácter particular de esta situación implica que corresponde al Estado garantizar la seguridad de las personas privadas de la libertad y la asunción de todos los riesgos que en esa precisa materia, se creen como consecuencia de tal circunstancia. Bajo esta óptica, demostrada la existencia de un daño antijurídico causado en su vida o en su integridad corporal, a quien se encuentra privado de la libertad puede concluirse que aquél es imputable al Estado, salvo en los casos en que éste haya ocurrido por una causa extraña, cuya demostración corresponde a la parte demandada.” 2.2.2.2. Con respecto a los indicios 9 PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 41282 (700012331000199901762 01) PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Sentencia Sección Tercera Subsección C, Consejero ponente: Dr. Enrique Gil Botero, del veinticuatro (24) de marzo de dos mil once (2011) Radicación número: 05001-23-26-000-1995-01411-01(17993). En la cual se hace un recuento jurisprudencial de la responsabilidad del Estado en caso de violación de los derechos humanos por agentes de la fuerza pública y de la

calidad de garante que tiene el Estado. “(…) en términos de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia: “el hecho conocido o indicador debe estar plenamente demostrado en el proceso, esto es, debe ser un hecho que tenga certeza jurídica y que sirva de base para a través de inferencias lógicas realizadas por el juez en el acto de fallar, permitan llegar a deducir el hecho desconocido”. (…) Es el juzgador quien declara la existencia de un indicio, cuando establece un hecho indicador, aplica una o varias reglas de la experiencia e infiere lógicamente otro hecho indicado. Es el juez quien construye el indicio, en cada caso concreto. (…) “de allí que, los hechos indicadores son suficientes para dar por probado que la demandada incurrió en una falla del servicio y por lo tanto le es imputable el daño alegado”. 2.3. Pruebas 2.3.1. Del daño. Este consiste en los daños físicos sufridos por el hoy demandante causados por contusiones el 20 de marzo de 1999, los cuales fueron diagnosticados y tratados después de la captura del mismo y encontrándose bajo el cuidado y custodia de agentes de la SIJIN, independientemente de las dudas probatorias sobre el momento en que se causaron, es decir, antes o después de su captura. 10 PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 41282 (700012331000199901762 01)

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO El daño se encuentra debidamente acreditada con la historia clínica No. 7507 del Hospital Regional de II Nivel de Sincelejo E.S:E., (Fls. 60-106 c. del tribunal Administrativo), en la que se lee que el paciente permaneció en el centro asistencial por el lapso de 16 días, habiendo ingresado el 20 de marzo de 1999 a las 11:30 p.pm., hasta el 5 de abril, fecha en la cual fue trasladado a la Cárcel del Distrito Judicial de Sincelejo y puesto a órdenes de la Fiscalía Unidad Décima de Corozal, junto con su hermano, Fredy Albero Lombana Angulo, sindicados del delito de hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas, delitos por los cuales fueron condenados penalmente con sentencia anticipada del Juzgado Segundo del Circuito de Corozal. 2.2.2. No existe plena prueba del nexo entre la actuación de los agentes de policía y las lesiones que presentó el demandante durante su reclusión. Informe de la Captura de la Estación de Policía del Bongo (Fl.56-57) Informe de la SIJIN sobre el ingreso del capturado a sus instalaciones (Oficio No.121 SIJIN DESUC) Manifestaciones del demandante que obran en la Historia Clínica No. 7507 del Hospital Regional de II Nivel de Sincelejo E.S:E., (Fls. 60-106 c. del Tribunal Administrativo de Sucre) Fallo disciplinario proferido por la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos, el 18 de diciembre de 2001 ( Fl. 344-367).

En cuanto al daño material. No se encuentran probado daños emergente ni lucro cesante, como lo señaló la sentencia. 11 PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 41282 (700012331000199901762 01) PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO 2.2.3. Título de imputación: obligación de garante del Estado con respecto a las personas privadas de la libertad. Esta probada la captura y reclusión del demandante en las instalaciones de la Policía Nacional del Departamento de Sucre el 20 de marzo de 1999 y de las lesiones presentadas por él durante la reclusión, sin que exista prueba suficiente de la preexistencia de las mismas. 2.3. El caso concreto En el presente caso, efectivamente existe duda sobre el origen de los golpes que causaron la alteración de la salud del demandante, por cuanto, inicialmente se señala en la Historia Clínica que el paciente informa haberse caído de un bus a las 2:00 p.m., y haberse golpeado el abdomen. En efecto, las reglas de la experiencia indican que es posible que los golpes se hayan ocasionado durante la fuga del demandante, al ser perseguido después de cometer el hurto de la carga de un automotor. Indicio de ello sería la declaración de los agentes del CAI de El Bongo, quienes coinciden en afirmar que desde el momento de la captura, uno de los capturados se

quejaba de cólico y se acurrucó en un rincón. Versión que también sostienen agentes de la SIJIN en las declaraciones rendidas en el proceso disciplinario adelantado por la Procuraduría General de la Nación. Otro indicio en este sentido lo constituyen las contradicciones en los dichos del propio demandante tanto a su ingreso al hospital como en el proceso penal y en el presente proceso administrativo, pues en algunas ocasiones señaló que se golpeó al caer de un bus y otras que fue torturado por agentes de la Policía. Así mismo, llama la atención que su hermano, FREDY 12 PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 41282 (700012331000199901762 01) PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ALBERTO LOMBANA ANGULO, coautor del delito y acompañante del demandante durante la captura y la detención en la SIJIN, señale que él también fue torturado, pero no haya presentado denuncia ni demanda administrativa, ni haya solicitado dictamen de medicina legal y que solamente aparezca como demandante adherente del presente proceso. Además de las inconsistencias de las declaraciones de este demandante, de una parte, en la indagatoria y de otra, su versión frente a la Procuraduría Provincial de Sincelejo (Fl 51-53 expediente disciplinario), con respecto al lugar donde fue detenido y maltratado, pues en ocasiones señala que no sabe dónde estaba

y en otras afirma que estaba en la Estación. Tampoco hay coherencia con respecto a quién lo golpeó, pues en la indagatoria no señala a persona en particular, mientras que en la Procuraduría señala por su nombre y dice reconocer a uno de los agentes. Los testimonios de los médicos que atendieron al demandante tampoco constituyen prueba definitiva sobre el origen de la contusión abdominal sufrida por el demandante y se resalta que en ellos. Tampoco en la historia clínica se alude a la presencia de golpes en la cara u otro lugar del cuerpo, a pesar de que el demandante dice haber sido golpeado en el rostro y otros lugares del cuerpo. El dictamen de medicina legal se realizó un año después razón por la cual tampoco permite verificar si el demandante fue golpeado tal y como lo afirma en la declaración ante la Procuraduría de Sincelejo (Fl. 4850 expediente disciplinario). No comparte esta Delegada la valoración probatoria del Tribunal Administrativo de Sucre al tomar como plena prueba del nexo causal uno de 13 PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 41282 (700012331000199901762 01) PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO los testimonios rendidos en el proceso, así, señala el Tribunal Administrativo de Sucre: “En el plenario está demostrado que: (…) “5. Que dicha circunstancia sobrevino de los golpes que le propinaron los miembros

de la SIJIN. Lo anterior puede concluirse del testimonio del señor Jhon Jader Gutiérrez Rodríguez”. El mencionado testimonio, rendido por quien se presenta como el mejor amigo del demandante, se limita a señalar que visitó al demandante en el Hospital, donde él mismo le dijo en presencia de un Policía que se había caído de un bus, pero después, sin la presencia del Agente de Policía, le afirmó que había sido golpeado por los agentes de la SIJIN, lo cual, según el declarante, fue confirmado por la doctora que lo atendió quien le dijo que las lesiones fueron ocasionadas por los golpes que había recibido y no por haberse caído del bus. Señala igualmente el testigo que el demandante estaba golpeado en la cara, sin cejas y que estaba todo amoratado. Sin embargo, este testimonio no coincide con lo afirmado por los médicos tratantes quienes ni en la historia clínica ni en la declaración que obra en el proceso hicieron afirmación tan contundente, ni dejaron constancia de que el paciente presentara golpes en otras partes del cuerpo, particularmente en la cara. Por lo tanto, no se cumple en este caso que: “el hecho conocido o indicador (…) [sea] un hecho que tenga certeza jurídica y que sirva de base para a través de inferencias lógicas realizadas por el juez en el acto de fallar, permitan llegar a deducir el hecho desconocido”, como lo exige la jurisprudencia del Consejo de Estado, citada en el marco jurídico de este concepto. 14 PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Consejodeestado4@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 41282 (700012331000199901762 01) PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO De otra parte, en favor del dicho del demandante, tenemos que efectivamente éste fue capturado el día 20 de marzo de 1999, que fue trasladado a la Estación de la Policía Departamental de Sucre y que de allí fue llevado al Hospital Regional, donde fue atendido por trauma severo en la región abdominal. De otra parte tenemos la queja disciplinaria y las declaraciones del demandante en las que afirma haber sido golpeado y torturado por agentes de la Policía. Afirmación que también manifestó ante la médica que lo atendió en el Hospital Regional, a pesar de haber manifestado inicialmente que se había caído de un bus a las dos de la tarde. También se encuentra la afirmación de uno de los médicos que señaló que los golpes no parecían corresponder a la caída de un bus. Por estas razones, en la parte la investigación disciplinaria adelantada por la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos contra los agentes de la SIJIN, Sergio Tovar Pulido, Elfre Hernando Palacio Pereira, Boris Enrique Ruiz Montes, Hector Arango Quintero y Haizar de Jesús Narváez Paniza, Jefe de Policía Judicial e investigación de Sincelejo, SIJIN y subtenientes de la Estación Departamental de Policía de Sucre, Grupo de Policía Judicial, respectivamente, concluye que las dudas en materia

probatoria llevan a aplicar el principio del in dubio pro disciplinado con respecto a los agentes de la SIJIN, involucrados en dicha investigación ( Fl. 344-367). En concepto de esta Agencia del Ministerio Público, visto el acervo probatorio puede concluirse que persiste la duda sobre el origen de las lesiones sufridas por el demandante, debilidad probatoria que es señalada tanto en el salva