PGN - Documento 201607091828351

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Perjuicios por desplazamiento forzado VALORACIÓN PROBATORIA-No existe prueba de que las amenazas motivaron el desplazamiento forzado Revisados los elementos de prueba allegados al plenario, encuentra la Delegada que, de haber existido las amenazas que motivaron el desplazamiento de los señores, no existe constancia de su real ocurrencia ni mucho menos que las mismas provinieran del Ejército Nacional. En efecto, no existe testimonio que dé cuenta de la real existencia de las amenazas que habrían motivado el desplazamiento objeto de demanda, y aunque se allegaron diferentes documentos que mencionan dicha causa como el motivo de cambio de residencia de los actores, los mismos solo reproducen lo que ellos les han expresado. CARENCIA DE PRUEBAS-No está demostrado que el desplazamiento fue motivado por amenazas de la fuerza pública/EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-La parte actora incumplió con la carga probatoria Con la demanda se trajo copia de una certificación en que la Fiscalía General de la Nación corroboró la existencia de una denuncia penal por el delito de amenazas de las que fuera sujeto pasivo el señor, y en el que se especifica que el imputado de dicho delitos es un N.N. La anterior es la única versión con la que se pretende derivar responsabilidad de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL como causante del desplazamiento forzado de los actores, pero la misma, además de contener información recibida de un tercero, no precisa la fuente del mismo ni hace

señalamiento concreto alguno en contra de la entidad accionada, pues supone que las amenazas deben obedecer al hecho de haber presenciado los daños que ésta habría ocasionado el 15 de agosto de 2000 en el municipio de Pueblo Rico (Antioquia), y porque el señor habría expresado públicamente que no se trató de un error militar sino de un ajusticiamiento de la fuerza pública. De lo anterior puede advertirse que, si bien es cierto, después de los hechos del 15 de agosto de 2000 los actores se desplazaron de territorio y obtuvieron el tratamiento que suelen recibir personas desplazadas por la violencia, ello no es suficiente para considerar que el mismo fue motivado por amenazas de la fuerza pública y que, por dicha presunción, deba declararse su responsabilidad administrativa y condenarla al pago de los perjuicios solicitados en la demanda. Así las cosas, al no encontrar prueba alguna que demuestre que el desplazamiento de la familia ocurrió de la manera consignada en la demanda ni por obra de la fuerza pública, el Ministerio Público considera que la parte actora incumplió la carga de demostrar los supuestos fácticos en los que sustentaba sus pretensiones y, por tal razón, las mismas están llamadas al fracaso. FALLA DEL SERVICIO-Jurisprudencia del Consejo de Estado

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Carrera 5ª No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. Pbx. 5878750 Exts.12076-12080 050012331000200200799 01 (50265) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2014-150786

PROCURADURÍA QUINTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Bogotá, 13 de mayo de 2014 Doctora

STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO

Consejero Ponente – Sección Tercera – Subsección “B”

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Referencia: Concepto 14–85

Acción: Reparación Directa Radicado: 050012331000200200799 01 (50265)

Actor: Hernando Ernesto Higuita Echavarría y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Ejército

Nacional Honorable Señor Consejero Estando dentro término del traslado especial, procede esta Procuraduría Delegada a emitir concepto dentro del proceso de la referencia, que se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, mediante el cual se solicita la revocatoria del fallo de primera instancia, con base en las argumentaciones que a continuación se exponen:

I. ANTECEDENTES  La Demanda En ejercicio de la acción de reparación directa, por intermedio de apoderado judicial, el señor HERNANDO ERNESTO HIGUITA ECHAVARRIA y otros, solicitaron al Tribunal Administrativo de 2 050012331000200200799 01 (50265)

5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2014-150786 Antioquia que se declarara administrativamente responsable a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL por el sufrimiento causado por los hechos ocurridos el 15 de agosto de 2000, por el riesgo de perder su vida, por las amenazas de que fueron

víctimas, y el desplazamiento forzado que sobrevino después de tales hechos. Como consecuencia de lo anterior, solicitaron se condenara al pago de los perjuicios materiales y morales ocasionados por los hechos objeto de demanda. Contestación LA NACIÓNMINISTERIO DE DEFENSAEJÉRCITO NACIONAL se opuso a las pretensiones de la demanda, manifestó que algunos de los hechos eran ciertos, y que los demás debían probarse. Frente a la responsabilidad que se le pretendía endilgar manifestó no ser causante del desplazamiento forzado aducido por los actores, que ellos decidieron salir voluntariamente de la zona, y que lo que pretendían era sacar provecho de la difícil situación de orden público que vivía el país. Sentencia Por sentencia del 14 de agosto de 2012 el Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones invocadas en la demanda con base en las consideraciones de mayor relevancia que pasan a indicarse: “(…) En la demanda se afirmó en el hecho decimocuarto que “Lucy del Carmen y Hernando Ernesto se constituyeron en víctimas, al igual que sus hijos Estefani y Juan Camilo, y en testigos de excepción y denunciantes de los desafortunados hechos e irregular proceder de la 3 050012331000200200799 01 (50265) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2014-150786 fuerza pública, circunstancias por las cuales fueran amenazados de muerte vía telefónica y obligados a desplazarse forzosamente a la ciudad de Medellín. (…) Según se observa en el Diario de operaciones y tal como fue

manifestado por la entidad al momento de contestar la demanda y alegar de conclusión el día 15 de agosto del año 2000 hacia las 6:00 a.m. habían tenido un choque armado con guerrilleros por lo que iniciaron su persecución. c.- En desarrollo de la operación militar los agentes de la institución demandada evidenciaron un grupo de personas que transitaban por la zona por donde ellos realizaban su patrullaje, razón por la cual de inmediato comenzaron su ataque frente a este grupo, con tan mala suerte que los presuntos bandidos terminaron ser miembros de la Escuela Rural “La Pica”. d.- El balance final de la operación arrojó el saldo lamentable de 6 menores de edad muertos y otros 4 heridos, pese a los esfuerzos realizados por el demandante HERNANDO ERNESTO HIGUITA, para preservar la vida de los niños involucrados en el conflicto. e.- Como consecuencia de lo anterior, y al evidenciar los miembros de la Institución demandada que quienes fallecieron fueron menores de edad reconocieron su error públicamente, y como tal fue valorado por la Justicia Penal Militar quien cesó todo procedimiento iniciado en contra de los militares involucrados en los hechos y se abstuvo de proferir medida de aseguramiento. (…) h.- De igual manera evidencia la Sala que el señor Hernando Ernesto Higuita al momento de formular denuncia ante la Fiscalía General de la Nación el día 23 de octubre de 2000 por las presuntas amenazas de las que fue víctima, no es claro en las mismas, inclusive manifiesta no saber de quién provienen,… (…) Igualmente genera extrañeza a la Sala que en esta denuncia

formulada en el mes de octubre se haya indicado que la llamada a la vecina de su suegra, de la cual por cierto desconoce su nombre, se presentó un mes antes, esto es en el mes de septiembre, y haya permitido transcurrir tanto tiempo para interponer la respectiva denuncia penal. (…) 4 050012331000200200799 01 (50265) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2014-150786 No deja de sorprender a la Sala que las presuntas amenazas que generaron el desplazamiento del grupo familiar demandante no se hayan puesto en conocimiento de las autoridades municipales competentes, tal como fue manifestado por el Personero Municipal de Pueblorrico-Antioquia, ello unido al hecho que en dicha dependencia no se tenga conocimiento que otros grupos familiares de las víctimas de aquellos hechos se hayan visto en la obligación de desplazarse. (…)” Para el Tribunal no estaba demostrada la ocurrencia del desplazamiento forzado y, aunque se acreditó que los actores ya no residen en la zona, en su consideración, ello no era suficiente para concluir que dicho cambio se hubiese producido de manera forzada y por la acción de la entidad demandada. Apelación Para el apoderado de la parte actora el Tribunal dejó de apreciar el testimonio del señor ELKIN DE JESUS RAMIREZ, el cual desmentía las versiones del ejército frente a las circunstancias en las que ocurrieron los hechos del 15 de agosto del año 2000 y, de manera equivocada, dio por probado lo que no estaba demostrado, pues presumió que no era lógico que el estado presionara o amenazara la salida de los actores si

públicamente había admitido el error y su responsabilidad en los mismos, y que tampoco era entendible que el señor HERNÁNDO ERNESTO HIGUITA se hubiese demorado en instaurar denuncia por las amenazas de las que había sido víctima.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

1. Problema Jurídico  ¿Se encuentran acreditadas las amenazas y el desplazamiento forzado del que fueron víctimas los actores por haber presenciado 5 050012331000200200799 01 (50265)

5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2014-150786 y ser testigos de los actos irregulares en los que incurrieron miembros el Ejército Nacional el 15 de agosto de 2000?

2. Análisis Jurídico El constituyente de 1.991 estableció en el artículo 90 de la Constitución Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación. Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la doctrina española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba obligada a soportarlo, presentándose un desplazamiento de la culpa, que era el elemento tradicional de la responsabilidad, para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del

derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo. Finalmente, en cuanto a la imputación no era más que el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión había causado el daño. A pesar de la claridad de la existencia de estos dos únicos elementos estructuradores de la responsabilidad patrimonial del Estado, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha persistido en la tendencia de aplicar a los casos en estudio una de las dos teorías que tradicionalmente se venían aplicando hasta antes de la Constitución del 91: la teoría de la responsabilidad subjetiva que ha descansado en la 6 050012331000200200799 01 (50265) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2014-150786 culpa (elemento no aplicado en España por radicarlo en el daño mismo) y la teoría de la responsabilidad objetiva, que descansa en el riesgo creado. Todo ello para efectos probatorios, de las cuales se han construido distintos títulos de imputación que el Juez, en ejercicio del principio Iura Novit Curia, aplica en cada caso en concreto. Ahora bien, el Consejo de Estado, por vía de evolución jurisprudencial, ha hecho diversas manifestaciones en lo que se refiere a los dos regímenes de responsabilidad administrativa, deduciendo de cada uno de ellos distintos títulos de imputación. En lo que corresponde al régimen de responsabilidad subjetiva, se impone el conocido como la falla del servicio1, cuando en la producción del hecho dañoso interviene la Administración, bien sea por una acción o una omisión de parte de sus agentes. Y en el ámbito del régimen de

responsabilidad objetiva, entre otros, se ha construido el título conocido como daño especial2, que se materializa cuando el Estado, en cumplimiento de funciones legítimas, ocasiona a los administrados un daño con el cual se rompe el equilibrio de las cargas públicas que deben soportar todas las personas y los bienes, haciendo más gravosa la situación de unos frente a los otros. Igualmente manifiesta el H. Consejo de Estado que, dentro del campo de la responsabilidad objetiva, cabe predicar la existencia del título de imputación denominado riesgo excepcional3, que se estructura cuando el individuo es expuesto a un riesgo mayor del que están obligados a aceptar todas las personas y con 1 Al respecto de este tema pueden consultarse sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado, tales como: Sentencia del 13 de mayo de 1996, expediente 10627; Sentencia del 5 de septiembre de 1996, expediente 10654; Sentencia del 3 de abril de 1997, expediente 12378; Sentencia del 3 de febrero de 2000, expediente 14787; Sentencia del 2 de mayo de 2002, expediente, 13251; Sentencia del 23 de Octubre de 2003. 2 Pueden tenerse como referencia las siguientes sentencias emitidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado: Sentencia del 8 de febrero de 1999, expediente 10731; Sentencia del 29 de abril de 1994, expediente 7136; Sentencia del 9 de febrero de 1995, expediente 9550. 3 En consideración de la aplicación del tema se relacionan las siguientes sentencias: Sentencia del 19 de abril de 2001, expediente 12179; Sentencia del 4 de diciembre de 2006, expediente 15571; Sentencia del 28 de junio de

2006, expediente 1995-00196. 7 050012331000200200799 01 (50265) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2014-150786 el cual se genera la ruptura del equilibrio de las cargas públicas; por manera que, al ocurrir el siniestro derivado del riesgo potencial creado por el Estado, se produce un daño a una persona o a sus bienes, lo cual origina para el Estado el deber de responder por los perjuicios que con la concreción del mismo se pudieran producir. Caso concreto Los hechos en que la parte actora se sustentó para intentar la presente acción fueron sintetizados por el A quo en los siguientes términos: “(…) 3.- Se relata que la escuela rural de la Vereda La Pica organizó una jornada ecológica con un grupo de alumnos a cargo de la profesora Lucy del Carmen Velázquez que se efectuó el día 15 de agosto del año 2000, caminata en la que participaron además la señora Dalia Zapata Gómez, persona encargada de preparar los alimentos; Hernando Ernesto Higuita, cónyuge de la profesora y los dos hijos menores de estos, así como la señora Mery López Álvarez, madre de uno de los alumnos y las menores. (…) 4.- Se expresa que en el transcurso de la caminata se formaron pequeños grupos que se adelantaron en la marcha. Uno de estos grupos, en el que se encontraban sólo menores de edad, del cual hacía parte el hijo menor de los demandantes, fue atacado con abundantes disparos de fusil y de manera indiscriminada por tropas del Ejército Nacional adscritas al Batallón Cacique Nutibara de la

Cuarta Brigada, produciéndose en estos hechos la muerte de los menores… 8 050012331000200200799 01 (50265) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2014-150786 5.- Se afirma que la cúpula militar justificó el hecho con el argumento de que los uniformados respondían a una emboscada de guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional que habían utilizado a los menores como escudos humanos, precisando que se constató que en dicha zona no se presentaron combates con los irregulares porque allí no hacían presencia subversivos. 6.- Manifiestan los demandantes que las características topográficas del sitio de los insucesos y la visibilidad que el mismo permitía, por tratarse de campo así como la hora de los hechos conducen a aseverar que eran inconfundibles los menores caminantes con los supuestos guerrilleros. Así mismo afirma que “No obstante las características mencionadas, los hombres del Ejército Nacional mantuvieron el fuego por un tiempo aproximado de cuarenta minutos, desatendiendo los llamados angustiosos de los otros grupos de marchantes y de vecinos del sector que se agolparon para suplicar que cesara el fuego. Más aun, el ejército desatendió los llamados de auxilio para que fueran trasladados los heridos al Hospital de manera pronta. Sólo una hora después del ataque permitieron el traslado de los menores heridos y de los cuerpos de los que yacían muertos e incluso se negaron a facilitar un helicóptero para agilizar el desplazamiento argumentando averías en los radioteléfonos que portaban.”

7.- Igualmente se señala que los hijos menores de los accionantes, sufrieron la agresión directa e injustificada del ejército Nacional y presenciaron el horror y derramamiento de sangre de los menores víctimas, quienes eran además sus compañeros de estudio. 8.- Se cuenta que Lucy del Carmen Vélez Velásquez y Hernando Ernesto Higuita fueron personas claves en la labor de socorro y suplica al ejército para que dejara de disparar contra los menores. Así mismo con sus acciones rescataron del fuego indiscriminado a varios menores y los ayudaron en el posterior traslado a centros de urgencia. 9.- Indica que el Ejército se empecinó en sostener su versión inicial de los hechos, la cual era distinta a la reportada por los testigos presenciales de los hechos, y por el Concejal Hernando Ernesto Higuita, quien ante los medios de comunicación, los distintos organismos de control como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Fiscalía y las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos denunció la responsabilidad directa de los uniformados en los mismos, desvirtuando el relato enunciado por la fuerza pública. 10.- Advierten los demandantes que Lucy del Carmen y Hernando Ernesto se constituyeron en víctimas, al igual que sus hijos Estefani y Juan Camilo y en testigos de excepción y denunciantes de los hechos e irregular proceder de la fuerza pública, circunstancia por la cual fueron amenazados de muerte vía telefónica y obligados a 9 050012331000200200799 01 (50265) 5aCdeE/IJJ/Llms

IUS-2014-150786 desplazarse forzosamente a la ciudad de Medellín, abandonando de esta manera sus actividades laborales, políticas, sociales y afectivas en la Vereda La Pica y el Municipio de Pueblorrico, con los consiguientes efectos de orden económico, emocional y familiar, en tanto que los padres se vieron obligados a separarse de sus hijos menores mientras estos concluían el calendario escolar en el Municipio de Jericó, y el señor Hernando no pudo continuar asistiendo a las sesiones del Concejo y desarrollar su actividad política, la que se dice gozaba de gran prestigio y reconocimiento. 11.- Se manifiesta que por los hechos antes narrados los demandantes acudieron al Comité de Evaluación de Riesgos del Ministerio del Interior solicitando ayuda de emergencia para atender sus necesidades, la cual fue brindada por un lapso de 3 meses. Igualmente la señora Lucy del Carmen solicitó al Comité Especial de Amenazados de la Secretaría de Educación del Departamento de Antioquia que se le concediera un año de comisión, petición que le fue negada; sin embargo le fue atendido lo relativo al traslado del lugar de trabajo. 12.- Finalmente se expresa que los demandantes sufren las marcas dejadas por los hechos vividos en la vereda la Pica, la impresión y temor que les fueron causados y que aún persisten como producto de las posteriores amenazas, por lo que requieren de tratamiento psicológico especializado. (…)” Responsabilidad del Ejército El Tribunal Administrativo de Antioquia concluyó que, si bien es cierto, la parte actora acreditó la existencia de un daño, no estaba demostrado

que los mismos tuvieran un nexo con la actuación de la entidad demandada en los términos del artículo 90 de la Constitución Política, razón por la cual, debían negarse las súplicas de la demanda por no haber evidencia de la actuación lesiva desplegada por los agentes del orden. Por su parte, el apoderado de los demandantes arguyó que el A quo dejó de valorar el testimonio del señor ELKIN DE JESÚS RAMÍREZ y que, equivocadamente, había presumido eventos que debían de ser demostrados. 10 050012331000200200799 01 (50265) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2014-150786 En primer término, es conveniente resaltar que la controversia objeto de estudio no se circunscribe a determinar la responsabilidad del Estado por los hechos ocurridos el 15 de agosto del año 2000 en la vereda La Pica del municipio de Pueblo Rico (Antioquia), sino a presuntas amenazas recibidas por los demandantes y que condujeron a una situación de desplazamiento forzado para preservar su vida e integridad personal, debido a su condición de testigos de los citados hechos y contradictores de las versiones oficiales que suministró el ejército. Se encuentra acreditado que el señor HERNANDO ERNESTO HIGUITA y la señora LUCY DEL CARMEN VÉLEZ VELASQUEZ recibieron atención humanitaria el 29 de septiembre de 2000, consistente en asistencia alimentaria, kit de aseo, hábitat interno, ayuda sicosocial, y apoyo en alojamiento; ayudas que culminaron el 8 de diciembre del

mismo año, por haberse cumplido los tres meses previstos en la ley 387 de 1997 (folios 113 y 133 –cuaderno 1). También se acreditó que la el señor HERNÁNDO HIGUITA, para la época de los hechos, se desempeñaba como Concejal del municipio de Pueblorrico (Antioquia), y que su periodo vencía el 31 de diciembre de

2000. Del mismo modo, que la señora LUCY DEL CARME VÉLEZ VELASQUEZ fue educadora en la escuela rural la Pica desde el 1 de junio de 1994 hasta el 24 de agosto de 2000, fecha en la cual se acogió al Comité de Amenazados de la Secretaría de Educación y cultura de Antioquia, siendo reubicada laboralmente en la capital del citado departamento.

Por lo anterior, no existe duda que las citadas personas ostentaron la condición de desplazados y que, en virtud de la misma, trasladaron su residencia a la ciudad de Medellín, en donde recibieron asistencia humanitaria entre los meses de septiembre y diciembre del año 2000, 11 050012331000200200799 01 (50265) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2014-150786 quedando por establecer su desplazamiento obedeció a conducta atribuible al ente accionado. Los demandantes han manifestado que por haber denunciado el irregular proceder de la fuerza pública el día 15 de agosto de 2000 fueron amenazados de muerte por vía telefónica, y que esto los obligó a desplazarse forzosamente a la ciudad de Medellín para preservar sus vidas, ocasionándoles perjuicios de orden material y moral que deben

ser resarcidos por el ente de imputación accionado. Revisados los elementos de prueba allegados al plenario, encuentra la Delegada que, de haber existido las amenazas que motivaron el desplazamiento de los señores HERNANDO ERNESTO HIGUITA y LUCY DEL CARMEN VÉLEZ VELASQUEZ, no existe constancia de su real ocurrencia ni mucho menos que las mismas provinieran del Ejército Nacional. En efecto, no existe testimonio que dé cuenta de la real existencia de las amenazas que habrían motivado el desplazamiento objeto de demanda, y aunque se allegaron diferentes documentos que mencionan dicha causa como el motivo de cambio de residencia de los actores, los mismos solo reproducen lo que ellos les han expresado. Con la demanda se trajo copia de una certificación en que la Fiscalía General de la Nación corroboró la existencia de una denuncia penal por el delito de amenazas de las que fuera sujeto pasivo el señor HERNANDO ERNESTO HIGUITA ECHAVARRIA, y en el que se especifica que el imputado de dicho delitos es un N.N. Aunado a lo anterior, en cumplimiento a exhorto No. 261 del Tribunal Administrativo de Antioquia, la Fiscalía General de la Nación remitió 12 050012331000200200799 01 (50265) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2014-150786 copia de la denuncia que el 23 de octubre de 2000 formuló el señor HERNANDO ERNESTO HIGUITA ECHAVARRÍA, en la que entre otras cosas, puede leerse: “(…) PREGUNTADO: Bajo la gravedad de juramento manifieste en

forma clara y precisa los hechos a denunciar. CONSTESTÓ: Yo pienso que la denuncia es por haber sido el principal testigo de los hechos ocurridos en Pueblo Rico-Antioquia, el 15 de agosto pasado, cuando murieron seis niños que los responsables son el Ejército Nacional y debido a esto se formuló una llamada hace aproximadamente un mes donde preguntaron por mí no sé quién, la persona que preguntó no se quiso identificar, lo único que dijo fue que a él no le interesaba hablar conmigo por teléfono sino saber en qué sitio me encontraba y que si era verdad que yo era de DABEIBA? Cuál (sic) eran mis apellidos y antes de preguntar por los apellidos dijo que quería era saber dónde se encontraba ese hijueputa (sic), entonces pues es algo que me preocupó y yo quiero que esto lo sepa la Fiscalía por si algo me pasa.

PREGUNTADO: Quién y donde recibió la llamada. CONTESTO: No sé el nombre de la señora, pero es una vecina de mi suegra allá en el Municipio de Jericó, el teléfono de la señora es 8253306.

PREGUNTADO: Cuándo le informó a usted esa señora de la llamada telefónica. CONTESTO: Después yo llamé a la casa y la suegra me informó porque yo quería volver para ver los niños y ella me informó y la gente de Pueblo Rico también me piden que no vaya porque ven la cosa muy difícil allá para mí.

PREGUNTADO: Qué persona cree que lo amenaza. CONTESTO: No puedo decir quién si paramilitares, ejército, pero lo único que sé es que esa llamada de amenázame preocupa y más sin saber

exactamente quién, pero creo que está relacionada con los hechos del 15 de agosto de este año, porque yo antes no tenía nada de miedo a nadie ni problemas con nadie... (…)” La anterior es la única versión con la que se pretende derivar responsabilidad de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL como causante del desplazamiento forzado de los actores, pero la misma, además de contener información recibida de un tercero, no precisa la fuente del mismo ni hace señalamiento concreto alguno en contra de la entidad accionada, pues supone que las amenazas deben obedecer al hecho de haber presenciado los daños que ésta habría 13 050012331000200200799 01 (50265) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2014-150786 ocasionado el 15 de agosto de 2000 en el municipio de Pueblorrico (Antioquia), y porque el señor HERNANDO ERNESTO HIGUITA ECHAVARRÍA habría expresado públicamente que no se trató de un error militar sino de un ajusticiamiento de la fuerza pública. De lo anterior puede advertirse que, si bien es cierto, después de los hechos del 15 de agosto de 2000 los actores se desplazaron de territorio y obtuvieron el tratamiento que suelen recibir personas desplazadas por la violencia, ello no es suficiente para considerar que el mismo fue motivado por amenazas de la fuerza pública y que, por dicha presunción, deba declararse su responsabilidad administrativa y condenarla al pago de los perjuicios solicitados en la demanda. En lo que atañe a la falta de valoración del testimonio del señor ELKIN

DE JESUS RAMÍREZ JARAMILLO (folios 193 a 199), encuentra la Delegada que dicha prueba no tiene el alcance que la parte pretende darle en su recurso de apelación, ya que el mismo lo que hizo fue dar cuenta de una supuesta declaración radial (no demostrada), en la que el señor HERNANDO ERNESTO HIGUITA ECHAVARRÍA habría dado una versión contraria a la del Ejército, esto es, que los hechos del 15 de agosto de 2000 no ocurrieron en fuego cruzado con grupos insurgentes, sino que ocurrieron sin causa justificada y que, por dicha razón, tales personas se estuvieron en situación de riesgo y tuvieron que desplazarse de manera forzada. 14 050012331000200200799 01 (50265) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2014-150786 Así las cosas, al no encontrar prueba alguna que demuestre que el desplazamiento de la familia Higuita – Vélez ocurrió de la manera consignada en la demanda ni por obra de la fuerza pública, el Ministerio Público considera que la parte actora incumplió la carga de demostrar los supuestos fácticos en los que sustentaba sus pretensiones y, por tal razón, las mismas están llamadas al fracaso. CONCEPTO De las consideraciones descritas en precedencia, se concluye que no existen elementos de juicio para acceder a las pretensiones de la demanda y, en dicho sentido, esta delegada respetuosamente solicitará la confirmación de la sentencia apelada. Del señor Consejero,

ISNARDO JAIMES JAIMES

Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado 15 050012331000200200799 01 (50265) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2014-150786